SEGURO SOCIAL. SI EL PATRÓN DEMANDADO OMITIÓ INSCRIBIR AL TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO POR UN PERIODO DETERMINADO, NO ES PRESUPUESTO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN QUE SE CONDENE AL OMISO AL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES RESPECTIVAS PERO, EN EL CASO DE COMPARECER ÉSTE AL JUICIO, EN EL LAUDO DEBERÁ CONDENÁRSELE A SU ENTERO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 12 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CONTRA CONSIDERACIONES JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que sustentan uno de los criterios que, estiman, contradice el de diversos órganos jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión de trece de junio de dos mil trece, en la parte que interesa, consideró:
"CUARTO. ... En el caso, se precisó en el laudo que la litis se constriñó a determinar si procedía rectificar el importe de la pensión del actor conforme a las semanas que dice cotizó al instituto demandado y, de ser procedente, se le pagaran de manera retroactiva las diferencias resultantes, o si como éste lo adujo, que carecía de acción y derecho, en razón de haberse otorgado de manera correcta, en términos de lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social y conforme al total de las semanas cotizadas, comprendidas entre mil novecientos noventa uno al dos mil tres. Así, fijada la litis, se distribuyeron las cargas probatorias, se analizaron las ofrecidas por las partes y, respecto de las aportadas del actor, se les otorgó el valor probatorio correspondiente (fojas 32 y 33), de las cuales destaca la documental consistente en la constancia de antigüedad laboral de dieciocho de febrero de dos mil nueve, a la que se le otorgó valor probatorio pleno; de igual forma, se dijo que los recibos de nómina comprendidos del trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, eran irrelevantes, en virtud de que el ex patrón (**********) no negó que el actor le prestara servicios durante dicho periodo. Aunado a lo anterior, se consideró que la patronal confesó no haber afiliado al actor en el régimen obligatorio del Seguro Social a partir de la fecha en que inició a prestar sus servicios (trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos) hasta mayo de mil novecientos noventa y uno. De ahí que sea infundado lo esgrimido en el sentido que no se ofreció prueba que desvirtuara el contenido del certificado de derechos allegado por el instituto quejoso, pues, entre otras, se atendió a la constancia de antigüedad, y por la forma en que se dictó el laudo, se aprecia que con base en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana se consideró la confesión del ex patrón y, por esa razón, se concluyó en que el accionante no fue registrado ante el instituto demandado en el periodo precisado, circunstancia que, incluso, se corrobora con los datos contenidos en la certificación de derechos (foja 48 del juicio laboral), pues de éste se inadvierten los movimientos afiliatorios del actor en el periodo que ya quedó precisado. En el resto de los motivos de inconformidad se arguye que: ‘-No obstante de que en el laudo se sostiene que la ********** fue omisa en dar de alta al accionante, se condena al ahora quejoso a reconocer las semanas no cotizadas entre el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos y treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno; -Primero se debió condenar al ex patrón a pagar el monto de las cuotas omitidas para así estar en posibilidad de cubrir al actor de manera correcta el monto de la pensión, pues al no haberse hecho así, no se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con la condena impuesta en el laudo reclamado, en virtud de que no existen los fondos necesarios en la subcuenta respectiva; tema sobre el cual se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (sic), en el juicio de amparo ********** (sic). -Al condenarse a la rectificación del monto de la pensión y pago de las diferencias resultantes, se le obliga a fincar capitales constitutivos para recuperar las cantidades necesarias para financiar el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social al accionante. -Se debió condenar a la ********** a pagar al actor las diferencias en el pago de la pensión por las cuatrocientos cincuenta semanas omitidas (equivalentes al periodo comprendido entre el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, y treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno) y al instituto quejoso por las seiscientas veinte semanas reconocidas en el certificado de derechos.’. En los puntos resolutivos del laudo, se precisó (fojas 40 a 42 del laudo): ‘... PRIMERO. La parte actora acreditó sus acciones, en tanto que la demandada ********** y el codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social no justificaron sus excepciones, en consecuencia: SEGUNDO. Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a cuantificar correctamente la pensión de cesantía que otorgó al asegurado ********** y, en consecuencia, a rectificar el importe de ella, en la cantidad que proceda, debiendo reconocer, para tal efecto, que el actor cotizó durante el periodo comprendido del 30 de septiembre de 1982 al 31 de mayo de 1991, en el régimen obligatorio del Seguro Social, esto quiere decir, que deberá de reconocerle un total de 1,074 semanas de cotización, 454 cotizaciones correspondientes al periodo comprendido del 13 de septiembre de 1982 al 31 de mayo de 1991, más las 620 semanas reconocidas por el instituto, dentro de las cuales se comprenden aquellas cotizaciones generadas por el asegurado en la continuación del régimen voluntario. Igualmente, se le condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a cubrir el importe de las diferencias derivadas entre el importe de la pensión que inicialmente le fue determinada y aquella otra que le corresponde conforme al número de semanas que deberá reconocer, cuyas diferencias deberá cubrir con efectos a partir del 31 de mayo de 2010, fecha a partir de la cual le fuera concedido dicho beneficio y hasta en tanto dicho organismo acredite haber dado cumplimiento a la presente resolución; sin dejar de considerar los incrementos que a las pensiones hayan sido autorizados, ya sea por disposición de la ley, o bien, de cualquier otra norma; y para efecto de estar en posibilidades de cuantificar la condena impuesta, ante la falta de elementos necesarios para ello, las partes deberán de sustanciar el respectivo incidente de liquidación, en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo; de conformidad a los razonamientos expuestos en los considerandos de esta resolución. TERCERO. Por lo que respecta a la excepción de prescripción que hizo valer la **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 de la Ley del Seguro Social, debemos señalar que esta Junta carece de competencia para pronunciarse sobre dicha figura jurídica, ya que se trata de una obligación de carácter fiscal, cuya competencia corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo autónomo y fiscal; y decidir si ejercita (sic) o no sus facultades, para exigir de los particulares el cumplimiento de las disposiciones de seguridad social contenidas en la ley que lo regula, y para efectos de que opere o se interrumpa el término de cinco años a que se refiere el mencionado dispositivo, debe estarse a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación; de ahí que la Junta de Conciliación y Arbitraje carece de facultades para ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social el fincamiento de capitales constitutivos o la aplicación de sanciones al patrón omiso en el cumplimiento de las normas de seguridad social, dejándosele a salvo sus derechos para tal efecto. CUARTO. Al ex patrón ********** y a los codemandados ********** y al ********** ofreció la (sic) no les resultó ninguna responsabilidad dentro del presente juicio ...’. De lo que se corrobora que, en efecto, se condenó al instituto demandado a rectificar el monto de la pensión otorgada al accionante y a cubrirle las diferencias respectivas, al haber omitido la patronal el pago de las semanas que aquél cotizó en el periodo comprendido entre el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, y treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno. Ahora, el actor obtuvo el derecho a una pensión, con fundamento en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete (sic), pues así se corrobora con la resolución de veintiocho de junio de dos mil diez, que se allegó al juicio de origen (foja 30); legislación que, en los artículos 19, fracciones I y III, 21, 32 y 181 establecía: ‘Artículo 19.’(se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). ‘Artículo 32.’ (se transcribe). ‘Artículo 181.’ (se transcribe). Tales preceptos fueron esencialmente conservados en la Ley del Instituto «Mexicano» del Seguro Social, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, ya que su contenido se recoge en los artículos 15, fracciones I y III, 18, 27 y 149. De ahí que los argumentos devienen infundados, en atención a que no es requisito para que prospere la acción en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se condene previamente al patrón al pago de las cuotas omitidas, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracciones I y III, 21, 32 y 181 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete y 15, fracciones I y III, 18, 27 y 149 de la que entró en vigor con posterioridad a dicha fecha, ante la falta de cumplimiento del patrón de inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste debe subrogarse en los derechos del trabajador y otorgar las prestaciones que le corresponden; la obligación del patrón de entregar los capitales constitutivos se constituye en crédito fiscal, en términos del artículo 287 de la última de las invocadas, razón por la cual, por una parte, no corresponde a la autoridad del trabajo determinarlo por salir del ámbito laboral y, por otra, su exigibilidad, en su caso, entraña un acto de autoridad por parte del instituto, que contrario a lo que arguye, no se le está obligando a ejercerlo, sino que se le deja en aptitud de hacerlo o no, pues esa atribución fiscalizadora corresponde exclusivamente al ahora quejoso. Inclusive, ello se pone en evidencia con mayor claridad, si se tiene en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que la autoridad laboral carecía de facultades para fincar capitales constitutivos, pues señaló: ‘... dentro de las facultades y atribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, consignadas de forma expresa en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, dentro de las fracciones X, XI, XII, XIII, XV y sobre todo XVII, se encuentran plenamente identificadas y autorizadas las mismas; facultades éstas de naturaleza fiscal, que resulta potestativo de mi representada ejercerlas o no, así como el momento y la motivación que le lleven a realizarlo, y en tales condiciones no se puede obligar al instituto que represento a que realice la determinación y fincamiento de capitales constitutivos demandados por el actor ...’ (foja 45). Entonces, establecido que el ex patrón omitió registrar al accionante ante el instituto demandado, la autoridad laboral legalmente obligó a cumplir al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el deber de subrogarse en los derechos del trabajador y otorgarle la pensión conforme al número real de semanas cotizadas, que es la única situación que acontece dentro del derecho laboral, en el entendido que los capitales constitutivos a los que estaría obligado a pagar el patrón, no podrían ser objeto de decisión en un laudo, sino una consecuencia de la violación de la disposición legal y, consecuentemente, de la potestad discrecional que en su carácter de autoridad fiscal tiene el instituto demandado para hacerlos efectivos en contra del patrón, que no puede estar sujeta a una decisión condenatoria en el laudo reclamado, ni tampoco limitada por ésta, pues con ello se asumiría una facultad que no se tiene. Con ello, se dejó a salvo el derecho del Instituto Mexicano del Seguro Social para que, con base en las facultades que tiene de autoridad fiscal autónoma, pueda, si así lo decide, reclamar al patrón incumplido los derechos que le conciernen. Por otro lado, el argumento de que por falta de fondos pudiera estar imposibilitado a hacer frente a la condena, se traduce en una manifestación subjetiva que no puede servir de sustento para privar del derecho al trabajador, ni obligar a la autoridad laboral a que efectúe un pronunciamiento que va más allá de su potestad jurisdiccional; pues, en todo caso, cualquier afectación que se le pudiera haber causado, sería subsanable con la recuperación de los capitales constitutivos que haga. Resulta aplicable, por compartirse el criterio, la jurisprudencia I.7o.T. J/24, sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 33, tomo 82, octubre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECE DE FACULTADES PARA ORDENAR AL FINCAMIENTO DE CAPITALES Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES.’ (se transcribe). Por lo tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que sólo en vía de consecuencia, y no por vicios propios, se reclaman a la presidenta y actuario, adscritos a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Se apoya lo anterior en la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), que dice: ‘AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Finalmente, se sostiene, en parte de los conceptos de violación, que en el laudo primero debió condenarse al ex patrón a pagar el monto de las cuotas omitidas para así estar en posibilidad de cubrir al actor de manera correcta el monto de la pensión; que en ese sentido se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo **********. Es inexacto lo que sobre ese particular se sostiene, habida consideración de que aun cuando efectivamente de ese juicio de amparo correspondió conocer a este órgano de control de la constitucionalidad, fue el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, quien el nueve de agosto de dos mil doce resolvió el juicio de amparo directo ********** de su índice. En efecto, las consideraciones contenidas en ese fallo y que condujeron a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal fueron: (se transcriben). Consideraciones que no se comparten, por las razones precisadas a fojas 80 a 91 de esta sentencia, que condujeron a desestimar la parte de los conceptos de violación con ello relacionados; razón por la cual, se considera que pudiera existir contradicción de criterios. ..."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el expediente **********, derivado del juicio de amparo directo 561/2012, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión de nueve de agosto de dos mil doce, esencialmente, sostuvo:
"OCTAVO. Es fundado y preponderante en cuanto a su estudio el sexto concepto de violación que hace valer la parte quejosa y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originada de la contradicción de tesis 37/2003-PL, publicada en la página 5 del Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). En el concepto de violación que se examina, la parte quejosa argumenta que el laudo combatido viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la responsable lo condena con base en una evidente irregularidad patronal, es por ende que la citada responsable, primero, debió condenar a la ********** al pago de las cuotas omitidas al instituto, derivadas de su omisión de inscribirlo por el periodo de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y ocho, para que una vez que el inconforme percibiera dichas cuotas, estuviera en aptitud material y legal de otorgar de manera correcta la pensión de vejez reclamada por el actor, pero dada la forma de resolver de la responsable, el instituto quejoso está imposibilitado de otorgar las prestaciones reclamadas por el actor, al no existir los fondos para ello, máxime que la responsable absolvió a la codemandada, al sostener que no le resultaba responsabilidad alguna, lo que es ilegal y alejado de todo contexto jurídico, pues la responsable se encontraba obligada a condenar a la patronal codemandada a pagarle al trabajador actor las diferencias en el pago de la pensión a que, en su caso, tenía derecho el trabajador, es decir, el instituto debía pagar la pensión tomando como base las setecientas cincuenta y tres semanas de cotización y el patrón codemandado a otorgar la pensión correspondiente de las setecientas cincuenta y cuatro a las mil ciento veintinueve semanas de cotización, esto al haberse generado lo anterior por una omisión imputable al mismo. Como se anticipó, es fundado lo así argumentado por la parte quejosa. A efecto de evidenciar lo anterior se estima conveniente destacar que la Junta responsable, en lo que importa, estimó que en los autos del juicio laboral quedó plenamente demostrado que el trabajador actor estuvo prestando sus servicios para la ********** en el periodo comprendido de marzo de mil novecientos noventa a julio de mil novecientos noventa y ocho, lo que advirtió se acreditó con los tarjetones de pago o recibos de nómina exhibidos por el propio actor y que demostraron claramente que el accionante estuvo laborando ininterrumpidamente en ese periodo, sin que en la resolución impugnada se hubieran considerado esas semanas cotizadas para el otorgamiento de la pensión de vejez, para el efecto de que se reconociera que el actor cotizó un total de mil ciento veintinueve semanas, pues únicamente se le reconocieron setecientas cincuenta y tres, motivo por el cual la Junta responsable acertadamente decretó su nulidad. Asimismo, se advierte que la Junta responsable, en el laudo reclamado, absolvió a la patronal demandada ********** de enterar las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social, del periodo comprendido de marzo de mil novecientos noventa a julio de mil novecientos noventa y ocho. Ahora bien, como lo aduce el inconforme, la Junta del conocimiento incorrectamente absolvió a la parte patronal demandada de enterar tales cuotas, ya que estaba obligada a condenarla a su pago, derivado de su omisión de inscribir al trabajador por el periodo reclamado. Esto es así, porque si en el juicio laboral de origen el actor reclamó el pago de las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social, del periodo comprendido de marzo de mil novecientos noventa a julio de mil novecientos noventa y ocho, y en el procedimiento jurisdiccional quedó demostrada la existencia de una relación de trabajo entre el actor y demandado, que éste no lo inscribió en el periodo señalado en el que subsistió ese vínculo jurídico y que a la fecha en que se formuló la reclamación ya no existía nexo laboral entre ellos. En ese sentido, la Junta responsable debió condenar al patrón a que inscribiera al trabajador actor al régimen obligatorio del Seguro Social y enterar las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social, por el periodo omitido en que estuvo vigente la relación de trabajo, porque si el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia de una relación de trabajo, acreditada ésta se hacen exigibles al patrón las obligaciones previstas en el artículo 15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). Así, de esa manera se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que no le fue otorgado y, a partir de ahí, estará en posibilidad de disfrutar los beneficios de la seguridad social que le correspondan. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 3/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originada de la contradicción de tesis 339/2010, publicada en la página 1082 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO.’ (se transcribe). En ese contexto, debe concluirse que el laudo reclamado, en su aspecto absolutorio, es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en agravio de la parte quejosa, a quien, por ende, se le debe conceder la protección de la justicia constitucional que solicita, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el mencionado laudo y, en su lugar, emita otro en el que reitere las consideraciones jurídicas y la determinación asumida respecto de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral que no fueron materia de concesión, salvo la relativa al pago de las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con las cuales debe condenar a la patronal demandada derivada de su omisión de inscribir al trabajador por el periodo de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y ocho, pues sólo así se restituirá a la inconforme en el goce de las garantías vulneradas en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo. Finalmente, al ser fundado el concepto de violación de que se trata, resulta innecesario hacer el análisis de los restantes, pues, al margen de que el examinado bastó para conceder la protección constitucional, cualquiera que fuese el resultado de su estudio en nada variaría el sentido de la presente ejecutoria. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento siete, sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, localizable en la página ochenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia SCJN, que es del tenor literal que sigue: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). ..."
QUINTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números **********, **********, **********, ********** y **********, en sesiones de cinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, once de diciembre de mil novecientos noventa, tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, seis de octubre de mil novecientos noventa y tres y dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, en la parte que interesa, consideró:
En el juicio de amparo directo **********:
"QUINTO. ... En efecto, no le asiste razón al quejoso, en cuanto a que en el laudo se debió entrar al estudio y análisis de las prestaciones reclamadas del Instituto Mexicano del Seguro Social y condenar a su inscripción retroactiva al régimen obligatorio de seguridad social, así como a la constitución de capitales que se debieran haber integrado por la empresa en favor del amparista, por ser esas prestaciones accesorias y por el hecho de ser obligatorio su conocimiento por haberse planteado en la demanda laboral, pues, al respecto, debe atenderse a la competencia de la autoridad a quien se plantea el conflicto, independientemente de que le sea atribuible al patrón el hecho de que el trabajador no disfrutara de las prestaciones que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 12, fracción I, 19 y 21 de la Ley del Seguro Social, el procedimiento para la inscripción de un trabajador al régimen obligatorio del Seguro Social, puede efectuarse de tres maneras distintas, a saber: 1o. Por la inscripción hecha por el patrón del término marcado por la ley y su reglamento, o bien, en forma extemporánea; 2o. En virtud de solicitud del propio trabajador cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de inscribirlo; y, 3o. De manera oficiosa por el instituto, en virtud del resultado de la práctica de la inspección que determine la procedencia o improcedencia de una inscripción. De lo anteriormente expuesto se puede concluir que el trabajador estaba en posibilidades de solicitar ante el Seguro Social la inscripción en las condiciones antes anotadas y ante una negativa, interponer los recursos que prevé la Ley del Seguro Social, además de que no es posible que se ordene su inscripción, pues, al respecto, conforme al artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social es requisito indispensable, que tuviera aún la calidad de trabajador, y ya no lo es a virtud de la procedencia de la acción de pago de la indemnización constitucional reclamada. Siendo pertinente aclarar, al respecto, que hubiera sido distinto reclamar del patrón, que cubriere al Seguro Social las cuotas que no enteró por la omisión en que incurrió, al no incorporar al régimen obligatorio de seguridad social al trabajador, pues a ello sí podía condenar la Junta en cuestión, en el laudo que al efecto se emitiera, lo que hubiera producido que la demandada diera de alta en forma extemporánea ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al trabajador en cuestión. Asimismo, en cuanto a la omisión que se atribuye a la Junta de no condenar al fincamiento de capitales constitutivos porque el patrón no aseguró al ahora quejoso, debe decirse que con el simple hecho de demostrar el trabajador ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social que no había sido dada de alta por el patrón, el instituto estaba en posibilidades de ejercer sus facultades de comprobación de las obligaciones de la demandada iniciando el procedimiento correspondiente conforme al artículo 46 de la Ley del Seguro Social y, en su caso, determinar el crédito fiscal correspondiente, sin que en forma alguna se le pueda decretar condena para que finque capitales constitutivos o aplique sanciones por ser un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, esto es, un organismo autónomo y, como tal, está investido de autoridad para imponer a los particulares el acatamiento de sus determinaciones, pero sólo al mismo atañe determinar si las ejercita o no, en detrimento de su patrimonio. Consecuentemente, procede negar a **********, el amparo y protección de la Justicia Federal. ..."
En el juicio de amparo directo **********:
"QUINTO. ... Asimismo, es infundado el alegato del quejoso, en el sentido de que el juicio laboral debió pararle perjuicio al tercero interesado Ferrocarriles Nacionales de México; en atención a que no se ejercitó acción en su contra, independientemente de que no podía perjudicarle a la empresa el resultado del juicio, porque el accionante no demostró que, efectivamente, su salario real promedio fuera superior al que consideró el instituto para otorgarle su pensión, la Junta que conoció del juicio no podía condenar en el laudo al pago de capitales constitutivos, como lo presume el inconforme, en virtud de que no tiene facultades para ello, pues el fincamiento de esos capitales no es propio del arbitrio de una Junta de Conciliación y Arbitraje, sino que corresponde a la potestad que la Ley del Seguro So
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25005-c1f0cbc4/seguro-social-si-el-patron-demandado-omitio-inscribir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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