SEGURO SOCIAL. ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN DERIVADA DE LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE REALMENTE PERCIBÍA Y SÓLO ESTÁ CONDICIONADO AL LÍMITE SUPERIOR QUE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997 Y 28 DE LA LEY EN VIGOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 481/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 19 DE MARZO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, debido a que el tema a dilucidar corresponde a la materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del pasado seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió la Ley de Amparo, en específico, el artículo 226, fracción II, cuyos contenidos disponen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
"II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente."
De donde se advierte que, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada en un mismo circuito con diferente especialización y los Tribunales Colegiados de distinto circuito, tal y como acontece en el presente asunto, pues de los cuatro tribunales contendientes uno pertenece al Décimo Octavo Circuito, dos al Tercer Circuito y uno es un Tribunal Colegiado Auxiliar en auxilio de un diverso Tribunal del Décimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue hecha por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quienes emitieron y sustentan uno de los criterios contendientes en la presente contradicción al resolver el amparo directo **********, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece.
TERCERO. Sistema de contradicción de tesis. Para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer, constituye un presupuesto necesario determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.
Tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos; para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que dos o más órganos jurisdiccionales, sobre un mismo punto de derecho, adopten criterios jurídicos discrepantes a través de argumentaciones de índole lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada.
Al respecto, debe precisarse que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se persigue acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva.
En esa tesitura, a efecto de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
El diez de octubre de dos mil doce, al resolver el amparo directo **********, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Los conceptos de violación, los cuales, por su estrecha vinculación serán estudiados en forma conjunta, son en parte infundados y en otra, inoperantes. En ellos se sostiene en resumen, que la condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a reconocer como salario promedio como base para determinar el monto de pensión en cantidad superior a la resultante del salario que se tuvo registrado, parte de una irregularidad cometida por la patronal, quien fue la que omitió pagar las cuotas de cotización con el correcto; que por tal motivo, la pensión en los términos que fue otorgada por el organismo de seguridad social fue adecuada conforme al salario registrado en el régimen obligatorio, razón por la cual considera ilegal que, por confesión de la patronal se considere otro como el último cotizado; que además, se beneficia a la parte actora tomando en cuenta el salario por un periodo, sin que se tenga la certidumbre jurídica para determinar el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas; que así, no se debió establecer condena respecto de aportaciones que no le fueron pagadas, por ello, si se advirtió que se cotizaba con un salario menor se le debió absolver porque la falta no le es atribuible y está imposibilitada a cumplir con la condena, porque no existen fondos, mayormente porque no se le corrió responsabilidad a la patronal; que, además, no se demostró que el salario con el que la trabajadora estaba inscrita, no fuera el que viniera percibiendo previo al otorgamiento de la pensión, ni que el señalado en la determinación del monto de la pensión, no fuera con el que se venían efectuando las aportaciones, de tal forma que, con el solo reconocimiento de la patronal de un salario promedio superior, se le tuvo por reconocido y con ello, se convalidó la omisión, por lo cual, la irregularidad cometida por aquélla, le causa perjuicio al trabajador y al condenarse al instituto, con ello se ocasiona perjuicio a éste porque se obliga a que se pague la pensión con un salario mayor al registrado, cuando no es la responsable de los daños y perjuicios a la trabajadora. Lo anterior es en parte infundado, porque se esgrime en lo sustancial que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, por una irregularidad cometida por el patrón para el cual trabajaba la actora; sin embargo, la acción en ejercicio, se sustentó en el derecho que emerge del artículo 186 de la Ley del Seguro Social, que dispone: (se transcribió). Precepto mediante el cual, si bien se reconoce la responsabilidad patronal en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados al trabajador cuando omite registrarlo con el salario real y, por lo tanto, pone de relieve que la irregularidad es atribuida al patrón, estatuye la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de fincar los capitales constitutivos por dicha omisión y, por ende, se subroga en los derechos del trabajador, en atención a lo previsto por el artículo 54 de la propia ley, que dispone: (se transcribió). De tal forma que, la materia a dilucidar en el juicio laboral fue si la actora tenía derecho a que, demostrado el salario base de cotización que tomó en cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, para determinar el monto de la pensión, es inferior al que realmente percibía, se le cubra con base en el demostrado, sin perjuicio del derecho a ejercer en contra del patrón, las facultades que tiene como autoridad fiscal a efecto de recuperar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten. En dicho contexto, si de los artículos reproducidos de la Ley del Seguro Social, se advierte que si bien es obligación de los patrones informar al Instituto Mexicano del Seguro Social, las modificaciones al salario de los trabajadores (artículo 15); y que no obstante tal obligación, los obreros tienen el derecho de comunicar a la entidad aseguradora, las modificaciones salariales (artículo 18), siendo que al determinarse el régimen financiero de las pensiones, el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren a los trabajadores, cuando incumplan con la obligación de avisar el salario real o los cambios que sufriere éste (artículos 54 y 186), en dichos casos, a solicitud del trabajador interesado, previa comprobación del salario real, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se subrogará en sus derechos y otorgará las prestaciones correspondientes, queda en consecuencia, el patrón obligado a enterar a éste los capitales constitutivos respectivos. Entonces, dado que, en el asunto que se analiza, se demandó la rectificación de la pensión, como consecuencia de las diferencias en el monto del salario con el que la patronal tenía registrada a la trabajadora al momento de generarse el derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada, por ende, de acreditarse, como se concluyó en el laudo, un salario superior a aquel con el cuál estaba inscrita, la obligación de otorgar las prestaciones correctamente, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo dicha premisa, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditara cual fue el salario con el que la accionante estuvo cotizando las últimas doscientas cincuenta semanas, no le libera de responder ante ésta, si se demostró que el salario real era superior, pues la acción se sustentó en la obligación de subrogarse en los derechos del trabajador, y al emerger ello de la ley, resultaba bastante que se acreditara tal irregularidad atribuible a la patronal. Así, es inexacto que al ahora quejoso, se le esté condenando a rectificar el monto de la pensión, sobre la base de una irregularidad respecto de la cual es ajeno, pues como se señaló, ello deriva de disposiciones de orden público y observancia obligatoria, de cuyo contenido se advierte que se libera a los trabajadores de la carga de acudir ante la patronal a regularizar la situación que le resulte atribuible, mediante la subrogación que al respecto debe efectuar la entidad aseguradora, la cual, por su parte, contrario a lo que se sostiene, por sí no le ocasiona daños y perjuicios, ya que entonces está facultada de exigir a la entidad patronal por la vía fiscal, en su carácter de autoridad de tal naturaleza el pago de las diferencias a través de los capitales constitutivos. Resulta aplicable al respecto, por compartirse el criterio, la tesis con clave XXVI.5o.(V Región) 11 L (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la página 2026, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA DETERMINACIÓN POR LA QUE SE LE CONDENA AL PAGO DE UNA PENSIÓN CON BASE EN EL SALARIO REAL DEL TRABAJADOR, ACEPTADO Y RECONOCIDO EN JUICIO POR EL PATRÓN, NO LE GENERA PERJUICIO ALGUNO, AL PODER EXIGIR A ÉSTE EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS A TRAVÉS DE CAPITALES CONSTITUTIVOS.’ (se transcribió). Asimismo, dado que, lo que se puso a consideración de la autoridad laboral al demandarse la rectificación de la pensión, fue el derecho de la trabajadora a que, en aplicación del artículo 186 de la Ley del Seguro Social, el instituto demandado se subrogara en sus derechos, no podía correrse responsabilidad a la patronal, pues como bien se señaló al contestarse la demanda por el ahora quejoso, en la vía laboral se carece de facultades para ordenar el fincamiento de capitales y aplicación de sanciones, pero ello, desde luego, no le priva de ejercer las facultades que legalmente tiene, en su carácter de autoridad fiscal en contra del patrón incumplido, con lo cual, desde luego, en los términos señalados en la tesis supracitada, podrá si así lo considera obtener la retribución de las aportaciones omitidas. Además, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de la prueba del monto del salario, si en el caso fue demandada la **********, como titular de la relación de trabajo, y antes de demostrar que el promedio salarial con el cual se le otorgó la pensión a la trabajadora por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, fuera coincidente con el real, admitió expresamente que el señalado en el punto dos de hechos, que fue el que se tomó en cuenta, en el laudo, es el último que percibió la accionante como trabajadora en activo, consecuentemente, ello implica un reconocimiento de que las aportaciones de seguridad social se venían efectuando con un salario incorrecto, y por la naturaleza de la reclamación, precisamente, la incorrecta conducta de la patronal es la que permite solicitar el ajuste de la pensión. En cuanto a lo esgrimido de que se beneficia a la parte actora tomando en cuenta el salario por un periodo, sin que se tenga la certidumbre jurídica para determinar el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, en el laudo reclamado, se consideró ello, a partir de que, se sostuvo: ‘En ese sentido, y habiendo quedado demostrado en autos, que la actora devengó durante los últimos cinco años previos al otorgamiento de su jubilación, ocurrida el 04 cuatro de octubre de **********, el salario de $********** pesos mensuales, esto es, un salario diario de $********** pesos, como inicialmente lo refirió la demandante; procederá condenar al organismo demandado Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocerle a la actora del presente juicio, como salario diario devengado con su ex patrón ********** y, por ende, como salario de cotización, la cantidad de $********** pesos, lo anterior por el periodo comprendido del **********, fecha en que causó baja del régimen obligatorio del Seguro Social, al día ********** y, por consiguiente, a rectificar la pensión de cesantía en edad avanzada que en forma equivocada concedió a la asegurada atendiendo el salario diario promedio que resulte de los salarios devengados durante los 1,750 días previos a la fecha en que causó baja del régimen obligatorio, tomando para tal efecto, el salario de $********** pesos, vigente durante el periodo comprendido del ********** al ********** (lapso durante el cual la actora devengó con su ex patrón el salario diario antes señalado) y el salario que aparece reflejado en la hoja de certificaciones de derechos que consta en autos, por el periodo del ********** al día **********, toda vez que contabilizando los días comprendidos en ambos periodos, estos corresponden a 1,750 días equivalentes a 250 semanas previas a la baja; así como al pago de las diferencias que resulten entre la pensión de cesantía que legalmente le corresponde y aquella otra que actualmente percibe, las cuales deberá cubrir a partir de un año anterior a la presentación de su demanda, es decir, a partir del **********, lo anterior en razón de que el instituto demandado hizo valer la excepción de prescripción en términos de lo dispuesto por el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, con respecto a aquellas prestaciones reclamadas con anticipación a un año de que fuera presentada la demanda, excepción que se considera procedente en favor del demandado y hasta aquella otra en que acredite dicho organismo estar cumplimiento (sic) cabalmente con la presente resolución ...’. De donde se advierte que el salario promedio para determinar el pago de la pensión, se sustentó en el que ante la autoridad laboral quedó demostrado, reflejado de la hoja de certificación de derechos, correspondiente al **********, así como el vigente del **********, que a su consideración correspondió al obtenido durante los últimos mil setecientos cincuenta **********, previos a que causara baja en el régimen obligatorio del seguro social, equivalentes a **********, lo cual no se controvierte, de tal forma que, con independencia de que tal consideración sea o no correcta, fue el sustento para determinar el promedio del salario de la trabajadora y, por ende, ante la deficiente impugnación, debe quedar intocada. Resulta aplicable, por compartirse el criterio, la jurisprudencia con clave IV.3o.A. J/4, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1138, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribió). Relativo a los precedentes que se invocan del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de los que se advierte que, esencialmente, se concedió la protección al Instituto Mexicano del Seguro Social porque se consideró que no resultaba posible que se fijara condena en contra de éste, respecto a cotizaciones salariales de las cuales no se informó a la demandada, ni se realizaron aportaciones, y que, por ello, si no se han hecho con el monto del salario real pretendido, no se está en condiciones de realizar el ajuste, tal decisión no se comparte, pues si de los preceptos en que se fundamentó la acción, se advierte que la entidad aseguradora conserva la facultad de fincar capitales constitutivos, una vez que se demuestre el salario verdadero percibido, en ese supuesto, no puede quedar a voluntad del instituto la decisión de si ejerce la facultad que como autoridad fiscal tiene en contra del patrón, para determinar si se otorga el derecho a la trabajadora a percibir la pensión sobre la base del salario real, pues entonces, sería ocioso que se le otorgara un conducto para salvaguardar su derecho a obtener el pago correcto de la pensión, si éste quedara condicionado a la voluntad del órgano asegurador. También, por los mismos motivos, es que no se comparte el criterio sostenido en la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el rubro: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL MONTO DEL SALARIO BASE PARA CALCULAR LA CONDENA QUE LE ES IMPUESTA EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO ASEGURADOR ES EL QUE TIENE REGISTRADO.’, pues del contenido de dicha tesis se desprende que, aun cuando el trabajador haya acreditado el salario real, se estima que debe tomarse como base, aquel con el cual estuvo cotizando, porque el instituto está imposibilitado para acreditar el monto con documentos distintos a los que obran en su poder, pero se pierde de vista que conforme al artículo 54 de la Ley del Seguro Social, que es el que se interpreta, al comprobarse que el salario real es diferente a aquel con el cual se está cotizando, se deben de cubrir las prestaciones con base en el demostrado, caso en el cual, no se desconoce que se registró al accionante con uno inferior e incorrecto, sino que se pretende el ajuste sobre la base de la subrogación de derechos a favor del trabajador. Por ello, procede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios, conforme a lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 226, fracción II, dado que, si bien, los juicios de amparo directo a que hace alusión el quejoso, bajo los números de expedientes **********, **********, ********** y **********, fueron resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, el argumento toral, es el mismo que se sustenta en la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, la cual puede ser localizada bajo la clave XVIII.4o.9 L (10a.), publicada en la página 1888, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Los artículos invocados de la Ley de Amparo, establecen: ‘Artículo 226.’ (se transcribió). ‘Artículo 227.’ (se transcribió). En las relatadas condiciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que se hace extensivo respecto de los actos reclamados del presidente y del Actuario Ejecutor, a atribuírselos en vía de consecuencia y no por vicios propios."
II. Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito.
El quince de noviembre de dos mil doce, al resolver el amparo directo en revisión **********, en auxilio de las labores del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"... En otro tema, el impetrante alega que la Junta responsable sin citar fundamento alguno y con una indebida motivación, determinó que el salario base de cotización para el cálculo de la pensión a que fue condenado, ascendía a la cantidad de $********** (**********). Además, refiere el impetrante que la actora no aportó en el juicio laboral prueba para acreditar el sueldo que manifestó en su demanda, que por el contrario, el quejoso sí ofreció pruebas para acreditar el salario de la trabajadora, a saber, consulta de cuenta individual de la actora y consulta numérica de patrones, medios de convicción a los que señala no les otorgó valor suficiente la Junta del trabajo y que son con las cuales -dice- se acredita documentalmente el sueldo real de la actora al ocurrir los hechos relativos al riesgo de trabajo. En ese entendido, expone que la Autoridad del trabajo apoyándose únicamente en lo argumentado por la actora en su escrito de demanda laboral y en lo aceptado por el patrón codemandado, pues éste formuló ofrecimiento de trabajo a la actora -hoy tercero perjudicada- en las mismas condiciones que dijo venía desempeñándolo, resolvió que el sueldo real de la accionante a fin de calcular el pago de la pensión solicitada, era la cantidad de $********** (**********). Es infundado el concepto de violación. En principio, debe establecerse que la Junta del trabajo al emitir el laudo reclamado y a fin de determinar el salario base de cotización para el pago de la pensión reclamada, lo hizo bajo las siguientes consideraciones. La Junta responsable precisó, que correspondía al instituto quejoso la carga de acreditar el salario cotizado a favor de la actora por su patrón, sin perjuicio de que fuera desvirtuado por la trabajadora. Al ocuparse de las pruebas documentales ofrecidas por el peticionario, estableció que de la consulta de cuenta individual de la trabajadora y consulta numérica de patrones, se advertían bajas, altas y modificaciones salariales, que informaban los patrones de la actora, además que, efectivamente, en la fecha que aconteció el riesgo de trabajo la actora cotizaba un salario de $********** (**********), el cual era variable, pero que, en el periodo siguiente la actora cotizó un salario de $********** (**********), el cual sería el que tomaría en cuenta, en virtud que al darla de baja del instituto, registró un salario de $********** (**********) y sólo debe tomarse en cuenta el incremento salarial antes de la baja. No obstante ello, la Junta concluyó que aun y cuando la documental resultaba idónea para demostrar el salario cotizado, la parte actora podía desvirtuarlo con prueba en contrario, lo que estima ocurrió en el caso, en virtud de que el patrón reconoció el salario invocado por la trabajadora en su demanda laboral. En ese orden, condenó al instituto quejoso al pago de la pensión de riesgo de trabajo y accesorios, indicando que era con el salario acreditado en autos por la actora (el señalado en su demanda laboral), que resultaba muy superior al informado por el patrón al instituto de seguridad social y que éste al contestar la demanda aceptó el sueldo señalado en la misma. Así, aplicando el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, además de la cuota diaria, consideró el resto de las prestaciones que expuso la trabajadora se le cubrían y que la patronal aceptó expresamente al contestar la demanda y determinó el salario de cotización en $********** (**********) y no el indicado por el instituto quejoso. Asimismo, resulta indispensable tener en cuenta lo que prevén los artículos 27 y 54 de la Ley del Seguro Social vigente, que disponen (énfasis añadido): ‘Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos ...’. ‘Artículo 54. Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que, al comprobarse su salario real, el instituto le cubra, con base en éste la pensión o el subsidio. En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el cinco por ciento por gastos de administración sobre el importe de dicho capital, como parte integrante del mismo.’. De los preceptos transcritos, se infiere que el salario de cotización se integrara con pagos hechos en efectivo por cuota diaria y demás prestaciones que el asegurado reciba con motivo de su trabajo; así mismo, que el pago de pensión o subsidio al asegurado, se le cubrirá conforme al salario que tuviera inscrito ante dicho instituto y en caso de que, el salario informado sea inferior al real, cuando ello, se haya acreditado, entonces, el instituto queda obligado a cubrir la pensión o subsidio conforme a este. Y que, cuando resulten esas diferencias el patrón pagara al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ese concepto capitales constitutivos. Igualmente, conviene reproducir lo previsto en los artículos 4, 5 y 270, todos de la Ley del Seguro Social, cuyo texto informa: ‘Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.’. ‘Artículo 5 La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25076-307cfb62/seguro-social-es-procedente-la-accion-de-rectificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SEGURO SOCIAL. ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN DERIVADA DE LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE REALMENTE PER (2a./J. 38/2014 (10a.))
- SEGURO SOCIAL. SI EN UN JUICIO SE DEMANDA DEL INSTITUTO EL RECONOCIMIENTO DE PADECIMIENTOS DEL ORDEN PROFESIONAL Y ÉSTE APORTA LA HOJA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA ESTABLECER (I.13o.T.154 L (10a.))
- SEGURO SOCIAL. EL AJUSTE DE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA DEBE SEGUIR LAS REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE OTORGÓ INICIALMENTE, INCLUSO RESPECTO AL SA (III.4o.T.58 L (10a.))
- SEGURO SOCIAL. SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN DE LOS ASEGURADOS. CARGA DE LA PRUEBA. (I.6o.T.40 L )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis