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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2010. · Registro digital (IUS): 22708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL C
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 1083.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quienes en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 527/2010, en la parte que interesa, determinó:

"SÉPTIMO. En otro concepto de violación se aduce que el laudo es violatorio de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues en la demanda laboral se reclamó la inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el pago de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y Afore, pero la Junta absolvió al demandado con el argumento de que ya no existe la relación de trabajo, lo que es contrario a los artículos 11, fracción IV, 12, fracción I, 31, fracción IV, 37 y 167 a 169 de la Ley del Seguro Social, y del (sic) 10 y 16 del reglamento de afiliación relativo, pues de ellos deriva que es un derecho de los trabajadores el disfrutar de los beneficios de la seguridad social, por lo que si existió una relación laboral ese derecho se incorporó a la esfera jurídica del actor, además de que la Junta tiene competencia para resolver al respecto. Luego -argumenta el quejoso-, si la demandada no acreditó haber realizado las aportaciones relativas, debió condenársele a cumplir dicha obligación. Lo anterior es sustancialmente fundado. De los artículos 12, fracción I y 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social y 45 de su Reglamento en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, deriva que las personas sujetas a una relación laboral deben ser afiliadas al régimen obligatorio de aseguramiento, lo que obliga a los patrones a inscribir a sus trabajadores. En ese contexto, aun cuando es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo fiscal autónomo con facultades para exigir el cumplimiento del pago de las cuotas a cargo del patrón, ello no obsta para que el trabajador pueda demandarle ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Luego, en este caso la pretensión del actor al reclamar la inscripción retroactiva ante el instituto y las aportaciones no efectuadas al Sistema de Ahorro para el Retiro y la Administradora de Fondos para el Retiro, es que el patrón cumpliera con la obligación que había desatendido de afiliarlo al régimen obligatorio del Seguro Social, que mientras perduró la relación de trabajo generó derechos al demandante, entre ellos, los relativos al ramo de retiro, sin que puedan ser suprimidos por el solo hecho de que el vínculo de trabajo haya concluido. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por el quejoso, de rubro: ‘SEGURO DE RETIRO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN PLANTEADA POR EL TRABAJADOR, EN CONTRA DEL PATRÓN, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS RELATIVAS.’. Sin que pase inadvertido para este tribunal, que la Ley del Seguro Social establece en sus artículos 88, 149 y 186, en lo conducente, que el patrón será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la omisión de inscribir a los trabajadores; y que en los numerales 304 A, fracción II y 311, fracción I, se prevén como infracciones y se disponen las penas correspondientes para quienes no cumplan con las obligaciones en materia de inscripción, pues ello no los releva de satisfacer la reclamación laboral efectuada por el trabajador. En otras palabras, si bien existe la posibilidad para éste de exigir esos daños y perjuicios por la omisión de ser inscrito, ello no le impide reclamar en el juicio laboral la satisfacción en forma retroactiva de dicha obligación, con la finalidad de que sean reconocidos los derechos que genera ser sujeto de afiliación al régimen obligatorio. Además de que no podría exigirse al trabajador que en una acción independiente reclamase esos daños y perjuicios, si puede y debe obtener la satisfacción de sus pretensiones en materia de seguridad social en el conflicto planteado en contra del patrón ante la Junta, que tiene competencia para conocer de las reclamaciones surgidas con motivo del vínculo laboral, aun cuando ya haya terminado, respetándose así el derecho del trabajador de acceder a una justicia pronta y completa, en los términos del artículo 17 constitucional. Por tanto, lo resuelto por la Junta en torno a dichas prestaciones es desacertado, ya que sí se demostró el nexo de trabajo, pero no el cumplimiento de las obligaciones del patrón de pagar las cuotas correspondientes. Debido a las razones que se han expuesto, no se comparte el criterio del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, citado por la autoridad responsable, en el que se establece la improcedencia de la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de que la relación laboral ya ha terminado, pues justamente por haber existido ese vínculo el patrón adquiere la obligación de inscribir a sus trabajadores para el efecto de que se reconozcan los derechos que correspondan al tiempo que no estuvo inscrito y se cubran las aportaciones relativas. Así las cosas, al haberse acreditado la violación a la garantía de legalidad prevista por los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el cual resuelva nuevamente la reclamación del actor de que el patrón cumpla con las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro y Administradora de Fondos para el Retiro."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 907/2003, en la parte que interesa, determinó:

"SEXTO. ... En otra cuestión, los quejosos alegan que la responsable debió condenar a las demandadas a inscribirlos retroactivamente como asalariados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a que enteraran al mismo las cuotas obrero patronales. Lo anterior es fundado, por lo siguiente: Los artículos 12, fracción I y 15, fracciones I y III, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social dicen: (se transcriben). Los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo determinan lo siguiente: (se transcriben). De la lectura de los artículos transcritos se colige que cuando se den los supuestos de los numerales 20 y 21 de la legislación federal del trabajo, como en el caso, en que la responsable determinó que quedó demostrada la existencia de un vínculo laboral entre los peticionarios del amparo con los demandados y que los actores le prestaban a los terceros perjudicados un trabajo personal subordinado, los patrones están obligados a inscribir a sus empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a determinar las cuotas obrero patronales y enterar los importes al mismo. Sin embargo, en la especie, no obstante que, como se dijo, los promoventes del amparo prestaban a los demandados un trabajo personal subordinado y que tenían una relación laboral con ellos, los terceros perjudicados no los inscribieron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni enteraron las cuotas obrero patronales a su cargo ante este último, como era su deber legal, por tanto, ante su inadecuado actuar, causaron perjuicio a los solicitantes de garantías. Sin que en la especie se estime adecuado lo razonado por la Junta, en el sentido de que los actores debieron acreditar que el estudio a fin de que se llevara a cabo la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya había sido aprobado, de acuerdo con el artículo décimo octavo transitorio de la ley de dicha institución, lo cual apoyó en el criterio cuyo rubro dice: ‘SEGURO SOCIAL, INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DEL. TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.’. Ello es así, porque la tesis que citó la responsable para sustentar su razonamiento es inaplicable, en la especie, toda vez que en ella se establece que de acuerdo con el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, para que los trabajadores de empresas descentralizadas cuyos contratos colectivos consignen prestaciones superiores a la ley, se inscriban en dicho instituto, es menester realizar un estudio previo que sea debidamente aprobado y, en tanto ello no suceda, la institución de mérito estará exenta de esa inscripción. Como puede advertirse, el artículo transitorio se refiere a trabajadores de empresas descentralizadas, lo que no se da en el caso particular, porque las demandadas no reúnen las características de este tipo de compañías. En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Chiapas determina las bases para la organización de la misma. Al respecto, el artículo 1 de dicha legislación determina lo siguiente: (se transcribe). El numeral 38 del mismo ordenamiento legal establece: (se transcribe). El capítulo cuarto de dicha ley hace referencia a los fideicomisos, como entidades de la administración pública estatal. Los artículos 47 y 48 de la misma legislación establecen: (se transcriben). De la lectura de lo anteriormente transcrito queda evidenciado que, como se ha dicho, ninguna de las demandadas puede ser considerada como un organismo descentralizado, porque no reúnen los requisitos para concluir que tienen ese carácter. Ello se afirma, toda vez que por lo que hace al Comité de Sanidad Pecuaria del Estado de Chiapas, se trata de una sociedad civil, la cual obviamente se rige por un contrato de esta naturaleza, como lo dispone el artículo 2661 del Código Civil para el Estado de Chiapas, y que no reúne las características que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública de esta entidad, para ser considerado como un órgano descentralizado de la misma. De igual forma, por lo que hace al fideicomiso demandado, resulta claro que la Ley de la Administración Pública en comento, no lo señala como un organismo descentralizado, sino como una entidad estatal auxiliar del Ejecutivo. En tal virtud, es evidente que los patrones demandados no son empresas descentralizadas; por ende, los actores no tenían obligación de conducirse en términos del artículo décimo octavo transitorio referido en la tesis en mención, la cual, como se ha señalado, es inaplicable en la especie. Independientemente de lo anterior, la responsable sólo señaló en el laudo combatido el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, sin especificar si se refería al vigente o al que regía al momento de la presentación de las demandas laborales respectivas, lo que indica una incorrecta motivación, sin embargo, no obstante de haber incurrido en esa deficiencia formal, de todos modos, por las razones precisadas, como los actores no estaban obligados a presentar estudio previo alguno debidamente aprobado, esa incongruencia no trasciende al resultado del fallo. En otro orden de ideas, los inconformes esgrimen que la responsable es competente para conocer y resolver lo procedente respecto a las prestaciones que reclamaron consistentes en inscribirlos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que los demandados enteren el importe de las aportaciones para su abono en la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los actores y determinar si eran procedentes o no esas reclamaciones. Lo anterior es fundado, pues la Junta responsable debe resolver lo relativo a las prestaciones reclamadas por los trabajadores, relacionadas con las inscripciones de los mismos y el importe de las aportaciones respectivas, en los términos previstos por los artículos 29, fracciones I y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda y 136, 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen: (se transcriben). Esto es, los empleados, según los numerales transcritos, tendrán derecho a recibir habitaciones cómodas e higiénicas y a ser inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por tanto, es inconcuso que los primeros tienen la facultad de acudir ante la Junta respectiva a defender sus derechos. Por ende, es indudable que los quejosos tenían la facultad de acudir ante la responsable para hacer valer su reclamo en el sentido de no haber sido inscritos por los demandados ante el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y no haber efectuado éstos las aportaciones respectivas, y dicha autoridad tenía competencia legal para resolver esas cuestiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 4a./J. 7/93, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 62, febrero de 1993, página 15 (de) rubro: ‘INFONAVIT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN CONSISTENTE EN LA FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL.’. Por tanto, por las razones apuntadas, al no pronunciarse sobre los tópicos descritos y considerarse incompetente legalmente para ello, la responsable causó un perjuicio a los solicitantes de garantías. No es óbice a lo anterior, lo que sostiene la Junta responsable en el sentido de que los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29, 30 y 32 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tienen la facultad de ocurrir ante dicha institución para demandar a los patrones las obligaciones inherentes a la inscripción y al monto de las aportaciones enteradas a aquél, sin embargo, ese aspecto es opcional, pero no deslinda a la autoridad laboral de pronunciarse en relación con esas reclamaciones. En consecuencia, en concordancia con lo resuelto en el juicio de garantías 909/2003, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y, con seguimiento de los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, dicte otro, en el que deje intocadas las condenas, excepto la reclamación de horas extras que fue determinada en contra del codemandado Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, la cual deberá declarar improcedente y, por un lado, analice la prestación reclamada consistente en el pago de aguinaldo correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, así como el que se genere del uno de enero de dos mil dos al momento en que se cumplimente el laudo; por otro, determine procedente la inscripción retroactiva de los quejosos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a que los demandados enteren a dicha institución las cuotas obrero patronales respectivas y, por último, se pronuncie en relación con la inscripción de los promoventes de garantías ante el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y respecto de las aportaciones que correspondan a la subcuenta de vivienda reclamada por los actores y, una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que conforme a derecho proceda."

Derivado de las anteriores consideraciones, el Tribunal Colegiado autorizó la tesis siguiente:

"No. Registro: 178434

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, mayo de 2005

"Tesis: XX.2o.22 L

"Página: 1478

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE UN VÍNCULO LABORAL, LOS PATRONES DEBEN INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES ANTE DICHA DEPENDENCIA, INCLUSO CON EFECTOS RETROACTIVOS, SIN NECESIDAD DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, SALVO CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DESCENTRALIZADAS. Los artículos 12, fracción I y 15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social establecen, respectivamente, que son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio aquellas personas que, acorde con los numerales 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado; y que es obligación del patrón registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, así como las modificaciones de sus salarios y demás datos, dentro del plazo no mayor a cinco días hábiles; además, deberá determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe a la citada dependencia. Ahora bien, si dentro del juicio se acredita la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, con base en los citados preceptos 20 y 21, con ello se actualiza la obligación de la parte patronal de inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por ende, determinar las cuotas obrero-patronales que habrá de enterarle; inscripción que deberá realizarse, incluso, con efectos retroactivos y sin necesidad de la aprobación del estudio previo a que se refiere el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, pues tal supuesto sólo es aplicable tratándose de empresas descentralizadas."

QUINTO. El Noveno Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 9919/1995, en la parte que interesa, determinó:

"TERCERO. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte, infundados en otra y fundados en una más; esta última se analiza con base en consideraciones supletorias de la queja, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... aduce el solicitante del amparo, en una parte del capítulo en estudio, que según se desprende del expediente laboral, la empresa demandada no cumplió con inscribirlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sistema del Ahorro para el Retiro. En otros asuntos, este órgano jurisdiccional estimó que cuestiones similares a las apuntadas no fueron materia de reclamo en el juicio natural en la forma que señalaron los promoventes en su respectiva demanda de garantías, puesto que lo exigido fue la documentación que acreditara su inscripción (puntos V, VI y VII del proemio de demanda), mas no que fuesen inscritos en esa institución y sistema, en caso de no estarlo, motivos que llevaron a concluir que los conceptos de violación eran inatendibles. Una mayor meditación sobre el tema, aunado a razones supletorias de la queja, conducen a alejarse de esa apreciación. En efecto, a pesar de los términos empleados por el actor, puede deducirse que en el fondo la pugna estriba en si Petróleos Mexicanos está o no obligado a inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como en el denominado Sistema de Ahorro para el Retiro. Precisado lo anterior, corresponde analizar si las acciones intentadas son susceptibles de prescribir y, en su caso, cuál es su término para ello y la fecha a partir de la cual habría empezado a correr, a fin de establecer si fue correcto o no que la responsable también las declarara prescritas. Desde luego, el esclarecimiento de este punto no incidirá en manera alguna sobre la controversia de fondo, es decir, no constituye decisión acerca de si el organismo demandado, Petróleos Mexicanos, está o no constreñido a realizar dichas afiliaciones, cuestiones que sólo podrán ser examinadas por la autoridad del trabajo en el supuesto de que aquí se concluya que las respectivas acciones ejercidas no prescribieron. Ahora bien, en principio, los patrones están legalmente obligados a inscribir a sus trabajadores en las instituciones de seguridad social y de la vivienda antes nombradas; si no lo hacen, el trabajador tiene el derecho de acudir ante esos organismos a solicitarles su inscripción; asimismo, las mencionadas entidades poseen la facultad de llevar a cabo la afiliación forzosa de los asalariados. Estas consideraciones se apoyan en lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 240, fracción X, de la Ley del Seguro Social y 29, fracción I, 32 y 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El deber a que se alude indudablemente lo tiene el patrón durante la vigencia del vínculo contractual y no amerita mayor estudio, ya que por ser de tracto sucesivo, no puede prescribir mientras subsista el nexo laboral. El problema se presenta cuando una vez rota la relación, la obligación deja de tener la naturaleza anotada y el obrero la condición de trabajador con respecto al empresario. Situados en esta coyuntura, también es evidente que la inscripción del subordinado ya no es reclamable con efectos posteriores a la conclusión del lazo obrero-patronal, relacionados con el entero de las cuotas o aportaciones; pero si se aplicara semejante criterio al periodo en que subsistió la liga jurídica, quedarían sin solución ciertos derechos que pudieran haberse generado durante la existencia de la misma, los cuales conservaría el trabajador si hubiese sido derechohabiente de las instituciones de que se trata, a saber: el reconocimiento de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que conjuntamente con otros requisitos podrían dar lugar, en forma mediata o inmediata a la asignación de alguna de las pensiones instituidas en la ley que lo rige; la de ser titular de una cuenta individual con la subcuenta de ahorro para el retiro, de reciente creación con todos los derechos inherentes de mantener depositadas en su cuenta individual, en la subcuenta de ahorro y en la de vivienda, aportaciones que el patrón hubiera enterado y, excepcionalmente, verse favorecido con alguno de los créditos o beneficios implantados en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, hasta antes de llegar a retirar los fondos de tales subcuentas cumplidos determinados requisitos, o bien, que al fallecimiento del trabajador, sus beneficiarios reciban los saldos correspondientes; incluso, sumarlas a las aportaciones que otros patrones hubieran realizado antes o cubrieran después de aquella relación. Es palpable que todos esos beneficios, enunciados de manera ejemplificativa, no son exigibles desde luego y por la sola ruptura de la relación obrero-patronal, pero sí quedan de modo latente o potencial, sujetos al cumplimiento de alguna de la hipótesis legales para el surgimiento. Además, el derecho al otorgamiento de una de las pensiones aludidas es inextinguible, de conformidad con el ordinal 280 de la Ley del Seguro Social, el derecho del trabajador y, en su caso, beneficiarios, a recibir los fondos de la subcuenta del seguro de retiro, prescribe a favor del instituto a los diez años de que sean exigibles, como lo previene el diverso artículo 280 Bis del cuerpo legal invocado; plazo similar se encuentra establecido en el precepto 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que concierne a los recursos de la subcuenta de vivienda. Por otro lado, tanto las cuentas que el patrón debe enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social como las aportaciones del instituto de vivienda, son de carácter fiscal, como lo disponen los artículos 267 de la ley que rige al primero y 30 del ordenamiento aplicable al segundo, y para su prescripción, que corre en perjuicio de los citados organismos y no del trabajador que se encuentran contemplados en términos distintos a los comprendidos en la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con todo lo expuesto, debe concluirse que fue indebido que la autoridad del trabajo decretara prescritas las acciones que nos ocupan, por lo que en ese aspecto el laudo reclamado contraviene el dispositivo 841 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, las garantías individuales del quejoso, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; en mérito de ello, debe concederse al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la prenombrada autoridad deje insubsistente el acto impugnado y, en su lugar, pronuncie otro en el cual declare que no prescribieron las acciones ejercidas por el peticionario del amparo en los apartados V, VI y VII del capítulo de prestaciones de su demanda; hecho lo anterior, examine el fondo de la controversia en torno a los puntos precisados y la resuelva como en derecho proceda; lo anterior, sin perjuicio de que reitere los demás resolutivos referidos a las prestaciones ajenas a las que son materia de esta concesión."

Derivado de las anteriores consideraciones, el Tribunal Colegiado autorizó las tesis siguientes:

"No. Registro: 203796

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: I.9o.T.31 L

"Página: 551

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSCRIPCIÓN AL, POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PRESCRIPCIÓN. La acción de un trabajador, cuya relación laboral concluyó, para que su expatrón lo inscriba ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pague las cuotas por el tiempo que perduró el vínculo de trabajo, no prescribe en términos de la Ley Federal del Trabajo, porque si hubiese sido derechohabiente de la citada institución, se hubieran generado ciertos derechos que no se hacen exigibles desde luego, pero que el trabajador conservaría, como el reconocimiento de semanas cotizadas que, conjuntamente con otras derivadas de diversas relaciones con distintos patrones y con otros requisitos, podrían dar lugar a la asignación de alguna de las pensiones instituidas en la Ley del Seguro Social, cuyo artículo 280 dispone que es inextinguible el derecho a su otorgamiento."

"No. Registro: 203795

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: I.9o.T.30 L

"Página: 551

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSCRIPCIÓN AL, POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Cuando un patrón no inscribe a un trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicha inscripción es improcedente para que el patrón cubra las cuotas relativas posteriores a la terminación del vínculo laboral; pero sí por las que se hubiesen generado durante la vigencia de la relación, las cuales podrían producir ciertos derechos que el trabajador conservaría si hubiese sido derechohabiente de aquella institución, como el reconocimiento de semanas cotizadas que, conjuntamente con otras derivadas de diversas relaciones con distintos patrones y con otros requisitos, podrían dar lugar en forma mediata o inmediata, a la asignación de alguna de las pensiones o beneficios instituidos en la Ley del Seguro Social."

SEXTO. El entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo 377/95, en la parte que interesa, determinó:

"IV. Son parcialmente fundados los motivos de desacuerdo acabados de transcribir, cuenta habida de que: ... k) Por lo que ve a la reclamación consistente en la inscripción del actor al Instituto Mexicano del Seguro Social, ningún perjuicio irroga al quejoso la omisión por parte de la Junta para resolver al respecto, toda vez que no procede decretar la condena relativa, si aquél ya no tiene la calidad de trabajador a virtud de la conclusión de la relación laboral, pues conforme al artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, es un requisito indispensable que se tenga ese carácter ..."

De las anteriores consideraciones derivó la tesis siguiente:

"No. Registro: 204331

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, septiembre de 1995

"Tesis: VII.A.T.4 L

"Página: 608

"SEGURO SOCIAL, CONDENA IMPROCEDENTE A LA INSCRIPCIÓN DE UN TRABAJADOR AL, SI YA NO EXISTE RELACIÓN LABORAL. No procede decretar condena a fin de que se inscriba a un trabajador en el régimen obligatorio del seguro social, si el mismo ya no tiene dicha calidad a virtud de la conclusión de la relación laboral, pues conforme al artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, es un requisito indispensable al respecto que se tenga ese carácter."

SÉPTIMO. El Sép

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22708-f4a218b3/seguro-social-procede-la-inscripcion-retroactiva-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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