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Modo: Corpus Pro

CONVENIO LABORAL. EL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL TRABAJADOR EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, REQUIERE DE LA RATIFICACIÓN PERSONAL DE ÉSTE PARA QUE ADQUIERA VALIDEZ EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 296/2010. · Registro digital (IUS): 22571
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACT
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 628.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 296/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión laboral 61/2010, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO. Resultan fundados el primero y una parte del segundo de los motivos de inconformidad que expone el aquí inconforme. ... En efecto, tomando en consideración que si bien en el capítulo II ‘De la capacidad y personalidad’ de la Ley Federal del Trabajo, en concreto, en su artículo 692 se establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, indicando a su vez las reglas a través de las que el apoderado, acredita la personalidad. Sin embargo, en la referida legislación no se contempla un capítulo especial que regule el mandato o poder, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 17 de la legislación federal antes indicada, que señala que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la indicada ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Es conveniente, traer a cuenta la figura jurídica del mandato, que estatuye el Código Civil Federal y los principios que emanan del mismo. Así, conforme a lo que establece el artículo 2546 el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Conforme al numeral 2548 del Código Civil Federal, pueden ser objeto del contrato de mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. De las definiciones anteriores se advierte que el mandato, atento a su naturaleza, se caracteriza por los elementos siguientes: ... De lo antes expuesto se advierte, que la legislación civil federal ya precisada (artículos 2553 y 2554), contempla tres clases distintas de poderes o mandatos generales, a saber: a) Poder general para pleitos y cobranzas; b) Poder general para administrar bienes; y, c) Poder general para actos de dominio. En relación con las obligaciones que jurídicamente nacen entre el mandatario y el mandante, dispone que el mandatario representa la persona del mandante, pero dentro de los límites que éste le señala en el mandato, ya con relación a la clase de negocio que le encomienda y a la forma de él, o bien en cuanto a su duración; motivo por el cual el artículo 2581 establece que el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Por la misma razón, el mandatario está obligado a observar estrictamente las órdenes del mandante acerca del modo de la ejecución del negocio que se le encomendó. Asimismo, el numeral 2583 del Código Civil Federal, estatuye que los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no los ratifica tácita o expresamente. Las precisiones anteriores llevan a la conclusión: el mandato es un cargo de confianza, otorgado al mandatario en razón de sus circunstancias personales de honradez, probidad y conocimientos específicos, quien al aceptarlo compromete el concurso de ellas en su desempeño y que, para el caso de no desear hacerlo, puede rehusarlo; sin embargo, una vez que lo acepta queda obligado a cumplirlo observando en primer término las instrucciones expresamente determinadas por el mandante y sólo en el caso de situaciones no previstas, ante la imposibilidad de comunicarlas al mandante, es que quedará facultado para actuar conforme a su propio arbitrio, cuidando en todo el interés del mandante y poniendo el mismo interés, diligencia y cuidado del asunto, como si fuera propio; pues de actuar de otra forma defraudaría la confianza que en él se depositó. De lo antes expuesto no se advierte la exigencia de la ratificación de los convenios celebrados por el apoderado jurídico de quien otorga el mandato, como una formalidad para su validez. Ahora, el Código Civil Federal, en el título décimo sexto ‘De las transacciones’, en su artículo 2944 señala que la transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Por su parte, el numeral 2945 de la legislación civil federal, establece que la transacción que previene controversias futuras, debe constar por escrito si el interés pasa de doscientos pesos. Asimismo, el precepto 2953 de dicha codificación señala que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los casos autorizados por la ley. De igual forma, el numeral 2954 del Código que se viene indicando, señala que puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. De lo anterior, tampoco se advierte que el poderdante deba ratificar los convenios como una formalidad para su validez ante una autoridad jurisdiccional. En el caso particular, a foja 17 del juicio laboral, obra la carta poder que con fecha veintisiete de agosto del año dos mil, **********, le otorgó entre otros profesionistas al licenciado **********, del tenor literal: ‘... Por medio del presente escrito, otorgó a los CC. ... poder tan amplio como en derecho se requiera, para que en mi nombre y representación, promuevan juicio laboral sobre pago de diversas prestaciones laborales, de conformidad con los datos que en lo particular les proporciono, en contra de ... así como a quien o quienes más resulten responsables de la relación de trabajo derivada de los servicios prestados por el trabajador actor, entendido el poder que les confiero en términos del artículo 696 de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo delegar facultades o sustituir el mandato a favor de terceros, facultándolos para promover a mi nombre el juicio de amparo directo o indirecto cuantas veces se requiera, así como para desistirse de la demanda y acciones hechas valer en ejercicio del presente mandato, ratificando desde ahora lo que realicen en uso de sus facultades que les confiero.’. Así las cosas, de aceptarse el criterio del Juez de Distrito respecto a lo que también consideró la autoridad responsable en lo relativo a que era necesario que el actor (mandante) ratificara el convenio que concertó el licenciado **********, con la persona moral demandada, el día diecinueve de noviembre del año dos mil nueve (foja 53 del expediente laboral) se llegaría al absurdo de desconocer implícitamente las consecuencias jurídicas de la representación voluntaria (poder o mandato) a través de la interpretación de la ley hacer nugatoria o estéril a la institución jurídica del mandato. Cierto es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la jurisprudencia número 2a./J. 83/2009, visible en la página 401, Tomo XXX, julio de 2009, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘DESISTIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. ES NECESARIA SU RATIFICACIÓN POR EL ACTOR CUANDO EL APODERADO CARECE DE FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.’ (se transcribe). En esas condiciones, debe decirse que aplicando dicha jurisprudencia a contrario sensu, por analogía y atendiendo al principio de que ‘donde existe la misma razón debe aplicarse igual disposición’, en el caso a estudio no era necesaria la ratificación del actor poderdante, respecto del convenio que concertó su apoderado jurídico, en términos del mandato que le confirió el día veintisiete de agosto de dos mil, en el que lo facultó para ‘para (sic) que en mi nombre y representación, promuevan juicio laboral sobre pago de diversas prestaciones laborales, de conformidad con los datos que en lo particular les proporciono, en contra de ... así como a quien o quienes más resulten responsables de la relación de trabajo derivada de los servicios prestados por el trabajador actor ... facultándolos para promover a mi nombre el juicio de amparo directo o indirecto cuantas veces se requiera, así como para desistirse de la demanda y acciones hechas valer en ejercicio del presente mandato, ratificando desde ahora lo que realicen en uso de sus facultades que les confiero’. Al respecto tiene aplicación en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 82/2010, que derivó de la contradicción de tesis 7/2010, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, pendiente de publicarse, del texto siguiente: ‘DESISTIMIENTO DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. ES INNECESARIO ORDENAR LA RATIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR CUANDO SU APODERADO LO REALIZA SIN TENER FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.’ (se transcribe). También es de invocarse en apoyo a lo ya considerado, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3845, Tomo LXXV, Materia(s): Laboral, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto: ‘TRABAJO, PERSONALIDAD EN MATERIA DE.’ (se transcribe). Por otra parte, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, señala que: (se transcribe). De la interpretación de la disposición antes transcrita, se obtiene que si bien es cierto que la misma ordena la ratificación del convenio o liquidación, otro tanto lo es, que no señala que esta última tenga que realizarse sólo por el trabajador, luego ha de entenderse que puede ser por él o por el apoderado jurídico del mismo, en mérito a que lo que estatuye ese dispositivo es que para ser válido el convenio o la liquidación deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él y que el mismo se aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores; de ahí que es inconcuso que la Junta en lugar de ordenar la ratificación del convenio ya precisado, debió examinar si dicho acuerdo de voluntades concertado por el ahora recurrente con el apoderado jurídico del trabajador, contenía renuncia de derechos en perjuicio del trabajador. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 1/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 316, Tomo XXXI, enero de 2010, Materia(s): Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: ‘TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.’ (se transcribe). Así, una vez determinado lo anterior, es infundado lo que argumenta el ahora recurrente en una parte del primero de sus motivos de desacuerdo, en el sentido de que la resolución recurrida es violatoria del principio de congruencia que debe imperar en toda sentencia al tenor de lo que estatuye el numeral 1o. de la Ley de Amparo, que obliga al Juez de Distrito, a fijar con precisión el acto reclamado y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, esto es, se aduce que la resolución recurrida, no se ajustó a la litis del juicio laboral. Lo anterior es así, porque el Juez de Distrito podía analizar cuestiones que no formaron parte de la litis del juicio laboral, como lo era examinar si el convenio de mérito contenía o no renuncia de derechos del trabajador, pues no debe olvidarse, que cuando se trata de cuestiones a favor de este último, sí es procedente traer a cuenta nuevos argumentos. Sirve de sustento a lo antes considerado la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 71/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 182, Tomo XXI, junio de 2005, Materia(s): Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE EXAMINAR ARGUMENTOS QUE EL TRABAJADOR NO PLANTEÓ AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO.’ (se transcribe). De ahí que lo que debió determinar el Juez de Amparo, era que la autoridad responsable en lugar de ordenar la ratificación del convenio, debió pronunciarse respecto al mismo, aprobándolo o desaprobándolo, precisamente como lo obligaba el numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo, y al tenor de los artículos 8o., 14, 16 y 17 de la Carta Magna y 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, es infundado lo que argumenta el aquí inconforme en el sentido de que si las partes sólo pidieron que el convenio se sancionará y aprobará, el acuerdo que debió recaer era de tener al actor por desistido de la demanda y acciones y a la patronal por obligándosele al pago del numerario convenido, lo anterior de conformidad con lo que señala el numeral 8o. de la Carta Magna, y atendiendo además al principio de instancia de parte contenido en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Se afirma de ese modo, por virtud de que como ya se señaló lo que tenía que realizar la autoridad responsable, era verificar que si el convenio contenía o no renuncia de derechos del trabajador, y entonces si sancionarlo, aprobando o desaprobando el mismo. En ese orden de ideas, es inconcuso que la resolución del Juez de Amparo, no cumplió con el principio de proporcionalidad, entendido este último como instrumento de interpretación, que sirve para hacer una ponderación sobre la idoneidad, fin legítimo y debida adecuación de la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. En consecuencia, este Tribunal Colegiado, no comparte los criterios de los Tribunales Colegiados que invocó el Juez de Amparo en la sentencia sujeta a revisión, de los títulos: ‘CONVENIO. NO PRODUCE EFECTOS POR LA FALTA DE RATIFICACIÓN ANTE LA JUNTA EN QUE SE FORMULÓ PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO.’; ‘CONVENIO EN MATERIA LABORAL, INEFICACIA DEL, CUANDO NO SE RATIFICA POR EL TRABAJADOR.’ y ‘CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CUANDO EN SU FORMULACIÓN INTERVIENE EL APODERADO DEL TRABAJADOR, SÓLO PRODUCE EFECTOS HASTA QUE EL ACTOR LO RATIFIQUE ANTE LA JUNTA EN QUE SE HIZO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO.’, tesis III.T.45 L, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 843, Tomo VIII, (sic) Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, (sic) tesis II.2o.C.T.11 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 227, Tomo V, (sic) Novena Época, y la tesis I.3o.T.86 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1741, Tomo XXI, (sic) Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), respectivamente. Lo anterior, porque como ya se analizó en párrafos anteriores, tomando en consideración que el trabajador le confirió a ... poder amplio para que en su nombre y representación, promoviera juicio laboral sobre el pago de diversas prestaciones laborales, con la empresa moral ... y el apoderado jurídico concertó el aludido convenio con esta última empresa, no era necesaria la ratificación del pacto de voluntades por parte del trabajador, en atención a las consideraciones ya expuestas, es decir, porque la responsable para el caso de aprobarlo o desaprobarlo lo que tenía que examinar era que no hubiese renuncia de derechos del trabajador actor tal y como ya se apuntó ..."

CUARTO. El entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo en revisión 105/97, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO. Resultan ineficaces los agravios expuestos por el apoderado de los quejosos. Ciertamente, se alega en esencia que en la resolución recurrida se omitió tomar en cuenta que la responsable desatendió lo pactado por las partes en el convenio de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; que debió requerir a los operarios para que comparecieran a ratificar el convenio respectivo y así estuviera en aptitud de aprobarlo, en lugar de continuar el procedimiento natural; que los actos posteriores a la celebración del convenio resultan antijurídicos. Los motivos de desacuerdo antes relacionados devienen ineficaces, para conducir a la revocación o modificación del aspecto de la sentencia impugnada, en virtud de que, en lo fundamental, las cuestiones que se relacionan, se refieren a acontecimientos verificados con anterioridad al pronunciamiento del laudo que dilucidó la contienda suscitada y por lógica y legal consecuencia, no son debatibles en amparo indirecto si con antelación se planteó, por alguno de los actores del juicio laboral de que se trata, demanda de garantías que se ventiló en amparo directo que ya se resolvió, dada la firmeza procesal que debe regir respecto de las resoluciones judiciales; por tanto, asiste la razón al juzgador de primer grado, al estimar que esos cuestionamientos no pueden ser dilucidados en la vía constitucional tramitada ante él, ya que, como acertadamente lo argumentó, los mismos debieron de plantearse como conceptos de violación en ese amparo directo que los trabajadores interpusieron en contra del laudo que resolvió el asunto en el fondo. Por otra parte, también deviene ineficaz lo que se arguye en torno a que de manera indebida el Juez de Distrito argumentó que la responsable estuvo en lo justo al sostener que en el caso concreto no aprobaba el multicitado convenio en virtud de que se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Efectivamente, en primer término debe decirse que el acto jurídico que el nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro celebraron los apoderados de los trabajadores y de la codemandada ... en estricto derecho constituye lo que podría denominarse como preconvenio, en virtud de que, como se aprecia de su lectura, su efectividad se condicionó a la aprobación de los obreros, lo que dese luego implica que al momento de su celebración no existió la concordancia bilateral de voluntades de los directamente interesados. Ahora, si bien el recurrente alega con razón, que indebidamente en la sentencia recurrida se involucra la institución de la cosa juzgada, de manera inadecuada por cuanto que la problemática inherente a la celebración del acto jurídico de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro que se le dio la denominación de convenio, no constituye un pronunciamiento de derecho entre partes, sobre acciones ya dilucidadas en otro juicio, dado que en todo caso la Junta al aprobar un convenio, es obvio que con esa actividad no resuelve como órgano jurisdiccional las cuestiones sometidas a su conocimiento en arbitraje, por tanto, es claro que la decisión de la responsable que constituye el acto reclamado, como lo sostuvo el Juez de Distrito, no le causa a los recurrentes agravios jurídicos reparables, máxime que, aunque por los motivos que más adelante se precisarán, se encuentra pronunciada con apego a derecho. Lo anterior resulta así, ya que los convenios que llevan a cabo los trabajadores con la fuente de trabajo para poner fin a un juicio laboral, ya sea por medio de una transacción o por reconocimiento del patrón de las prestaciones exigidas, acorde a una recta interpretación de lo establecido en el numeral 876 de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ratificarse y aprobarse en cualquier estado procesal del juicio previo a la emisión del laudo, puesto que esta actuación una vez emitida, por dirimir la controversia entre las partes, imposibilita la concordancia bilateral de voluntades con ese mismo fin, salvo que el convenio respectivo verse sobre cuestiones laudadas, lo cual no ocurre en la especie. Ahora bien, del justiciable se advierte que si bien es cierto que el nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, los apoderados de los trabajadores y la codemandada ... celebraron un acto jurídico al que denominaron convenio, con el fin de dar por concluida la contienda laboral; que se condicionó su efectividad tanto a la ratificación por parte de los demandantes y a la aprobación por la jurisdicente, también lo es que el día y hora que se señaló para el efecto indicado en primer término, comparecieron ... y ... mas no los hoy quejosos (fojas 260 a 262 del tomo I de pruebas); que ante ese evento la responsable continuó con la sustanciación del juicio y procedió a emitir su laudo, con el que, como se dijo dirimió la contienda sometida a su conocimiento por las partes. En ese estado de cosas, es inobjetable que la propuesta de la patronal para dar por concluido el conflicto laboral no fue aceptada en el estado procesal oportuno por los hoy agraviados, tomando en cuenta el fin que se persiguió con ella, o sea, el de poner fin al rango de convenio; tan es así que la Junta, ante la falta de comparecencia de la totalidad de los trabajadores involucrados, decidió continuar en sus trámites la secuela procedimental; luego, como en el juicio natural, con el dictado del laudo que no sufrió alteración alguna, adquirió firmeza legal ante la negativa de la protección federal que impetraron a través del juicio de amparo directo 495/94, tramitado ante este propio Tribunal Colegiado, creándose una situación jurídica nueva, por ello, se considera que a través de aquel acto jurídico que se denominó como ‘convenio’, no puede solucionarse el juicio en forma diversa a la en que está resuelto. Por tanto, acorde a que en el sistema procesal de los juicios de carácter laboral, rige como presupuesto de que cada acto de procedimiento debe realizarse en la fase que le corresponda, con la consecuencia de que, de no llevarse a cabo, se pierde el derecho de hacerlo con posterioridad, se estima que a los hoy quejosos les precluyó la facultad para ratificar el acto jurídico que celebró su apoderado el nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro con el fin de dirimir la contienda laboral, máxime que de autos no se advierte que la fuente de trabajo continúe sosteniendo la propuesta de conciliación que hizo en aquel pacto, sino que, por el contrario, existe oposición a su aprobación, ante la situación jurídica que guarda el justiciable. Es decir, ningún efecto jurídico produce lo concertado entre los representantes de las partes para finiquitar el conflicto laboral, ya que la propuesta de solución, fue condicionada a su ratificación por los trabajadores y algunos no comparecieron a ratificarlo, a pesar de que la Junta los requirió para ello; por consiguiente, esa oferta no adquiere el rango de convenio para los que no la ratificaron y por ello es legal que la Junta continúe el juicio en sus trámites normales hasta el dictado del laudo; sin que asista a los actores derecho para que se reciba su ratificación aceptando aquella propuesta, toda vez que el derecho respectivo les precluyó al no haber comparecido cuando fueron citados para ese fin; además, de que se alteraría la nueva situación jurídica creada en el juicio, ya que no puede solucionarse el conflicto en forma diversa a la en que quedó resuelto con el dictado del laudo respectivo, máxime porque no se advierte que la patronal continúe sosteniendo sus propuestas. Así las cosas, se estima que la decisión final de la responsable de no aprobar el acto jurídico que se le dio la denominación de ‘convenio’ y que se ha referido varias veces como se sostuvo en la sentencia que se revisa, aunque también por los motivos antes plasmados, se encuentra ajustada a derecho y por lo mismo, no resulta violatorio de garantía en perjuicio de los agravios. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 833, que se puede consultar en la página 575 del Tomo V, Materia del Trabajo del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz de: ‘PRECLUSIÓN, NATURALEZA DE LA.’ (se transcribe). No se desatiende que con posterioridad a que el laudo adquirió firmeza jurídica y en cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en el juicio de amparo indirecto 279/96, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, el dos de enero de mil novecientos noventa y siete, con plenitud de jurisdicción (así se determinó), la jurisdicente señaló para la ratificación del ‘convenio’ las diez horas con treinta minutos del día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete; que en el amparo indirecto 83/97, interpuso por la empresa hoy tercera perjudicada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado (sic) en contra de su decisión, se decretó el sobreseimiento del Juicio; que ... (seis de los trabajadores) de manera parcial realizaron la ratificación del ‘convenio’ en la fecha indicada en último término. Sin embargo, esas circunstancias no reportan beneficio alguno a los agraviados en razón de que en ambas contiendas constitucionales no se resolvió en cuanto al fondo, respecto de la procedencia del acuerdo que celebraron los apoderados de las partes y que designaron con el nombre de ‘convenio’; por tanto, atento al estado procesal del justiciable, al principio de preclusión a que se hizo referencia y al hecho de que no continúa vigente la propuesta de conciliación por parte de la patronal, se estima que la ratificación aludida no puede ser tomada en cuenta en apoyo de su pretensión de que se apruebe el pacto celebrado entre los apoderados de los contendientes varias veces indicado, para resolver el conflicto planteado en la demanda laboral. Tampoco pasa desapercibido que los recurrentes arguyen que en el proceso laboral rige el principio inquisitivo y que por ello el juzgador tiene que promover diligencias; que en el caso concreto la jurisdicente lo desacató. Ahora bien, como se evidencia del justiciable, ante la verificación del ‘convenio’ que acordaron los apoderados tanto de los trabajadores como de ... (la empresa demandada), la enjuiciada señaló día y hora para su ratificación por parte de los demandantes (foja 261); diligencia a la que comparecieron ... y ... (dos trabajadores) (foja 262), mas no así los restantes trabajadores pese a que fueron notificados al efecto por conducto de su apoderado; que ante ese evento procedió a emitir el laudo correspondiente (fojas 303 a la 340). Luego entonces, en contra de lo pretendido, resulta inconcuso que la responsable sí cumplió con el principio inquisitivo que rige en el procedimiento laboral, ya que, como se vio, a fin de integrarse el justiciable de manera debida, señaló día y hora para la ratificación, por parte de todos los trabajadores, del multicitado ‘convenio’ y en segundo, ante la falta de interés de los hoy quejosos en la ratificación de ese documento y a fin de no dejar inauditos a los reclamantes con relación a las pretensiones que plantearon en el libelo laboral y no retardar el procedimiento, fue que emitió el laudo varias veces indicado; por ello, en este aspecto no existe la pretendida violación de garantías. Por otra parte, debe decirse que aun cuando el recurrente alega con razón que en la sentencia que se revisa de manera desacertada se argumentó que el acuerdo celebrado entre los apoderados de las partes que se denominó como ‘convenio’ varias veces indicado fue sustituido por el laudo emitido en el justiciable, también lo es que esa circunstancia resulta irrelevante para revocarla, puesto que, como ya se dijo, en lo que respecta a los hoy quejosos y de manera previa a la emisión del laudo, nunca existió un convenio en estricto derecho, puesto que aquel acto jurídico, como ellos mismos lo reconocen, no lo ratificaron en la fecha que al efecto se señaló. Entonces, contrario a lo pretendido, en el expediente natural debe continuar rigiendo la situación jurídica que se determinó con el dictado del laudo que adquirió firmeza jurídica, como ya se vio. Deviene infundado lo que se arguye en torno a que en la sentencia que se revisa, de manera indebida se anuló el ‘convenio’ de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, pues basta imponerse de su contenido para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22571-929c5c85/convenio-laboral-el-suscrito-por-el-apoderado-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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