REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender a los antecedentes y contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. La ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, relativa al recurso de reclamación número **********, refiere lo siguiente:
Antecedentes:
1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto de **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con residencia en Cancún, Quintana Roo, en el juicio de nulidad número **********.
2. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diez, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito desechó el recurso.
3. Inconforme con tal determinación, mediante oficio presentado el dieciocho de febrero de dos mil diez ante el citado Tribunal Colegiado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió a trámite el dieciséis de abril de dos mil diez.
4. En sesión de fecha diecisiete de junio de dos mil diez, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvieron el recurso, de reclamación, en el sentido de declarar fundado el recurso, y ordenaron admitir a trámite la revisión fiscal, al considerar que el apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto Nacional de Antropología e Historia sí se encontraba legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal.
La parte conducente de esta resolución es la siguiente:
"... De lo dispuesto por el referido artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se advierte categóricamente, que son facultades del director general representar legalmente a dicha institución y otorgar, revocar o sustituir poderes para tal efecto; por lo que, si en el caso, el recurso de revisión fiscal fue interpuesto ante este órgano colegiado por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de la escritura pública número noventa mil ciento treinta y siete, pasada ante la fe del notario público número ciento cincuenta y uno, del Distrito Federal (fojas 6 a 8 del toca), es evidente que dicho apoderado general se encuentra legitimado para combatir la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil nueve, por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio contencioso administrativo **********, en virtud de que fue el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia quien le otorgó dicho poder; y al no estar previsto dentro del organigrama del instituto la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, éste cuenta con la legitimación procesal para interponer el recurso de revisión de que se trata. Así las cosas, es de concluirse que la directora del Centro INAH, Quintana Roo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en Chetumal, aunque haya actuado dentro del juicio de nulidad en forma autónoma y con representación propia, no puede interponer directamente el recurso de revisión fiscal, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe de hacerlo por conducto de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de sus asuntos. En el caso, como ya se dijo con anterioridad, en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se advierte que la referida autoridad cuente con la unidad administrativa antes señalada, razón por la que es de concluirse que será el director general de dicho organismo el que sea considerado como tal, en virtud de que en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de dicho ordenamiento legal, tiene como facultades la de representar legalmente a ese organismo, así como de otorgar, revocar y sustituir poderes. Lo que no debe de entenderse, que esté actuando como un superior jerárquico que intervenga en los asuntos propios de alguna de las unidades administrativas que integren al instituto, sino en representación de la defensa de los intereses de las áreas que en su totalidad lo conforman, por así preverse en su ley orgánica. Tiene aplicación al caso, por similitud, la tesis jurisprudencial, visible en la página 142 del Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los que siguen: ‘AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL. SU REPRESENTACIÓN POR APODERADO.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, y ante lo fundado del presente recurso de reclamación, lo procedente es revocar el auto de veintidós de febrero del presente año, y admitir a trámite el recurso de revisión de mérito, ..."
II. La ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa al amparo en revisión **********, refiere lo siguiente:
1. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, ante la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** promovió juicio de amparo en contra de la resolución dictada el veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis, dentro del juicio fiscal **********, emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, en el que se tiene por procedente el recurso de reclamación.
2. Por razón de turno, tocó conocer de dicha demanda al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, la admitió con el número de expediente **********.
3. Seguidos los trámites correspondientes, con fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, el Juez de Distrito dictó sentencia, en el sentido de negar el amparo solicitado.
4. Inconforme con la anterior sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
5. En sesión del día veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y ocho dicho Tribunal Colegiado dictó resolución, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
A continuación, sólo se transcribe la parte conducente del amparo en revisión **********, que dio origen al criterio referido:
"... Es infundado el segundo agravio hecho valer, en virtud de que efectivamente, como lo expresó el a quo, la parte quejosa no hizo valer ante la autoridad responsable el argumento de la inexistencia jurídica del órgano administrativo de defensa a que hace referencia el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación. No obsta a lo anterior, el hecho de que el recurrente haya hecho una transcripción de lo expresado en su recurso de reclamación, ya que el argumento en él expuesto se refiere a que **********, no acreditó el carácter de representante en términos del artículo 200, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es decir que la representación que corresponde a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no como inexistencia de dicho órgano. De la misma manera resulta infundado el tercer agravio transcrito, en atención a que si bien el Juez del conocimiento, equivocadamente, en un inicio, al hacer el razonamiento que se combate se refiere al Consejo Técnico y, consecuentemente, expresó que dicho argumento no le fue propuesto a la Sala, en un razonamiento más adelante, hace el estudio exclusivamente del mandato del consejero consultivo. Además, por cuanto hace a que el Consejo Consultivo no ha delegado su representación como cuerpo colegiado, por no existir disposición legal que así lo permita, lo cual contrariamente a lo señalado por el a quo, sí se hizo valer en el recurso de reclamación, no le asiste la razón al recurrente, en virtud de que las facultades que le otorgaron a ********** por parte del Consejo Consultivo de la Delegación 2 del Valle de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del mandato que se realizó mediante acuerdo ********** de veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, (foja 70 del expediente de nulidad) son limitadas, para el efecto de que le represente en los juicios de nulidad, lo cual no necesita estar regulado por la Ley del Seguro Social, ni por las disposiciones reglamentarias correspondientes, sino que simplemente basta que se otorgue el mandato y que el mandatario así lo acepte, sin que ello se entienda que el Consejo Consultivo ha delegado todas sus facultades que le corresponden; por lo tanto, si no se han delegado las facultades que le corresponden como cuerpo colegiado y que establecen las disposiciones reglamentarias, no se viola la garantía de seguridad jurídica. Finalmente, también resulta infundado el último agravio hecho valer, porque el Consejo Consultivo en ningún momento creó un ente administrativo con el carácter que requiere el artículo 200, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, ya que con el acuerdo **********, de veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, sólo está otorgando un poder a **********; además el Consejo Consultivo no está delegando las funciones que le corresponden conforme a las disposiciones reglamentarias, porque, como ya se dijo, sólo otorga un mandato para que sea representado en los juicios de nulidad. A mayor abundamiento, si el Consejo Consultivo de la Delegación número 2 del Valle de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene un ente administrativo que lo represente en los juicios de nulidad, con mayor razón puede otorgar mandato para tal efecto. En las relacionadas condiciones, y en atención a que este tribunal no advierte que ha habido una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso, como para que pudiera suplirse la deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo procede confirmar la sentencia sujeta a revisión."
La anterior ejecutoria dio origen a la tesis aislada, con número de registro IUS 231055, que dice:
"No. Registro: 231055
"Tesis aislada
"Materia(s): Administrativa
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988
"Tesis:
"Página: 142
"AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL. SU REPRESENTACIÓN POR APODERADO. El artículo 200 del Código Fiscal de la Federación al disponer que ‘la representación de las autoridades corresponderá a la Unidad Administrativa encargada de su defensa jurídica’, no excluye la posibilidad de que esa función sea ejercida mediante apoderado que previamente haya sido designado por el titular de aquélla o por quien tenga facultades para hacerlo."
III. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la ejecutoria relativa al recurso de revisión fiscal número **********, refiere lo siguiente:
Antecedentes:
1. Mediante escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, ante la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, compareció **********, por conducto de su representante legal **********, a promover juicio de nulidad en contra de la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, emitida por la directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Quintana Roo.
2. La demanda se admitió y registró con el número de expediente ********** y, seguidos los trámites, se dictó sentencia, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
3. Inconforme con dicha sentencia, **********, apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, interpuso recurso de revisión con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se admitió a trámite mediante acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil siete, suscrito por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el número de toca **********.
4. En contra de este proveído la actora ********** interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número **********, y se resolvió con fecha doce de diciembre de dos mil siete, en el sentido de declararlo infundado.
5. Seguidos los trámites correspondientes, mediante resolución de fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho, se resolvió dicho recurso en el sentido de desecharlo por improcedente.
Las consideraciones que sustentan la resolución de la revisión fiscal número ********** son las siguientes:
"... En el caso a estudio, de las constancias del juicio contencioso administrativo número **********, se desprende que **********, a través de su administrador único **********, demandó la nulidad de la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, emitida por la directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo (Delegación Regional), a través de la cual se determinó que estaba desarrollando el proyecto arquitectónico denominado ‘Hotel Villas Tulum Park, Resort & Spa’, dentro de la poligonal de la zona de monumentos arqueológicos Tulum-Thancah, Quintana Roo, sin permiso otorgado por el instituto; decretando la suspensión del proyecto y la demolición de las obras no autorizadas; sustanciado el juicio al que concurrió la demandada, la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió sentencia de primero de junio de dos mil siete, desestimando el sobreseimiento del juicio que hizo valer la demandada y analizó los conceptos de anulación en los que la actora hizo valer la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió los actos impugnados, declarando con base en ello, la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Contra aquella determinación adversa, el apoderado para pleitos y cobranzas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, interpuso recurso de revisión fiscal, sin embargo dicha autoridad no se encuentra legitimada para interponer aquel medio de impugnación, ya que en términos del párrafo primero del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aquel recurso sólo puede ser ejercitado por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, debiendo interpretarse que dicha unidad administrativa debe ser la correspondiente a la autoridad demandada materialmente, pues si la finalidad que se persigue con el señalamiento de que sólo la unidad encargada de la defensa jurídica puede interponer recurso de revisión fiscal, es una adecuada defensa del asunto, en consecuencia, debe concluirse que no cualquier unidad administrativa está legitimada para interponer el recurso. Se sostiene lo anterior, en virtud de que es precisamente a la autoridad demandada, a la que le interesa el sentido de la sentencia o resolución dictada en el juicio de nulidad correspondiente, al ser ésta la que dictó la resolución impugnada la que tendrá, en su caso, que dar cumplimiento a la misma. Por consiguiente, en virtud de que la autoridad recurrente se identifica como apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, poder otorgado por el director general de dicho instituto, quien tiene su representación en términos del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero no se trata de la unidad administrativa de la autoridad que emitió la resolución impugnada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal que nos ocupa, por lo que al no quedar satisfecho el requisito de procedibilidad aludido, lo procedente en el caso es desechar el recurso de revisión interpuesto."
IV. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales **********, **********, **********, ********** y **********, determinó que no tenía legitimación el órgano administrativo encargado de la defensa jurídica del titular de la dependencia o entidad de la administración pública federal, si no tuvo el carácter de autoridad demandada en el juicio.
Dado que el criterio sustentado por las cinco ejecutorias, origen de la jurisprudencia sustentada por dicho tribunal, es coincidente, en obvio de repeticiones inútiles, sólo se transcribe a continuación la parte conducente de la revisión fiscal **********, que es una de las cinco ejecutorias, pues el sentido es coincidente con el de los cuatro asuntos del índice de ese órgano colegiado. En ella se refiere:
Antecedentes:
1. Mediante escrito de fecha siete de marzo de dos mil dos, depositado en la administración de correos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recibido el ocho de ese mismo mes y año en la oficialía común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, compareció la **********, por conducto de su representante legal **********, a promover juicio de nulidad en contra de la resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil uno, emitida por la Dirección General de Vida Silvestre, en la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2. La demanda se admitió y registró con el número de expediente ********** del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, seguidos los trámites, se dictó sentencia, en la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada.
3. Inconforme con dicha sentencia, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación interpuso recurso de revisión con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se admitió a trámite mediante acuerdo de fecha seis de enero de dos mil tres, suscrito por el presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número de toca **********.
4. Seguidos los trámites correspondientes, mediante resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil tres, se resolvió dicho recurso en el sentido de desecharlo por improcedente.
Las consideraciones que sustentan la resolución de la revisión fiscal número ********** son las siguientes:
Revisión fiscal **********
"... En esas condiciones, si en la especie la Dirección General de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue la autoridad demandada en el juicio de nulidad, la interposición del recurso de revisión fiscal correspondía a la mencionada Coordinación General Jurídica, pues existe disposición específica que le otorga tal facultad, que en el caso lo es el artículo 11, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese orden de ideas, si bien es cierto que el secretario de Hacienda y Crédito Público intervino en el juicio de nulidad del que deriva el presente recurso, en virtud del emplazamiento que hizo la Sala del conocimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 198, fracción III, del Código Fiscal de la Federación que, como ya se ha visto, a juicio de este órgano colegiado no procedía tal llamamiento, pues no se estaba en ninguno de los supuestos previstos por la fracción y numeral en comento; en el caso, no aplica la hipótesis legal relativa a que la Procuraduría Fiscal de la Federación deba defender los intereses de la mencionada secretaría, pues se insiste en que la autoridad demandada en el juicio de nulidad lo fue la Dirección General de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual acudió al juicio de nulidad con ese carácter y cuenta con la correspondiente unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. En resumen, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el presente asunto, carece de legitimación para interponer recurso de revisión fiscal, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que en el caso concreto éste no es autoridad demandada, ni es la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la demandada, por lo que no se ubica en el supuesto previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, precepto que al regular únicamente el recurso de revisión fiscal, debe entenderse en sentido restrictivo. Además, como ya se ha dicho, en el caso tampoco se actualiza la salvedad contenida en la fracción III del citado artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, consistente en que la resolución impugnada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, en cuyo caso el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia, toda vez que en el presente asunto se está en presencia de un oficio emitido por la Dirección General de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la cual es un órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y no una entidad coordinada en ingresos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni se controvierte el interés fiscal de la Federación. En consecuencia, este órgano colegiado considera que debe ser desechado por improcedente, por falta de legitimación, el recurso de revisión interpuesto por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y dejar firme la sentencia recurrida. ..."
Asimismo, las revisiones fiscales **********, **********, **********, ********** y ********** dieron origen a la tesis de jurisprudencia número I.10.A. J/7 de rubro: "REVISIÓN FISCAL. LEGITIMACIÓN, NO LA TIENE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SI ÉSTE NO EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO.", con número de registro IUS 181014 que dice:
"No. Registro: 181014
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, julio de 2004
"Tesis: I.10o.A. J/7
"Página: 1581
"REVISIÓN FISCAL. LEGITIMACIÓN, NO LA TIENE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SI ÉSTE NO EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. La interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 248, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/2001, determinó que la autoridad legitimada para promover el recurso de revisión fiscal, es la unidad encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto. En congruencia con dicho criterio y por mayoría de razón, el titular de la dependencia que no intervino en la emisión de la resolución impugnada carece de legitimación procesal para interponer el recurso de que se trata, no obstante lo establecido en el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, que señala que son partes en el juicio de nulidad la autoridad que emitió la resolución impugnada y su superior jerárquico, ya que la intervención de esta última como parte en el juicio no le da el carácter de autoridad demandada en sentido material, pues su intervención obedece a la relación jerárquica con la que está estructurada la administración pública federal, razón por la cual debe tener conocimiento de los actos que emiten los subordinados que son materia de impugnación, constituyendo ello uno de los medios de control y vigilancia en el desempeño de los servidores públicos de nivel inferior, por lo que el superior jerárquico carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, aun cuando lo haga a través de la unidad jurídica correspondiente, situación diversa es la que se presenta con la autoridad emisora del acto impugnado, que sí tiene el carácter de autoridad demandada, al así establecerlo de manera expresa la fracción II del precepto en cita, siendo a ella a la que le interesa el resultado del juicio de nulidad, ya que en su caso es la que se encuentra obligada a dar cumplimiento a los efectos de la sentencia respectiva. Con base en lo anterior a pesar de que el artículo 248 del código tributario, sólo refiere que las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden ser impugnadas por la ‘autoridad’ a través de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, sin precisar a qué autoridades de las establecidas en el citado artículo 198 se refiere, debe entenderse que la autoridad legitimada para interponer el recurso de revisión es la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad emisora del acto impugnado, ya que es la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para asegurar una adecuada defensa y no la correspondiente al superior jerárquico."
CUARTO. Ahora bien, con el propósito de dilucidar si existe en el caso la contradicción de tesis denunciada, se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan las hipótesis específicas de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.
Los numerales en comentario establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De igual manera, se debe tener pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22620-6ef986b1/revision-fiscal-el-apoderado-general-para-pleitos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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