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TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2010. · Registro digital (IUS): 22628
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO (ANTES TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO) Y SEGUNDO (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO), AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SE
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 449.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO (ANTES TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO) Y SEGUNDO (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO), AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada por criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en donde no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno, para conocer de ella.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por **********, autorizada legal de **********, quien fue parte en un juicio de amparo que dio origen a la ejecutoria materia de la posible contradicción.

TERCERO. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 130/2009, el cuatro de febrero de dos mil diez (de donde proviene la denuncia), en lo que interesa, señaló lo siguiente:

"... En el caso concreto, como quedó apuntado, el acto -oficio de diecinueve de enero de dos mil nueve-, que sirvió de base al juzgador federal para estimar que aconteció el cambio de situación jurídica, fue dictado antes de que la quejosa presentara la demanda de amparo -el veintiocho de enero de dos mil nueve-; incluso, en la propia demanda, la impetrante manifestó que presentó la petición de dictar resolución -el trece de enero- sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de enero- se haya llevado a cabo tal acto. Cierto, del relato de antecedentes se observa que la peticionaria de garantías sometió al escrutinio constitucional: la omisión de dictar resolución al procedimiento seguido ante el procurador social del Municipio de Zapopan, Jalisco, que el trece de enero de dos mil nueve, elevó solicitud a la referida responsable, con la finalidad de que ‘emitiera la resolución correspondiente y se notificara la misma a las partes, sin que a la fecha haya acontecido.’. En respuesta a dicha petición -de dictar resolución-, el procurador social y ciudadano, dictó el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero de dos mil nueve, en que acordó: no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, por los motivos, fundamentos y razones contenidos en dicho oficio. Acuerdo que la responsable allegó al sumario de amparo, hasta que rindió el informe justificado, incluso, no se advierte que haya sido hecho del conocimiento previamente a la quejosa. De ahí que, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, no aconteció un cambio de situación jurídica ‘durante el trámite del presente asunto’, merced a que el oficio de diecinueve de enero de dos mil nueve, se dictó antes de la presentación de la demanda de amparo; luego, no se concreta una de las hipótesis previstas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en el criterio antes transcrito- para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, como lo aduce la quejosa, lo procedente es revocar la sentencia de sobreseimiento recurrida, pero no para efectuar el estudio de fondo como lo dispone el artículo 91 de la Ley de Amparo, puesto que este Tribunal Colegiado estima necesario reponer el procedimiento en el juicio de garantías, virtud a que se advierte que en la especie, no se previno a la quejosa con el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero de dos mil nueve, que exhibió la responsable al sumario de amparo al rendir el informe justificado, para efectos de que, si era su deseo, integrar a la litis constitucional tal acto. ... En efecto, cuando el Juez de Distrito advierta del informe justificado determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, deberá mandar notificar personalmente a la parte quejosa el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirla para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento. ... Y, al rendir el informe justificado que le fue solicitado, la responsable: procurador social y ciudadano del Municipio de Zapopan, Jalisco, integró al juicio de garantías el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero del año en cita, en que acordó en sentido negativo la petición de la quejosa -se dictara la resolución en el procedimiento- (fojas 21 a 22 y 34 del expediente de garantías). En el referido oficio, el citado procurador social emitió razones y fundamentos del porqué no dictaba la resolución en el procedimiento de queja. Cierto, en el aludido oficio, el procurador social y ciudadano, acordó: (transcribe). Cabe señalar que el citado oficio (en que se da respuesta a la solicitud de que se dicte resolución al procedimiento) no aparece que haya sido notificado a la quejosa pues fue hasta que la responsable rindió el informe justificado en que exhibió e integró al juicio de garantías en que se advirtió la referida respuesta en sentido negativo a la petición de la justiciable -dictar resolución al procedimiento-. Y, al recibir el informe justificado, así como sus anexos, el Juez Federal, en auto de diez de febrero de dos mil nueve acordó: ‘se ordena dar vista a las partes para los efectos que haya lugar.’ (foja 35 del sumario de amparo). Auto inmediato anterior que se notificó mediante lista de acuerdos publicada el once de febrero siguiente (foja 35 vuelta ídem). Empero, el juzgador de primer grado fue omiso en prevenir a la quejosa para que manifestara si señalaba o no como acto reclamado el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero del año en cita, en que el procurador social y ciudadano del Municipio de Zapopan, Jalisco, precisamente, acordó en sentido negativo la petición de la quejosa -se dictara la resolución en el procedimiento-. Omisión que es trascendental, en la medida que con la respuesta dada por la responsable, se pretende justificar el no dictado de la resolución al procedimiento; que constituye la reclamada omisión en el juicio de amparo que se revisa. Así, se hace necesario que se dé oportunidad a la impetrante de garantías de, si es su deseo, integrar a la litis constitucional los motivos y fundamentos expresados por la responsable para negarse a dictar la resolución respectiva. ... Finalmente, en caso de que la quejosa amplíe la demanda de amparo, se deberá llamar al juicio de garantías, como tercero perjudicado, a **********, el cual es la contraparte de **********, en la queja que, precisamente, el prenombrado ********** interpuso en contra de la quejosa. Corolario de lo expuesto, se reitera, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito prevenga a la quejosa, requiriéndola -de forma personal- además de otorgarle el término oportuno, para que manifieste si señala o no como acto reclamado el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero de dos mil nueve, en que el procurador social y ciudadano del Municipio de Zapopan, Jalisco, acordó en sentido negativo la petición de la quejosa -se dictara la resolución en el procedimiento-, materia del reclamo constitucional. ... PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento dentro del juicio de amparo 124/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución."

B) Por su parte, las consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 683/98, en lo que interesa, son las siguientes:

"CUARTO. El recurso interpuesto por la empresa denominada **********, debe desecharse por improcedente de conformidad con las consideraciones siguientes: Previo a la conclusión anterior, se estima conveniente apuntar lo siguiente: a) El quejoso ********** promovió juicio de amparo indirecto ante el Juez Primer de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, contra la abstención de la Junta responsable de dictar el laudo en expediente laboral número 130/98. b) La responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 16). c) Previo los trámites de ley, el Juez del conocimiento, con fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo solicitado. d) Contra dicha sentencia, la empresa denominada **********, interpuso recurso de revisión; en el escrito respectivo, adujo haber sido demandada en el juicio laboral y que, por ello, tiene el carácter de tercero perjudicada en el juicio de amparo (foja 2). Ahora bien, en los casos en los que se reclaman los actos violatorios de la garantía que consagra el artículo 17 constitucional y, por equiparación, de la contenida en el numeral 8o. de ese mismo ordenamiento legal, por la abstención de acuerdo a una promoción o la abstención de resolución culminatoria de un proceso laboral, como aconteció en la especie, de ninguna manera resulta jurídico estimar que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado persona alguna (jurídica individual o colectiva), pues con tal carácter sólo se legítima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado. En la especie, como ya quedó señalado, el quejoso señaló como acto reclamado la abstención de la Junta responsable de dictar el laudo en el juicio laboral y, por ende, señaló como garantía violada la consagrada en el artículo 16 constitucional; por tanto, resulta inadmisible que la empresa demandada **********, pueda tener el carácter de tercero perjudicada, dado que no existe motivo o razón alguna para que ella o personas distintas al quejoso, estuviera interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse el laudo que ponga fin al procedimiento laboral declarando el derecho de las partes. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como tercero perjudicada, entre otros, a la empresa ahora recurrente, ya que tal empresa no tiene el carácter de tercero perjudicada, por las razones expuestas anteriormente y, por ende, no es parte del juicio de garantías en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Por tanto, si, dada la naturaleza del acto reclamado la empresa denominada **********, no tiene el carácter de tercero perjudicada y, por ende, no es parte en el juicio de amparo, es inconcuso que, por vía de consecuencia, carece de interés jurídico para interponer el recurso de revisión contra al sentencia que concede el amparo al quejoso **********. En esas condiciones, si la recurrente carece de interés jurídico para interponer el recurso de revisión antes referido, debe desecharse el mismo. ... En atención a las consideraciones expuestas, procede dejar intocada la parte considerativa de la sentencia recurrida. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la empresa **********, contra la sentencia dictada con fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. SEGUNDO. Queda intocada la sentencia recurrida."

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la siguiente tesis:

"No. Registro: 194863

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, enero de 1999

"Tesis: I.3o.T.7 K

"Página: 923

"TERCERO PERJUDICADO, INEXISTENCIA DEL. CUANDO SE RECLAMA LA ABSTENCIÓN DE RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO O LA ABSTENCIÓN DE ACORDAR UNA PROMOCIÓN. De la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se desprende que tercero perjudicado es el que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, con intereses semejantes a los de la autoridad responsable, pues pretende se declare la constitucionalidad de los actos reclamados en el amparo o, en su caso, el sobreseimiento en el mismo. Bajo esa premisa, se concluye que cuando se reclaman actos violatorios de las garantías de los artículos 8o. y 17 constitucionales por la abstención de resolución culminatoria de un procedimiento o la falta de acuerdo a una promoción, no es jurídico estimar que deba intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso, pues con ese carácter sólo se legitima al que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, lo que, en casos como los apuntados, resulta inadmisible, dado que no existe motivo para que personas distintas al quejoso estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes o de dictarse el acuerdo de una promoción; por tanto, por vía de consecuencia, la contraparte del quejoso en el juicio natural carece de interés jurídico para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede el amparo contra actos de la naturaleza antes señalada, por lo que, el aludido recurso debe desecharse.

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo en revisión 683/98. **********. 8 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Andrés Ortiz Cruz. Secretario: Ponciano Velasco Velasco."

De igual forma se pronunciaron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), así como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), pues sostuvieron medularmente, que en los juicios de garantías, cuando se reclamen violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, por la falta de acuerdo a una promoción o por la falta de resolución a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio, no debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso en el juicio natural, pues jurídicamente se debe estimar que con tal carácter sólo se puede legitimar a aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado.

Esto, al establecer que es evidente que al reclamar los casos como los señalados en el párrafo que antecede, resulta inadmisible que exista persona alguna que pueda ser considerada como tercero perjudicado, toda vez que la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no acordar una promoción o no dictar la sentencia correspondiente, sólo puede ser del interés jurídico de quien instaura el acto que recayó en su perjuicio.

Derivado de las anteriores consideraciones, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), al resolver el amparo en revisión 68/1996, emitió la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, marzo de 1996

"Tesis: VI.2o.27 K

"Página: 1032

"TERCERO PERJUDICADO. NO EXISTE CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 CONSTITUCIONALES. Cuando se reclaman actos violatorios de las garantías de los artículos 8o. y 17 constitucionales por la falta de acuerdo a una promoción o a la falta de resolución culminatoria de un procedimiento seguido en forma de juicio, no es jurídico estimar que deba intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso, pues con ese carácter sólo se legítima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo que en casos como los señalados resulta inadmisible dado que no existe motivo para que personas distintas al quejoso estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no acordar una promoción o en no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes.

"Amparo en revisión 68/96. ********** y **********. 28 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."

En ese tenor, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), al dictar la ejecutoria derivada del amparo en revisión 590/83, emitió la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"Séptima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"175-180 Sexta Parte

"Tesis:

"Página: 213

"Genealogía: Informe 1983, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 23, página 279.

"TERCERO PERJUDICADO. NO EXISTE CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 CONSTITUCIONALES. Cuando se reclaman actos violatorios de las garantías de los artículos 8o. y 17 constitucionales por la falta de acuerdo a una promoción o la falta de resolución culminatoria de un procedimiento seguido en forma de juicio, no es jurídico estimar que deba intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso, pues con ese carácter sólo se legítima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo que en casos como los señalados resulta inadmisible, dado que no existe motivo para que personas distintas al quejoso estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no acordar una promoción o en no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes.

"Amparo en revisión 590/83. **********. 11 de agosto de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Gómez Mercado. Secretario: José Guerrero Lázcares."

CUARTO. En otro orden de ideas, es importante determinar si existe la contradicción de tesis denunciada. Para hacerlo, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegaron a conclusiones discrepantes respecto a la solución de la controversia planteada.

Es importante destacar que aun cuando los criterios emitidos no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, se puede decretar la existencia de la contradicción; de ahí que no es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De las consideraciones anteriores se desprende que en este caso sí existe contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados que son parte en la controversia, pues se establecieron criterios opuestos en relación con la existencia del tercero perjudicado a que se refiere el inciso a), fracción III, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa en un juicio de garantías derivado de un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, reclame violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción, o la omisión de dictar la resolución que ponga fin a dicho juicio o procedimiento.

Ahora bien, para un mejor entendimiento del asunto, es necesario hacer una síntesis de las consideraciones a las que arribaron los Tribunales Colegiados en discordia.

De la resolución plasmada en el amparo en revisión 130/2009, donde fue parte la denunciante de la presente contradicción, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en lo que interesa, consideró llamar al tercero perjudicado como contraparte de la quejosa en la queja que, precisamente, instauró tal tercero en contra de la impetrante de garantías.

Lo anterior, en razón de que el órgano colegiado determinó revocar la sentencia de sobreseimiento recurrida, a efecto de que el a quo repusiera el procedimiento en el juicio de garantías, toda vez que en el juicio de garantías no se previno a la quejosa con el oficio PSC/0500/016/2009, de diecinueve de enero de dos mil nueve, que exhibió la autoridad responsable procurador social y ciudadano del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que dicho Juez de Distrito previniera a la quejosa para que, en su caso, integrara dicho oficio a la litis constitucional.

Cabe señalar que de los antecedentes relatados en la ejecutoria de referencia, se advierte que la quejosa promovió demanda de amparo indirecto, en la que expuso como acto reclamado "la omisión del procurador social del Municipio de Zapopan, Jalisco, de dictar laudo, sentencia o dictamen definitivo y notificarlo a la quejosa", pues el trece de enero de dos mil nueve elevó solicitud a la referida autoridad con la finalidad de "que se emitiera la resolución correspondiente y se notificara la misma a las partes, sin que a la fecha haya acontecido", alegando que hubo violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna.

En conclusión, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo que se debía llamar al juicio de garantías, como tercero perjudicado, a la contraparte de la quejosa, aun cuando la quejosa estableció como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución que correspondiera respecto del procedimiento instaurado en su contra, alegando violación expresa al artículo 17 constitucional.

En otra guisa, contrario a lo que sostuvo el referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tanto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvieron, en esencia, que cuando se reclamen violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, por la falta de acuerdo a una promoción o por la falta de resolución a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio, no debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso en el juicio natural, pues jurídicamente se debe estimar que con tal carácter sólo se puede legitimar a aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, es decir, a la parte quejosa, pues es a quien le ha recaído en su perjuicio, la omisión de dictar la resolución que corresponda.

De tales consideraciones emanaron, respectivamente, las tesis ya referidas, que son de rubros: "TERCERO PERJUDICADO. NO EXISTE CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 CONSTITUCIONALES.", "TERCERO PERJUDICADO. NO EXISTE CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 CONSTITUCIONALES."; y, "TERCERO PERJUDICADO, INEXISTENCIA DEL. CUANDO SE RECLAMA LA ABSTENCIÓN DE RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO O LA ABSTENCIÓN DE ACORDAR UNA PROMOCIÓN."

En ese orden de ideas y en consonancia con los criterios establecidos por el Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial antes expuesta, la contradicción de tesis deriva de la oposición de los criterios jurídicos usados para resolver el mismo tema jurídico con independencia de las diferencias fácticas que rodean a cada caso.

Siguiendo esa premisa, se puede concluir que, mientras que en el primero de los criterios en mención, se advierte que se puede llamar al tercero perjudicado a que se refiere el inciso a), fracción III, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, aun cuando de la demanda de amparo se desprenda la impugnación de una violación expresa al artículo 17 constitucional, por la omisión de dictar resolución en un juicio o procedimiento que se haya seguido en forma de juicio; en el otro, se considera que no existe tal figura, cuando del acto reclamado, el cual también derive de un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, se adviertan violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Carta Magna, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de dictar la resolución correspondiente, pues éste carece de interés jurídico en el juicio de garantías.

QUINTO. Una vez establecida la existencia de la contradicción, es necesario que esta Primera Sala determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

La materia de la contradicción consiste en determinar si existe el tercero perjudicado a que se refiere el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en los juicios de garantías, aun cuando se impugnen violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción, o por la omisión de dictar una resolución que ponga fin a un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio.

Es decir, que es necesario establecer si en un juicio de amparo, ya sea que devenga de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y se advierta que la naturaleza del acto reclamado atiende a violaciones de los artículos 8o. y 17 constitucionales, existe la figura del tercero perjudicado.

En principio, debe señalarse el contenido del artículo 5o. de la Ley de Amparo, que a la letra dispone:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22628-eae9b3a3/tercero-perjudicado-cuando-se-reclamen-violaciones-al-derecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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