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Modo: Corpus Pro

CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL OTORGAMIENTO O LA NEGATIVA DE PENSIÓN DE LA RAMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES UN REQUISITO PREVIO A LA PROMOCIÓN DE UN JUICIO DE ESA NATURALEZA EN EL QUE SE RECLAME EL PAGO DE ESA PENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 119/2023. · Registro digital (IUS): 32139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo II, Pág.1612.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 119/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el otorgamiento o la negativa de pensión de la rama del seguro de riesgos de trabajo expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un requisito previo a la promoción de un conflicto individual de seguridad social en el que se reclame el pago de esa pensión, así como diversas prestaciones derivadas de la misma.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si el otorgamiento o negativa de pensión de la rama del seguro de riesgos de trabajo expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un requisito previo a la promoción de un conflicto individual de seguridad social en el que se reclame el pago de esa pensión, así como diversas prestaciones derivadas de la misma.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido a través del MINTERSCJN el veinte de abril de dos mil veintitrés, recibido el veintiuno siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta del Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, remitió la denuncia de contradicción de criterios realizada por la Jueza de Distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guanajuato, respecto de los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 150/2021, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el amparo directo 779/2022 en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, así como el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 415/2022.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta registró el asunto con el número 119/2023; admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios, por lo que solicitó a la Presidencia de los órganos jurisdiccionales referidos, que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias materia de la denuncia, de las demandas que dieron origen a los juicios, asimismo, de la versión digitalizada del proveído en el que informen si el criterio denunciado se encuentra vigente.

3. De igual forma, turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán, y ordenó enviarlo a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.

4. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

5. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala acordó que el expediente se encontraba debidamente integrado y remitió el sumario en el que se actúa a su ponencia.

I. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) así como en términos de los puntos Primero, Segundo, fracción V, a contrario sensu y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de diversas regiones, y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito.

8. En ese sentido, si la denuncia de contradicción de criterios se presentó por la Jueza de Distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guanajuato, es claro que está legitimada.

III. Criterios denunciados

9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

10. 1. Amparo directo laboral 150/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito.

a) En el juicio laboral el trabajador reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social lo siguiente:

1. Reconocimiento de que en materia de riesgos de trabajo no opera la prescripción, mientras no se determine el grado de incapacidad.

2. Reconocimiento de que es sujeto de una enfermedad profesional, derivado de las alteraciones en la salud que le causaron perturbaciones orgánicas y trastornos funcionales, con motivo del desarrollo de su trabajo.

3. Diagnóstico médico.

4. Evaluación, calificación y determinación del grado de incapacidad permanente.

5. Pago de indemnización por riesgo de trabajo.

6. Asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación y hospitalización, en caso de que lo requiera.

7. Reembolso de las erogaciones por atención de servicios médicos particulares.

8. Otorgamiento de la pensión al cien por ciento con motivo de la incapacidad permanente.

b) En un primer laudo, se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las prestaciones reclamadas, con excepción de la indemnización por riesgos de trabajo, por ser una prestación que debe ser cubierta por la parte patronal.

c) Inconformes con el laudo, el actor y el Instituto promovieron juicios de amparo; así, en el sumario presentado por el trabajador se concedió el amparo para que se repusiera el procedimiento laboral y:

1. Se requiera al actor para que señale nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en los que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social.

2. Se llame a juicio a los patrones.

3. Se dé vista al Instituto.

4. Se admitan las pruebas pertinentes.

d) Con motivo de la concesión, se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por el Instituto.

e) En un segundo laudo, se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago retroactivo de una pensión por incapacidad permanente total a partir del catorce de enero de dos mil catorce, sin perjuicio de las pensiones que se sigan generando y de los incrementos; así como al otorgamiento de la asistencia médica y quirúrgica; rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.

f) Contra esa resolución el Instituto promovió el juicio de amparo directo materia de la denuncia de la contradicción de criterios, al cual se adhirió el trabajador; fue resuelto en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el sentido de conceder el amparo principal y negar el adhesivo.

g) Ejecutoria en la que se establecieron como efectos que se deje insubsistente el laudo y se dicte uno nuevo, en el que se declare improcedente la acción instada por el actor y se dejen a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda, en términos de lo previsto en la Ley del Seguro Social.

h) Al efecto se transcribe la parte considerativa de la sentencia de amparo:

"...

"En sus conceptos de violación, el quejoso manifiesta que el actor debió acompañar la documentación que el citado artículo exige para la admisibilidad de su demanda, esto es, demostrar haber acudido previamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a denunciar el supuesto riesgo de trabajo por las enfermedades que adujo padecer en su demanda, para que fuera valorado oportunamente por los servicios de salud en el trabajo y se emitiera el dictamen de incapacidad temporal, permanente o su alta médica correspondiente y, en cuyo caso, de no estar de acuerdo con el mismo, promover su impugnación mediante la instancia jurisdiccional correspondiente, esto, una vez generada la controversia prevista en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social.

"De esa manera, aduce que ello constituye un presupuesto de la acción intentada por el trabajador, sin el cual no es posible resolver la contienda a verdad sabida y buena fe guardada, dado que mientras el sujeto de aseguramiento no decida denunciar el accidente de trabajo o informar de las posibles enfermedades profesionales que padezca, el Instituto Mexicano del Seguro Social se encontrará impedido para reconocerlas como tales, menos aún tratarlas oportunamente y otorgar las prestaciones que en especie o en dinero correspondan, pues ignoraría los antecedentes del riesgo y demás circunstancias particulares que conllevaron la evolución de los supuestos padecimientos.

"Por tanto, considera que es indispensable que el sujeto de aseguramiento o beneficiario primeramente solicite los derechos que pretende directamente ante el Instituto, porque debe existir la solicitud o controversia previa ante éste antes de instar la acción jurisdiccional.

"Acorde con lo anterior, sostiene que la omisión de la responsable de analizar y pronunciarse respecto a la excepción de obscuridad y defecto legal en la demanda, al no obrar ningún indicio de que el accionante hubiera solicitado el reconocimiento y calificación del riesgo de trabajo, ante el instituto, para luego dar pauta al sometimiento (sic) la hipótesis conflictual que, en su caso será sometida al arbitrio de la junta, mediante la resolución jurisdiccional correspondiente.

"Es esencialmente fundado ese planteamiento.

"Los artículos 2o., 6o., 7o., 8o., 11, 15, 25, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 58, 59, 61, 77, 84, 85, 86, 88, 96, 251, 292, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social disponen:

"(Se transcriben).

"De los citados preceptos legales se obtiene lo siguiente:

"a) La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

"b) Los derechohabientes para recibir o disfrutar de las prestaciones que otorga esa Ley deben cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

"c) El régimen obligatorio de seguridad social comprende, entre otros seguros, el de riesgos de trabajo y enfermedades.

"d) Los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"e) El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.

"f) El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie correspondientes, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.

"g) El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero referidas en la Ley, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto.

"h) Para tener derecho a las prestaciones consignadas en la Ley, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por el Instituto.

"i) El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene facultades para establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones.

"j) El Instituto calificará los riesgos de trabajo y las enfermedades sufridas por el asegurado.

"k) Se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquella en que el Instituto certifique el padecimiento.

"l) Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad.

"m) En los acuerdos relativos a la concesión, al rechazo, o a la modificación de una pensión, se expondrán los motivos y preceptos legales en que se funden y se hará saber al interesado el término en que puede impugnarlo, mediante el recurso de inconformidad.

"n) Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que la Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

"Entonces, es dable deducir que, inicialmente, tratándose de riesgos de trabajo, los patrones son responsables del pago y cumplimiento de las obligaciones que resulten por ese motivo conforme a los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el supuesto de que el patrón asegure a los trabajadores a su servicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley que rige a este Instituto, el empleador queda relevado de las obligaciones derivadas de esa clase de riesgos.

"Esto es, ante la inscripción del trabajador, el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en la obligación que tienen los patrones en materia de riesgos de trabajo.

"Además, si bien existe la obligación patronal de inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, tratándose de riesgos de trabajo, dicha inscripción releva al empleador de los deberes para ese tipo de siniestros, lo cierto es que por disposición expresa del numeral 77 de la Ley del Seguro Social, la falta de aseguramiento no dispensa al Instituto de proporcionar las prestaciones que corresponden por ese tipo de seguro, ya que si ocurre un accidente de trabajo sin que dicho aseguramiento exista, el patrón está obligado a enterar al Instituto los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie de conformidad con lo dispuesto en esa legislación.

"De tal manera, para el caso de riesgos de trabajo la sola circunstancia de que un trabajador no haya sido inscrito por su patrón ante el régimen obligatorio del seguro social, no es impedimento para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgue las prestaciones que en dinero y especie correspondan por ese seguro, ya que incluso, en uso de las facultades que la ley le confiere como organismo fiscal autónomo, dicho organismo a su vez está en aptitud de fincar al patrón omiso los capitales constitutivos que correspondan por esas prestaciones.

"No obstante, de la interpretación sistemática de tales preceptos legales se desprende que en principio corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social calificar el riesgo de trabajo, ya que como prestador de seguridad social debe practicar los exámenes médicos al trabajador, brindar la atención médica y, por ende, determinar los tratamientos que deben seguirse; máxime que la propia Ley establece que para gozar de las prestaciones previstas en ella es necesario someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto.

"Por ende, constituye un requisito previo a instar cualquier acción jurisdiccional, el acudir ante el Instituto para que éste pueda evaluar al asegurado y emitir una calificación de la enfermedad, pues será hasta entonces cuando pudiera existir alguna controversia en cuanto a esa calificación, que puede ser combatida por el trabajador.

"Lo expuesto se corrobora con lo estipulado en el citado numeral 295 que, en lo que interesa, se lee: ‘Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ...’; por tanto, para que exista una controversia que dé lugar a la tramitación de un juicio ante la Junta Federal, es necesario que exista una calificación del ente asegurador con la cual no esté de acuerdo el obrero, ya que de no existir una decisión al respecto por parte del Instituto, no se fincaría controversia.

"Bajo ese contexto, para gozar de las prestaciones previstas en la referida Ley es necesario que el asegurado se someta a los exámenes y tratamientos médicos que determine el Instituto, por lo que previo a instar la acción jurisdiccional, debe existir una calificación de la enfermedad por parte del ente asegurador, a efecto de que se entable una controversia que pueda ser dilucida (sic) ante la autoridad laboral.

"Ahora, de las constancias que integran el juicio laboral, no se advierte que el actor hubiera gestionado ante el Instituto la calificación de los padecimientos, pues conforme a lo estipulado en los artículos 50 y 86 de la Ley del Seguro Social, debe someterse a los dictámenes y tratamientos médicos que determine el ente asegurador, por ser éste a quien corresponde el otorgamiento de las prestaciones que otorga la Ley, lo que constituye un requisito previo para que exista controversia que pueda ser planteada ante la autoridad jurisdiccional.

"Virtud a ello, fue ilegal que la responsable condenara al aquí quejoso al otorgamiento de pensión por enfermedad profesional, puesto que debió dejar a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en la forma que corresponda acorde con la Ley del Seguro Social, por lo cual, debe concederse el amparo para los efectos que serán precisados enseguida. ..."

11. 2. Amparo directo 779/2022 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

A. En el juicio laboral se demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social: 1. El reconocimiento de los padecimientos catalogados en el orden profesional, así como su valoración, calificación del grado de incapacidad del riesgo de trabajo, los cuales se deberán determinar mediante peritajes técnicos y médicos especializados, y, como consecuencia, el pago de una pensión por incapacidad permanente parcial o total.

2. En caso de que el perito determine que los padecimientos son de origen general, la valuación y estado de invalidez.

B. A la parte patronal se reclamó:

1. Indemnización constitucional, derivada del despido injustificado.

2. Reconocimiento de antigüedad.

3. Pago de prima de antigüedad, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, días de descanso obligatorio y prima adicional.

C. Previo desahogo de la prevención de la demanda, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós se determinó:

1. Desechar la demanda respecto de las prestaciones de seguridad social que se reclamaron al Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. Declaró carecer de competencia legal por tratarse de un asunto del fuero federal.

D. El trabajador promovió juicio de amparo directo, el cual es materia de la presente denuncia de contradicción de criterios, en el que se determinó negar el amparo por las siguientes consideraciones:

"...

"Como cuestión previa se aclara que, en la especie, son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del decreto de reformas publicado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, dado que la demanda que dio origen al juicio laboral del que deriva el acto reclamado se presentó el uno de septiembre de esta anualidad.

"Precisado lo anterior, a fin de delimitar la litis constitucional, se precisa que no será motivo de estudio en esta ejecutoria la incompetencia por declinatoria decretada por el juzgador federal, respecto de las prestaciones consistentes en: a) indemnización constitucional por despido injustificado, b) reconocimiento de antigüedad, c) prima de antigüedad, d) salarios caídos, (sic) f) aguinaldo, g) vacaciones y prima vacacional, h) horas extraordinarias, i) días de descanso obligatorio, y j) prima dominical, por no estar previstas en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional; en razón de que no le perjudica y no es controvertida por la parte quejosa.

"De ahí que, la litis en este asunto, se ciñe al desechamiento emitido por la autoridad responsable, respecto del reclamo consistente en el reconocimiento de riesgo de trabajo, y como consecuencia de ello una pensión por incapacidad permanente parcial o total, y el otorgamiento de una pensión por invalidez.

"En el primer concepto de violación, el quejoso aduce, sustancialmente, que la responsable transgrede sus derechos humanos establecidos en los artículos 1o., 4o., 14, 16, 17 y 123 constitucionales, así como su derecho de acceso a la justicia, al desechar parcialmente la demanda laboral, estableciendo cargas procesales que van más allá de las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, pues basó su determinación en disposiciones que no son aplicables al caso, ya que la procedencia e improcedencia de la acción se debió analizar al momento en que se dictara resolución y no en la admisión de la demanda.

"En ese sentido, en el segundo concepto de violación, el solicitante de la protección constitucional refiere, que la potestad laboral viola en su perjuicio su derecho humano a la tutela efectiva y de acceso a la justicia, ya que el recurso o trámite no se debe agotar ante el ente asegurador para iniciar el proceso judicial, es decir, el auto de inicio no es el momento procesal oportuno para determinar la procedencia o improcedencia de la acción intentada, la cual debe estar bien cimentada en la legislación aplicable de forma clara y manifiesta, estableciendo las hipótesis normativas que precisan su existencia.

"De ahí que –reitera– la responsable indebidamente desechó la demanda argumentando que el ente asegurador es el único que cuenta con elementos para determinar la existencia de un riesgo de trabajo o invalidez.

"Como apoyo a sus manifestaciones citó los criterios de rubro:

"(Se transcriben).

"De igual forma –sostiene– que lo expresado por la responsable en el sentido de que no se cumplieron con los requisitos de acudir previamente ante el ente asegurador, constituye una defensa que en el momento procesal oportuno debía hacer valer el instituto y no una cuestión que de oficio asumió la responsable.

"Añade, que los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-E de la Ley Federal del Trabajo, regulan lo concerniente al inicio del procedimiento de seguridad social de carácter especial; sin embargo, en ninguno de tales preceptos se otorga autorización a los tribunales laborales para analizar la demanda y determinar si la acción laboral intentada está o no prevista en la ley, o bien, que por el hecho de no haberse agotado algún recurso, o cumplir con algún procedimiento previo, la deban desechar o no tramitarla, sino que la propia ley establece que será hasta el momento que se pronuncie la sentencia, cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeración y apreciación de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara sobre las pretensiones deducidas.

"En el tercer concepto de violación, el impetrante del amparo –señala– que la resolución tildada de inconstitucional atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad, debido a que la responsable refiere que no se puede reclamar de forma conjunta un riesgo de trabajo y una invalidez, siendo que, contrario a ello, ambas prestaciones pueden coexistir, ya que pertenecen a seguros distintos, los cuales no se contraponen.

"De ahí que –afirma– la responsable no está facultada para variar la acción originalmente planteada.

"Para sustentar lo anterior, señala el criterio de rubro:

"(Se transcribe).

"Finalmente, en el cuarto concepto de violación, el solicitante de la protección constitucional manifiesta que la sentencia reclamada violenta en su perjuicio el equilibrio procesal y la garantía de seguridad social, ya que la responsable de forma parcial argumentó situaciones que le corresponden al propio ente asegurador demandado hacerlas valer en el momento de contestar la demanda, poniendo en duda el conocimiento que le pudiera transmitir su propio perito, cuando señala que la finalidad del juzgador es compactar el proceso.

"Así –señala– que el dictamen pericial es un elemento más que tendría que juzgar la responsable para emitir la resolución respectiva; sin embargo, pone en duda no sólo la parcialidad de su actuar sino la capacidad misma para resolver la controversia planteada.

"Como apoyo a sus motivos de disentimiento, cita la tesis de rubro: ‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES.’

"Los anteriores motivos de disenso sintetizados, son infundados en una parte e ineficaces en otra, como a continuación se pasará a demostrar.

"Dentro de las nuevas disposiciones que rigen a la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo XVIII, sección primera, se encuentran las relativas a los conflictos individuales de seguridad social, entre ellas, las contenidas en los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D; cuyo contenido es del siguiente tenor:

"(Se transcriben).

"De los preceptos transcritos, en el aspecto que aquí interesa, se advierte que los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del seguro social.

"De igual forma, que las demandas relativas a dichos conflictos deberán contener: nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad, exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación, las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide, nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada, cotizaciones al régimen de seguridad social, número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada, en su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o la constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda, los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez, las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones del actor y las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte.

"Asimismo, que los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente; que en todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social, probar su dicho cuando exista controversia sobre: fecha de inscripción al régimen de seguridad social, número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, promedios salariales de cotización de los promoventes, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados, disposiciones o retiros de los asegurados sobre los recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a los asegurados.

"De los aspectos antes considerados es posible establecer que los requisitos previ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32139-40f7237b/conflictos-individuales-de-seguridad-social-el-otorgamiento-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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