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CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA, TRAE COMO CONSECUENCIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 34/2022. · Registro digital (IUS): 31545
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-23
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Pág.4156.

AMPARO DIRECTO 34/2022. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 17 DE MAYO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Una persona reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de la pensión de vejez en términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, entre otras prestaciones.

El demandado negó el derecho a reclamar, lo anterior al afirmar que el promovente no cuenta con las semanas cotizadas ni el salario que alegó, para demostrar lo anterior exhibió el certificado de derechos proveniente de su Sistema Integral de Derechos y Obligaciones "Sindo"; el cual se objetó por el accionante, quien ofreció, entre otros medios de convicción, la inspección ocular respecto de su expediente personal.

En la diligencia de desahogo respectiva el instituto referido no exhibió las documentales requeridas, la Junta del conocimiento tuvo por presuntamente ciertos los hechos señalados por el actor y, en consecuencia, condenó a otorgar y pagar en favor de aquél la pensión por vejez reclamada, entre otros conceptos.

Inconforme con el laudo el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo y derivado de la solicitud formulada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció facultad de atracción.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo 34/2022 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social contra el laudo dictado el tres de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 3952/2020, por la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. Pedro Enrique García Zúñiga presentó demanda laboral contra el Instituto Mexicano del Seguro Social(1) de quien reclamó, entre otras prestaciones, el otorgamiento y pago de una pensión por vejez, así como los incrementos correspondientes, tomando en consideración un total de 2,974 –dos mil novecientas setenta y cuatro– semanas cotizadas y un salario promedio en las últimas doscientas cincuenta semanas de $********** M.N. (********** moneda nacional), lo anterior, con base en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres.

2. Hechos. Como sustento fáctico de la pretensión el actor indicó haber laborado desde enero de mil novecientos sesenta y tres hasta diciembre de dos mil diecinueve.

3. Sobre el particular afirmó que laboró para siete personas empleadoras respecto de las cuales precisó su domicilio, periodos trabajados y salario percibido, a saber:(2)

Ver cuadro

4. Pruebas del actor. El actor ofreció y exhibió las pruebas siguientes:(3)

I) Acta de nacimiento.

II) Clave Única de Registro de Población.

III) Copia al carbón del "aviso de inscripción de trabajador" –hoja rosa– expedida por el instituto demandado.

IV) Cuatro recibos de nómina.

V) Impresión de pantalla del documento "Precalificación Infonavit".

VI) Copia de las bases para integración de números de seguridad social.

VII) Inspección ocular.

VIII) Confesionales tácita y expresa.

IX) Instrumental de actuaciones.

X) Presuncional legal y humana.

XI) Estado de cuenta emitido por AFORE SURA.(4)

5. Del asunto correspondió conocer a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la que admitió a trámite el expediente 3952/2020,(5) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prueba y resolución; asimismo, se ordenó emplazar al demandado.

6. Contestación. El Instituto Mexicano del Seguro Social formuló su contestación de demanda en la que negó el derecho del actor para obtener sus pretensiones.

7. En esencia alegó que el accionante no solicitó directamente al demandado el otorgamiento y pago de la pensión referida, además de que el número de semanas, relaciones laborales y salario del promovente en realidad es menor al que indicó el actor en su escrito inicial, al efecto puntualizó que sólo cuenta con trescientas diez –310– semanas cotizadas.

8. Además, el demandado ofreció como pruebas las siguientes:

I) Confesional e interrogatorio libre.

II) Hoja de certificación de derechos.

III) Instrumental de actuaciones.

IV) Presuncional legal y humana.

9. Objeción de pruebas. En la parte que interesa de la etapa de pruebas y resolución de la audiencia de ley, el demandado objetó la idoneidad de todos los medios de convicción ofrecidos por su contrario; además, objetó puntualmente los medios de prueba siguientes:

• La copia de las bases para integración de números de seguridad social, ya que de su contenido no se advierte el número de semanas ni salario señalados por el actor.

• La inspección por no estar ofrecida conforme a derecho aunado a que no se precisaron los documentos sobre los cuales se practicaría.

10. Por su parte, el actor objetó las pruebas propuestas por el demandado por las razones siguientes:

• La confesional e interrogatorio libre ya que el asunto versa sobre cuestiones de derecho y no de hecho, por lo tanto, su desahogo sería inútil e intrascendente.

• La hoja de certificación de derechos en cuanto a su alcance y valor probatorio en virtud de que su contenido es irregular e incongruente, pues no se indica la totalidad de relaciones laborales, semanas cotizadas ni salario de cotización del actor.

11. Laudo. Seguido el procedimiento en sus etapas, la Junta responsable dictó laudo(6) en el que resolvió condenar al demandado a otorgar y pagar al actor, entre otros conceptos, una pensión por vejez tomando como base un salario diario promedio de las últimas doscientas cincuenta –250– semanas cotizadas de $********** M.N. (********** moneda nacional) y dos mil novecientas setenta y cuatro –2,974– semanas de cotización, con efectos retroactivos a partir del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

12. Lo anterior, con base en las consideraciones esenciales siguientes:

I. Desestimó la excepción de prescripción al considerar que es intrascendente porque el actor fue dado de baja del régimen obligatorio a partir de diciembre de dos mil diecinueve.

II. La Junta partió de la premisa que corresponde al instituto demandado acreditar fehacientemente las semanas cotizadas, así como el salario promedio, en el entendido que de acreditar esos extremos corresponderá al actor demostrar las relaciones laborales que le desconoce el ente asegurador.

III. Tuvo por presuntivamente ciertos los extremos de la inspección ofrecida por el actor en virtud de que el demandado no exhibió los documentos que le fueron solicitados.

Al respecto, precisó que el demandado sólo puso a la vista impresiones del sistema "Sindo", los cuales no son relevantes en virtud de que la inspección se ofreció sobre documentos físicos no sobre dicho sistema informático, además de que no exhibió el expediente personal del actor en la inteligencia de que tiene el deber de integrarlo y conservarlo.

El instituto tiene en su poder documentos originales, las altas, bajas y modificaciones de salario, los cuales se encuentran en el expediente del trabajador.

IV. Aun cuando en el desahogo de la inspección se exhibieron impresiones del "Sindo" por el periodo del nueve de mayo de dos mil dieciséis al uno de junio de dos mil dieciocho, sin que la información fuera exhibida en los términos que fue solicitada al no presentar los documentos del periodo del mes de enero de mil novecientos sesenta y tres a diciembre de dos mil diecinueve y tampoco exhibió los establecidos en el certificado de derechos.

V. El "Sindo" es un sistema electrónico creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social por lo cual no existe certeza de que la información coincida fielmente con los avisos de inscripción, bajas y modificaciones salariales de la persona asegurada; además, para hacer práctico el sistema, se agrupan datos, fechas y toda la información referente a las personas aseguradas y sus empleadores mediante claves y números los cuales sólo pueden ser interpretados por el instituto en su calidad de creador del sistema.

De igual forma, las impresiones de pantalla carecen de firma, sello o certificación de alguna persona servidora pública que respalde la veracidad de la información por lo que al ser copias simples no producen convicción, más aún que la prueba no se ofreció sobre esos documentos sino sobre las altas, bajas, modificaciones de salario y documentos de preafiliación, los cuales se encuentran en poder del demandado.

VI. Aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social es un ente de la administración pública federal, cuando participa en un juicio laboral en calidad de parte demandada pierde su calidad de autoridad y tiene la obligación de aportar los medios de prueba de forma completa, por lo que, si el "Sindo" fue exhibido con información distinta a la contenida en el certificado de derechos, se tiene por cierto que este último contiene datos erróneos e incongruentes.

Es verdad que el demandado exhibió diversos documentos expedidos por el departamento de afiliación; sin embargo, no exhibió la información que comprende los periodos solicitados por la parte actora, es decir, de enero de mil novecientos sesenta y tres a diciembre de dos mil diecinueve.

VII. El certificado omite asentar las semanas cotizadas con cada una de las personas empleadoras ya que sólo se anotaron los días, lo que resta eficacia demostrativa al referido instrumento.

Del propio certificado se desprende que en el apartado "movimientos de afiliación" se señala que el actor cotizó del dos de mayo de dos mil dieciséis al veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete con cierta empresa, pero sólo reconoce trescientos veintidós días siendo lo correcto trescientos veintisiete; asimismo, es incongruente que establezca $********** como salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, ya que nadie puede percibir un salario inferior al mínimo, sin que pase desapercibido que se exhibe una hoja anexa ya que el único documento oficial para establecer el salario promedio es el certificado de derechos.

Por otro lado, de la impresión del "Sindo" se desprende que el actor cotizó con diversas empleadoras, sin que en el certificado de derechos se aprecien tales movimientos laborales, lo cual corrobora que este último documento contiene información errónea e incompleta.

VIII. Al margen de lo anterior no se otorga valor probatorio al certificado de derechos, porque la información que contiene fue desvirtuada con el resultado de la inspección ocular, sin que se oponga a la presunción derivada de ese medio de prueba el contenido del certificado de derechos por ser éste el objeto de prueba.

IX. Con la constancia de afiliación y los recibos de pago ofrecidos como pruebas documentales por el actor, quedó demostrada la relación laboral con tres empresas que no aparecen en la hoja de certificación de derechos.

X. El actor acreditó que cumplió sesenta y cinco –65– años, además se tuvo por cierto que cotizó dos mil novecientas setenta y cuatro –2,974– semanas, también se tuvo por cierto que percibió un salario diario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas por el monto de $********** M.N. (********** moneda nacional).

13. Amparo directo. Inconforme con esa resolución, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo,(7) del cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde se admitió a trámite en el expediente 186/2022.(8)

14. Al respecto, del ocurso constitucional se desprende que el instituto quejoso hace valer a título de conceptos de violación, en esencia, los argumentos siguientes:

PRIMERO. La Junta responsable conculca la garantía de legalidad y seguridad jurídica prevista en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues el laudo reclamado no fue dictado a verdad sabida y buena fe guardada ni apreciando los hechos en conciencia, ni ajustándose a lo manifestado en los escritos iniciales de las partes ni a las pruebas ofrecidas, lo que llevó a emitir una resolución contraria a derecho.

Como apoyo de su concepto de violación, el Instituto Mexicano del Seguro Social cita la jurisprudencia 2a./J. 52/2017 de esta Segunda Sala, de rubro:

"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA."(9)

La Junta responsable viola en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica al conceder valor probatorio pleno a la inspección ofrecida por el actor a pesar de que ese medio de convicción no fue ofrecido conforme a derecho, en tanto no se aportaron los elementos mínimos para su desahogo, tales como indicar quiénes fueron sus patrones, durante qué periodos y qué salario percibió durante cada uno de ellos, además de no ser la prueba idónea para demostrar el número de semanas y salarios que se tuvieron por acreditados.

SEGUNDO. La Junta responsable valoró incorrectamente las bases para integrar el número de seguridad social, certificado de derechos; también consideró inexactamente que la prueba de inspección desvirtúa el contenido de la hoja de certificación de derechos y que la información obtenida del "Sindo" no es apta para el desahogo de la inspección.

Además, en oposición a lo razonado por la autoridad responsable el certificado no contiene información incongruente, por las razones siguientes:

• El certificado de derechos no carece de validez por no contener un sello, firma o algún dato que lo autentifique, pues el actor no objetó la firma y cargo de quien expidió el documento en tanto que sólo se objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio, más aún que se trata de un documento público emitido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones.

• La Junta no debió tener por ciertos los hechos por la falta de exhibición de documentos físicos, pues tratándose de la inspección en materia de afiliación y vigencia la información relativa se conserva de manera electrónica, sin que exista obligación de tenerla también de manera física aunado a que la información más antigua sí se exhibió en formatos originales durante el desahogo de la inspección.

• En el caso se exhibió el expediente personal físico del actor y también el sistema "Sindo" directamente de los servidores del instituto, es decir, el demandado cumplió con la carga procesal de exhibir la documentación necesaria para el desahogo de la inspección ocular.

• Las cotizaciones que obran en el expediente personal del actor sumadas a las impresiones del sistema "Sindo" desvirtúan las afirmaciones del actor, por lo que no se surte presunción de certeza alguna.

• Es inexacto que en la hoja de certificación de derechos no se incluyeran semanas de cotización registradas en el sistema,(10) pues las impresiones del sistema agregadas a la inspección que se refieren a registros de patrones son las fechas en las que éstos realizaron alguna modificación a su situación patronal, no así a movimiento alguno del actor.

• No es verdad que exista error en el cálculo de los días cotizados respecto de la patronal Maderas y Herrajes Imperio, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues del registro relativo se desprende que el trabajador fue dado de baja hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, pero inició una nueva relación laboral el veinte de los citados mes y año, es decir, que en un mismo periodo cotizó para dos patrones lo que implica que esos días sí se encuentran contabilizados.

• La responsable soslayó que para el desahogo de la inspección ocular se debe atender a lo dispuesto en el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a la conservación de documentos, ya que se trata de un procedimiento especial de seguridad social; de ahí que resulte inexacta la afirmación de que el sistema "Sindo" no es el que se debió exhibir para el desahogo de la prueba de inspección.

• Resulta materialmente imposible exhibir la totalidad de los movimientos afiliatorios de los trabajadores de forma impresa, por lo cual se encuentran contenidos electrónicamente en el "Sindo".

• La prueba de inspección debe versar sobre lo que el funcionario percibe a través de sus sentidos; por lo tanto, se debe conceder valor probatorio pleno a los datos contenidos en el sistema referido con independencia de las impresiones generadas a partir de aquél, lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J. 19/2013 (10a.), de rubro:

"PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE LA PANTALLA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO) DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU VALOR PROBATORIO."(11)

• Es inexacto que el "Sindo" únicamente puede ser interpretado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el sistema contiene los datos esenciales de cotización de las personas trabajadoras, es decir, que su contenido es claro, entendible y no deja lugar a dudas respecto a la información que contiene, siendo aplicable la jurisprudencia 2a./J. 80/2014 (10a.), de rubro:

"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. EL EMPLEO DE ABREVIATURAS DE USO COMÚN EN LOS FORMATOS IMPRESOS CERTIFICADOS POR FUNCIONARIO FACULTADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO), NO LES RESTA EFICACIA PROBATORIA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL."(12)

• La información contenida en el "Sindo" goza de presunción de legalidad por lo que para restarle eficacia probatoria es necesario que se ofrezca una prueba que fehacientemente demuestre su falsedad.

• Contrario a lo que estimó la Junta responsable, corresponde al actor demostrar la existencia de las diversas relaciones de trabajo que indicó en su escrito de demanda, toda vez que el quejoso negó lisa y llanamente lo anterior, en ese sentido, no puede obligársele a demostrar hechos negativos.

• La hoja que se anexó al certificado de derechos sí tiene valor probatorio y si bien el monto señalado en éste no coincide con el contenido del certificado, esa discrepancia obedece a que la certificación de derechos contiene el saldo promedio.

• Es ilegal que se tuviera por cierto que el actor cotizó desde mil novecientos sesenta y tres de manera ininterrumpida con base en la integración del número de seguridad social, ya que el manual denominado "Bases para la Integración de Números de Seguridad Social" ofrecida por aquél para demostrar cómo se integra el número de afiliación, no es prueba para demostrar que existió una relación obrero patronal ni que estuvo aportando al régimen pensionario contemplado en la Ley del Seguro Social, pues el número de afiliación no genera automáticamente derecho a reconocer de manera ininterrumpida esas semanas de cotización.

TERCERO. En oposición a lo resuelto por la autoridad responsable, el demandado sí objetó las pruebas documentales ofrecidas por el actor por lo que no debió otorgárseles valor probatorio pleno máxime que no aportó medio de perfeccionamiento.

CUARTO. La responsable omitió pronunciarse en cuanto al límite de diez salarios mínimos en relación con el tope salarial de la pensión, tal y como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 8/2016, de rubro: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.", ya que si bien el artículo 33 de la Ley del Seguro Social aplicable establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente que rige en el Distrito Federal, lo cierto es que se exceptúan los seguros de invalidez, cesantía, vejez y muerte que tendrán como límite superior el correspondiente a diez veces el salario referido, por lo que el salario para tomar en cuenta es el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, de suerte que al no estimarlo así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de todos los mexicanos que son quienes cubren tales pensiones. La autoridad responsable también pasó por alto el decreto de desindexación del salario mínimo como unidad de medida, por lo que la Junta debió tomar en consideración el tope establecido en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social a razón de diez Unidades de Medida y Actualización.

QUINTO. Es ilegal que se condene al pago de una pensión con base en un salario que excede el tope máximo de diez salarios; además de que no estudió ni promedió el salario de $********** M.N. (********** moneda nacional) con los cinco años anteriores en que el actor dejó de cotizar.

SEXTO. Es ilegal e incongruente el laudo reclamado en virtud de que se condena al pago de una pensión tomando en cuenta dos mil novecientas setenta y cuatro –2,974– semanas, pues el periodo de enero de mil novecientos sesenta y tres a diciembre de dos mil diecinueve en realidad se integra por dos mil novecientas sesenta y nueve –2,969– semanas, aunado a que únicamente se debió considerar el lapso señalado por el actor respecto a cada parte empleadora.

15. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito emitió acuerdo plenario(13) en el que determinó someter a consideración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo de que se trata, al afirmar que resulta de interés y trascendencia fijar postura en torno a si el límite previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social debe calcularse con base en salarios mínimos o Unidad de Medida y Actualización.

16. El asunto fue radicado ante este Alto Tribunal en el expediente de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 494/2022 y, en sesión celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós decidió, por unanimidad de votos, ejercer su facultad de atracción.

17. Trámite ante la Suprema Corte. El entonces Ministro presidente de este Alto Tribunal radicó la demanda de amparo relativa, la registró como expediente 34/2022 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(14)

18. Avocamiento. La entonces Ministra presidenta de esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto; además, ordenó remitir los autos a la ponencia respectiva.(15)

I. COMPETENCIA

19. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo vigente; así como 21, fracción V, y 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de que su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

21. Oportunidad. El juicio de amparo directo se promovió en tiempo, pues el laudo se le notificó personalmente al quejoso el diez de enero de dos mil veintidós, surtiendo efectos el mismo día, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del once al treinta y uno de los citados mes y año, descontando los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, en consecuencia inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.

22. En ese sentido si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concluye que la instancia constitucional se promovió oportunamente.

23. Legitimación. Esta Segunda Sala considera que José Roberto Vega Morales, apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con legitimación para promover la demanda de amparo, pues la personería con que se ostenta le fue reconocida por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto;(16) aunado a que el promovente exhibió la escritura pública 79,057 que contiene el poder general judicial para pleitos y cobranzas.

24. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte demandada cuenta con legitimación para promover juicio de amparo.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

26. No se hicieron valer causas de improcedencia, ni esta Segunda Sala advierte de oficio que se actualice alguna.

27. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. FIJACIÓN DE LA LITIS

28. Conforme a lo expuesto, la controversia consiste en determinar si en los procedimientos especiales de seguridad social relativos al otorgamiento y modificación de pensiones por vejez y/o cesantía en edad avanzada la presunción derivada de la prueba de inspección es suficiente para desvirtuar el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos contenida en el "Sindo" y esclarecer cómo se integran las reglas en materia de cargas probatorias para determinar en qué casos pierde eficacia demostrativa; asimismo, de proceder la acción se resolverá cuál es el tope máximo de pensión y cuál es el factor que debe utilizarse para determinar su importe.

29. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

V. ESTUDIO DE FONDO

Consideraciones preliminares

30. El artículo 189 de la Ley de Amparo(17) dispone que los conceptos de violación deben analizarse en orden lógico, privilegiando aquellos que impliquen un mayor beneficio a la parte quejosa; por tanto, los motivos de disenso que se hacen valer se examinarán en los términos indicados y atendiendo a la causa de pedir expresada en la demanda de amparo.

31. Es oportuno destacar que en el juicio de amparo directo, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio jurídico, pudiéndose omitir el estudio de aquellos que, aun en el caso de resultar fundados, no mejoren lo alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a inconstitucionalidad de leyes.

32. En ese sentido, queda al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar el orden de estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tenga el que se declararan fundados.

33. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 3/2005, de rubro:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."(18)

34. En relación con la causa de pedir esta Segunda Sala ha considerado que al estudiar una demanda de amparo no debe examinarse de manera aislada, sino considerarse en su conjunto; por tanto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo jurídico, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

35. También ha establecido que los quejosos no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de la Ley de Amparo no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano deba analizarlos.

36. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia P./J. 68/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31545-48ce73b9/conflictos-individuales-de-seguridad-social-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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