PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE 3 MESES [APLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 36/2023 (11a.)].
AMPARO DIRECTO 1008/2022. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 14 DE JULIO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIA: BÁRBARA GÓMORA ARELLANO.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Estudio de los conceptos de violación.
Cuestión previa.
El ocho de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de la Junta Especial, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio laboral contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de quien reclamó lo siguiente:
a) El pago de la pensión por viudez, derivada del fallecimiento de su esposo, **********, quien a la fecha de su fallecimiento gozaba de su pensión por jubilación que le pagaba el Instituto Mexicano del Seguro Social y que ascendía a la cantidad de $********** (********** 60/100 M.N.), mensuales;
b) El pago retroactivo de la pensión por viudez, que se contabilizará a partir del día siguiente al en que falleció su esposo y que fue el catorce de noviembre de dos mil dieciséis.
El organismo de seguridad social negó el derecho solicitado, dado que la actora no acreditaba los requisitos de los artículos 150 y 152 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, los cuales son que el asegurado al fallecer hubiere tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de ciento cincuenta semanas cotizadas, o bien, que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada; que la muerte del asegurado no se deba a un riesgo de trabajo; que la viuda esté totalmente incapacitada y que hubiera dependido económicamente del trabajador.
En cuanto a los hechos precisados por la parte actora, el instituto ni los afirmó ni los negó por no ser un hecho propio, pues consideró que era carga de la prueba de la actora. Lo único que confirmó fue el número de seguridad social que le fue asignado al extinto **********.
Mediante diligencia de once de enero de dos mil dieciocho y en cumplimiento al acuerdo del seis de diciembre de dos mil diecisiete, el actuario asociado llevó a cabo la investigación de dependencia económica prevista en el artículo 503, fracción I y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo y con respecto al extinto trabajador, hecha la diligencia, el actuario asentó que los vecinos habían manifestado que la actora dependía económicamente del extinto **********.
Seguido el procedimiento, la Junta dictó laudo en el que, por una parte declaró como legítima beneficiaria a **********; sin embargo, determinó que la misma no cumplía con el primer requisito contemplado en el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, dado que no se ofreció prueba alguna con la cual se pudiera determinar que el finado acumuló ciento cincuenta semanas de cotización, o que percibiera alguna de las pensiones descritas en tal precepto.(35)
Aunado a lo anterior, sostuvo que la actora contrajo nupcias con el de cujus el veintidós de octubre de dos mil dieciséis, siendo que la fecha de deceso del trabajador fue el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se concluía que la muerte aconteció antes de cumplir seis meses de matrimonio, además de que el finado contaba con 65 años de edad al momento del enlace matrimonial, sin que hubiera transcurrido un año después del mismo enlace, por lo que al establecerse limitantes para el otorgamiento de la pensión por viudez en el artículo 154 de la Ley del Seguro Social,(36) y al caer en dicho supuesto, como ya se dijo, procedió a absolver al instituto demandado.
Violaciones procesales advertidas de oficio.
Destacados los anteriores antecedentes, importa señalar de inicio que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, conforme al cual el Tribunal Colegiado de Circuito tiene el deber de procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que de suyo implica el pronunciamiento de todas las violaciones procesales que se hagan valer por la parte quejosa y las que advierta de oficio –cuando ello sea procedente–, tal como lo dispone el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como los diversos 74 y 174 de la Ley de Amparo; así como respecto de las violaciones cometidas en la resolución impugnada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia.
En efecto, conforme a los artículos 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo vigente, es obligación de las partes, al impugnar el laudo, hacer valer en la demanda de amparo principal y, en su caso, en el adhesivo, todas aquellas violaciones procesales que estimen se cometieron, precisando la forma en que trascendieron al resultado de la resolución o que le pudieran causar perjuicio, ya que la consecuencia de que si tales violaciones no se invocaron en un primer amparo, no podrán ser materia de los conceptos de violación en un juicio de amparo posterior.
En el presente asunto, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que deben ser analizadas las violaciones procesales hechas valer por las partes o bien, las que se logren advertir oficiosamente, por ser el momento procesal oportuno; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso las haya hecho valer.
No obstante, en términos de los preceptos invocados párrafos arriba, este órgano colegiado efectuará el estudio de las violaciones procesales advertidas de oficio, con el fin de evitar nuevas demandas de amparo por ese tipo de vulneraciones, teniendo en cuenta que las mismas no necesariamente deberán prevalecer sobre los vicios de fondo que en su caso lleguen a encontrarse en el laudo reclamado y que genere mayor beneficio en favor de la quejosa, pues de ser así se soslayará el pronunciamiento de las irregularidades procesales que se adviertan.
Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2014 (10a.),(37) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes:
"VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). Del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, así como del proceso legislativo que le dio origen, se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia. En ese tenor, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo."
Pues bien, en principio, este tribunal de amparo procederá al análisis de las violaciones procesales advertidas de oficio, que contrarían las formalidades esenciales del procedimiento.
Omisión de prevenir a la actora para presentar la constancia de negativa de pensión o la solicitud de otorgamiento que no haya sido atendida, como requisito de procedibilidad que contempla la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
En suplencia de la queja deficiente que prevé el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, que en el juicio de origen, la Junta responsable viola en perjuicio de la parte quejosa las normas que regulan el procedimiento y que transciende al resultado del fallo; ello, porque si bien la actora (hoy quejosa) conforme a lo dispuesto en el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, debió haber ofrecido como prueba y anexar a su escrito de demanda la constancia expedida por el ente de seguridad social relativa al otorgamiento o negativa de pensión, o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud del mismo, lo que no hizo; lo cierto es que la Junta responsable tenía el deber de requerir a la hoy quejosa para que en el plazo de tres días presentara el citado requisito, esto es, la mencionada constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud del mismo, sin que la Junta lo haya hecho.
Marco Normativo.
En principio, debe señalarse que el juicio laboral de donde emana el presente amparo es de naturaleza especial, que versa sobre un conflicto que la ley de la materia denomina como "individuales de seguridad social", previsto en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, cuyo objeto radica en reclamar, entre otros, el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social.
Entre los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social se encuentran los riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, guarderías para hijos de las personas aseguradas y retiro, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la anterior Ley del Seguro Social.(38)
Asimismo, es factible señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del amparo directo 29/2022, con carácter de precedente obligatorio en términos de los artículos 215, 216, párrafo primero, y 223 de la Ley de Amparo, puntualizó que en los procedimientos especiales de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social interviene como ente asegurador que organiza y administra las prestaciones establecidas en la referida Ley del Seguro Social, por lo que es quien tiene la facultad de resolver inicialmente sobre la procedencia de alguna prestación en dinero o especie solicitada por algún derechohabiente, por lo que en caso de que exista alguna inconformidad por parte de los destinatarios de las decisiones que haya tomado dicho instituto en cuanto a las prestaciones de seguridad social que le fue planteada, la decisión puede ser controvertida por el derechohabiente ante los órganos jurisdiccionales para conseguir la revocación o modificación de sus determinaciones, por lo que al someterse a la jurisdicción laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa en igualdad procesal como todo particular por lo que resulta aplicable el principio de mayor beneficio para estudiar sus conceptos de violación.
Destacó la superioridad en la propia ejecutoria del amparo directo 29/2022, el pronunciamiento relativo a los requisitos de procedibilidad que deben cumplirse cuando se promueve un juicio especial de seguridad social, pues como parte de las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce se encuentran las relativas a los conflictos individuales de seguridad social, que en los artículos 899-A, 899-B y 899-D dispone que podrán ser planteados por las personas trabajadoras, aseguradas, pensionadas o sus beneficiarias, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del seguro social, con la carga de exponer en la demanda la información que se precisa en el artículo 899-C.
También, precisó que los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, deben exhibir los documentos que de acuerdo con las leyes tienen la obligación legal de expedir y conservar, apercibidas que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona promovente.
Explicó que la razón para adicionar los conflictos individuales de seguridad social, radica en dotar de mayor rapidez a la solución de ese tipo de procedimientos que a la de los ordinarios, por lo que sus requisitos son condiciones para la procedibilidad de la acción entablada.
Así, dijo la superioridad, que como medio para alcanzar ese fin, el legislador federal estableció en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo que el actor debe acompañar a su demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y también debe narrar los hechos de la demanda, en los que se deben fundar sus acciones en materia de seguridad social, y sin esos requisitos de procedibilidad no podrá configurarse la acción.
Lo anterior, porque en la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de título y subtítulo: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."(39) se explicó que la finalidad de señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, radica en que la autoridad del trabajo al momento de fijar la litis y distribuir las cargas probatorias, cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia y así lograr una mejor y eficaz solución a los conflictos en materia de seguridad social.
Por tanto, indicó el Máximo Tribunal que cuando se reclamen prestaciones de seguridad social, como son el otorgamiento de las pensiones de vejez o cesantía en edad avanzada, o la modificación del monto de la que les fue otorgada, deberán (sic) expresar la información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvieron inscritos durante su vida laboral, tales como el número de semanas cotizadas y el salario promedio diario de las últimas doscientas cincuenta semanas.
Conforme a las reglas procesales que regulan los conflictos de seguridad social, señaló el Máximo Tribunal que en el ejercicio de las diversas acciones no es necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias ahí previstas, sino únicamente los requisitos que sean propios de la acción correspondiente y, para determinarlos, debía tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para su procedencia.
En apoyo, citó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA."(40)
Así, dijo la Corte, que cuando en la acción deducida se reclamen prestaciones de seguridad social, como son el otorgamiento de las pensiones de vejez o cesantía en edad avanzada, así como su sustitución o la modificación de su monto, deberán (sic) observar necesariamente los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 899-C que le sean propios a las referidas pretensiones, además de expresar la información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvieron inscritos durante su vida laboral, tales como el número de semanas cotizadas y el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas.
En ese sentido, puntualizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien demande en un juicio especial de seguridad social el otorgamiento y/o modificación de una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social debe exhibir con su demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión; sin embargo, quedará relevado de esa carga cuando el instituto no emita la respuesta en un plazo razonable, el cual se considera que debe ser de tres meses (plazo que en la propia ejecutoria se estimó razonable, por ser acorde con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo) pues en caso de no obtener respuesta debe entenderse que la solicitud le ha sido negada, único supuesto en el que podrá iniciar el procedimiento especial de seguridad social sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
En relación con lo anterior, la Segunda Sala señaló que cuando la parte actora sea la persona trabajadora o alguna de las personas beneficiarias y se advierta alguna irregularidad en la demanda, la Junta señalará los defectos u omisiones en que se haya incurrido y la prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de tres días.(41)
Así, concluyó el Tribunal Supremo, que cuando la parte actora omita ofrecer y exhibir alguna de las pruebas a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo se debe analizar si es o no necesario reponer el procedimiento a efecto de prevenirla para que lo haga, pues en el caso de que se trate de un documento relacionado con un hecho que no fue controvertido por el demandado, sería ocioso ordenar la reposición.
Lo anterior dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.), de la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente:
"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES.
"Hechos: En un conflicto individual de seguridad social una persona reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez. Al dar contestación, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la acción era improcedente al no exhibir la accionante en juicio la resolución de negativa de pensión, como lo exige el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien para la procedencia del juicio especial de seguridad social, la parte actora tiene la obligación de acompañar a la demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión por ser un requisito de procedibilidad, también lo es que puede presentarse la solicitud de pensión respectiva ante el Instituto, cuando éste no otorgue una respuesta en el plazo razonable de tres meses.
"Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de rubro: ‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, esta Segunda Sala estableció que de conformidad con el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de la accionante exhibir con la demanda la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión. Sin embargo, el cumplimiento del mencionado requisito queda sujeto a que el derechohabiente solicite el otorgamiento del beneficio pensionario y obtenga respuesta en un plazo razonable. Ahora bien, para determinar dicho plazo debe atenderse a la naturaleza administrativa del mencionado Instituto, por lo cual, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se estima que dicha autoridad cuenta con el lapso máximo de tres meses para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada, que deberá computarse a partir de que le sea presentada la solicitud respectiva, entendiéndose que en caso de exceder dicho plazo sin que sea emitida la resolución, se entenderá negado el otorgamiento del beneficio pensionario. Por tanto, en el supuesto de que la persona derechohabiente solicitante del beneficio pensionario no obtenga una respuesta en el lapso indicado, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en el mencionado precepto legal, lo cual deberá precisar en los hechos que detalle en su demanda, pero acompañando la solicitud respectiva en la que conste de manera fehaciente la fecha de su presentación, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de valorar su admisión." Es preciso señalar que es verdad que el anterior criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva de un juicio especial de seguridad social en donde la acción ejercitada por el actor consistió en reclamar el otorgamiento y pago de una pensión derivada del seguro de vejez en términos de la anterior Ley del Seguro Social.
Sin embargo, ello no impide que el razonamiento jurídico (ratio decidendi) adoptado en la mencionada ejecutoria por la superioridad, pueda ser aplicado a conflictos individuales de seguridad social iniciados para reclamar el otorgamiento y pago de una pensión por alguno de los otros seguros que componen el régimen obligatorio, como lo es el de viudez que solicita la persona beneficiaria con motivo del derecho al seguro por muerte del asegurado, ya que conforme a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo,(42) son las razones decisorias contenidas en esa ejecutoria las que constituyen precedente obligatorio para este órgano colegiado y no las cuestiones de hecho, como lo es el tipo de acción que se ejerció para el otorgamiento de una pensión derivada del régimen obligatorio de seguridad social.
Esto, toda vez que en la ejecutoria del multicitado amparo directo 29/2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si bien tiene su origen en un juicio especial de seguridad social en el que se solicita el otorgamiento de una pensión por vejez; cierto también resulta que el conjunto de argumentos legales y jurisprudenciales que sustentan las razones decisorias del criterio emitido por el Máximo Tribunal al analizar el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, está encaminado a la aplicación de otros conflictos individuales donde se reclamen prestaciones de seguridad social, como es el otorgamiento o modificación de una pensión, en donde también se deben observar los requisitos de procedibilidad establecidos en el citado numeral, pues en ellos se funda la pretensión principal en materia de seguridad social, que constituyen el presupuesto esencial de la acción intentada.
Por tanto, es dable considerar que en un conflicto de seguridad social donde se demande por parte del beneficiario del asegurado, el otorgamiento de una pensión de viudez a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, al ejercer el derecho derivado del seguro por muerte ante el fallecimiento del asegurado, la persona accionante, al acudir ante el órgano jurisdiccional a ejercer ese derecho, en cumplimiento al contenido del citado numeral 899-C, además de expresar información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social, que en este caso haya acumulado el asegurado durante su vida laboral, tales como número de semanas cotizadas y el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas, también tiene la obligación de exhibir la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión, o bien la solicitud que contenga los datos que fue recibida por parte de algún funcionario de dicho instituto, y se pueda advertir que a la misma no se le dio respuesta por parte del órgano de seguridad social, al menos dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su presentación, pues en tal caso se entenderá que le fue negado al solicitante el beneficio pensionario solicitado, pues sólo de esa manera se estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, ya que se trata de requisitos propios y necesarios para la procedencia de la acción intentada, como lo es la relativa a la obtención de una pensión de viudez derivada del seguro por muerte, al considerar el beneficiario tener derecho por la defunción del asegurado.
Ello, dado que tales requisitos son necesarios para garantizar la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez que rige a los juicios laborales, dar oportunidad a la contraparte de que exprese oportunamente sus defensas y excepciones y así quede debidamente integrada la litis laboral y, además, porque son los hechos que precise la parte actora en su ocurso inicial, como fundamento de sus pretensiones, los que serán materia de prueba y, finalmente, para cumplir con las máximas contenidas en la reforma a la ley laboral, que en materia de seguridad social entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil doce.
De ahí que si dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo se encuentran las relativas a los conflictos de seguridad social, que en sus artículos 899-A, 899-B y 899-D dispone que éstos podrán ser planteados por las personas trabajadoras, aseguradas, pensionadas o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos subjetivos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social, y al ejercitar la acción correspondiente, éstos tienen la carga procesal de cumplir con los requisitos de procedibilidad que exige el artículo 899-C de la propia normativa; entonces, si los requisitos de procedibilidad le son exigidos al asegurado que solicita el otorgamiento de una pensión derivado del seguro de vejez o de cesantía en edad avanzada, tal exigencia también debe ser cumplida por la persona beneficiaria que ejerza la acción para el otorgamiento de una pensión por viudez, derivado del seguro por muerte del asegurado, atendiendo al principio de derecho ubi edem ratio ibi ius que se traduce en que "donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición", en virtud de que por su naturaleza jurídica se tratan de seguros comprendidos dentro del régimen obligatorio de seguridad social, que para su otorgamiento requieren del cumplimiento de periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados en dichos seguros, pues así lo establecen los artículos 11, fracción III, 121 y 122 de la anterior Ley del Seguro Social.(43)
Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.),(44) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En diversos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos en el precepto legal mencionado, siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción; y entre los requisitos que dichas demandas deben cumplir, se encuentran los establecidos en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la exhibición de diversos medios de prueba. Así, en atención a que el propósito del legislador al establecer los requisitos citados, fue satisfacer la necesidad de que la autoridad laboral cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia, se colige que la obligación de cumplir con éstos no se limita a la simple exhibición de los documentos y pruebas respectivas, sino que además, el asegurado deberá ofrecerlas desde la presentación de la demanda. Ahora, esa obligación únicamente se encuentra relacionada con el ofrecimiento de aquellos medios de convicción tendientes a demostrar la procedencia de la acción y de los hechos que la sustentan, lo que no impide que excepcionalmente pueda ofrecer nuevos medios de convicción en la etapa probatoria, pues cuando del resultado de la contestación de la demanda advierta que el demandado controvirtió los hechos que afirmó y además ofreció pruebas que sustenten sus excepciones, podrá ofrecer nuevos elementos de convicción tendientes a desvirtuar la eficacia probatoria de las pruebas aportadas por el demandado, o bien, cuando se trate de pruebas supervinientes. Finalmente, cuando el tribunal de amparo advierta que el actor omitió ofrecer y exhibir alguna de las pruebas mencionadas, debe analizar si es o no necesario conceder el amparo para que la autoridad reponga el procedimiento a efecto de que lo prevenga para que las exhiba, pues en todo caso, en atención al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habrá de privilegiar la solución de fondo sobre la violación adjetiva."
De igual forma se cita el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.),(45) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:
"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32018-9eef8d41/pension-por-viudez-para-la-procedencia-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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