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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE 3 MESES [APLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 36/2023 (11a.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 478/2022 (CUADERNO AUXILIAR 91/2023) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON APOYO DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TR · Registro digital (IUS): 31993
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.4062.

AMPARO DIRECTO 478/2022 (CUADERNO AUXILIAR 91/2023) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON APOYO DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2023. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLVERA.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO.—Estudio.

Resulta fundado lo expuesto por el instituto quejoso en el primer concepto de violación, y suficiente para alcanzar sus pretensiones, el cual se analiza en su causa de pedir, pues en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo(19) arroja un mayor beneficio a la parte quejosa, por lo que se omite el estudio de aquellos que, aun en el caso de resultar fundados, no mejoren lo alcanzado por el quejoso con el que será analizado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2005,(20) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto determinan lo siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

Omisión de cumplir con los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.

En su primer concepto de violación refiere la parte quejosa que es ilegal el laudo reclamado, toda vez que la Junta responsable analizó indebidamente la excepción de oscuridad de la demanda, en donde expuso que la demanda promovida por el actor no reunía los requisitos de procedibilidad que contempla el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, entre los cuales se encuentra el contemplado en la fracción VI de dicho precepto, consistente en exhibir la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al otorgamiento o negativa de pensión, o bien, la constancia de solicitud de la misma, que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez, lo que la dejó en estado de indefensión, al ser la demanda oscura, vaga e imprecisa, ya que de ella se puede observar que funda sus acciones y hechos sin allegar los documentos base de su acción, por lo que en tal sentido la responsable debió absolver a la demandada de las pretensiones reclamadas.

Señala el inconforme que, en el caso, se le condenó al otorgamiento y pago de la pensión por viudez y otras prestaciones reclamadas por el actor, sin que éste precisara los hechos en su demanda, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y sin allegar los documentos base de la acción, como lo es la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, o bien la solicitud de ello, los cuales eran elementos necesarios e indispensables para reclamar el otorgamiento y pago de la referida pensión, pues dicha reclamación presupone la existencia de la causa de pedir, que está conformada por los motivos por los cuales ocurre a demandar el cumplimiento del derecho ejercitado, como lo establece el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, y que al omitirse, impidió al demandado (hoy quejoso) poder desvirtuarlos a través de la debida preparación de su defensa, lo que implica que la procedencia de la acción ejercitada no esté apoyada en datos precisos, que conlleve la emisión de un laudo dictado a verdad sabida y buena fe guardada, como lo dispone el artículo 841 de la ley laboral.

Alega que de acuerdo con lo establecido en los artículos 738 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad responsable debió haber observado que el accionante no reunía los requisitos establecidos en el artículo 899-C de la referida legislación, y en el acuerdo de radicación debió haber señalado al actor los defectos u omisiones, y prevenirla para que dentro del término de tres días los subsanara, bajo el apercibimiento de tener por perdido su derecho en caso de ser omiso, sin necesidad de acusar rebeldía; de ahí que al haber actuado la responsable de esa manera, dejó al demandado en estado de indefensión, pues en el caso debió haberlo absuelto de las prestaciones reclamadas.

Como se dijo al inicio de este proemio, son fundados los argumentos antes sintetizados atento a la causa de pedir.

Marco normativo.

En principio se debe señalar que el juicio laboral de donde emana el presente amparo es de naturaleza especial, que versa sobre un conflicto que la ley de la materia denomina como "individuales de seguridad social", previsto en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo,(21) cuyo objeto radica en reclamar, entre otros, el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social.

Entre los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social se encuentran los de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, guarderías para hijos de las personas aseguradas y retiro, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la anterior Ley del Seguro Social.(22)

Asimismo, es factible señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del amparo directo 29/2022, con carácter de precedente obligatorio en términos de los artículos 215, 216, párrafo primero y 223 de la Ley de Amparo, puntualizó que en los procedimientos especiales de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social interviene como ente asegurador que organiza y administra las prestaciones establecidas en la referida Ley del Seguro Social, por lo que es quien tiene la facultad de resolver inicialmente sobre la procedencia de alguna prestación en dinero o en especie solicitada por algún derechohabiente, por lo que en caso de que exista alguna inconformidad por parte de los destinatarios de las decisiones que haya tomado dicho instituto en cuanto a las prestaciones de seguridad social que le fue planteada, la decisión puede ser controvertida por el derechohabiente ante los órganos jurisdiccionales para conseguir la revocación o modificación de sus determinaciones, por lo que al someterse a la jurisdicción laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa en igualdad procesal como todo particular por lo que resulta aplicable el principio de mayor beneficio para estudiar sus conceptos de violación.

Destacó la superioridad en la propia ejecutoria del amparo directo 29/2022, el pronunciamiento relativo a los requisitos de procedibilidad que deben cumplirse cuando se promueve un juicio especial de seguridad social, pues como parte de las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, se encuentran las relativas a los conflictos individuales de seguridad social, que en los artículos 899-A, 899-B y 899-D(23) se dispone que podrán ser planteados por las personas trabajadoras, aseguradas, pensionadas o sus beneficiarias, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social, con la carga de exponer en la demanda la información que se precisa en el artículo 899-C.(24)

También precisó que los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, deben exhibir los documentos que de acuerdo con las leyes tienen la obligación legal de expedir y conservar, apercibidas que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona promovente.

Explicó que la razón para adicionar los conflictos individuales de seguridad social radica en dotar de mayor rapidez a la solución de ese tipo de procedimientos que a la de los ordinarios, por lo que sus requisitos son condiciones para la procedibilidad de la acción entablada.

Así, dijo la superioridad que como medio para alcanzar ese fin, el legislador federal estableció en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo que el actor debe acompañar a su demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y también debe narrar los hechos de la demanda, en los que se deben fundar sus acciones en materia de seguridad social, y sin esos requisitos de procedibilidad no podrá configurarse la acción.

Lo anterior, porque en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de título y subtítulo: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."(25) se explicó que la finalidad de señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, radica en que la autoridad del trabajo al momento de fijar la litis y distribuir las cargas probatorias, cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia y así lograr una mejor y eficaz solución a los conflictos en materia de seguridad social.

Por tanto, indicó el Máximo Tribunal que cuando se reclamen prestaciones de seguridad social, como son el otorgamiento de las pensiones por vejez o cesantía en edad avanzada, o la modificación del monto de la que les fue otorgada, deberán (sic) expresar la información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social en el que estuvieron inscritos durante su vida laboral, tales como el número de semanas cotizadas y el salario promedio diario de las últimas doscientas cincuenta semanas.

Conforme a las reglas procesales que regulan los conflictos de seguridad social, señaló el Máximo Tribunal que en el ejercicio de las diversas acciones no es necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias ahí previstas, sino únicamente los requisitos que sean propios de la acción correspondiente y, para determinarlos, debía tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para su procedencia.

En apoyo, citó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA."(26)

Así, dijo la Corte, que cuando en la acción deducida se reclamen prestaciones de seguridad social, como son el otorgamiento de las pensiones por vejez o cesantía en edad avanzada, así como su sustitución o la modificación de su monto, deberán (sic) observar necesariamente los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 899-C que le sean propios a las referidas pretensiones, además de expresar la información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvieron inscritos durante su vida laboral, tales como el número de semanas cotizadas y el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas.

En ese sentido, puntualizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quien demande en un juicio especial de seguridad social el otorgamiento y/o modificación de una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social debe exhibir con su demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión; sin embargo, quedará relevado de esa carga cuando el instituto no emita la respuesta en un plazo razonable, el cual se considera que debe ser de tres meses, (plazo que en la propia ejecutoria se estimó razonable, por ser acorde con el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo) pues en caso de no obtener respuesta debe entenderse que la solicitud le ha sido negada, único supuesto en el que podrá iniciar el procedimiento especial de seguridad social sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.

En relación con lo anterior, la Segunda Sala señaló que cuando la parte actora sea la persona trabajadora o alguna de las personas beneficiarias y se advierta alguna irregularidad en la demanda, la Junta señalará los defectos u omisiones en que se haya incurrido y prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de tres días.(27)

Así, concluyó el Tribunal Supremo que cuando la parte actora omita ofrecer y exhibir alguna de las pruebas a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo se debe analizar si es o no necesario reponer el procedimiento a efecto de prevenirlo para que lo haga, pues en el caso de que se trate de un documento relacionado con un hecho que no fue controvertido por el demandado, sería ocioso ordenar la reposición.

Lo anterior dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.), de la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente:

"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES.

"Hechos: En un conflicto individual de seguridad social una persona reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez. Al dar contestación, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la acción era improcedente al no exhibir la accionante en juicio la resolución de negativa de pensión, como lo exige el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien para la procedencia del juicio especial de seguridad social, la parte actora tiene la obligación de acompañar a la demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión por ser un requisito de procedibilidad, también lo es que puede presentarse la solicitud de pensión respectiva ante el Instituto, cuando éste no otorgue una respuesta en el plazo razonable de tres meses.

"Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de rubro: ‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, esta Segunda Sala estableció que de conformidad con el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de la accionante exhibir con la demanda la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión. Sin embargo, el cumplimiento del mencionado requisito queda sujeto a que el derechohabiente solicite el otorgamiento del beneficio pensionario y obtenga respuesta en un plazo razonable. Ahora bien, para determinar dicho plazo debe atenderse a la naturaleza administrativa del mencionado Instituto, por lo cual, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se estima que dicha autoridad cuenta con el lapso máximo de tres meses para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada, que deberá computarse a partir de que le sea presentada la solicitud respectiva, entendiéndose que en caso de exceder dicho plazo sin que sea emitida la resolución, se entenderá negado el otorgamiento del beneficio pensionario. Por tanto, en el supuesto de que la persona derechohabiente solicitante del beneficio pensionario no obtenga una respuesta en el lapso indicado, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en el mencionado precepto legal, lo cual deberá precisar en los hechos que detalle en su demanda, pero acompañando la solicitud respectiva en la que conste de manera fehaciente la fecha de su presentación, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de valorar su admisión."

Es preciso señalar que es verdad que el anterior criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva de un juicio especial de seguridad social en donde la acción ejercitada por el actor consistió en reclamar el otorgamiento y pago de una pensión derivada del seguro de vejez en términos de la anterior Ley del Seguro Social.

Sin embargo, ello no impide que el razonamiento jurídico (ratio decidendi) adoptado en la mencionada ejecutoria por la superioridad, pueda ser aplicado a conflictos individuales de seguridad social iniciados para reclamar el otorgamiento y pago de una pensión por alguno de los otros seguros que componen el régimen obligatorio, como lo es el de viudez que solicita la persona beneficiaria con motivo del derecho al seguro por muerte del asegurado, ya que conforme a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo,(28) son las razones decisorias contenidas en esa ejecutoria las que constituyen precedente obligatorio para este órgano colegiado y no las cuestiones de hecho, como lo es el tipo de acción que se ejerció para el otorgamiento de una pensión derivada del régimen obligatorio de seguridad social. Esto, toda vez que en la ejecutoria del multicitado amparo directo 29/2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si bien tiene su origen en un juicio especial de seguridad social en el que se solicita el otorgamiento de una pensión por vejez; cierto también resulta que el conjunto de argumentos legales y jurisprudenciales que sustentan las razones decisorias del criterio emitido por el Máximo Tribunal al analizar el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, está encaminado a la aplicación de otros conflictos individuales donde se reclamen prestaciones de seguridad social, como lo es el otorgamiento o modificación de una pensión, en donde también se deben observar los requisitos de procedibilidad establecidos en el citado numeral, pues en ellos se funda la pretensión principal en materia de seguridad social, que constituyen el presupuesto esencial de la acción intentada.

Por tanto, es dable considerar que en un conflicto de seguridad social donde se demande por parte del beneficiario del asegurado el otorgamiento de una pensión por viudez a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, al ejercer el derecho derivado del seguro por muerte ante el fallecimiento de asegurado, la persona accionante al acudir ante el órgano jurisdiccional a ejercer ese derecho, en cumplimiento al contenido del citado numeral 899-C, además de expresar información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social, que en este caso haya acumulado el asegurado durante su vida laboral, tales como número de semanas cotizadas y el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas, también tiene la obligación de exhibir la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión, o bien, la solicitud que contenga los datos de que fue recibida por parte de algún funcionario de dicho instituto, y se pueda advertir que a la misma no se le dio respuesta por parte del órgano de seguridad social al menos dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su presentación, pues en tal caso se entenderá que le fue negado al solicitante el beneficio pensionario solicitado, ya que sólo de esa manera se estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, pues se trata de requisitos propios y necesarios para la procedencia de la acción intentada, como lo es la relativa a la obtención de una pensión por viudez derivada del seguro por muerte, al considerar el beneficiario tener derecho por la defunción del asegurado.

Ello, dado que tales requisitos son necesarios para garantizar la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez que rige a los juicios laborales; dar oportunidad a la contraparte de que exprese oportunamente sus defensas y excepciones y así, quede debidamente integrada la litis laboral y, además, porque son los hechos que precise la parte actora en su ocurso inicial como fundamento de sus pretensiones los que serán materia de prueba y, finalmente, para cumplir con las máximas contenidas en la reforma a la ley laboral que en materia de seguridad social entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil doce.

De ahí que, si dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo se encuentran las relativas a los conflictos de seguridad social, que en sus artículos 899-A, 899-B y 899-D, se dispone que éstos podrán ser planteados por las personas trabajadoras, aseguradas, pensionadas o sus beneficiarios que sean titulares de derechos subjetivos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social, y al ejercitar la acción correspondiente, éstos tienen la carga procesal de cumplir con los requisitos de procedibilidad que exige el artículo 899-C de la propia normativa; entonces, si los requisitos de procedibilidad le son exigidos al asegurado que solicita el otorgamiento de una pensión derivada del seguro de vejez o de cesantía en edad avanzada, tal exigencia también debe ser cumplida por la persona beneficiaria que ejerza la acción para el otorgamiento de una pensión por viudez, derivada del seguro por muerte del asegurado, atendiendo al principio de derecho ubi edem ratio ibi ius que se traduce en que "donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición", en virtud de que por su naturaleza jurídica se tratan de seguros comprendidos dentro del régimen obligatorio de seguridad social, que para su otorgamiento requieren del cumplimiento de periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados en dichos seguros, pues así lo establecen los artículos 11, fracción III, 121 y 122 de la anterior Ley del Seguro Social.(29)

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.),(30) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En diversos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos en el precepto legal mencionado, siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción; y entre los requisitos que dichas demandas deben cumplir, se encuentran los establecidos en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la exhibición de diversos medios de prueba. Así, en atención a que el propósito del legislador al establecer los requisitos citados, fue satisfacer la necesidad de que la autoridad laboral cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia, se colige que la obligación de cumplir con éstos no se limita a la simple exhibición de los documentos y pruebas respectivas, sino que además, el asegurado deberá ofrecerlas desde la presentación de la demanda. Ahora, esa obligación únicamente se encuentra relacionada con el ofrecimiento de aquellos medios de convicción tendientes a demostrar la procedencia de la acción y de los hechos que la sustentan, lo que no impide que excepcionalmente pueda ofrecer nuevos medios de convicción en la etapa probatoria, pues cuando del resultado de la contestación de la demanda advierta que el demandado controvirtió los hechos que afirmó y además ofreció pruebas que sustenten sus excepciones, podrá ofrecer nuevos elementos de convicción tendientes a desvirtuar la eficacia probatoria de las pruebas aportadas por el demandado, o bien, cuando se trate de pruebas supervinientes. Finalmente, cuando el tribunal de amparo advierta que el actor omitió ofrecer y exhibir alguna de las pruebas mencionadas, debe analizar si es o no necesario conceder el amparo para que la autoridad reponga el procedimiento a efecto de que lo prevenga para que las exhiba, pues en todo caso, en atención al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habrá de privilegiar la solución de fondo sobre la violación adjetiva."

De igual forma se cita el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.),(31) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:

"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. Conforme al precepto citado, los requisitos a que alude no son meros datos informativos que el actor debe proporcionar en su demanda, sino constituyen un presupuesto esencial para que la acción quede configurada en los hechos y, de esta manera, al sentarse una base firme a partir de lo expuesto en la demanda, sea posible a su vez lograr el sano equilibrio que debe existir entre las partes, en el proceso laboral, ya que bajo esa condición se posibilita al demandado a controvertir más allá de toda duda razonable las especificaciones realizadas. Así, del análisis de los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, deriva que en los conflictos individuales de seguridad social planteados, verbigracia, respecto a la modificación de pensión, otorgamiento y pago de pensión por cesantía en edad avanzada u otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente originada por accidentes de trabajo, la demanda deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 899-C citado, que les sean propios a las referidas acciones, sin que ello signifique que todas las acciones deberán contener la totalidad de los requisitos ahí previstos, sino únicamente los que correspondan a la acción intentada."

Importa destacar que este órgano colegiado no desconoce el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia PR.L.CS. J/11 L (11a.),(32) emitida por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, que es de rubro y texto siguientes:

"CONFLICTOS INDI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31993-0ab4cb86/pension-por-viudez-para-la-procedencia-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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