PENSIÓN POR VIUDEZ. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 140/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: LAURA OLIVIA SÁNCHEZ AGUIRRE.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 140/2024, suscitada entre el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1093/2023, con el sostenido por el Decimotercer Tribunal Colegiado en la misma Materia y Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1008/2022.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante escrito signado el quince de julio de dos mil veinticuatro, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por conducto de su presidente, denunció la contradicción entre el criterio sostenido por ese órgano jurisdiccional, al resolver el juicio de amparo directo 1093/2023 y el sustentado por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 1008/2022.
2. Esa denuncia fue recibida el seis de agosto siguiente, en el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; su presidente, al advertir de que tal denuncia en realidad estaba dirigida a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Sur, el siete de agosto del año en curso, la remitió vía interconexión a este órgano colegiado.
3. Trámite ante el Pleno Regional. El día siguiente, el magistrado Héctor Lara González, presidente de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente; en caso de que lo hubieran modificado o abandonado, señalaran las razones de ello y remitieran la sentencia que contuviera el nuevo criterio, así como la resolución emitida en los aludidos expedientes (excepto el Octavo Tribunal Colegiado). Asimismo, pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo e informaran si las aludidas determinaciones habían causado ejecutoria. Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio, radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Y turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a su cargo.
4. El quince de agosto del año que transcurre, tuvo por recibidos los oficios de los presidentes de los tribunales colegiados contendientes, en los que informaron que se encuentran vigentes los criterios sustentados, ordenaron la habilitación de la consulta de los expedientes electrónicos e indicaron que sus determinaciones habían causado ejecutoria. El presidente del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito remitió copia de la respectiva ejecutoria.
5. El diecisiete de octubre del año en curso, el presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que durante los últimos seis meses no fue radicada en ese alto tribunal alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guardara relación con el que es materia de este asunto; y tomando en cuenta que el expediente estaba integrado, confirmó el turno electrónico a la ponencia a su cargo.
II. AMICUS CURIAE
6. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
7. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3, del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los tribunales contendientes son del Primer Circuito y la materia respecto de la que versa la contradicción de criterios es de trabajo, por lo que corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por uno de los tribunales colegiados de circuito contendientes, por conducto de su presidente, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1093/2023.
11. Marco procesal. El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, **********, por propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes prestaciones:
a) El reconocimiento y declaración de que era la única y legítima beneficiaria de los derechos laborales y de seguridad social que generó su difunto concubinario, con la finalidad de que el referido instituto le otorgara las prestaciones de seguridad social a que tenía derecho.
b) Como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento, otorgamiento y pago de la pensión de viudez, aguinaldo mensual, fondo de ahorro, aguinaldo anual, incrementos contractuales y demás prestaciones en dinero y especie.
c) La inclusión a nómina de Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la pensión de viudez, así como el pago de las prestaciones accesorias a la pensión que se solicitaba, como era el aguinaldo mensual, fondo de ahorro, aguinaldo anual, incrementos, asignaciones familiares y atención médica, quirúrgica y hospitalaria.
12. La demanda fue turnada al Decimotercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México. En auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria instructora previno a la actora para que, entre otros aspectos, exhibiera las constancias expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o en su defecto, el acuse del escrito en el que la solicitó, bajo el apercibimiento que, de no desahogar tal aspecto, se tendría por no presentada la demanda.
13. El veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, la actora señaló que cuando acudió ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informó que como requisito indispensable necesitaba la resolución judicial mediante la cual fuera declarada como legítima beneficiaria de los derechos laborales y de seguridad social generados por su concubinario como trabajador-jubilado del aludido instituto, consecuentemente el derecho a la pensión por viudez; por lo que bajo protesta de decir verdad, indicó que no era posible contar con la solicitud correspondiente, hasta la obtención de la resolución mencionada y por ello acudió a ese tribunal, consecuentemente, tampoco existía una negativa al otorgamiento de la pensión.
14. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, el tribunal laboral tuvo por no desahogado el requerimiento y por no presentada la demanda. Contra tal determinación, la actora promovió juicio de amparo directo del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que, por unanimidad de votos, al estimar esencialmente fundados los conceptos de violación, concedió la protección constitucional, para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar emitiera otro en el que proveyera la admisión de la demanda relativa.
15. Consideraciones que sustentan el criterio. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito precisó que la determinación reclamada era incorrecta. Así lo consideró pues advirtió que la autoridad responsable apoyó su decisión en las jurisprudencias 2a/J.52/2017 (10a.), 2a./J. 36/2023 (11a.) y 2a./J.42/2023 (11a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
16. Luego de analizar tales jurisprudencias, el Octavo Tribunal Colegiado precisó que la 2a/J.52/2017 (10a.)(1) establecía que de los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, son necesarios únicamente los que corresponden a la acción intentada.
17. Respecto a la jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.),(2) puntualizó que en la ejecutoria de la que derivó,(3) se estableció que, en los conflictos individuales de seguridad social, cuando la acción versa sobre el otorgamiento y pago de una pensión de vejez, era requisito de procedibilidad presentar la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión o bien, la solicitud de pensión respectiva ante el instituto, cuando éste no otorgue una respuesta en el plazo razonable de tres meses.
18. En cuanto a la jurisprudencia 2a./J. 42/2023 (11a.),(4) refirió que en la ejecutoria de la que derivó,(5) se precisó que en el ejercicio de las acciones relativas no era necesario que la demanda relativa contuviera la totalidad de las exigencias ahí previstas, sino únicamente los requisitos que fueran propios de la acción correspondiente, refiriéndose específicamente al otorgamiento de las pensiones por vejez o cesantía en edad avanzada.
19. Así, concluyó que tales jurisprudencias dilucidan los requisitos necesarios para la demanda de otorgamiento y modificación de una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, por lo que se encuentran realizando un análisis a una demanda promovida por la persona asegurada, no así por un beneficiario como era el caso de la pensión de viudez.
20. Además, refirió, para ese tipo de conflictos, relacionados con seguridad social, como lo era el que dio origen al juicio, esto es, la declaración de la actora como única y legítima beneficiaria, así como el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, no era necesario que la autoridad laboral exigiera la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, pues dicha solicitud no puede ser exigible a quien se ostenta como beneficiaria, pues era evidente que no podía ser otorgada una pensión por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, sin tener previamente el carácter de beneficiaria, que es precisamente para lo que se promovió el conflicto individual de seguridad social.
21. Aunado a ello, de tales jurisprudencias se advertía que conforme al sistema procedimental que regula los conflictos de seguridad social, en el ejercicio de las diversas acciones no es necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias ahí previstas, sino únicamente los requisitos que sean propios de la acción correspondiente y, para determinarlos, deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para su procedencia.
22. Citó en su apoyó la jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA”.(6)
23. Agregó que en una de las ejecutorias que dieron origen a esa jurisprudencia,(7) se analizó un juicio laboral en el que se reclamó el otorgamiento de una pensión por viudez y la Segunda Sala consideró que, al analizar los requisitos establecidos en el artículo citado, era posible advertir que no todos los elementos requeridos eran indispensables para que la Junta pueda emitir un juicio respecto a la existencia de la acción y su procedencia. Para su otorgamiento, el solicitante debe acreditar dos requisitos: a) Haber contraído matrimonio con la persona asegurada o pensionada y b) El fallecimiento de la persona asegurada o pensionada.
24. Respecto al requisito consistente en la entrega de la constancia de otorgamiento o negativa de la pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Segunda Sala señaló que tampoco está relacionada con la pretensión de obtener la pensión por viudez, pues no constituía uno de los elementos que se debe satisfacer para que se dilucide el otorgamiento de ésta. El hecho de que el actor no aporte este elemento no genera afectación alguna en las defensas del instituto, ni impide que la litis sea fijada con claridad, y tampoco incide en el cumplimiento de los elementos que debe cumplir para comprobar su derecho a recibir la pensión requerida.
25. La Segunda Sala determinó que el requisito de exhibir la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, contemplado en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, no está relacionada con la pretensión de obtener la pensión por viudez, pues no constituía uno de los elementos que debe satisfacer para que se dilucide su otorgamiento.
26. Por tanto, respecto a la pensión de que se trata, como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, o en su caso, la solicitud respectiva, no está relacionada con la pretensión de obtener la pensión por viudez, pues no constituye uno de los elementos que se debe satisfacer para que se dilucide el otorgamiento de la pensión, por lo que no es un requisito indispensable.
27. En consecuencia, fue incorrecto que el tribunal responsable previniera a la actora a efecto de que exhibiera la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, o en su caso la solicitud respectiva, asimismo, que al no exhibirla tuviera por no presentada la demanda.
28. Criterio del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1008/2022.
29. Marco procesal. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de seguridad social contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó lo siguiente:
a) El pago de la pensión por viudez a que tiene derecho, derivada del fallecimiento de su esposo, quien gozaba de su pensión por jubilación que le pagaba el Instituto Mexicano del Seguro Social.
b) El pago retroactivo de la pensión por viudez a partir del día siguiente al en que falleció su esposo.
30. Seguido el trámite respectivo ante la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictó un laudo en el que determinó que la parte actora no acreditó su acción y absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social.
31. La autoridad responsable sostuvo que la muerte del asegurado aconteció antes de cumplir seis meses de matrimonio, además de que el finado contaba con sesenta y cinco años al momento de la celebración del enlace con la actora, sin que haya transcurrido un año después de dicho enlace.
32. Contra ese auto, la actora, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo del que conoció el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien, por mayoría de votos, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto, en lo relativo, de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y repusiera el procedimiento dentro del juicio laboral, hasta el acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, para que requiriera a la parte actora a fin de que en el término de tres días, exhibiera la constancia de otorgamiento o negativa de pensión por viudez por el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien, el escrito de solicitud de dicha pensión, que contuviera el sello de recepción por parte del citado organismo.
33. Consideraciones que sustentan el criterio. El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, supliendo la deficiencia de la queja, advirtió que la Junta responsable violó en perjuicio de la quejosa las normas que regulan el procedimiento y que trascendieron al resultado de fallo, pues dicha autoridad responsable tenía el deber de requerir a la quejosa para que presentara la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud del mismo, sin que lo hubiera hecho.
34. Precisó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el juicio de amparo directo 29/2022, con carácter de precedente obligatorio en términos de los artículos 215, 216, párrafo primero y 223 de la Ley de Amparo, puntualizó que en los procedimientos especiales de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social interviene como ente asegurador que organiza y administra las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, por lo que es quien tiene la facultad de resolver inicialmente sobre la procedencia de alguna prestación en dinero o especie solicitada por algún derechohabiente, por lo que en caso de que exista alguna inconformidad por parte de los destinatarios de las decisiones que haya tomado dicho instituto en cuanto a las prestaciones de seguridad social que le fue planteada, la decisión puede ser controvertida por el derechohabiente ante los órganos jurisdiccionales para conseguir la revocación o modificación de sus determinaciones, por lo que al someterse a la jurisdicción laboral, el citado instituto actúa en igualdad procesal como todo particular por lo que resulta aplicable el principio de mayor beneficio para estudiar sus conceptos de violación.
35. La Segunda Sala en la misma ejecutoria destacó el pronunciamiento de los requisitos de procedibilidad que deben cumplirse cuando se promueve un juicio especial de seguridad social, pues como parte de las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce, se encuentran las relativas a los conflictos individuales de seguridad social, que en los artículos 899-A, 899-B y 899-D se dispone que podrán ser planteados por las personas trabajadoras, aseguradas, pensionadas o sus beneficiarias, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social, con la carga de exponer en la demanda la información que se precisa en el artículo 899-C. 36. La Segunda Sala también precisó que los organismos de seguridad social conforme a lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, deben exhibir los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de expedir y conservar, apercibidas que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona promovente.
37. La propia Sala explicó que la razón para adicionar los conflictos individuales de seguridad social radica en dotar de mayor rapidez a la solución de ese tipo de procedimientos que a la de los ordinarios, por lo que sus requisitos son condiciones para la procedibilidad de la acción entablada.
38. Así, dijo la Segunda Sala, que como medio para alcanzar ese fin el legislador estableció la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo que el actor debe acompañar a su demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y también debe narrar los hechos de la demanda, en lo que se deben fundar sus acciones en materia de seguridad social, sin esos requisitos de procedibilidad, no podría configurarse la acción.
39. Así lo estableció dicha Sala en la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.),(8) de rubro “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO” en la que explicó que la finalidad de señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo radica en que la autoridad del trabajo al momento de fijar la litis y distribuir las cargas probatorias, cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia y así lograr una mejor y eficaz solución a los conflictos en materia de seguridad social.
40. Por tanto, sostuvo el Máximo Tribunal, cuando se reclamen prestaciones de seguridad social, como lo son el otorgamiento de las pensiones de vejez o cesantía en edad avanzada, o la modificación del monto de la que les fue otorgada, deberán expresar la información relativa a las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvieron inscritos durante su vida laboral, tales como el número de semanas cotizadas y el salario promedio diario de las últimas cincuenta semanas.
41. Conforme a las reglas procesales que regulan los conflictos de seguridad social, señaló el Máximo Tribunal, en el ejercicio de las diversas acciones no es necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias previstas, sino únicamente lo requisitos que sean propios de la acción correspondiente y, para determinarlos debía tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada y los requisitos del ordenamiento legal aplicable establece para su procedencia.
42. La Segunda Sala citó en su apoyo la jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.),(9) intitulada “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA”.
43. En ese sentido, puntualizó la Suprema Corte, quien demande en un juicio especial de seguridad social el otorgamiento y/o modificación de una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social debe exhibir con su demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión; sin embargo, quedará relevado de esa carga cuando el instituto no emita la respuesta en un plazo razonable, el cual se considera que debe ser de tres meses (plazo que en la propia ejecutoria se estimó razonable, por ser acorde con el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo), pues en caso de no obtener respuesta debe entenderse que la solicitud le ha sido negada, único supuesto en el que podrá iniciar el procedimiento especial de seguridad social sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
44. Relacionado con lo anterior, la Segunda Sala señaló que cuando la parte actora sea la persona trabajadora o alguna de las personas beneficiarias y se advierta alguna irregularidad en la demanda, la Junta señalará los defectos y omisiones en que haya incurrido y prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de tres días.
45. Así, concluyó el Tribunal Supremo, cuando la parte actora omita ofrecer y exhibir alguna de las pruebas a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, se debe analizar si es o no necesario reponer el procedimiento a efecto de prevenirlo para que lo haga, pues en el caso de que se trate de un documento relacionado con un hecho que no fue controvertido por el demandado, sería ocioso ordenar la reposición.
46. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.),(10) intitulada “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899 C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES”.
47. Si bien era verdad, sostuvo el tribunal colegiado contendiente, que ese criterio derivó de un juicio especial de seguridad social donde la acción ejercitada por el actor consistió en reclamar el otorgamiento y pago de una pensión derivada del seguro de vejez en términos de la anterior Ley del Seguro Social, ello no impedía que el razonamiento jurídico adoptado en la ejecutoria, pueda ser aplicado a conflictos individuales de seguridad social iniciados para reclamar el otorgamiento y pago de una pensión por alguno de los otros seguros que componen el régimen obligatorio como lo es el de viudez, ya que conforme lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, son las razones decisorias contenidas en esa ejecutoria las que constituyen precedente obligatorio para ese tribunal colegiado y no las cuestiones de hecho, como lo es el tipo de acción ejercida.
48. Por tanto, es dable considerar que en un conflicto de seguridad social donde se demande el otorgamiento de una pensión por viudez a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento al contenido del artículo 899-C, la persona accionante al acudir ante el órgano jurisdiccional, entre otras cuestiones, deberá exhibir la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión, o bien la solicitud que contenga los datos de que fue recibida por parte de algún funcionario de dicho instituto y se pueda advertir que a la misma no se le dio respuesta, al menos dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su presentación; pues solo de esa manera se estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, ya que se trata de requisitos propios y necesarios para la procedencia de la acción intentada.
49. Citó en su apoyo la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.),(11) de rubro “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.
50. Así como la jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.)(12) de rubro “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA”.
51. Destacó que no desconocía el criterio sustentado en la jurisprudencia PR.L.CS. J/11 L (11a.)(13) emitida por este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en su anterior integración y competencia, de rubro “CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN, PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA”, sin embargo, no consideraba viable su aplicación en ese caso pues por cuestión de jerarquía debe prevalecer la aplicación de las razones que justifican la decisión contenida en la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de amparo directo 29/2022, ya mencionada, así como la jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.) derivada de dicha ejecutoria, conforme lo establecido en los artículos 215, 216, primer párrafo, y 223 de la Ley de Amparo.
52. En ese caso, la actora no cumplió con el requisito de procedibilidad antes destacado, lo que constituye una irregularidad en la demanda, en cuanto al cumplimiento al requisito establecido en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que la Junta responsable inadvirtió, y respecto del cual debió haber prevenido a la accionante para que lo subsanara dentro de tres dí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33002-1dac4c28/pension-por-viudez-documentos-que-deben-acompanarse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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