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Modo: Corpus Pro

PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 146/2014. · Registro digital (IUS): 25274
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-10-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2479.

AMPARO EN REVISIÓN 146/2014. 26 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO GÓMEZ ARGÜELLO. SECRETARIA: LIZBETH ACEVEDO CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. El estudio de los agravios propuestos conduce a determinar lo siguiente:

********** reclamó, en el juicio de amparo de origen, de las autoridades señaladas como responsables, los siguientes actos:

"III. Autoridades responsables: 1) El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2) El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3) El secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 4) La C. Encargada del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; 5) Los CC. Integrantes del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, y 6) El C. Director general de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. IV. Actos reclamados: 1) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reclama el estudio, dictaminación, discusión y aprobación del Decreto Número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de dicha ley, que a la letra dicen: (transcribe artículos). 2) Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reclama la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto Número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de dicha ley, cuyos contenidos ya fueron transcritos en el inciso 1) que antecede de este apartado. 3) Del C. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reclama el refrendo del Decreto Número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de dicha ley, cuyos contenidos ya fueron transcritos en el inciso 1) que antecede de este apartado. 4) De la C. Encargada del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, se reclama la publicación del Decreto Número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en específico los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de dicha ley, cuyos contenidos ya fueron transcritos en el inciso 1) que antecede de este apartado. 5) De las autoridades mencionadas en los incisos 5) y 6) del apartado que antecede, en su carácter de ejecutoras, se les reclaman los actos de aplicación y ejecución conjunta e individualmente a la suscrita, de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, cuyos contenidos ya fueron transcritos en el inciso 1) que antecede de este apartado, como son: a) El oficio número **********, emitido el 24 de septiembre de 2013 por el C. Director general de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, que contiene el primer acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, pues me comunica que el Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, analizó mi solicitud de pensión por jubilación, emitiendo el respectivo acuerdo que transcribe en el oficio reclamado, refiriéndose al dictamen que emite dicho consejo en el que acuerda que es procedente autorizar mi solicitud de pensión por jubilación por un monto mensual, la cual se concede por el 100% del sueldo base que percibe un técnico especializado 13 ‘C’, que es de $********** (**********00/100 M.N.), además de informarme que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y transitorio octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se hará un descuento del 9% al monto de mi pensión para el Fondo de Pensiones; b) Todos los actos, resoluciones, omisiones y órdenes tendientes a la estricta observancia y aplicación en mi perjuicio de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, cuya inconstitucionalidad se reclama; c) Toda orden y/o resolución que hayan emitido o emitan, apoyándose en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, para que la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca descuente y retenga del monto de mi pensión por jubilación, el importe equivalente al nueve por ciento (9%) de mi pensión, correspondiente a las cuotas para constituir el fondo de pensiones; d) Todos los actos, órdenes, resoluciones, determinaciones y consecuencias legales y naturales que se deriven de los anteriores actos reclamados, y que se hacen consistir en que dichas responsables se abstengan de ejecutar o de seguir ejecutando todo descuento y retención del monto de mi pensión por jubilación que actualmente vengo disfrutando, así como la cancelación de la misma, dado que tal pensión es la única fuente de sustento económico con que cuento como ex trabajadora del gobierno del Estado de Oaxaca y de mis dependientes económicos; e) La devolución de todos los descuentos que se realicen al monto de mi pensión con base en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, cuya inconstitucionalidad se reclama."

Los preceptos de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, señalados como reclamados, son del tenor siguiente:

"Artículo 6. El fondo de pensiones se constituirá con:

"I. Las aportaciones a cargo del gobierno del Estado de Oaxaca, equivalentes al 18.5% del sueldo de los trabajadores, y el 18.5% de las pensiones de jubilados y pensionados;

"II. Las cuotas a cargo de los trabajadores, equivalentes al 9% de su sueldo base;

"III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión;

"IV. Las cuotas de los pensionados, equivalentes al 9% de su pensión;

"V. Las aportaciones extraordinarias que para estos casos fije en sus presupuestos el gobierno del Estado de Oaxaca;

"VI. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan con la inversión del fondo de pensiones;

"VII. El importe de los descuentos, intereses y pensiones que caduquen o prescriban a favor del fondo de pensiones;

"VIII. Las donaciones, herencias, legados y cualesquiera otras aportaciones de carácter civil o de cualquier naturaleza que se hagan a favor de la oficina de pensiones;

"IX. Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera la oficina de pensiones, así como el producto de los mismos, en su caso; y,

"X. Con el importe de las rentas, ventas o productos a que se refiere la fracción IV del artículo 78 de este ordenamiento."

"Artículo 18. Por lo que hace a las cuotas de los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 6 de esta ley, las dependencias harán su entrega quincenal a la oficina de pensiones, debiéndose encargar de hacer los respectivos descuentos del nueve por ciento que corresponde a los trabajadores, en el momento de cubrirles sus remuneraciones.

"Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la oficina de pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta ley.

"Asimismo, el gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la oficina de pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados."

"Transitorio:

"...

"Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta ley adquieran el carácter de jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la oficina de pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.

"Por lo que respecta a las aportaciones del 18.5% que el gobierno del Estado se obliga a realizar al fondo de pensiones, estas las enterará con apego a lo señalado en el artículo 18 de esta ley."

Ahora, las hipótesis contenidas en los preceptos en cuestión, relativas al descuento del nueve por ciento para el fondo de pensiones, aparecen aplicadas a la jubilada quejosa, pues de autos se desprende que obtuvo su pensión por jubilación por dictamen de veinticuatro de septiembre de dos mil trece (foja 14):

Ver dictamen

De la imagen anterior se aprecia que se hizo la reducción a la pensión jubilatoria que recibiría la quejosa, supuesto en el cual cobra vigencia la aplicación de los preceptos transcritos, para el accionante, quien obtuvo su pensión durante la vigencia de la normatividad reformada.

De dicha demanda de garantías tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual, por auto de veinte de diciembre de dos mil trece, ordenó registrarla con el número 1626/2013 y la admitió a trámite (fojas 16 y 17).

Seguido el juicio por todas sus etapas, el Juez Federal celebró la audiencia constitucional el veinte de febrero de dos mil catorce (foja 88); y el diecinueve de mayo siguiente dictó la sentencia respectiva (fojas 89 a 104), donde concedió a la quejosa la protección federal solicitada, esencialmente porque los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al obligar a la jubilada a aportar el 9% de su salario al fondo de pensiones, contravienen el principio de equidad tributaria, pues otorgan un trato análogo o similar a dicha jubilada respecto de los trabajadores laboralmente activos, para el cobro del tributo relativo al fondo de pensiones, a pesar de que ambos sujetos poseen calidades distintas y se encuentran en situaciones jurídicas y de hecho diferentes.

Ahora, dice la recurrente en sus agravios: el Juez no se pronuncia sobre el único concepto de violación que hizo valer, dejando de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues en tal argumento hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones, por violar las garantías de seguridad social contenidas en los artículos 123, párrafos primero y segundo, apartado A, fracción VIII y apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; 138, fracción IV y 139 de la Constitución del Estado, pues de haberlo estudiado, los efectos de la concesión podrían haber sido mayores.

Que del estudio y análisis que se realice a la demanda de amparo, podrá advertirse que los conceptos de violación expuestos por la quejosa están encaminados a demostrar que los artículos tildados de inconstitucionales, son violatorios de las garantías de seguridad social consagradas en los artículos 123, apartado A, fracción VIII y apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal y 138, fracción II y 139 de la Constitución estatal, para lo cual expuso, entre otros argumentos, que mediante una ley secundaria se imponen cargas o descuentos a una pensión por jubilación que en el espíritu del legislador constitucionalista no estaban previstas, ya que su intención siempre fue que no se restringiera dicho derecho, máxime que la pensión fue obtenida en atención a los años de servicios previstos por la ley de la materia y a las aportaciones que se realizaron al fondo de pensiones en la etapa de vida activa laboral, lo que permite advertir que imponer restricciones como la prevista en los preceptos que se tildan de inconstitucionales, resulta contrario a la protección que la Constitución le otorga a la jubilación, como una remuneración digna para lograr satisfacer las necesidades básicas del pensionado y las de su familia después de que concluya su periodo productivo, sin necesidad de seguir aportando para fin alguno; además de los restantes argumentos que expuso en su demanda y que no estudió ni resolvió el Juez a quo.

Dice literalmente la recurrente, que el Juez Federal no fundó ni motivó debidamente su proceder para "negar el amparo demandado" en los términos en que lo hizo, ni expuso razón alguna para no estudiar el único concepto de violación de la demanda de amparo.

Que el Juez tampoco se pronunció respecto de las tesis aisladas y jurisprudenciales que citó en su demanda, de rubros: "PENSIÓN JUBILATORIA. GOZA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBARGO, COMPENSACIÓN O DESCUENTO HASTA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA."; "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS PENSIONADOS A APORTAR EL 10% DE SU PERCEPCIÓN AL FONDO DE PENSIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL INMERSO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)." y "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL.", teniendo la obligación de hacerlo en torno a la aplicabilidad o inaplicabilidad de los citados criterios al caso concreto.

Son infundados los agravios.

En efecto, el Juez Federal, en su resolución, en suplencia de la deficiencia de la queja, estimó que las aportaciones económicas previstas en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, son destinadas para que se pueda brindar seguridad social y constituyen el patrimonio de la oficina de pensiones del gobierno del Estado, por lo que se encuentran sujetas a los principios de justicia fiscal previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal; que tales aportaciones violan el principio de equidad tributaria establecido en el citado numeral 31, ya que los trabajadores y los jubilados se encuentran en situaciones jurídicas diferentes, puesto que el trabajador en activo está siendo obligado a realizar las aportaciones de seguridad social correspondientes, esto con el objeto de que, una vez cumplidos los requisitos legales, sea susceptible de obtener una pensión, ya sea por jubilación o cualquiera otra; por su parte, el jubilado se encuentra en una situación diferente, toda vez que éste ya cumplió con los requisitos legales para la obtención de una pensión, además de que dicho estatus jurídico se atribuye a las personas que se encuentran en una situación de retiro, cuando ya han pasado por la diversa hipótesis de trabajadores en activo, etapa en que prestaron sus servicios al Estado en donde, a su vez, erogaron a manera de aportaciones de seguridad social un determinado porcentaje de su salario para el rubro de pensiones, para después estar en aptitud de acceder a una pensión y, no obstante lo anterior, se le descuenta el 9% para el fondo de pensión; lo que conlleva a que el legislador local da un trato igual, similar o análogo a contribuyentes que se encuentran en diferente hipótesis jurídica de causación (trabajadores laboralmente activos y jubilados), contraviniendo de esa manera el principio de equidad tributaria.

Ahora, dice la quejosa que el a quo omitió analizar su único concepto de violación, en donde alega la inconstitucionalidad de los preceptos de referencia por violar la garantía de seguridad social, así como las tesis que invoca relativas a que los artículos impugnados transgreden el artículo 123 constitucional; pues con tal estudio se concedería el amparo para dejar sin efecto la orden o resolución que se hubiera emitido con todas sus consecuencia, se le devuelvan los descuentos y se le siga cubriendo íntegra su pensión, sin ningún descuento por el concepto de aportación al fondo de pensiones.

Respecto de lo anterior, debe decirse que si bien el Juez Federal no se pronunció literalmente en cuanto al concepto de violación hecho valer, ni se pronunció respecto de las tesis previamente citadas, pues de oficio estimó que los artículos tildados de inconstitucionales violaban los principios de equidad tributaria por dar un trato diverso a los jubilados en relación con los trabajadores en activo, lo cierto es que tal omisión no trasciende al resultado del efecto del amparo, ni su estudio provocaría una concesión mayor a la ya obtenida; puesto que tal y como lo adujo el Juez Federal, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, sí atentan contra el principio de igualdad o equidad tributaria; tema que ya ha sido reiterado por este órgano colegiado en los amparos en revisión 182/2013, 83/2014 y 116/2014, en los cuales, además de analizarse la inconstitucionalidad de los citados artículos, por violar el principio de igualdad, también se ha analizado la inconvencionalidad e inconstitucionalidad por transgresión al artículo 123 constitucional, esto es, a la garantía de seguridad social -siendo este último aspecto del cual pide la recurrente en sus agravios se analice-, ya que sustancialmente en los precedentes de este propio tribunal se ha establecido lo siguiente:

Los derechos laborales que derivan de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, en lo que interesa dice:

"Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores:

"...

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación; la invalidez, vejez y muerte."

Numeral que establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, tales como el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana.

La garantía en cuestión tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el entendido de que éstas pueden ampliarse, pero nunca restringirse.

Luego, la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado incluye la pensión por años de servicios, la cual no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituya su única fuente de ingreso.

En otro orden de ideas, no pasa inadvertido para este cuerpo colegiado que el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó la denominación del capítulo I del título primero, y los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, fracción X, 97, 102, apartado B y 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificaciones que entraron en vigor al día siguiente de su publicación, que fue el once de junio de dos mil once, quedando derogadas todas las disposiciones contrarias al sentido de la reforma.

El dispositivo 1o. reformado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Del contenido del precepto en cuestión se desprende el establecimiento de los principios siguientes:

1) Interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos;

2) Interpretación pro homine o más favorable a la persona, de la Constitución y las leyes secundarias;

3) Interpretación amplia y expansiva de los derechos humanos, acorde con los subprincipios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad; y,

4) Obligación de las autoridades de prevenir, investigar, reparar y sancionar las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales de la materia; así como, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que gocen del mismo reconocimiento.

Derivado de lo anterior, en la actualidad, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, acorde con cada uno de los principios apuntados; y, esto, tratándose de autoridades como los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, implica una nueva práctica jurisdiccional, dado que el control de regularidad constitucional de los actos, o su concordancia con lo dispuesto en tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya no es labor exclusiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, de conformidad con lo prescrito por el artículo 1o. de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto por el diverso numeral 133 del mismo ordenamiento, todas las autoridades del país, incluidas las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo que, de eludirse dicha facultad u obligación, se reflejaría un incumplimiento dentro del orden interno y también dicha omisión tendría consecuencias en el orden internacional, como más adelante se verá.

No puede perderse de vista que tanto en relación con la configuración del control constitucional difuso, como en lo relativo a la obligación de ejercer oficiosamente el control de convencionalidad, es menester que se atienda a lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el expediente varios 912/2010, consultable en versión electrónica en el sitio en Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil once, donde se establecen criterios que orientan el entendimiento de dichas obligaciones, mismos que se concretan en los siguientes principios:

• El Estado Mexicano, en su conjunto (es decir, todas las autoridades que lo componen, con independencia de su rango, ramo, jerarquía y competencia), está sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha sido aceptada, en relación con el cumplimiento de lo pactado internacionalmente, en especial, en materia de derechos humanos;

• En observancia de la Constitución Federal, y por virtud de la vinculación internacional, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales donde el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger;

• Junto a los Jueces, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona;

• Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso precepto 133 de la propia Constitución Federal, para determinar el marco dentro del cual debe realizarse este control de convencionalidad, lo que claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico;

• Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el precepto 1o., los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior;

• Si bien los Jueces ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia;

• El mecanismo para el control de convencionalidad de oficio, en materia de derechos humanos, debe ser acorde al modelo general de control establecido constitucionalmente por los dispositivos 1o. y 133.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que por virtud de la reforma constitucional de junio de dos mil once, el control constitucional exclusivamente concentrado fue superado, debiendo todos los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no sólo realizar dicho control, sino que también deberán observar el control de convencionalidad, cuya sujeción, por parte del Estado Mexicano, derivó de la mencionada reforma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25274-12123557/pensiones-para-los-trabajadores-del-gobierno-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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