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Modo: Corpus Pro

PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2017. · Registro digital (IUS): 27412
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 921.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios provenientes de un Pleno Especializado y un Tribunal Colegiado de distintos Circuitos sobre asuntos de la materia administrativa.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca.

TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales en las ejecutorias respectivas.

I. Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 20/2017

A. Antecedentes

1. Una derechohabiente promovió juicio de amparo contra el de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, a quien le reclamó:

"Los segundos o ulteriores actos de aplicación de los artículos 6o., fracción III, 18, párrafo segundo, y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores de Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante Decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, que han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; actos contenidos en el comprobante de pago de mi pensión de jubilación del mes de noviembre de 2016, que me fue entregado el 03 de noviembre de 2016, en el que la autoridad señalada como responsable me aplica dos descuentos por la cantidad de $********** (**********), cada uno por concepto 202 FDO. D Pensiones; más los subsecuentes descuentos que se me pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto a partir de diciembre de 2016 en adelante, mientras conserve el derecho a recibir mi pensión de jubilación, pues están apoyados en los citados preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia."

2. Del asunto conoció el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien lo registró bajo el expediente 257/2016 y, seguida la secuela procesal correspondiente, dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la quejosa por el segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6o., fracción III, 18, párrafo segundo, y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, sin que fuera posible desincorporar en lo futuro su aplicación, porque ello debía analizarse en cada caso concreto.

3. La quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo registró bajo el expediente RA. 20/2017.

B. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito

En sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, dicho Tribunal Colegiado de Circuito dictó ejecutoria, en la que modificó el efecto concesorio de la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, con base en las consideraciones que se sintetizan a continuación:

Los descuentos a la pensión reclamados como ulterior acto de aplicación se fundaron en disposiciones de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca que fueron declaradas inconstitucionales en la jurisprudencia: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD."(2)

En primer término, destacó que no se atendió a la cuestión efectivamente planteada respecto de los efectos fijados en relación con el fallo protector, pues la quejosa no sólo señaló como reclamados los segundos o ulteriores actos, traducidos en los descuentos efectuados al monto de su pensión en el mes de noviembre de dos mil dieciséis, sino también los subsecuentes descuentos que se le pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto a partir de diciembre de dos mil dieciséis y en adelante, mientras conserve el derecho a recibir su pensión respectiva, al encontrarse apoyados dichos descuentos en preceptos declarados inconstitucionales e inconvencionales. Indicó que éstos no se trataban de actos futuros de realización incierta, sino de actos inminentes que continuaban sobreviniendo mes con mes mientras perdurara el derecho a recibir la pensión.

En el caso la quejosa planteó un amparo para revisar la legalidad de los segundos o ulteriores actos de aplicación (traducidos en descuentos de noviembre de dos mil dieciséis), así como los subsecuentes descuentos que se pretendan aplicar cada mes (a partir de diciembre de ese año) en relación con normas generales declaradas inconstitucionales e inconvencionales.

Sin que la circunstancia de que no se hubiese impugnado el primer acto de aplicación, como lo fue el dictamen de pensión de jubilación de treinta de junio de dos mil dieciséis, impida que la quejosa reclame vía amparo, los segundos o ulteriores actos de aplicación, como lo es el descuento aplicado en el pago de su pensión de noviembre de dos mil dieciséis, más los subsecuentes descuentos que se produzcan a partir de diciembre siguiente y posteriores, mientras dure la pensión, derivados de la aplicación de artículos declarados inconstitucionales e inconvencionales por ese órgano colegiado.

Consideró que al haberse realizado los descuentos estipulados en la ley de pensiones impugnada, en agravio de la jubilada quejosa, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos debatidos, resulta evidente que se conserva el derecho para obtener la protección constitucional de los actos que reclame, los cuales materializan el contenido de las disposiciones contrarias a las normas fundamentales.

Señaló que la jurisprudencia P./J. 8/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.",(3) permitía que se impugnaran ulteriores actos de aplicación de preceptos declarados inconstitucionales, por lo que aun cuando la quejosa consintiera el proceso legislativo y su ejecución al no promover en tiempo el juicio de amparo, ello no veda su derecho de impugnar los actos ulteriores de aplicación, como los diversos descuentos que se realizaron a partir del mes de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, los subsecuentes, los cuales se impugnan oportunamente.

Indicó que en el caso concreto, los actos subsecuentes sí habían sido señalados como reclamados en la demanda de amparo, respecto de los cuales se solicitó a las autoridades responsables informe justificado y en relación con los cuales debió emitirse una sentencia congruente y exhaustiva, en tanto que los descuentos subsecuentes sí formaron parte de la litis constitucional.

Es decir, dada la declaratoria de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos en que se fundan los descuentos impugnados, es jurídicamente posible que los efectos del fallo se hagan extensivos a los demás actos inminentes también reclamados por así haber sido combatidos expresamente en el amparo, en tanto que no puede soslayarse que se trata de actos calificados como inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia, y siendo oportuna la presentación de la demanda de amparo por lo que hace al segundo o ulterior acto de aplicación, aunado a que la finalidad última es la prevalencia de la Constitución y evitar que los gobernados tengan que promover diversos juicios de amparo contra cada descuento que se les efectúe mientras dure su pensión.

En ese sentido, modificó la sentencia reclamada para el efecto de que se le reintegraran a la quejosa los descuentos realizados en noviembre y diciembre de dos mil dieciséis y subsecuentes que se hubieren realizado hasta que se cumplimentara la ejecutoria de amparo con motivo de los actos de aplicación expresamente combatidos, así como para que ya no se realizaran los descuentos posteriores a la pensión jubilatoria de la que se pedía el amparo, con apoyo en las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales.

II. Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2015

La contradicción de tesis se originó con motivo de la promoción de juicios de amparo indirecto, donde se señaló como acto reclamado el indebido descuento a las pensiones que, por jubilación y por vejez se otorgan a las partes quejosas, con fundamento en la aplicación del artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional por la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."(4)

El punto de contradicción en esos asuntos consistió en definir si los efectos de la concesión del amparo respecto del referido acto reclamado debían limitarse al acto de aplicación señalado en la demanda de amparo o si, por el contrario, dichos efectos debían ampliarse a los actos anteriores donde se hubiere aplicado dicho precepto legal, así como al futuro.

Al respecto, determinó que debía prevalecer como jurisprudencia, la siguiente:

"ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Cuando se impugna un ulterior acto de aplicación del artículo indicado, por virtud del cual se disminuye el monto de alguna de las pensiones que por jubilación o viudez percibe el quejoso, la protección constitucional que se otorgue con base en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo declaró inconstitucional, debe ser para el efecto de que aquél se le reintegre únicamente el descuento realizado indebidamente con motivo del acto de aplicación combatido, sin que pueda ordenarse respecto de descuentos efectuados con anterioridad, toda vez que fue consentida la norma declarada inconstitucional, al no haberla impugnado oportunamente, sin que pueda desincorporarse en lo futuro su aplicación, pues ello deberá atacarse en cada caso concreto."(5 )

Las consideraciones plasmadas por el Pleno de Circuito contendiente que dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia transcrita fueron, en esencia, las que a continuación se sintetizan:

La conclusión alcanzada por el Pleno de Circuito partió del estudio de lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, donde se contemplan las reglas que rigen los efectos del amparo, los cuales tratándose de actos positivos, deben restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Sostuvo que el hecho de que en un juicio de amparo, donde se reclame la aplicación de una norma declarada inconstitucional, se acoten los efectos a partir del acto señalado en ésta, respeta los principios de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias de amparo, pues a partir de éstos se colige que el fallo debe atender únicamente a la litis de amparo sin omitir nada, ni añadir cuestiones que no se hicieron valer en la demanda correspondiente.

Añadió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando se reclama un acto de carácter positivo, los alcances de la protección constitucional consistían en la restitución de las cosas al estado en que se encontraban a partir de la violación, lo cual debía entenderse desde el acto de aplicación señalado en la demanda de amparo.

Refirió que resultaba incorrecta la precisión de los efectos del amparo concedido contra la aplicación del numeral 51, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de Nación, extendidos a partir del primer acto de aplicación con independencia de la fecha del acto de aplicación reclamado en la demanda de amparo.

Destacó que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes había resuelto que tratándose del amparo contra normas generales, los efectos del fallo protector actuaban hacia el pasado destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio de amparo, así como los futuros, en el caso concreto, no se combatía una norma general, sino un acto emitido en aplicación de un precepto declarado como inconstitucional.

Precisó que los efectos restitutorios a los que se refería el artículo 77 de la Ley de Amparo no debían entenderse como retroactivos, pues los últimos implicaban conceder la prerrogativa constitucional respecto de actos distintos a la motivación de la demanda de amparo, lo que resulta contrario al esquema legal que rige dicho juicio, por lo que cuando se impugna un acto de aplicación de una norma declarada inconstitucional, únicamente podían otorgarse efectos presentes.

Asimismo, consideró que estimar lo contrario constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, generando estado de indefensión para las autoridades responsables al no otorgarles intervención como parte procesal respecto de dichos actos, así como inseguridad jurídica derivada de la extensión de los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado.

Por otro lado, determinó que tampoco era factible otorgar efectos futuros en esos casos concretos, pues al analizar los asuntos donde se impugnaba la negativa de devolución de aportaciones fundada en el artículo octavo transitorio del decreto de reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio obligatorio en el sentido de que la concesión del amparo no podía tener como efecto invalidar otros perjuicios ocasionados por aplicaciones diversas al acto reclamado, ni evitar que en lo futuro se aplicara de nueva cuenta la ley al quejoso por haber sido consentida por no impugnarse desde el primer acto de aplicación.(6)

En ese contexto precisó que la concesión del amparo que se promueve contra un acto concreto de aplicación del artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se traduce en el descuento de nómina de la pensión de viudez por concepto de compatibilidad de pensión que percibe el beneficiario, debe ceñirse a dicho acto, sin que de modo alguno pueda estimarse que, por tratarse del derecho de pensión el cual se ejerce periódicamente, deba hacerse extensiva la concesión del amparo a meses posteriores en que el quejoso o quejosa seguirá recibiendo esa prestación.

Atento a lo anterior, sostuvo que si bien en amplísima suplencia de la queja, los efectos del juicio de amparo podrían extenderse al futuro evitando que los jubilados se encuentren obligados a promover dicho medio de impugnación cada que se realicen los descuentos mensuales, dicho Pleno de Circuito no estaba facultado para inaplicar los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a los efectos de los actos ulteriores de aplicación de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia.

Añadió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la suplencia de la deficiencia de la queja no llega al extremo de modificar el régimen establecido en la Constitución y en la Ley de Amparo, lo cual se reflejaba en las tesis 1a. XVII/2007 (9a.) y 1a. CCXXIV/2015 (10a.), de rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD."(7) y "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO."(8)

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. A fin de verificar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno surgido por el sistema de reiteración, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)

Conforme al criterio anterior, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

De la lectura de los criterios contendientes se advierte que ambos órganos jurisdiccionales atendieron a la misma cuestión jurídica relativa a la posibilidad de extender los efectos del amparo hacia el futuro, cuando en la demanda de amparo se reclame el segundo o ulterior acto de aplicación, consistente en el indebido descuento mensual de pensiones con fundamento en la aplicación de preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia.

En este punto, conviene precisar que si bien el Pleno de Circuito, a diferencia del Tribunal Colegiado de Circuito, no se pronunció expresamente sobre la interpretación de la demanda de amparo y la posibilidad de que el quejoso dentro de los actos reclamados en la demanda de amparo sí señale los subsecuentes actos de aplicación, dentro de las consideraciones que sustentaron su fallo, realizó pronunciamientos donde vedó toda posibilidad de que en este tipo de amparos la protección constitucional alcance a los descuentos futuros, ni aun por la razón de que verse sobre la materia de pensiones donde los descuentos se realizan de manera periódica.

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito concedió el amparo respecto de los montos que fueron descontados de la pensión de jubilación, en aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, por lo que hacía a los descuentos presentes y futuros.

Arribó a dicha conclusión bajo la premisa relativa a que tratándose de la impugnación del segundo o ulterior acto de aplicación de preceptos declarados inconstitucionales tratándose de descuentos periódicos a la pensión de jubilación, en el juicio de amparo existe posibilidad de otorgar la protección jurisdiccional cuando éstos se impugnan oportunamente, pues éstos eran inminentes y respecto ellos otorgó la posibilidad a las autoridades responsables de rendir su informe justificado y emitir una sentencia congruente y exhaustiva.

Indicó que ello atendía a que no podía obligarse a los gobernados a promover un juicio de amparo contra cada descuento efectuado a su pensión.

En contraste, al resolver la contradicción de tesis 4/2015, el Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito determinó que no era factible de ningún modo que en los casos donde se señalara como acto reclamado el indebido descuento a las pensiones de jubilación y vejez otorgadas a los quejosos, con fundamento en la aplicación del artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se extendieran los efectos de la concesión respecto de actos de aplicación futuros, pues aún en amplísima suplencia de la queja, existía jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde los efectos a futuro sólo eran propios de los juicios de amparo contra leyes.

En ese sentido, señaló que si bien cuando se trataba del juicio de amparo donde se impugnaran normas generales, los efectos alcanzaban al primer acto de aplicación y se extendían al futuro, lo cierto era que en los juicios de amparo de los que derivó esa contradicción, no se reclamó como acto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, sino un acto emitido en aplicación de un precepto declarado inconstitucional, por lo que los efectos debían limitarse a invalidar el acto de aplicación.

Así, del análisis comparativo de las resoluciones reseñadas, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los órganos involucrados se basaron en los mismos supuestos, a saber:

a) Se determinó el alcance de los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto de juicios de amparo donde se señaló como acto reclamado un indebido descuento mensual a las pensiones de seguridad social de los quejosos.

b) En ambos supuestos el acto impugnado consistió en un ulterior acto de aplicación, es decir, no se reclamó la norma general en que se fundó el acto de aplicación.

c) Existe jurisprudencia que declara inconstitucionales los preceptos que sirvieron de fundamento para realizar los descuentos a las pensiones.

Sin embargo, sostuvieron conclusiones diferentes.

Por un lado, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito determinó que los efectos del amparo en ese caso podían ser para que cesaran los descuentos de la pensión hacia el futuro y se restituyeran las cantidades indebidamente descontadas hasta el momento que se cumpliera la sentencia siempre que se hubieran reclamado los descuentos posteriores a la presentación de la demanda. En cambio, el Pleno de Circuito resolvió que los alcances de la concesión debían impactar únicamente al acto de aplicación, sin que de ningún modo puedan comprender los subsecuentes descuentos futuros.

Cabe destacar que en el amparo en revisión 34/2015, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que fue uno de los criterios contendientes en la contradicción de tesis 4/2015, sí se reclamaron los descuentos futuros en la demanda de amparo.

Entonces, es posible concluir que, en el caso, existe contradicción de tesis y, que el punto en controversia girará en torno a determinar si en los juicios de amparo indirecto procede conceder la protección constitucional cuando en la demanda se señalen como actos reclamados los descuentos al monto de una pensión de seguridad social fundados en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, así como los subsecuentes donde se pretenda aplicar la misma norma general respecto de la misma pensión.

QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Respecto al tema en análisis, cabe destacar que esta Segunda Sala en sesión de diecinueve de abril de dos mil diecisiete resolvió la contradicción de tesis 223/2016, donde se analizó una cuestión relacionada con el que se dilucidará en esta contradicción. En ese asunto también participó como criterio contendiente el emitido por el Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2015.

En dicha contradicción de tesis el punto a dilucidar consistió en determinar si en los juicios de amparo indirecto en los que se impugnara la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y no se señalara esa norma general como acto reclamado, los efectos de la concesión del amparo debían limitarse al acto de aplicación, o también implicaban la restitución por actos anteriores al reclamado y la vinculación de la autoridad en la futura desaplicación de dicho precepto legal respecto de los descuentos subsecuentes a los que habían sido objeto de reclamo.

Al respecto, se emitió la jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes:

"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA. Cuando el juicio de amparo se promueva contra los actos de aplicación del precepto citado, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) (*), por regla general, el efecto de la protección no puede llevarse al extremo de impedir su aplicación futura en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, ni afectar actos distintos al reclamado, cuya constitucionalidad no haya sido impugnada en la demanda, pues el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. Lo anterior, en el entendido de que, excepcionalmente, la concesión del amparo podrá tener efectos futuros cuando se impugne una resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que por su contenido y naturaleza implique el ajuste de los pagos subsecuentes sin los descuentos fundados en la norma referida.(10)

"Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 553, con el rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."

Para arribar a esa conclusión, esta Segunda Sala se basó en las siguientes premisas generales:

a) De conformidad con las reglas del juicio de amparo indirecto, la inaplicación de una norma a futuro de la esfera jurídica del quejoso únicamente es propia del juicio de amparo contra normas generales.

b) Existe la posibilidad de que, sin que se haya reclamado la norma general, se impugnen actos concretos de aplicación. En esos casos, los efectos del amparo únicamente podrán recaer sobre los actos concretos sin que implique la inaplicación a futuro de la norma de la esfera jurídica del quejoso.

c) Una vez definida la litis en el juicio de amparo no puede variarse fuera de las propias reglas aplicables a ese juicio, dado que el órgano de amparo debe abocarse exclusivamente a resolver la controversia particular que ha sido planteada, en atención al principio de congruencia, además que generaría un desequilibrio procesal grave entre las partes.

d) Si bien el artículo 78 de la Ley de Amparo autoriza al órgano de amparo a especificar qué medidas adicionales a la inaplicación de una norma general, éstas únicamente se aplican a los juicios de amparo en los que se cuestiona la constitucionalidad de una norma general.

e) Únicamente pueden ser materia del juicio de amparo los actos reclamados por la parte quejosa desde la presentación de la demanda o actos que hubiesen sido incorporados a la litis por el órgano de amparo en suplencia de la queja, acorde a las reglas procesales respectivas, y que así se precisaran en el acto de admisión de la demanda o en un acto procesal posterior, pero siempre y cuando se solicite informe justificado a las autoridades responsables y se corra traslado, en su caso, a los terceros interesados y al Ministerio Público de la Federación.

f) Los lineamientos constitucionales que rigen al juicio de amparo contienen mandatos claros respecto al contenido de la sentencia de amparo y a los efectos y medidas que deben incorporarse en ella, sin que se autorice a variar o complementar lo planteado en la demanda de amparo.

g) Ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a esta última, autorizan la incorporación de cuestiones no litigadas durante el juicio en una sentencia, pues ello iría contra los principios de congruencia, debido proceso y legalidad, tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

h) La concesión del amparo contra los actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto recla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27412-356b5780/pensiones-procede-otorgar-el-amparo-promovido-contra-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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