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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS. PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. · Registro digital (IUS): 25567
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 897.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. PONENTE: FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. SECRETARIO: HUGO REYES RODRÍGUEZ.

Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al veintisiete de agosto de dos mil catorce.

VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia. Por oficio número 5557, de nueve de septiembre de dos mil trece, recibido en este Pleno del Quinto Circuito el once siguiente, el Magistrado Héctor Guillermo Maldonado Maldonado, entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el Tribunal Colegiado que presidía, al resolver el amparo administrativo en revisión 381/2012, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al fallar el amparo administrativo en revisión número 361/2012.

SEGUNDO. Trámite de la denuncia y turno. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, el Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, en suplencia del presidente del Pleno del Quinto Circuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 3/2013; asimismo, en el propio auto, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que enviaran las versiones electrónicas de las ejecutorias en cuestión, a la cuenta de correo electrónico que para tal efecto indicó, y para que informaran si los criterios que sustentaron en las mismas se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Por auto de veinte de septiembre de dos mil trece, se tuvo a los Tribunales Colegiados contendientes remitiendo la información que les fue requerida y se turnaron el expediente y sus anexos al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El tres de julio de dos mil catorce, la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya, presidente del Pleno del Quinto Circuito, con vista en el estado procesal que guardaban los autos de este expediente y con motivo de que el veintinueve de enero del año en curso el Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez dejó de ser integrante del Pleno de este circuito, a fin de regularizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y VII, y 38 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, que establecen que dicho órgano colegiado podrá acordar el returno de los asuntos, y, además, facultan al presidente del Pleno de Circuito para dictar los trámites que procedan en los asuntos de su competencia, acordó returnar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis al Magistrado Federico Rodríguez Celis, actual presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto correspondiente.

TERCERO. Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el treinta de mayo del referido año.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues fue realizada por el entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

TERCERO. Posturas contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, ha establecido que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones, con independencia de que las cuestiones fácticas que rodean esos puntos de derecho no sean exactamente iguales.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee bajo el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

En el anterior orden de ideas, con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de trece de diciembre de dos mil doce, al resolver el amparo administrativo en revisión 381/2012,(2) en la parte que interesa, consideró lo que enseguida se transcribe:

"SÉPTIMO. Los agravios son fundados, en parte, y de estudio innecesario, en otra.

"En efecto, resultan fundados en la parte que el inconforme aduce que ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con base en el cual se le efectuaba el descuento del diez por ciento de su pensión por concepto de fondo de pensiones, los efectos de la protección constitucional concedida debieron ser que se le devolvieran todas las cantidades que le hubieran sido descontadas por concepto de fondo de pensiones (con base en la aplicación del citado numeral), y no sólo aquellas que se le hubieran efectuado a partir del uno de agosto de dos mil doce, fecha que aparece en el recibo con el cual se acreditó la aplicación del referido artículo.

"Afirmación que sustenta en el hecho de que el artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada; así como en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, de rubro: ‘LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).’; así como de las diversas P./J. 112/99 y 2a./J. 93/2011, de rubros: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ e ‘INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.’

"Se sostiene lo anterior pues, como lo afirma, la finalidad de la concesión del amparo es que se restituya al quejoso en el pleno goce de la garantía violada; de tal suerte que si se declara inconstitucional un precepto en virtud del cual se le efectuaba un descuento y no se ordena la devolución de la cantidad total descontada por concepto de la aplicación del mismo, ello se traduce en una incongruencia -entre lo pedido por el quejoso en la demanda y lo otorgado en la sentencia- y conlleva a la contravención de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.

"Es así pues, evidentemente, el quejoso sólo verá reparada la violación actualizada si se le devuelve la totalidad de las cantidades que se le descontaron por concepto de la aplicación del precepto declarado inconstitucionalidad.

"Ahora bien, en el caso, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, pues consideró inconstitucional el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; luego, es inconcuso que la protección constitucional otorgada, efectivamente, conlleva la devolución de las aportaciones que le hubieran descontado al quejoso de su pensión por el concepto denominado fondo de pensiones, en aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a partir del primer acto de aplicación, así como las subsecuentes.

"Ello, habida cuenta que, al ser inconstitucional la norma de que se trata todo lo actuado con fundamento en ella es inválido y, por ende, debe tenerse presente que sólo de tal modo se le restituye en el goce de la garantía violada al peticionario de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de la materia.

"Por tanto, si el Juez ordenó la devolución de esas aportaciones a partir del uno de agosto de dos mil doce, es indudable que aun cuando afirme haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, no lo hizo.

"Lo anterior, toda vez que si bien es verdad que es esa fecha la que aparece en el recibo que exhibió el demandante constitucional para acreditar la existencia del acto de aplicación, también lo es que no afirmó que éste fuera el primero de los descuentos efectuados -es decir, el primer acto de aplicación- y, desde luego, no lo fue.

"Cierto, como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso refirió:

"‘Además de la fecha declarada anteriormente como el primer día que tengo conocimiento del acto reclamado. Deseo precisar, que en mi talón de pago también se exhibe otra fecha y ésta se refiere a la fecha de pago, siendo el primer día del mes (01/08/2012), y ésta es impresa en mi comprobante de pago (talón de cheque) por la responsable Isssteson; de igual manera, en este comprobante de pago, se exhibe también una leyenda, que anuncia cuándo se efectuará el próximo pago, siendo estos pagos entre los días 1 al 5 del próximo mes que se trate.

"‘De lo expuesto en el párrafo anterior, es mi deseo exponerle C. Juez, que el pago de mis remuneraciones que recibo como pensión, me son depositados en una cuenta bancaria, mismas percepciones que pone la banca a mi disposición entre el día uno y el cinco de cada mes y en lo que quiero ser reiterativo, es en señalar, que mi talón de pago lo recogí el día señalado en el capítulo «V. Fecha de conocimiento del acto reclamado». Esto, debido a que éste se recoge en la instancia «Oficinas centrales del Isssteson», ubicado en Blvd. Hidalgo No. 15 Col. Centro en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

"‘Señalo lo anterior, para que, al buscar la precisión de la fecha del acto reclamado, no haya confusión entre las fechas que se exhiben en mi talón de pago y la fecha que estoy señalando como el primer día que me entero del acto reclamado.

"‘Asimismo, me permito aclararle que el suscrito quejoso sí tenía conocimiento del descuento concepto 83 del talón de cheques que se me entrega como comprobante de pago de mi pensión, mas no que ese descuento del concepto 83 estuviera relacionado de forma alguna con la aplicación del precepto tildado de inconstitucional, ya que en ningún momento se me aclaró dicha relación y en todo momento, la responsable me manejó que el descuento que se me hacía como concepto 83 se trataba de un ahorro como pensionado. Asimismo, le aclaro que mi talón de cheques acredita la existencia del acto que reclamo, mas no se puede acreditar con él la fecha de conocimiento del acto reclamado, ya que no existe relación clara y precisa de uno para con el otro. ...’

"El contenido de la transcripción previa pone de manifiesto que si bien el quejoso exhibió el recibo correspondiente al uno de agosto de dos mil doce, para acreditar la aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no manifestó que éste fuera el primer acto de aplicación; más aún, expresamente, afirmó que sí tenía conocimiento de que previamente se le efectuó un descuento por concepto ochenta y tres, pero no del fundamento legal, pues creyó que se trataba de un ahorro como pensionado.

"En ese orden, debe concluirse que el quejoso no señaló que el recibo en mención acreditara el primer acto de aplicación del precepto multicitado y, se reitera, no lo es.

"Afirmación que se vierte, pues el exhaustivo análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto permite advertir que a foja sesenta y ocho obra copia certificada de la documental, en la cual, constan las percepciones y deducciones de la pensión otorgada al ahora inconforme en el mes de mayo de dos mil doce, entre las cuales obra el descuento del diez por ciento de la pensión por concepto de fondo de pensión, aunque ahí se identifica con el número treinta y uno.

"De ahí que se concluya que la deducción por concepto de fondo de pensiones se efectuó al quejoso, incluso, desde antes del uno de agosto de dos mil ocho, que es la fecha que aparece en el recibo que exhibió como anexo a la demanda de amparo, para justificar la existencia de un acto concreto de aplicación.

"Luego, no debe confundirse el primer acto de aplicación -real- con aquel que sin ser el primero aplicado fue el primero de cuyo fundamento tuvo conocimiento el quejoso.

"En tal contexto, se impone ordenar la devolución del total de las aportaciones que le fueron descontadas al quejoso por concepto de la aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a partir del primer acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional, así como las subsecuentes.

"Sobre el particular, cabe invocar, por analogía, la jurisprudencia con número de clave 2a./J. 188/2004,(3) de rubro y texto siguientes:

"‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: «LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.», el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.’."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el uno de febrero de dos mil trece(4) el amparo administrativo en revisión 361/2012, determinó lo siguiente:

"CUARTO. Son infundados los agravios hechos valer.

"Aduce en ellos la recurrente que interpuso demanda de garantías, señalando como autoridades responsables al Congreso del Estado de Sonora, al gobernador del Estado de Sonora y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de quienes reclamó la promulgación, aprobación y expedición del decretó que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la ley 38 que regula el funcionamiento del instituto de seguridad antes mencionado, específicamente, el contenido del artículo 60 Bis ‘B’, y la aplicación en su perjuicio de dicha disposición.

"Refiere también que, entre los antecedentes del acto reclamado, precisó que se le estaba haciendo el descuento del 10 % de su pensión mensual por parte de la responsable, y que no tenía conocimiento que el descuento que aparecía en su talón de pago, correspondía al concepto establecido en el artículo 60 Bis ‘B’ de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, porque sólo estaba identificado como concepto 83.

"Menciona que el Juez Tercero de Distrito le concedió la protección constitucional solicitada, acorde a las violaciones evidenciadas en el juicio, sin embargo, al precisar los efectos, ‘... debió de señalar que se debe restituir al quejoso de todos los derechos o descuentos que se le aplicaron y no desde una fecha específica como lo hace. ...’

"Esto es, que le causa agravio que se decrete que se regrese sólo una parte de los descuentos realizados, contados a partir del uno de agosto de dos mil doce, ‘cuando los descuentos realizaron (sic) fueron con aplicación del artículo 60 Bis B de la ley decretada como inconstitucional y no observar lo que dice el artículo 80 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia. ...’

"Sostiene que el Juez constitucional omitió señalar que la responsable deje insubsistente todo acto que le haya aplicado y deje de aplicarle el precepto ya señalado y le regrese todo lo que le descontó desde el primer descuento aplicado, que se lo devuelva en una sola exhibición y en un plazo prudente, dado que dichas aportaciones se encuentran estrechamente vinculadas con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de la norma.

"Considera, además, que el Juez de Distrito dejó de observar los hechos notorios que se le anexaron a la demanda, donde se les hicieron saber de muchos juicios resueltos por los tres Tribunales Colegiados, donde se dejaron claramente expuestas la argumentación y la interpretación del precepto tildado de inconstitucional, criterios que deben ser obligatorios para el Juez, pero que dejó de observar.

"Las consideraciones que esgrime la quejosa son infundadas.

"Tal como se menciona en las inconformidades, de los autos que informan del acto reclamado en el juicio de garantías, del cual deriva el presente recurso, se conoce que con fecha catorce de agosto del año dos mil doce, la aquí inconforme ********** reclamó el proceso legislativo mediante el cual se aprobó el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente el contenido del artículo 60 Bis ‘B’, en el que se establecía un descuento de fondo de pensiones.

"Al efecto anterior, a fin de demostrar el primer acto de aplicación del contenido de la norma precitada en su perjuicio, la quejosa exhibió copia certificada de la credencial expedida por el instituto de seguridad mencionado, así como del talón de pago correspondiente a la pensión de fecha uno de agosto de dos mil doce, que contiene la clave de deducciones ‘83. Fondo de pensiones’.

"Ahora bien, el Juez Tercero de Distrito, al pronunciar la sentencia reclamada, estimó que el contenido del talón de pago exhibido por la actora, correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, demostraba el acto de aplicación del numeral tildado de inconstitucional, porque con independencia de que en éste no se mencionara el artículo 60 Bis ‘B’ del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, atento al contenido al talón de pago que confrontado con el numeral impugnado, se advertía el descuento de una cantidad mensual correspondiente al fondo de pensiones hasta por el 10%, y de las cantidades descontadas aparecía que correspondía, precisamente, al monto o porcentaje previsto en el artículo 60 Bis ‘B’ precitado, de lo que se estableció que el talón de pago de uno de agosto resultaba eficaz para tener por demostrado el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

"También se advierte de la sentencia reclamada, que el estudio hecho por el Juez de amparo concluyó en que la norma cuestionada en el juicio resultaba inconstitucional por contrariar la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción VI, de la Constitución Federal de la República y, atento a ello, ‘... lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********** para el efecto de que la autoridad responsable, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, desaplique en beneficio de la quejosa el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, desincorpore de su esfera jurídica la obligación prevista en la norma impugnada, no sólo respecto del acto de aplicación que aquí se combate, sino que en lo futuro, hasta en tanto la misma continúe vigente y, asimismo, le haga devolución de las cantidades descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones con la clave 83, a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago de uno de agosto de dos mil doce; dado que dichas aportaciones se encuentran estrechamente vinculadas con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de tal norma. ...’

"Atento al sentido y efectos de la concesión del amparo, es inconcuso que contra lo que afirma la recurrente, el Juez de Distrito estableció en forma clara los alcances de la concesión del amparo, precisando, en forma específica, cuál era la actuación que debía seguir la autoridad responsable, a efecto de restituir al quejoso en el goce de las garantías violadas, tal como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, pues al efecto se determinó que debía desincorporarse de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del precepto que se declaró inconstitucional, no sólo respecto al acto de aplicación demostrado sino en lo futuro, hasta en tanto la misma continuara vigente, y se hiciera devolución de las cantidades descontadas por concepto de fondo de pensiones con clave 83, a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, que exhibió la quejosa, pues tales determinaciones corresponden en forma exacta con las pretensiones externadas por la quejosa, al plantear su demanda de garantías, pues al lograr la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, implicó que se desincorporara de su esfera jurídica la aplicación del mismo presente y futura, así como que se ordenara que los descuentos que se le habían realizado le fueran devueltos.

"Es cierto que en su demanda de garantías la quejosa mencionó que los descuentos del diez por ciento de su pensión ya se venían realizando y que no fue sino hasta el mes de agosto de dos mil doce, cuando supo que el descuento que se le hacía por concepto 83, correspondía a la aplicación del precepto que se tildó de inconstitucional, sin embargo, debe aclararse que aun cuando una sentencia de amparo que concede la protección constitucional tiene efectos restitutorios, ello no implica que los mismos puedan afectar actos distintos a aquel que dio materia al juicio de garantías y que, en su momento, justificó la oportunidad con la que se promovió la demanda correspondiente, como en el caso fue la demostración del primer acto de aplicación del precepto, mismo que la propia quejosa justificó por medio de su talón de pago correspondiente a su pensión jubilatoria del mes de agosto de dos mil doce.

"Luego, si de la demanda de amparo se advierte que la impetrante de garantías reclama como heteroaplicativa la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico, el artículo 60 Bis ‘B’, precisando, al efecto, el acto de aplicación por parte de la autoridad responsable ocurrió en el mes de agosto de dos mil doce y a efecto de demostrar tal acto anexó a su demanda el talón de pago correspondiente, entonces, el efecto del amparo, tal como lo consideró el Juez constitucional, no puede ir más allá de la fecha precisada por la propia quejosa.

"Respecto al tema, son aplicables los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes:

"‘Novena Época

"‘Registro: 179675

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘XXI, enero de 2005

"‘Materia: administrativa

"‘Tesis: 2a./J. 188/2004

"‘Página: 470

"‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, materia constitucional, página 195, con el rubro: «LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.», el e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25567-7f0ccc38/amparo-contra-normas-generales-heteroaplicativas-sus-efectos-comprenden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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