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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, DE BASE Y CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL ENTONCES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECLAMADOS COMO NORMA HETEROAPLICATIVA. EL OFICIO INFORMATIVO DE LA APLICACIÓN DE DICHA NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL AGUINALDO CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, DE BASE Y CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL ENTONCES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECLAMADOS COMO NORMA HETEROAPLICATIVA. NO ES PROPIO DEL ESTUDIO DE LA SENTENCIA, NI DE LA FIJACIÓN DE LOS EFECTOS DEL AMPARO, EL ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN ORDINARIA DE PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR DIFERENCIAS POR PAGO DE AGUINALDO. AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, DE BASE Y CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL ENTONCES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECLAMADOS COMO NORMA HETEROAPLICATIVA. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS DEL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2019. · Registro digital (IUS): 31185
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO, EL OCTAVO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo III, Pág.3142.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO, EL OCTAVO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS. SECRETARIA: MÓNICA IVETTE MACÍAS LAM.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada vía remota de once de octubre de dos mil veintidós.

VISTO para resolver la contradicción de tesis 36/2019, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Octavo, Decimosegundo y Decimonoveno (sic) , todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y

RESULTANDO

PRIMERO.—Mediante oficio I-3184 recibido el tres de diciembre de dos mil diecinueve en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Óscar Germán Cendejas Gleason, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano jurisdiccional y el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis.

TERCERO.—En acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó remitir el archivo electrónico de la ejecutoria dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve en el amparo en revisión 362/2019, e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.

CUARTO.—Por su parte, el treinta de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió el archivo electrónico de la ejecutoria dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve en el amparo en revisión 321/2019 e informó que se encontraba vigente el criterio ahí sostenido.

QUINTO.—Mediante oficio DGCCST/X/42/01/2020, el director general de Sistema (sic) de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis manifestó que en el Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de tesis, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el problema jurídico que ocupa en la presente contradicción de tesis 36/2019.

SEXTO.—Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se turnó el asunto al Magistrado Ernesto Martínez Andreu, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO.—El proyecto de la contradicción de tesis CT 36/2019 fue listado para ser visto en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y, posteriormente, para ser visto en sesión del catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

En ambas ocasiones, el asunto quedó en lista a efecto de que se recabaran precedentes de otros Tribunales Colegiados en donde se sustentaran posturas diversas a las sostenidas en las ejecutorias contendientes, ello en el entendido de que quedaba al prudente arbitrio del Magistrado ponente el determinar cuál o cuáles de ellos debían integrar la materia de estudio.

OCTAVO.—En proveído de uno de febrero de dos mil dos, el asunto fue returnado a la Magistrada María Guadalupe Molina Covarrubias, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto respectivo.

NOVENO.—La Magistrada ponente presentó dos dictámenes que tuvieron como propósito verificar si debía integrarse a la litis de la contradicción de tesis, lo relacionado con la procedencia del amparo, de acuerdo a lo discutido en sesiones llevadas a cabo el treinta y uno de agosto y catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

En específico, para dilucidar si en los juicios de amparo indirecto donde se aborda el tema que dio lugar a la contradicción de tesis se actualiza o no, la causa de improcedencia relativa al consentimiento de los lineamientos para el pago de aguinaldo reclamados, o bien, si se actualiza la causa de improcedencia derivada de la imposibilidad de concretar los efectos del amparo.

Así, la Magistrada ponente presentó dictamen a efecto de que se requiriera al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que manifestara si el criterio sostenido en el amparo en revisión 288/2021 de su índice seguía vigente.

De igual forma, presentó diverso dictamen a efecto de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindiera informe de subsistencia de criterio del sustentado en el amparo en revisión 139/2020.

DÉCIMO.—En proveído de diecinueve de abril del dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe por el cual el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito manifestó que el criterio sustentado en el asunto arriba referido continuaba vigente.

DÉCIMO PRIMERO.—En proveído de once de agosto de dos mil veintidós se tuvo por recibido el informe de subsistencia de criterio rendido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta en tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

TERCERO.—Existencia de la contradicción. Como primer punto, se examinará si es existente la contradicción de criterios denunciada.

Para tal efecto, conviene tener presente el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, «con número de registro digital: 164120», que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como la diversa 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, «con número de registro digital: 165077», que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Como se observa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para estimar existente una contradicción de tesis es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.

Por otra parte, es preciso señalar que la existencia de una eventual contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados no está limitada a los puntos que se hagan valer en la denuncia relativa, puesto que dicha actuación únicamente constituye un requisito de procedibilidad para que el órgano competente examine los criterios contendientes.

Es, en este caso al Pleno de Circuito, a quien le corresponde determinar si se configura una confronta entre puntos de derecho que exige ser esclarecida, a partir del análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas que se desenvuelvan en el caso en particular.

Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. V/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes." (Segunda Sala. Décima Época. Tesis: 2a. V/2016 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1292, aislada «con número de registro digital: 2011246»)

Atento a lo anterior, al margen del tema propuesto en la denuncia de contradicción, para la fijación de la materia de la contradicción de tesis se debe considerar lo discutido en las sesiones de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y catorce de diciembre de esa misma anualidad, en torno al asunto que ahora ocupa. En dichas discusiones se puso de manifiesto la diversidad de criterios adoptados por los Tribunales Colegiados integrantes del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver asuntos como los que ahora contienen, a saber: recursos de revisión derivados de juicios de amparo indirecto donde se reclamaron los Lineamientos para el pago de aguinaldo, con motivo del que se consideró como primer acto de aplicación, esto es, el oficio emitido por la autoridad administrativa en el que se informaba al particular que el cálculo de esa prestación se realizó conforme a tal normativa.

De acuerdo a la participación de los Magistrados que integraron el Pleno de Circuito en el dos mil veintiuno, en los juicios de amparo indirecto de la naturaleza referida, de los que tuvieron conocimiento los órganos colegiados a los que se encuentran adscritos, adoptaron diferentes soluciones, no sólo en cuanto al fondo del asunto, sino incluso en temas de procedencia del juicio.

Ante tal situación, los integrantes del Pleno de Circuito manifestaron la necesidad de incluir en la materia de la contradicción de tesis, los temas vinculados sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, en la hipótesis referida.

Ello porque –en consideración de algunos integrantes del Pleno de Circuito en dos mil veintiuno– resolver la contradicción de tesis en los términos que originalmente fue planteada, es decir, centrando el debate en temas de fondo, implica partir de premisas falsas, ya que en los asuntos de esa naturaleza se actualizan causas de improcedencia que deben dar lugar al sobreseimiento en los juicios.

Así pues, con el propósito de resolver las diversas problemáticas jurídicas que se expresaron en las sesiones de Pleno referidas, con fundamento en la tesis 2a. V/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba transcrita y, tomando en cuenta el proveído de cuatro de octubre del dos mil veintiuno, donde se dejó al prudente arbitrio del ponente la inclusión de los precedentes que debieran integrar formalmente la contradicción de tesis, por contener una postura discrepante sobre un mismo punto de derecho; se estima que los criterios remitidos por los órganos judiciales, que deben formar parte de la presente contradicción de tesis, son los siguientes:

1. Amparo en revisión 362/2019 del índice del Decimonoveno (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. Amparo en revisión 321/2019 del índice del Decimosegundo (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

3. Amparo en revisión 288/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

4. Amparo en revisión 139/2020 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

De acuerdo a la discusión llevada a cabo en las sesiones de treinta y uno de agosto y catorce de diciembre, ambas del dos mil veintiuno, las soluciones propuestas por el Segundo y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito ponen en evidencia la necesidad de resolver, en primer término, la procedencia del juicio de amparo.

En el debate jurídico efectuado en las sesiones del Pleno se expresó que era indispensable, antes de resolver sobre un tema que involucraba un estudio de fondo, analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto donde se reclamaran los lineamientos para el pago de aguinaldo, con motivo de su primer acto de aplicación.

En aquellas discusiones se reconoció que, en una contradicción de tesis, por su propia naturaleza, el análisis debe centrarse al punto de desacuerdo. Sin embargo, se consideró que en este caso en particular, es indispensable resolver sobre la procedencia de ese tipo de asuntos porque de otra forma se podría proponer una solución relacionada con el fondo, construida sobre una premisa falsa. De ahí la trascendencia de resolver la disputa en torno a la procedencia del juicio.

En las ejecutorias emitidas por el Segundo y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, se consideraron actualizadas diversas causas de improcedencia. A saber, la relativa al consentimiento de los lineamientos reclamados (RA. 288/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) y aquella sustentada en la imposibilidad de concretar los efectos del amparo (RA. 139/2020 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Las soluciones propuestas en esas ejecutorias –según se expresó en las sesiones– eran compartidas por algunos Tribunales Colegiados integrantes del Pleno. Por esa razón, se considera que las ejecutorias arriba mencionadas son las más representativas de la problemática existente en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto en donde se reclamen los lineamientos para el pago de aguinaldo con motivo del primer acto de aplicación.

Por ello, se considera necesario integrar a la litis el debate en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto donde se reclamen los lineamientos señalados, para que de ser el caso, se proceda al estudio del tema de contradicción originalmente planteado, esto es, si se actualiza o no la prescripción del derecho a reclamar diferencias por concepto de aguinaldo (RA. 321/2019 y RA. 362/2019 del índice de los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Noveno, en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente).

Así, los criterios sustentados en los medios de defensa arriba señalados son los que deben integrar la contradicción de tesis, pues presentan conclusiones claramente diversas sobre un mismo punto de derecho, y ponen sobre la mesa problemáticas jurídicas que ameritan ser solucionadas.

Y dado que las diferentes conclusiones a que se ha hecho referencia arriba generaron mayor controversia en las sesiones del Pleno de Circuito y cuya resolución es trascendente para resolver el punto de derecho debatido, es que se estima que deben formar parte de la contradicción de criterios en estudio.

En este punto, importa mencionar que la contradicción de tesis se circunscribe a asuntos derivados de amparo indirecto, excluyendo aquellos asuntos en amparo directo sobre la misma temática, dada la diferente naturaleza jurídica de uno y otro, sobre lo cual se abundará más adelante.

En ese entendido, con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la divergencia de criterios y, en su caso, establecer el que debe prevalecer, conviene tener presentes las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito, basaron sus resoluciones.

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Resolución dictada en el amparo en revisión 288/2021, aprobada por unanimidad de votos en la sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, cuyo texto es:

"TERCERO.—En el primer agravio la quejosa sostiene que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, se contrapone a lo sostenido en la jurisprudencia con registro digital: 232527, Séptima Época, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se precisaron los elementos que deben concurrir para que exista consentimiento del acto o norma reclamados.—Agrega que en la contradicción de tesis 179/2003, se resolvió la interrogante consistente en ‘si el acto, en virtud del cual el patrón retiene por primera vez el impuesto sobre la renta causado por alguno de los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, debe estimarse como el primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo’.—Asimismo, destaca que en dicha ejecutoria se precisó que para tener por consentida la norma que se impugne en el juicio de amparo, no basta que no se haya impugnado dentro de los quince días siguientes en que se verificó la retención del impuesto sobre la renta, sino que además, debe encontrase plenamente demostrado a partir de qué momento la quejosa tuvo pleno conocimiento de dicho acto.—Esto es, demostrar a partir desde qué momento la justiciable tuvo conocimiento de dicho acto, pues en muchas ocasiones el documento donde se hacen constar las remuneraciones cubiertas al trabajador y sus respectivas deducciones no contienen a detalle y de manera pormenorizada los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención del impuesto sobre la renta y menos el sustento legal de la misma.—Con base en tales consideraciones aplicadas el caso, refiere que si bien el aguinaldo le fue pagado desde dos mil quince a dos mil dieciocho, no obstante, en esos momentos desconocía el precepto legal utilizado por la autoridad responsable para realizar el cálculo de tales aguinaldos.—Por lo que si bien el oficio reclamado no es propiamente el primer acto de aplicación, sí es la actuación a través de la cual tuvo pleno conocimiento respecto de la cuantificación de sus aguinaldos así como de la aplicación de los lineamientos reclamados; razón por la que la fecha en que le fue notificado la comunicación impugnada, es el momento a partir del cual debe de computarse el plazo para promover el juicio de amparo, porque es en ese instante cuando tuvo conocimiento del fundamento legal que originó la afectación que se señala.—Destaca que el juzgador con base en presunciones aseveró que tuvo pleno conocimiento del acto desde el momento en que le fueron pagados los aguinaldos; pero no motivó qué prueba observó pues de los recibos de nómina ofrecidos como prueba, no se advierte la citación de los lineamientos cuya constitucionalidad cuestiona, sino simplemente la cantidad (sic) por concepto de aguinaldo le fue otorgado.—En ese orden de ideas, colige que únicamente sería improcedente el juicio de amparo si en los recibos de pago se detallaran pormenorizadamente los conceptos respecto de los cuales se efectuaron las percepciones y deducciones, y el sustento legal de tal actuación, pues de lo contrario se restringe el acceso a la justicia.—Finalmente, concluye que si en autos no se encuentra acreditado el momento por el que tuvo pleno conocimiento de la norma aplicada, es evidente que la conclusión alcanzada por el encargado del despacho resulta ilegal y, por ende, debe revocarse la sentencia y concedérsele el amparo.—Ahora bien, en la sentencia recurrida, el encargado del despacho sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, dado que la quejosa omitió combatir las disposiciones generales reclamadas dentro del plazo de los quince días contado a partir del día siguiente al en que recibió el pago de la segunda parte de su aguinaldo, en atención a que se consideró como el primer acto concreto de aplicación de tal normatividad.—Asimismo, determinó que el oficio **********, de quince de noviembre de dos mil diecinueve, no constituía el acto de aplicación de las disposiciones generales reclamadas, pues concluyó que se trataba de la respuesta que recayó a un escrito de petición suscrito por la justiciable en ejercicio de su derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional.—Finalmente, consideró que contrariamente a lo alegado por la quejosa, para estimar aplicada la normatividad combatida, la autoridad no tenía por qué notificarle a través de un acto específico, que aquélla le fue materializada, pues si el aguinaldo corresponde a una prestación que tiene derecho a recibir el trabajador al servicio del Estado una vez al año, cuyo cálculo se efectúa, por disposición de ley, de conformidad con la normatividad que para tal efecto publiquen los distintos órganos del Estado Mexicano, y en el caso del personal de la administración pública de la Ciudad de México, cada año se publican en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los lineamientos que disponen la forma en que debe ser integrado el concepto ‘aguinaldo’, el particular tiene obligación de conocer dicha normatividad, al tratarse de disposiciones generales de observancia obligatoria.—Es infundado el agravio en estudio.—En apoyo de lo anterior, conviene destacar que los lineamientos reclamados, relativos al pago del aguinaldo por los años dos mil quince a dos mil dieciocho, se emitieron con base en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: ‘Artículo 42 Bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse en un 50 % antes del 15 de diciembre y el otro 50 % a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año.’.—Por su parte, los lineamientos mencionados establecen en la parte que interesa, lo siguiente: EJERCICIO 2015.—‘Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio 2015’.—...—‘Capítulo III. Del personal técnico operativo base y confianza, de haberes y policías complementarias de la administración pública centralizada, desconcentrada y delegaciones del Distrito Federal.’—...—‘Décimo tercero. El pago de aguinaldo para el personal a que se refiere el presente capítulo, será equivalente a 40 (cuarenta) días de las percepciones consignadas como salario base, sin deducción alguna, por cada año completo de labores y se realizará bajo las siguientes bases: I. Será proporcional al tiempo y a los puestos en que efectivamente haya laborado, durante el año correspondiente. II. El pago de aguinaldo, se cubrirá en un 50 % antes del 15 de diciembre del ejercicio 2015 y el 50 % a más tardar el 15 de enero del 2016.’—‘Décimo cuarto. El importe del aguinaldo, se determinará con base en las percepciones consignadas como salario base en los tabuladores de sueldos autorizados y vigentes en el momento del pago. Para obtener la cuota diaria de los trabajadores a que se refieren estos lineami

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31185-2d7f6383/amparo-indirecto-contra-los-lineamientos-por-medio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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