INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL INDICIADO PARA IMPUGNAR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA ESA ENTIDAD ABROGADO, INTERPUESTO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GONZALO EOLO DURÁN MOLINA Y ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO. DISIDENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. PONENTE: GONZALO EOLO DURÁN MOLINA. SECRETARIA: MARÍA DEL PILAR DIEZ HIDALGO CASANOVAS.
Cancún, Quintana Roo. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito en la sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN:
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 11/2016, sobre la denuncia planteada por **********, en su carácter de tercero interesado, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al fallar los diversos recursos de revisión **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, **********, por propio derecho, en su carácter de tercero interesado (agraviado o víctima), denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en los recursos de revisión **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó formar el expediente número 11/2016; admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito que informaran si el criterio sustentado en esos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, finalmente, ordenó dar el aviso correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 27, inciso f), del Acuerdo General Número 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se agregaron a los autos los oficios de números 1565/2016 y 87/2016-T, suscritos, respectivamente, por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado y la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, por los que informaron que el criterio sustentado en los recursos de revisión respectivos se encuentra vigente.
Posteriormente, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, se agregó a los autos el oficio **********, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, remitido por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual comunicó que, como le fue informado mediante el diverso **********, por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sistema de seguimiento de contradicciones pendientes de resolver en el Alto Tribunal y de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, en los seis meses anteriores, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis relacionada con la presente.
En el mismo auto se ordenó turnar la presente contradicción de tesis al Magistrado Gonzalo Eolo Durán Molina, como representante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil quince, en razón de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito que integran este Vigésimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por una de las partes en todos los recursos de revisión que motivan la presente contradicción de tesis, en términos de lo previsto en el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Federal(1) y la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo.(2)
En este sentido, conviene mencionar que el denunciante, **********, presentó una denuncia contra elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, tortura, negligencia en el desempeño de las funciones a cargo, amenazas, intimidación, violación y cohecho; por lo cual, se inició la averiguación previa **********, en la cual, la representación social determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que el denunciante interpuso recurso de inconformidad, que fue radicado bajo el expediente **********, declarado improcedente por resolución del procurador general de Justicia del Estado de Quintana Roo, y contra dicha determinación, ********** promovió recurso de queja ********** del índice de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, resuelto mediante sentencia de veintisiete de agosto de dos mil quince, en el sentido de revocar la resolución recurrida, a efecto de que se emitiera otra, por la que se turnara al agente investigador correspondiente para que dicte el ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando también la presunta responsabilidad de los sujetos activos, entre los cuales se encuentran los quejosos, y recurrentes en los recursos de revisión de los que derivan los criterios contendientes.
Los juicios de amparo indirecto de los que derivan los respectivos recursos de revisión que motivan la presente contradicción de tesis fueron promovidos, todos ellos, por las personas en cuyo perjuicio se ordenó la revocación de la determinación del no ejercicio mencionada, y se ordenó ejercer la acción penal en su contra, como probables responsables, de los delitos de abuso de autoridad y tortura cometidos en contra del denunciante **********.
Luego, en todos los recursos de revisión, se tuvo al denunciante con el carácter de tercero interesado, como se le reconoció en los respectivos juicios de amparo indirecto de los que derivaron, cada uno de dichos recursos.
Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Federal, y en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Para una mejor exposición de los criterios contendientes, a continuación, se sintetizan los principales puntos determinados por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, y se transcriben las consideraciones torales en que se fundaron.
A. Sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********.
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la parte que interesa de cada una de las sentencias de los recursos de revisión mencionados, resolvió igualmente revocar, las respectivas sentencias recurridas -en las que se sobreseyó en el juicio por considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo-, y conceder el amparo y protección constitucionales, a los distintos quejosos, por la falta de emplazamiento al recurso de queja ********** del índice de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (autoridad ordenadora), haciendo extensivo el amparo a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades responsables (autoridades ejecutoras).
Para resolver lo anterior, consideró sustancialmente, que era fundado el agravio consistente en que no era correcto considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico) y que los actos reclamados se analizaron incorrectamente, como si se tratara de actos dentro de la averiguación previa o del ejercicio de la acción penal, cuando la impugnación se centra en la falta de emplazamiento a un recurso judicial, como es el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Lo anterior de conformidad con las consideraciones que se transcriben a continuación:
"Del estudio realizado a la sentencia que se revisa, se llega a la convicción de que el Juez de Distrito no examinó a cabalidad la esencia de lo reclamado por la quejosa en el juicio de amparo.
"En efecto, el análisis sobre la procedencia del juicio de amparo giró en torno al trámite e integración de la averiguación previa y la resolución que sobre el ejercicio de la acción penal emita el Ministerio Público o su superior jerárquico, esto es, se utilizó metodología relacionada con la procedencia del juicio de amparo contra el ejercicio de la acción penal; sin embargo, no se abordó el trámite y naturaleza del recurso de queja, tramitado en vía judicial, que da lugar a revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal, que es donde reside el tema controversial.
"Así es, aun cuando se indicó que se estudia el interés jurídico para promover el juicio de amparo relacionado con la falta de llamamiento al expediente **********, relativo al recurso de queja, interpuesto por **********, contra la resolución que confirmó el no ejercicio de la acción penal por parte de la autoridad ministerial, resulta que la dinámica del estudio contenido en el fallo que se revisa, versa sobre los derechos constitucionales del indiciado en la averiguación previa, previstos en el numeral 20, apartado A, de la Carta Magna, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y se concluye que dicha norma no prevé el derecho de audiencia para aquél en esa etapa, por no ser un acto privativo, ni evidencia un derecho del indiciado para oponerse al ejercicio de la acción penal, por lo que tratándose de la resolución emitida por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que ordena el ejercicio de la acción penal, no se produce afectación a un derecho subjetivo del aludido indiciado, ya que los actos que ordinariamente se verifican en el desarrollo de una indagatoria no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, al poder contrarrestarse o anularse ante la autoridad judicial que conozca de la causa penal, al ser quien determina si procede o no librar la orden de aprehensión, presentación o comparecencia.
"Lo anterior, pone de relieve, que la subsunción realizada en sentencia recurrida es inexacta, pues se parte de una construcción errónea del silogismo jurídico, ya que la premisa menor se establece atendiendo a un hecho ajeno al reclamo, y eso conlleva a fijar equívocamente la premisa mayor; esto es, se aplica una tesis jurisprudencial que se refiere a hechos diversos al analizado en la ejecutoria que se cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al ejercicio de la acción penal, en sede administrativa y no cuando ha existido revisión judicial, como ocurrió en el presente asunto.
"Es pertinente acudir al texto de los artículos 28 y 29 ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo:
"‘Artículo 28. Cuando el agente del Ministerio Público determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante, la víctima o el ofendido podrán impugnar esa determinación dentro de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, ante el procurador general de Justicia quien contará hasta con sesenta días naturales para emitir una resolución definitiva.
"‘En caso de que lo resuelto por el procurador general de Justicia del Estado en cuanto a los hechos que se hubieren denunciado como delictuosos, o por los que se hubiera presentado querella, sea contrario a las pretensiones del denunciante, el querellante o el ofendido, se podrán (sic) impugnar esa determinación mediante el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado.
"‘También será susceptible de impugnar mediante el presente recurso, la negativa del agente investigador a tener por admitida una denuncia de hechos, cuando ésta cumpla con los requisitos de ley; la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, o cuando el procurador general de Justicia omita resolver el recurso interno en el término establecido.’
"‘Artículo 29. La queja o que se refiere el artículo inmediato anterior, deberá hacerse por escrito ante la referida Sala Constitucional y Administrativa, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al que se notifique personalmente esa determinación al interesado; mientras no se notifique dicha resolución, no correrá el cómputo para interponer el recurso.
"‘En el acto de la notificación la autoridad ministerial, deberá hacer del conocimiento al interesado de la garantía consagrada en el artículo 28 de este código, así como el término concedido para tal efecto.
"‘El escrito que contenga el recurso de queja deberá exponer los procedentes de hecho que dieron origen a la averiguación previa, así como los agravios que le ocasiona al recurrente la resolución impugnada y se podrán anexar, las pruebas que sean tendientes exclusivamente para acreditar la existencia de omisiones en la actuación de la representación social.
"‘Una vez cumplida la presentación del escrito de queja, la Sala Constitucional y Administrativa procederá a requerir al procurador general de Justicia para que le sean remitidas las constancias conducentes, en un término no mayor de diez días, con el fin de que, en única instancia, proceda a la sustanciación del recurso hecho valer y resuelva en un término no mayor a los sesenta días naturales, si ha lugar al confirmar, revocar o modificar la determinación recurrida.
"‘Lo previsto en éste y en el artículo 28, será aplicable también en los casos de que el procurador general de Justicia determine la reserva de la averiguación previa.
"‘La Sala Constitucional y Administrativa, para hacer cumplir sus determinaciones se sujetará a las disposiciones contenidas en el capítulo IV del título IV de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.’
"Los artículos en cita establecen la procedencia del recurso de queja, entre otros supuestos, contra la resolución dictada por el procurador general de Justicia ante la impugnación planteada contra la determinación del agente del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal.
"Llama especialmente la atención dos aspectos de los artículos en comento, que por su importancia inicialmente nos limitaremos a destacarlos y posteriormente nos ocuparemos de éstos.
"El primero de ellos, consiste en que a través de la reforma publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo el treinta de septiembre de dos mil ocho, se ajustó la regulación del recurso de queja en comento, con la finalidad esencial de armonizar el marco imperante con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en materia de procesos penales, toda vez que incluso así se evidencia en el texto del numeral 28 citado, al disponerse la procedencia de la queja al tenor de lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El segundo de los aspectos, que amerita una mención específica, es el hecho de que el legislador dispuso la judicialización del trámite y resolución del recurso de queja, confiriendo competencia para ello a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
"Ahora bien, en lo que atañe al primero de los mencionados, no puede desconocerse la fuerza irradiante de la Constitución vigente y los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México es Parte, de los que deriva uno de los principios fundamentales y básicos (sobre todo en materia penal), que es el principio de contradicción en un proceso; así como el derecho humano de igualdad.
"Para Constantino Rivera, el principio de contradicción es ‘Igualdad procesal, pues consiste en dar vista a la parte contraria para que diga lo que a su derecho convenga con el fin de que a toda acción le corresponda una reacción. Asimismo, este principio se deriva del derecho natural de equidad, dicho brevemente es la aplicación práctica de la garantía de audiencia.’(3)
"La observancia del principio de contradicción y la salvaguarda del derecho humano de igualdad, cobran especial relevancia en la materia penal y más en específico para poder asumir que a su vez se ha respetado el derecho de defensa de toda persona a la que se vincula con un hecho ilícito, ya que no podría aceptarse su adecuado despliegue, en un escenario donde se le niegue a la persona la oportunidad de manifestarse en relación con las pruebas y argumentos que se exponen en su contra en igualdad de circunstancias, respecto de quien presenta intereses encontrados con ella.
"Más aún, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha interpretado el derecho de defensa en ejecutorias pronunciadas el diecisiete de noviembre de dos mil nueve y veintiséis de noviembre de dos mil diez, en los Casos Barreto Leiva vs Venezuela y Cabrera García y Montiel Flores vs México (puntos 29 y 154, respectivamente), al sostener en esencia: ‘el derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho de defensa ... a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto y no simplemente como objeto del mismo.’
"De tal forma, acorde al criterio adoptado por la citada Corte, el derecho de defensa debe privilegiarse para quien se encuentra sujeto a investigación por parte de la autoridad ministerial, sin supeditarlo necesariamente a una posterior fase procesal, en el entendido de que con anterioridad puede verse afectado en su ámbito de derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia.
"No se omite mencionar, que en congruencia con los razonamientos previamente expresados vinculados, entre otras cuestiones, con el principio el derecho de defensa en la materia penal, el Pleno de este Vigésimo Séptimo Circuito resolvió por unanimidad de votos la contradicción de tesis 8/2015 en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, donde fijó criterio en el sentido de que el artículo 17 constitucional garantiza el derecho fundamental de tutela judicial, conforme al cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además, acorde a lo establecido en el numeral 25, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o dicha convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"Siguiendo tales lineamientos, determinó que el hecho de que los artículos 28, último párrafo y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, no prevean expresamente la legitimación del indiciado en una averiguación previa, para impugnar mediante el recurso de queja ahí regulado, la abstención del Ministerio Público de resolver en definitiva esa indagatoria, no es obstáculo para considerar, que dicha persona pueda interponerlo porque, de la interpretación adicional de esas normas, de manera conforme con los derechos fundamentales tutelados en los citados numerales, tanto de la Constitución Federal como del Pacto de San José, debe considerarse, que no existe obstáculo alguno para ello, porque ha de prevalecer el derecho a acceder a la justicia y de acceso a un recurso eficaz que le permita resolver esa situación que le afecta.
"Abundó el Pleno en comento, al expresar que la omisión del legislativo de señalar expresamente al indiciado como legitimado para interponer el recurso de queja en el supuesto que se desarrolla (abstención), lo que, de acuerdo con los razonamientos antes expresados, debe subsanarse con el reconocimiento de los citados derechos fundamentales que llevan a concluir que aquél, sí está legitimado para recurrir la abstención de resolver en definitiva lo que procede respecto de una averiguación previa que se sigue en su contra.
"Resulta de especial relevancia, la decisión emitida por el Pleno de este Circuito, ya que ha reconocido legitimación al indiciado para impugnar cuestiones relacionadas con el ejercicio de la acción penal por parte de la autoridad ministerial, aun cuando los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, no lo prevén así.
"En esa tesitura, si se reconoce legitimación al indiciado para acudir a la queja en comento, aun cuando el marco no lo establece de esta forma, por igualdad de razón, debe reconocérsele el derecho a intervenir en aquella que al efecto interponga el denunciante, querellante, víctima u ofendido, contra la resolución que confirme el no ejercicio de la acción penal.
"Ciertamente, si se ha reconocido al indiciado la legitimación para acudir a la queja en comento, generando con ello igualdad respecto del denunciante, querellante, víctima u ofendido, se insiste, en el hecho de que en aquella que interponga el último mencionado, debe brindársele intervención al indiciado, a efecto de no hacer nugatorio entre otros, el principio de contradicción antes mencionado, salvaguardando con ello también su garantía de audiencia.
"Retomando el segundo de los aspectos destacados para efectos de la queja en comento, llama la atención que el legislador lo extrajera del ámbito administrativo que atañe a la autoridad investigadora y confiera su atención a una autoridad judicial, como es la mencionada Sala, lo que denota que con independencia de que la materia de la queja se relacione con el ejercicio o no de la acción penal sobre una persona determinada, resulta que finalmente se erige como un procedimiento instaurado ante una autoridad judicial, donde habrá de resolver sobre la legalidad de la actuación de una autoridad diversa.
"Dicho en otras palabras, tratándose de la queja en comento, no se está frente a una actuación desplegada por la propia autoridad ministerial o su superior jerárquico en sede administrativa, a través de la cual lleve a cabo la revisión de sus propios actos; por el contrario, se está frente a un recurso judicial, tramitado y resuelto por una autoridad distinta de aquella que dictó el acto controvertido, por lo que atendido en su efectiva naturaleza y contexto, es que se sostiene que el trámite y resolución de la queja en comento no queda excluida del respeto a la garantía de audiencia de la ahora quejosa.
"Se reconoce que la redacción establecida por el legislador en los mencionados artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, no establece en lo relativo a su trámite el dar vista con la queja al indiciado cuando ésta es promovida por el denunciante, querellante, víctima u ofendido, lo que no puede considerarse como razón suficiente para determinar que ello no deba ocurrir de esta forma.
"En efecto, tal como sostuvo el Pleno de este Circuito en la mencionada resolución que interpreta los mismos artículos, aunque para un fin distinto del que nos ocupa, la falta de precisión en tal sentido por parte del legislador no es impedimento para que el órgano jurisdiccional realice la interpretación conforme de las normas con base en el cardinal uno constitucional y demás aplicables, para armonizarlo con el marco imperante en materia de derechos humanos y más aún con las particularidades propias de la materia penal, donde como igualmente se ha establecido, rigen de manera puntual el principio de contradicción y el derecho a la igualdad.
"Se considera que en la sentencia recurrida debió efectuarse un análisis del caso atendiendo al esquema de derechos humanos previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal vigente, como es obligatorio, dado que se aprecia en su contexto que no se atendió al derecho de igualdad y debido proceso que debe asistir al indiciado tratándose de un recurso judicial que puede afectar su esfera jurídica; lo cual es el tópico importante, y es la materia específica del reclamo constitucional en el juicio principal.
"Importa destacar, que el razonamiento expresado por el Juez de Distrito para sustentar el sobreseimiento decretado en el juicio, se sustenta en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 151/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en la parte que interesa de su ejecutoria se establece:
"‘Ahora bien, esta Primera Sala considera que ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando ellos sean considerados como los presuntos responsables de ciertos ilícitos. Resulta justificable la inexistencia de ese derecho, pues considerar su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos.
"‘De este modo, se advierte que cuando se ordena la continuación de esa etapa procedimental, y se giran instrucciones para que se lleven a cabo actos tendentes a la investigación, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico.’
"Hay que atender, a que el tema abordado en dicha resolución, alude a la continuación de la averiguación previa, lo cual es ajeno al caso juzgado, y en la especie, se deja de lado que, conforme a la Constitución vigente y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos que emanan de los convenios en los que México es parte, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son parte integrante del sistema jurídico mexicano, salvo las restricciones que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de modo tal, que los párrafos de la ejecutoria en comentario (derivada de la contradicción de tesis 151/2007), que señalan, que ni la Constitución, ni las leyes otorgan derecho al indiciado para oponerse a la averiguación previa, son insuficientes para fundar, analógicamente, la resolución tomada en la sentencia que se revisa.
"Se llega a esta determinación, porque la circunstancia de que la Constitución y las leyes no otorguen derecho al indiciado para oponerse a la averiguación previa, no implica una restricción constitucional, y por consiguiente, en el caso es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26939-ca2dc2fd/interes-juridico-para-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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