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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2011. · Registro digital (IUS): 23457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 15.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES

III. Competencia

9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

10. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer y que dicha reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto referido.

11. Sin embargo, ello no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto.

12. A juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Si bien es cierto que las contradicciones no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo, por lo que realizando una interpretación armónica, es posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni formal ni materialmente el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito.

13. La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual importa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios. Si se considerara que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

14. En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), lo cierto es que acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Vigésimo Séptimo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

IV. Legitimación

15. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

V. Existencia de la contradicción

16. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada (y respecto de qué ejecutorias), se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes.

17. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el dieciséis de junio de dos mil once, resolvió el amparo en revisión **********, promovido por **********, el cual tuvo origen en los siguientes antecedentes:

18. Antecedentes. ********** reclamó del agente del Ministerio Público del Fuero Común, Región Noventa, la determinación emitida en la averiguación previa **********, de veintiuno de julio de dos mil diez, en la que decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de ********** y **********, decisión que fue confirmada por el procurador general de Justicia del Estado de Quintana Roo.

19. Juicio de amparo. En contra de la determinación anterior, ********** promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito del Estado de Quintana Roo, quien mediante acuerdo de once de agosto de dos mil diez, la radicó con el número **********, y el veintiséis de noviembre de dos mil diez dictó sentencia en la que determinó negar el amparo solicitado.

20. Amparo en revisión. Inconforme con la resolución que antecede, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien ordenó su registro bajo el número **********. El tribunal del conocimiento, en sesión de dieciséis de junio de dos mil once, determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de garantías.

21. A continuación, se indican las principales razones que sustentan la anterior determinación:

• Por lo que hace al acto consistente en el no ejercicio de la acción penal decretado por el agente del Ministerio Público del fuero común (determinación de veintiuno de julio de dos mil diez) en la averiguación previa **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.

• Conforme a la citada causa de improcedencia, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

• Por tanto, para la procedencia del juicio de garantías, resulta necesario que previamente se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en la ley a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

• En el caso, el quejoso **********, aquí recurrente, reclamó del agente del Ministerio Público del Fuero Común, Región Noventa, la resolución de veintiuno de julio de dos mil diez, que decretó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa **********, que se inició en contra de ********** y **********, por el **********.

• Sin embargo, contra dicho acto reclamado, el quejoso, previamente al juicio de garantías, debió impugnar esa determinación dentro de cinco días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal ante el procurador general de Justicia; y después de ello, si aún la determinación seguía causando perjuicio a sus intereses, interponer el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, reformados el treinta de septiembre de dos mil ocho, en relación con el normativo 107 de la Constitución Política Estatal y los diversos 12, fracción XII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y 49, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de obtener del tribunal de instancia, la modificación, revocación o nulificación de la resolución confirmatoria del no ejercicio de la acción penal.

• Máxime que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, pues la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad federativa no exige mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión solicitada.

• Ello, como se puede constatar del análisis efectuado a los artículos 68 a 78 del citado ordenamiento legal estatal, que regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relación con lo estatuido en los numerales 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte; de cuyo examen comparativo se advierte que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el recurso de queja ante la Sala mencionada, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías.

• En efecto, ambos ordenamientos coinciden en que la suspensión debe solicitarse por escrito; que dicha solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia ejecutoriada; que la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, por tanto, y vista la comparación objetiva efectuada entre ambos ordenamientos legales, se viene en conocimiento que, como se dijo, no se encontraba en el supuesto de excepción analizado, al estatuir condiciones similares.

• Tampoco se está en el supuesto de excepción contemplado en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues la lectura del acto reclamado permite apreciar que expone los fundamentos legales en que se apoya, destacadamente en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad y en el normativo 11, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

• Así, conforme a lo anterior, es evidente que el agraviado, aquí quejoso, antes de ocurrir al amparo, debió inconformarse en contra de la determinación del ente integrador de la averiguación previa, y después de ello, en su caso, si aún persiste el perjuicio, interponer el recurso de queja previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, en virtud del cual pudo obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado y, al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia.

22. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el diecisiete de febrero de dos mil once, resolvió el amparo en revisión **********, cuyos principales antecedentes son:

23. Antecedentes. **********, en su carácter de administrador único de la empresa denominada **********, **********, reclamó del agente del Ministerio Público del fuero común, la determinación emitida en la averiguación previa **********, en la que decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de **********, decisión que fue confirmada el veintidós de agosto de dos mil nueve, por el procurador general de Justicia del Estado de Quintana Roo.

24. Juicio de amparo. Contra el anterior pronunciamiento, **********, en su carácter de su administrador único de la empresa denominada **********, **********, promovió demanda de amparo de la que conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chetumal, quien la admitió y registró con el número **********. Seguidos los trámites respectivos, el treinta de abril de dos mil diez, dictó sentencia en la que determinó sobreseer el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.(3)

25. Amparo en revisión. Inconforme con la resolución que antecede, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, al que correspondió el número de registro **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, mediante sentencia de diecisiete de febrero de dos mil once, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.

26. Las consideraciones que sustentaron la determinación anterior, son las siguientes:

• De la revisión de la sentencia recurrida, de fecha treinta de abril de dos mil diez, se advierte que el Juez Primero de Distrito en el Estado sobreseyó en el juicio de garantías promovido por "**********", **********, contra el acto del procurador general de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Chetumal, consistente en la resolución de veintidós de agosto de dos mil nueve, que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal, de dieciocho de junio de dos mil siete, en la averiguación previa **********, instaurada por la probable comisión del **********, en contra de **********.

• Lo determinó así, toda vez que estimó actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo porque, en el caso, la persona moral quejosa debió agotar previamente a la promoción del juicio de garantías el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, habida cuenta que por su vía se podía obtener la modificación, revocación o nulificación del acto administrativo reclamado y porque su promoción permite la suspensión de los actos combatidos conforme a esa ley, sin exigir mayores requisitos para concederla que los previstos por la Ley de Amparo.

• La sociedad quejosa recurrente manifiesta, en su primer concepto de agravio, que es incorrecta la determinación del Juez de Distrito porque la procedencia del juicio de amparo obedece a lo señalado por el artículo 21 de la Constitución Federal, al señalar que el no ejercicio de la acción penal podrá ser impugnado por vía de jurisdicción en los términos que establezca la ley; que la única vía jurisdiccional contenida y procedente en términos de la Constitución Federal, es el juicio de amparo, así lo establece en sus artículos 103 y 107, fracción VII, y estas normas otorgan al gobernado los parámetros para combatir los actos de autoridad violatorios de garantías individuales; que la Ley de Amparo es señalada como vía jurisdiccional para impugnar el acto que determine el no ejercicio de la acción penal a que se refiere el artículo 21 constitucional; que insistir en la procedencia del juicio contencioso previsto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y acudir a la Sala Constitucional y Administrativa, equivaldría a hacer nugatoria la procedencia del juicio de amparo, los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria, lo cual invalidaría garantías individuales de orden constitucional; que reclamó la resolución que derivó del recurso de inconformidad que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal y en contra de tal resolución, es procedente el juicio de amparo, pues así lo determina la propia ley.

• Lo anterior se estima fundado, en atención a lo siguiente:

• El texto del artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, con anterioridad a la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía textualmente lo siguiente:

"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. ...

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley."

• Por su parte, el artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."

• Ahora bien, el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo refiere textualmente:

"Artículo 28. Cuando el agente del Ministerio Público determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido podrán impugnar esa determinación dentro de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, ante el procurador general de Justicia quien contará hasta con sesenta días naturales para emitir una resolución definitiva.

"En caso de que lo resuelto por el procurador general de Justicia del Estado en cuanto a los hechos que se hubieren denunciado como delictuosos, o por los que se hubiera presentado querella, sea contrario a las pretensiones del denunciante, el querellante o el ofendido, se podrán (sic) impugnar esa determinación mediante el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

"También será susceptible de impugnar mediante el presente recurso, la negativa del agente investigador a tener por admitida una denuncia de hechos, cuando ésta cumpla con los requisitos de ley; la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, o cuando el procurador general de Justicia omita resolver el recurso interno en el término establecido."

• De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, resulta que en primera instancia la impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal que dicte el Ministerio Público podrá hacerse ante el procurador de Justicia del Estado. Asimismo, se desprende que la vía para impugnar la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, es a través del recurso de queja en la vía jurisdiccional, esto, ante la Sala Constitucional y Administrativa del Estado.

• Ahora bien, del artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desprende la procedencia de la acción de amparo en la vía indirecta, y si bien establece como requisito el cumplimiento del principio de definitividad al referirse a la confirmación de las resoluciones del Ministerio Público respecto al no ejercicio de la acción penal, esa definitividad se refiere al recurso que se surta en la sede administrativa, esto es, el órgano revisor del Ministerio Público, en el caso, el procurador de Justicia del Estado.

• De modo que el legislador de amparo previó para conocer de estas determinaciones la vía indirecta, en el entendido de que con la adición de la fracción VII al artículo 114 de la Ley de Amparo, se cumplió con el designio del Constituyente Permanente previsto en el artículo 21 de la Constitución, que estableció la posibilidad del interesado de impugnar las resoluciones sobre el no ejercicio de la acción penal en la vía jurisdiccional; lo que implica que esa vía jurisdiccional resulta ser el amparo indirecto.

• Ahora bien, en la eventualidad de que el legislador ordinario en el ámbito estatal establezca la posibilidad de impugnar las resoluciones que confirman en sede administrativa el no ejercicio de la acción penal a través de una vía jurisdiccional ajena a la sede administrativa en donde se desarrollan los actos del Ministerio Público en su ejercicio constitucional de investigación y persecución de los delitos, hace que se pierda la naturaleza de recurso administrativo y se convierte en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Lo anterior, teniendo en cuenta que es de explorado derecho que el recurso administrativo constituye un instrumento legal del que dispone el particular para obtener de la autoridad administrativa que emitió el acto o de una instancia administrativa diversa (que puede ser la autoridad jerárquicamente superior del órgano emisor), una revisión o reexamen del acto, a fin de que sea revocado, anulado o modificado, si se encuentra demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el gobernado.

• De modo que la nota distintiva de un recurso es que el mismo órgano o su alzada vuelva a "dar curso" a lo resuelto y se pronuncie nuevamente dentro del mismo procedimiento.

• Es decir, que se trata de un medio de defensa por el que se solicita a la autoridad que reconsidere y revoque el acto que considera lesivo a sus intereses, por ello, no existe un procedimiento de controversia, porque toca resolver al respecto a la propia autoridad emisora del acto o a su superior jerárquico, no a una autoridad distinta de las partes.

• Ante ello, si el recurso de queja del conocimiento de la Sala Constitucional y Administrativa del Estado, es un medio de defensa que sale del ámbito administrativo para trascender al ámbito jurisdiccional, es evidente entonces, que tal medio de defensa no tiene el carácter de recurso administrativo y, por ende, no resulta ser el medio necesario para agotar la definitividad que exige el artículo 114, fracción VII, pues ésta se refiere a la sede administrativa.

• En ese sentido, resulta incorrecta la consideración del Juez de Distrito al condicionar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la confirmación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, al indefectible agotamiento de la vía jurisdiccional ante la Sala Constitucional y Administrativa, puesto que hace nugatoria la procedencia del juicio de garantías consagrado en la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo.

• Y si bien, la Legislatura Estatal proveyó de una vía jurisdiccional en contra del acto reclamado, la resolución que dictara la Sala Constitucional y Administrativa del Estado, al constituir una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo, haría improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se surtiría la procedencia del juicio en la vía directa, en términos de lo preceptuado por el artículo 158 de la Ley de Amparo.

27. Estándar para identificar la existencia de la contradicción. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable. Se trata de los siguientes:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

28. Estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(5)

29. A continuación, se indican las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

30. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

31. Las ejecutorias de los amparos en revisión que participan en esta contradicción de tesis coinciden en los siguientes elementos: se originaron en juicios de amparo indirecto en los que el acto reclamado fue la resolución que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal en una averiguación previa. Al respecto, uno de los Tribunales Colegiados conte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23457-d9d55be2/accion-penal-contra-la-resolucion-que-confirma-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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