INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL RECURSO RELATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ABROGADO ES OPTATIVO Y, POR ENDE, NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA, RAMÓN OJEDA HARO, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. PONENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ GUADALUPE FLORES GUEVARA.
Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, correspondiente al seis de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 1/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio presentado el siete de marzo de dos mil diecisiete, ante el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, Felisa Díaz Ordaz Vera, Jesús María Flores Cárdenas y José Roberto Cantú Treviño, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de queja 121/2016 y el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al fallar el recurso de queja 93/2014.
SEGUNDO.-Mediante proveído de nueve de marzo del presente año, el presidente del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, admitió la denuncia de la posible contradicción de criterios, y ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 1/2017.
Asimismo, solicitó a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, remitieran vía correo electrónico, las ejecutorias emitidas dentro de los recursos de queja, materia de la denuncia, para la integración del expediente de contradicción de tesis, y sólo al presidente del Primer Tribunal Colegiado de la materia y Circuito, copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja de su índice.
También les solicitó que informaran si su criterio se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Asimismo, ordenó informar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la posible denuncia de contradicción de tesis.
TERCERO.-Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Penal de este Circuito, tuvo por cumplidas las solicitudes dirigidas a los presidentes de los tribunales contendientes, quienes informaron que los criterios permanecen vigentes.
Además, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, indicó que el órgano de su adscripción, había reiterado el criterio, al resolver el recurso de queja 5/2014 y el amparo en revisión 240/2014, por tanto, el presidente de este Pleno de Circuito, solicitó a aquél remitiera la copia certificada y los archivos digitales correspondientes a las ejecutorias de esos asuntos.
CUARTO.-Por auto de veintiocho de marzo del año en curso, se tuvo recibido el oficio CCST-X-119-03-2017, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se desprende que el secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le informó que en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis, en que el punto a dilucidar, guardara relación con el tema: "CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE AGOTARSE O NO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO NO ES UN RECURSO EN SEDE JUDICIAL".
QUINTO.-Una vez integrado el expediente, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se turnó al Magistrado presidente del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de junio de dos mil trece y su anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de junio siguiente.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que la formularon los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es oportuno conocer los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en examen y las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las respectivas ejecutorias.
I. De las constancias relativas al recurso de queja 121/2016, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de diez de febrero de dos mil diecisiete, se desprende:
A) Arturo Leyva Álvarez, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el agente del Ministerio Público Investigador, en apoyo a las labores de la Agencia del Ministerio Público Investigador Número Uno Especializado en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, en la cual decretó el no ejercicio de la acción penal, a favor de Aleida Ochoa de León, dentro de la averiguación previa 207/2015-I-4 DP.
B) La Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, conoció de la demanda, formó expediente y lo registró con el número 692/016-VIII, pero estimó que en el caso se actualizaba, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque de conformidad con el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, contra la resolución reclamada, procede el recurso de inconformidad, en razón del cual se puede modificar o revocar la decisión impugnada y corresponde resolverlo al procurador General de Justicia del Estado, de modo que la resolución emitida por éste es la que ya no admite recurso.
Concluyó que, como el quejoso no agotó el recurso ordinario de inconformidad, faltó al principio de definitividad y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda por notoriamente improcedente.
C) El quejoso, por conducto de su autorizado legal, interpuso recurso de queja y, al resolverlo, el Tribunal Colegiado de Circuito, sostuvo las consideraciones que enseguida se transcriben:
"Los anteriores agravios suplidos en su deficiencia devienen fundados, pues este órgano colegiado, estima que contra las determinaciones del agente del Ministerio Público en las que decreta el no ejercicio de la acción penal, sí es procedente el juicio de amparo indirecto.
"Cabe destacar en primer término que de las constancias allegadas por la Jueza Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado y de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, deriva de la averiguación previa número **********, el cual se sigue bajo las reglas del sistema penal anterior, por lo que en lo conducente le son aplicables los preceptos constitucionales, anteriores a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.
"Ahora bien, con el propósito de fortalecer los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, entre ellos, el de impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento o actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su revisión constitucional, se formuló la iniciativa de reforma, que culminó en la publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en vigor el uno de enero del año siguiente, por la que se agregó un párrafo cuarto al artículo 21 de la Constitución Federal, con el siguiente texto:
"‘Artículo 21. ... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. ...’
"Por su parte, el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, dispone:
"‘Artículo 4. El Ministerio Público dictará el inejercicio de la acción penal, en los siguientes casos:
"‘I a IX ...
"‘La resolución de inejercicio dictada por el agente del Ministerio Público admitirá el recurso de inconformidad.
"‘El recurso de inconformidad se tramitará ante el procurador General de Justicia del Estado, oyendo la opinión de los agentes del Ministerio Público auxiliares a su cargo. La resolución que dicte el procurador no admitirá recurso alguno.
"‘El recurso de inconformidad se deberá de interponer ante el mismo agente del Ministerio Público que conozca de la averiguación previa, dentro de los tres días siguientes a que quede legalmente notificado; en el escrito en que se interponga el recurso deberán de expresarse los agravios materia de la inconformidad, en caso de no expresarse, se tendrá por no interpuesto el recurso.
"‘Una vez agregado a los autos de la averiguación previa el escrito que contiene el recurso, el agente del Ministerio Público dictará en un plazo no mayor a tres días, un acuerdo de admisión o en su caso de desechamiento si se hubiere presentado fuera del término.
"‘El agente del Ministerio Público que conozca de la averiguación previa, deberá remitir el original de la misma y el escrito del recurso para su substanciación al procurador General de Justicia del Estado, a más tardar a los tres días siguientes contados a partir de que reciba el recurso.
"‘El procurador General de Justicia del Estado resolverá en definitiva sobre la procedencia o no del recurso de inconformidad, en un plazo de hasta veinte días contados a partir de que reciba el expediente. Si la averiguación previa excediera de quinientas fojas, se duplicará dicho término.
"‘En aquellos delitos considerados como graves según el artículo 16 Bis del Código Penal vigente del Estado, bastará con que el quejoso manifieste su inconformidad dentro de los tres días siguientes a que quede legalmente notificado, para que se tenga por interpuesto el recurso señalado en párrafos anteriores, y le corresponderá al procurador General de Justicia del Estado estudiar de oficio, la resolución de inejercicio independientemente si se expresan o no agravios.
"‘El procurador General de Justicia del Estado, en los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, tendrá la facultad de revocar cualquier inejercicio dictado por los agentes del Ministerio Público investigadores a su mando, con independencia de si se interpone o no el recurso de inconformidad.
"‘La resolución de inejercicio de la acción penal dictada por el agente del Ministerio Público también podrá ser impugnada por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley de la materia.’
"De los dispositivos invocados, se advierte que tanto la Carta Magna, en su artículo 21, en su texto vigente, antes de la aludida reforma, que aplica en el caso, como la ley procesal de la materia, otorgan el derecho de impugnar las determinaciones del Ministerio Público en las que se decreta el no ejercicio de la acción penal por la vía jurisdiccional.
"Por tanto, contrario a lo estimado en el auto combatido, no es necesario para el quejoso agotar el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales del Estado, antes de acudir al juicio de amparo, sino que es optativo para él, impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, mediante el citado recurso o por la vía jurisdiccional, incluido el juicio de amparo, atento al contenido del dispositivo señalado.
"Esto es así, pues el legislador local omitió crear y reglamentar el medio de defensa, de modo que ante la ausencia de la normatividad secundaria en la que se precisará la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar tales resoluciones, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esa particularidad no impedía que tales decisiones se reclamaran a través del juicio de amparo, en función de que si por mandato expreso en el Pacto Federal, se regulaba la actuación relativa de la representación social, la postura de esperar a la creación de una vía jurisdiccional ordinaria, implicaría desconocer la existencia del mencionado derecho fundamental, así como el objeto y fines del juicio de amparo.
"En tales términos, lo estableció el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia P./J. 114/2000, visible en la página 5, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, materias constitucional y penal, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, que dice:
"‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la ley fundamental.’
"En esa condición, es evidente que en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues como se precisó no era obligatorio para el quejoso agotar el recurso o medio de defensa que prevé el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales del Estado, antes de promover el juicio de amparo, pues el mismo numeral establece, también la posibilidad de impugnar tal determinación por la vía jurisdiccional, pero la omisión del legislador de crear y regular tal medio de defensa, implica que es optativo para el quejoso impugnar dicha determinación por el recurso de inconformidad o mediante el juicio de amparo.
"Resulta conveniente aclarar que, caso distinto sucede, tratándose de las determinaciones de no ejercicio, respecto del nuevo sistema de justicia penal.
"En efecto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, la porción normativa reproducida en el artículo 21 constitucional, se suprimió, para adicionarse en el diverso numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución, concerniente a las prerrogativas de la víctima u ofendido, en los términos siguientes:
"‘Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ...
"‘C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
"‘... VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.’
"Dada la complejidad en la observancia de la aplicación de la mencionada reforma, inmersa en la implementación del sistema procesal penal acusatorio, el Constituyente Permanente puntualizó como medida de transición:
"‘Segundo.-El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito (sic). En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los Poderes Legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales(sic).’
"En torno a la interpretación del régimen transitorio para la observancia del sistema procesal penal acusatorio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya destacó que, para el supuesto de que se hayan cumplido las condiciones para que entren en vigor las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones mencionadas ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que se hubiese instaurado, por advertirse que fue esa la intención del Constituyente Permanente, en cuanto a que ‘dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y en contra de la resolución que se emita al respecto, procederá el juicio de garantías, todo lo anterior de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, vigente desde que se colmaron las referidas condiciones.’
"Así lo definió en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de rubro siguiente:
"‘ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).-De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental.’ (Lo destacado es nuestro).
"Como en el caso, se advierte de las constancias allegadas al recurso, que la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, se rige por las reglas del sistema penal anterior, tratándose de ese supuesto, sí es procedente el juicio de amparo contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, dictada por el agente del Ministerio Público, conforme a los razonamientos expuestos.
"No pasa inadvertido para este órgano colegiado, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, página 41, marzo de 2012, Décima Época, número de registro digital: 2000300, que dice:
"‘ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).-En términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, contra la determinación del procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal. De ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y materialmente, y tener como efecto revocar, modificar o nulificar dicho acto de autoridad, además de no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción XV del artículo 73, se impone a la quejosa agotarlo, previo al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia. Lo anterior es así, en virtud de que la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa.’
"Sin embargo, en criterio de este Tribunal Colegiado, la jurisprudencia transcrita no se ajusta a la situación particular del Estado de Nuevo León, en cuanto como ya se señaló, el legislador local no creó ni reglamentó el medio de defensa en la vía jurisdiccional ordinaria para alinearse con la reforma del artículo 21 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, lo cual sí aconteció en el Estado de Quintana Roo, al establecerse el recurso de queja en los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales de esa entidad federativa, el cual procede contra la determinación del procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal y conoce la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la propia entidad, esto es una autoridad jurisdiccional.
"De lo expuesto, se colige que, el recurso de inconformidad previsto en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales del Estado, aun cuando se trate de una ley formal y material, no constituye un medio de impugnación por vía jurisdiccional, dado que quien conoce de éste es una autoridad administrativa, como lo es el procurador General de Justicia del Estado, por lo que admitir como válido el supuesto de que el quejoso tenga que agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sería tanto como desconocer la existencia del derecho fundamental, previsto en el cuarto párrafo del artículo 21 del Pacto Federal en su texto anterior a la reforma de dos mil ocho, para impugnar las determinaciones del no ejercicio de la acción penal por la vía jurisdiccional, porque la ausencia de la normatividad secundaria en el Estado de Nuevo León en la que se precisara la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar tales resoluciones, implica que esas decisiones puedan reclamarse a través del juicio de amparo.
"En esas condiciones, al no existir por ahora motivo manifiesto e indudable de improcedencia se declara fundado el recurso de queja; por ende, la Jueza de Distrito, debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que al dictar la resolución correspondiente y en vista de las pruebas recabadas se surta alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley de Amparo."
II. De las constancias relativas al recurso de queja 93/2014, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión Plenaria veintidós de enero de dos mil quince, se desprende:
A) Clara Hiliana Cañamar Martínez, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dictada por la agente del Ministerio Público Investigador Número Uno del Segundo Distrito Judicial del Estado, en la que decretó no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 301
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27295-75b965c8/inconformidad-contra-la-resolucion-ministerial-del-no-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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