Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. · Registro digital (IUS): 25997
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1309.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ, CON LA SALVEDAD DEL TERCERO DE LOS NOMBRADOS, EN CUANTO A QUE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA ESTABLECER LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DEBE SER EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. DISIDENTES: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ Y LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. PONENTE: MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO. SECRETARIO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO (Competencia).-Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la contradicción de criterios, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDO (Legitimación del órgano denunciante).-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar los criterios posiblemente contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del circuito al que pertenecen, de conformidad con el precepto 227, fracción III, con relación al 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO (Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito).-Con el fin de verificar si existe la disparidad de criterios denunciada, es menester relatar, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los órganos contendientes.

a. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2014, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil quince, en lo conducente, determinó:

"De la lectura integral del numeral transcrito, se pone de manifiesto que la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no puede invocarse para desechar una demanda de amparo, ante la imposibilidad de calificarla como una causa notoria e indudable de improcedencia.-En efecto, el motivo de improcedencia que se analiza no es notorio ni manifiesto, en razón de que su actualización implica un estudio exhaustivo de las constancias que conforman el sumario, a saber, la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y las constancias que ésta haya remitido como complemento de aquél; lo que a su vez conlleva a concluir que, el análisis del motivo de improcedencia de que se trata es propio de la sentencia que ponga fin al juicio de amparo, en tanto, a efecto de verificar si se surte, es necesario que la demanda de amparo se haya admitido a trámite, a fin de contar con las constancias que evidencian la existencia del acto reclamado y el informe justificado que al efecto rinda la responsable.-Lo anterior, pues la causa de improcedencia contenida en el primer párrafo de la fracción XX, del precepto transcrito, no puede interpretarse aisladamente de los párrafos segundo y tercero de la misma fracción, en razón de que éstos prevén excepciones a la regla general contenida en dicho primer párrafo; así, el segundo párrafo del dispositivo en estudio, refiere que, no habrá obligación de agotar el recurso que corresponda: a) si el acto reclamado carece de fundamentación, b) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, c) cuando tal recurso esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; en tanto, el tercer párrafo del mismo dispositivo, refiere que en aquellos casos en que la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado, también operará la excepción al principio de definitividad, consistente en no agotar el recurso o medio de defensa que proceda en contra del acto reclamado.-Por lo anterior, se insiste, el motivo de improcedencia en estudio no es susceptible de invocarse como una causa notoria y manifiesta de improcedencia para desechar una demanda de amparo, pues a efecto de verificar si en el caso no se actualiza alguna de las excepciones, que se prevén en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción, se hace necesario haber admitido a trámite la demanda de amparo, para ser analizada y resuelta en la audiencia constitucional; en razón de que las situaciones que actualizan tales excepciones, únicamente son susceptibles de analizarse una vez que el juicio constitucional se encuentra debidamente integrado y en estado de resolución, esto es, que obren en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable, así como las constancias que le den fundamento a éste y en que conste el acto reclamado. Esto, pues precisamente al momento de resolver la litis constitucional, contando ya con todos los elementos necesarios, el Juez de amparo podrá constatar la actualización del motivo de improcedencia destacado, previo verificar que en el caso concreto no se surte alguna de las causas de excepción a que aluden los párrafos segundo y tercero de la fracción en estudio.-Lo que de ninguna forma puede hacerse al proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que en ese momento, el Juez de control constitucional no cuenta con los elementos necesarios para analizar si en el caso se surten o no las referidas excepciones, puesto que se insiste, para ello resulta necesario que el juicio de amparo esté debidamente integrado, a fin de que éste verifique si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, o bien, si la fundamentación y motivación de aquél se plasmó en el informe justificado que al efecto rindió la autoridad responsable, situaciones que sólo pueden ser materia de estudio en sentencia definitiva, una vez que la litis constitucional ha quedado debidamente integrada.-Aunado a lo anterior, en el caso, tampoco se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio, pues la misma no se ajusta al supuesto a estudio.-En efecto, del contenido de la transcrita fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, claramente se puede advertir que la misma hace referencia a los actos meramente administrativos, y no, a los administrativos-penales como el sujeto a estudio, que consiste en la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal derivado de una averiguación previa integrada por un órgano técnico de investigación; esto, al ser evidente que, dicha fracción tiene origen en la fracción IV del artículo 107, de la Constitución Federal, que señala: ‘Artículo 107. ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.’.-Es decir, el motivo de improcedencia que se analiza, va encaminado a los actos formal y materialmente administrativos, y no de otra especie.-Empero, en el caso, no puede perderse de vista que el Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos, depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, en su caso, la averiguación previa íntegra, junto con las diligencias judiciales, es un todo indivisible que constituye el proceso penal, de ahí que los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal, actos que además dada su propia naturaleza se realizan dentro de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, en el que incluso existe obligación de respetar a las partes los derechos fundamentales que en su favor consagra la Constitución Federal y que son aplicables a dicha etapa preprocesal.-Por tanto, aun cuando se trata de actos realizados por una autoridad administrativa, los mismos no son meramente administrativos, sino administrativo-penales y, además, se desarrollan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, para los efectos del juicio de amparo.-Además, la causal de improcedencia que se atiende, contiene una condicionante para su procedencia, ésta es, que siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la misma ley reglamentaria; es decir, para su actualización se requiere que las leyes que rigen los actos, de manera explícita, establezcan la suspensión de dichos actos de oficio o mediante la interposición de recurso, bajo los términos apuntados para la suspensión.-Situación que no ocurre en el caso, pues la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su Reglamento, legislación aplicable al recurso que se prevé contra el acto reclamado, no establecen expresamente en ninguna de sus normas, que se suspenderán los efectos del referido no ejercicio de la acción penal, mediante la interposición del recurso de reclamación que haga valer el agraviado; y en este tema, se estima equívoca la interpretación que hace el a quo en el proveído recurrido, en relación a que el trámite de la propia indagatoria, según lo previsto en el numeral 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, impide que la resolución de no ejercicio de la acción penal, surta efectos hasta en tanto transcurra el plazo previsto para su interposición, o bien, se resuelva aquel en el fondo, pues sólo entonces se podrá archivar la averiguación previa; pues al respecto, el referido numeral se limita a señalar: ‘Artículo 15. La determinación del no ejercicio de la acción penal, se impugnará, por el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a través del recurso de inconformidad, el cual se promoverá ante la autoridad que emitió dicha determinación. El recurso será resuelto, en caso de delitos no graves por el fiscal que corresponda; y en tratándose de delitos graves, por el subprocurador de Averiguaciones Previas respectivo.-El recurso de inconformidad, deberá promoverse en el término de quince días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, de acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.-La autoridad ministerial, que reciba la promoción del recurso señalado, deberá remitirla junto con las constancias de la averiguación previa respectiva, al fiscal o al subprocurador, según sea el caso, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, y la resolución deberá emitirse en un plazo no mayor de quince días hábiles en caso de delitos no graves, y de treinta días hábiles en el supuesto de delitos graves, contados a partir del día siguiente a la recepción de las constancias. Si la averiguación previa excede de 200 fojas, por cada 100 de exceso o fracción, se aumentará un día a los plazos señalados, sin que el plazo máximo sea superior de los sesenta días hábiles.-Cuando la determinación del no ejercicio de la acción penal no haya sido impugnada, el superior jerárquico del agente del Ministerio Público que propuso el no ejercicio de la acción penal, o la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador, según corresponda, remitirán de inmediato la averiguación previa al archivo para su guarda y custodia; lo mismo acontecerá en cas

de declararse improcedente o infundado el recurso de inconformidad.’.-Por lo que si bien refiere que, cuando la determinación del no ejercicio de la acción penal no haya sido impugnada, el superior jerárquico del agente del Ministerio Público que propuso el no ejercicio de la acción penal, o la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador, según corresponda, remitirán de inmediato la averiguación previa al archivo para su guarda y custodia, ello de ninguna manera contiene una manifestación expresa de suspensión en relación con los efectos del acto reclamado (no ejercicio) mediante la interposición del recurso de inconformidad.-En esas condiciones, no obstante lo fundado del agravio que hacen valer los promoventes del recurso, el mismo se torna inoperante; esto en principio, porque de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ‘Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.’.-Las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio sin importar que las partes la aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y estudio preferente; de tal manera que el Tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa a la advertida por el juzgador de primer grado, o bien, establecer otros motivos a los apreciados por éste, respecto de una misma hipótesis legal actualizada.-Consideraciones que además se apoyan, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro, texto, y precedentes, son: ‘Novena Época. Registro: 194697. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 3/99. Página: 13.-«IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es este el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.»’.-Así como la diversa tesis P. LXV/99, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse, que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.’.-En tal sentido, este tribunal estima que, en el caso, se surte la diversa causal de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, los cuales señalan: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’.-‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución;...’.-Causal de improcedencia que surge a la vida jurídica cuando se pretenden reclamar resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como el caso de una averiguación previa, que no son definitivas, pues en su contra procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, antes de acudir al juicio constitucional.-En efecto, una averiguación previa tiene las características de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues se inicia con una denuncia o querella (noticia criminis), donde generalmente las partes ofrecen y desahogan pruebas y, finalmente, el órgano técnico de investigación determina si hay o no elementos que indican la existencia de un delito y la probable responsabilidad de una persona, a efecto de archivarla o bien consignarla al órgano jurisdiccional que corresponda; esto es, se trata de un procedimiento en todas sus fases.-Lo que se afirma, al considerar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la expresión ‘procedimiento seguido en forma de juicio’, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse en un sentido amplio, en relación con aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia tutelada constitucionalmente.-Esto, según lo expuesto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes, son: ‘Novena Época. Registro: 184435. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003. Materia: Común. Tesis: 2a./J. 22/2003. Página 196.-«PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.-La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión <procedimiento en forma de juicio>, comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.-Contradicción de tesis 39/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 22/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil tres.»’.-Además, cabe resaltar que como se puntualizó en líneas precedentes, el Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, pues éste desarrolla una actividad materialmente penal; en consecuencia, no estamos en presencia de actos meramente administrativos, sino administrativo-penales, que además se desarrollan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, para los efectos del juicio de amparo.-En ese contexto, si a través del juicio de amparo indirecto se impugna la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en una averiguación previa, al constatar la procedencia de la vía, el órgano de control constitucional deberá verificar que se trate de la resolución definitiva dictada dentro de dicho procedimiento seguido en forma de juicio; por tanto, si tal determinación puede impugnarse a través del recurso de inconformidad, contemplado en el numeral 3, fracción XVI, inciso a), y última parte de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que refiere: ‘Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la averiguación previa y la persecución de los imputados comprenden: ... XVI. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: a) Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, o no haya elementos probatorios que acrediten su existencia, según la descripción contenida en la ley; ... Esta determinación, será impugnable a través del recurso de inconformidad, cuya tramitación habrá de preverse en el reglamento.’.-Entonces, es inconcuso que dicha aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal no constituye una resolución definitiva para los efectos de procedencia del juicio de amparo; en razón de que ésta es susceptible de impugnarse a través del citado recurso de inconformidad, y será precisamente la resolución que resuelva tal recurso la que constituya la resolución definitiva en contra de la cual resulte procedente la promoción del juicio de amparo, al ser ésta la que ponga fin a dicho procedimiento de averiguación previa."

Como se ve, en el recurso de queja 106/2014, el órgano de control constitucional antes aludido, determinó infundado ese medio de impugnación, en consecuencia, es legal el auto desechatorio de la demanda de amparo, formulada contra el acto del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, Agencia Investigadora COY-4, Unidad de Investigación I S/D, consistente en la determinación de no ejercicio de la acción penal, al considerar que no tiene carácter definitivo, porque puede impugnarse a través del recurso de inconformidad, previsto en el numeral 3, fracción XVI, última parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que, en su concepto, será precisamente la resolución que dirima tal recurso la que constituya el pronunciamiento definitivo contra el que resulta procedente el juicio de amparo, porque aquél es el que pone fin al "procedimiento de averiguación previa."

Además, resolvió que no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (invocada en el auto recurrido), porque ese supuesto no es aplicable para desechar una demanda, ante la imposibilidad de calificarla como una causa notoria e indudable de improcedencia, porque acorde a los párrafos segundo y tercero de ese apartado, requiere del examen del escrito de solicitud de derechos fundamentales, informes justificados y constancias allegadas al juicio, es decir, propio de una sentencia, lo que implica, desde luego, de modo previo, su admisión y trámite.

Aunado a ello, argumentó que la causal de improcedencia en cita, no se ajusta al caso analizado, porque en ella se alude a los actos "meramente administrativos" y no a los "administrativos-penales" como constituye la determinación ministerial reclamada; máxime que esa hipótesis de improcedencia requiere como condicionante que, acorde a la normatividad que rige el acto, se suspendan los efectos de éste, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer el accionante, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, lo que refiere, no ocurre con la inconformidad prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que no establece en alguno de sus dispositivos, que se suspenderán los efectos de la determinación de no ejercicio de la acción penal, mediante la interposición del referido medio de impugnación.

Por tanto, dicho órgano de control constitucional considera que, el motivo de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, es el previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el 107, fracción III, inciso a) (interpretado a contrario sensu), de la ley de la materia, porque el inejercicio de la acción persecutoria, es una resolución que se dicta en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no es definitiva, ya que en su contra procede un recurso legal por el que es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada, que es pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25997-3115afe5/accion-penal-contra-la-determinacion-que-autoriza-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.