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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGISLACIONES QUE RIGEN EL ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS, MENORES ALCANCES O PLAZOS MÁS LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO (LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2016. · Registro digital (IUS): 26859
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCU
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 707.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, ya que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por diversos Tribunales Colegiados del mismo Circuito, es decir, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver un tema en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) en razón de que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas.

TERCERO.-Consideración previa. Mediante oficio 209, presentado ante el Pleno de Circuito en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, hizo del conocimiento al Pleno del conocimiento, que el criterio sostenido en el recurso de queja 46/2013, del índice de ese colegiado, fue abandonado, al resolver el recurso de queja 55/2014 y el amparo en revisión 90/2014.(6)

En consecuencia, al haber quedado establecido que dicho criterio fue abandonado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 46/2013, lo procedente es declarar sin materia la contradicción de criterios entre dicho órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 304/2015.

La determinación anterior se apoya en la tesis de esta Segunda Sala, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE QUE UNO DE ELLOS, CON POSTERIORIDAD AL PLANTEAMIENTO DE LA CONTRADICCIÓN, ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DEL OTRO, DEBE DECLARARLA SIN MATERIA.-La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria cuando exista oposición entre los que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a un mismo tema jurídico, sin que se afecten las situaciones concretas cuestionadas en los asuntos en los que se sostuvieron las posturas, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de que uno de dichos tribunales, con posterioridad al planteamiento de la contradicción, se ha apartado del criterio que venía sosteniendo y ha asumido uno similar al del otro, desaparece la inseguridad jurídica y, en consecuencia, ya no existe la necesidad de determinar cuál es el que debe prevalecer, por lo tanto, debe declararse sin materia y no inexistente, puesto que si al momento de la denuncia sí existía la contradicción, con el cambio de criterio de uno de los órganos colegiados ya no hay materia sobre la cual decidir, y así debe determinarse. Consecuentemente, esta Segunda Sala se aparta del criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 90/98, en la tesis aislada 2a. CIII/99, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEJA DE EXISTIR CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO POR UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, ES SUPERADO O CAMBIADO POR EL MISMO ÓRGANO, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL CON LO CONSIDERADO POR EL OTRO TRIBUNAL COLEGIADO.’."(7)

También se invoca, por analogía de criterio, la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN UNA DE ELLAS ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DE LA OTRA.-La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria, cuando exista oposición entre los que sustenten las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se sostuvieron aquéllos. Por tanto, si durante su sustanciación una de dichas Salas abandona el criterio que sustentaba y emite uno coincidente en lo esencial con el sostenido por la otra, se concluye que la contradicción de tesis denunciada queda sin materia."(8)

Una vez establecido lo anterior, se procede a desarrollar los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 400/2013, y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 304/2015, a efecto de determinar si existe contradicción entre éstos.

CUARTO.-Síntesis de los criterios contendientes.

I. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito.

El órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 400/2013, sostuvo, en lo que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO.-Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Fredy Aguilar López, por propio derecho demandó, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"Autoridades responsables:

"‘A) Ordenadora: señaló como tal al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con domicilio en libramiento Norte Oriente y Boulevard Las Torres, sin número, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como también al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado en el Estado.

"‘B) Ejecutora: Señaló como tal al secretario del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dependiente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.’ (mismo domicilio)

"Actos reclamados:

"‘A) De la ordenadora le reclamo la resolución de veintitrés de mayo de dos mil trece, pronunciada por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dependiente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, dentro del expediente administrativo SSPyTM/CHJ/DSPM/PA/02/2013.

"‘B) De la ejecutora le reclamo el cumplimiento que se pretende dar a lo ordenado por la autoridad responsable en su carácter de ordenadora.’

"SEGUNDO.-El Juzgado Sexto de Distrito ... dictó sentencia ... en la que resolvió:

"‘PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Fredy Aguilar López, contra los actos reclamados al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y secretario adscrito, todos con residencia en esta ciudad, por las razones expresadas en los considerandos segundo y cuarto de este fallo.

"‘SEGUNDO.-La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.’

"TERCERO.-La sentencia recurrida se sustenta en las consideraciones siguientes:

"‘Precisado lo anterior, es evidente que el juicio de garantías que ahora se intenta deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.

"‘...

"‘Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo; de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resultará improcedente.

"‘Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, por lo que lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos.

"‘Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva, según la ley que la rija.

"‘Sin embargo, la propia fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a que:

"‘1. Con la interposición de los recursos ordinarios se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; y,

"‘2. Que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para su otorgamiento; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio.

"‘Lo cual encuentra sustento, por analogía, con los siguientes criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en ese orden en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X y Tomo XII, octubre de 1999 y julio de 2000, visibles a páginas 448 y 156, cuyos rubro y texto son:

"‘«RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).-Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una <ley>, y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.»

"‘«DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.»

"‘...

"‘Atento a lo anterior, esta juzgadora determina que el juicio de amparo hecho valer en contra del acto reclamado, resulta improcedente en virtud de que el accionante de esta instancia constitucional no agotó el medio ordinario previsto en la ley secundaria y que rige al mismo, en el caso, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas.

"‘Así, el acto reclamado debe ser considerado, en principio, como una resolución administrativa, toda vez que fue emitido por una autoridad de tal naturaleza, como es el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dependiente del Ayuntamiento con sede en esta ciudad y, en segundo lugar, constituye una resolución administrativa, porque se encuentra fundada en una legislación de la misma naturaleza, como es, el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"‘...

"‘Por ello, es conveniente destacar, dada su importancia determinante en el presente asunto, que la resolución de veintitrés de mayo del año en curso, emitida dentro del procedimiento administrativo SSPyTM/CHJ/DSPM/02/2013, en la que determinó la separación definitiva del cargo que el promovente venía desempeñando, se fundó en el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"‘...

"‘De los preceptos insertos se colige que, el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones administrativas definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el cual será competencia de la Sala Colegiada de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, quien tiene competencia para conocer, específicamente, de los juicios que promuevan los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de los Municipios o del Estado, que sean separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o sean removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

"‘Corolario, si como antes se señaló, el acto reclamado por el quejoso, es la resolución de veintitrés de mayo de dos mil trece, dictada en el expediente administrativo SSPyTM/CHJ/DSPM/PA/02/2013, por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en la que se resolvió removerlo de su cargo como elemento de la policía municipal, es inconcuso que, en su contra procede el juicio contencioso administrativo, cuya competencia corresponde a la Sala Colegiada de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, y no el juicio de amparo.

"‘...

"‘En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia.’

"QUINTO.-Son infundados los dos agravios que se hacen valer, los que ni aun suplidos en su deficiencia benefician al quejoso, pues antes de promover el juicio de garantías estaba obligado a intentar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, porque no se está en alguno de los casos de excepción que libere al gobernado de cumplir con el denominado principio de definitividad.

"...

"En sus agravios, el ahora recurrente se apoya en razonamientos que no fueron los expresados en la sentencia recurrida, pues sostiene que le asiste interés jurídico para impugnar la resolución de destitución y, además, alude a las prestaciones que constituyen el fondo del asunto, no obstante que se sobreseyó en el juicio con motivo de no haberse agotado el medio de defensa ordinario, razón por la que, al ser el quejoso un elemento de la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante el deficiente planteamiento de los agravios, este Tribunal Colegiado está obligado a estudiar oficiosamente la sentencia recurrida.

"Sin embargo, en el caso, la sentencia recurrida examinó una causa de improcedencia que se relaciona con la definitividad jurídica que debe revestir la resolución de baja reclamada, mas no se determinó el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en la falta de interés jurídico de Fredy Aguilar López para reclamar la resolución de baja en el cargo que defiende.

"Ahora, debe considerarse que la sentencia recurrida no es contraria a la ley, porque para la procedencia de la acción de amparo contra algún acto de autoridad administrativa, como es la resolución de destitución reclamada, la Ley de Amparo exige que antes de la promoción del juicio de garantías, se logre la definitividad jurídica de ese acto, a través de la interposición del medio de defensa que prevea la ley del acto o alguna ley ordinaria, pues el juicio de amparo es considerado como un medio de defensa extraordinario.

"El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor, que establece la hipótesis de improcedencia que se estimó actualizada en la sentencia ahora recurrida, prevé: (lo transcribe)

"Como se advierte de la fracción XX transcrita, la Ley de Amparo establece también, cuáles son los casos en que los particulares están exentos de promover los medios de defensa previstos en las leyes ordinarias, excepciones que consisten en que la ley que regule el medio ordinario de defensa debe establecer la procedencia de la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, sin exigir mayores requisitos de los que se piden para la suspensión definitiva del acto, en el trámite del juicio de garantías y que el plazo para conceder esa suspensión no sea mayor al previsto para la suspensión provisional en amparo.

"...

"Una vez que en la sentencia recurrida se examinó que la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas prevé un medio de defensa, por el cual, el ahora quejoso pudo lograr la declaración de invalidez o nulidad de la resolución reclamada, examinó que no se estaba en los casos de excepción a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistentes en que el acto reclamado carezca de fundamento, que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, bien, que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento pero no en ley.

"Se estima que esa determinación no es contraria a derecho, porque además debe tenerse en cuenta que los requisitos que se establecen en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, no son mayores de los que exige la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, porque en el capítulo II, ‘De la suspensión’, del título II, ‘De la sustanciación y resolución del juicio’, se prevén los requisitos en los siguientes términos: (los transcribe)

"De los artículos transcritos se desprende que los requisitos para el otorgamiento de la suspensión no son mayores a los que exige la Ley de Amparo, pues en cualquier momento, desde el escrito inicial hasta antes del dictado de la sentencia, puede pedirse la concesión de la medida cautelar, ésta debe solicitarse por escrito expresando las razones por las que se estima que debe otorgarse la suspensión del acto impugnado exhibiendo las copias de traslado que correspondan, tratándose del cobro de créditos fiscales debe garantizarse su importe a través de alguna de las formas que se indican en los incisos a) a d) de la fracción II del artículo 131 transcrito.

"Asimismo, se prevé que el Magistrado ponente podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, siempre que no se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, o bien, que con su otorgamiento, el juicio contencioso quede sin materia, que los actos cuya paralización se solicita no se hayan consumado de modo irreparable, que con su otorgamiento se causen al particular mayores daños a los causados si no se otorga la suspensión.

"Asimismo, se prevé el requisito que tratándose de los casos en los que con el otorgamiento de la suspensión puedan causarse daños o perjuicios a un tercero, se otorgue garantía que baste para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieran causado.

"Como se advierte de las normas de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que prevén los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso, no establecen mayores exigencias que las que prevé la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar, pues también puede pedirse la suspensión en cualquier momento, desde el escrito inicial hasta antes del dictado de la sentencia, ésta debe solicitarse por escrito exhibiendo las copias de traslado que correspondan, tratándose del cobro de créditos fiscales también debe garantizarse su importe.

"Asimismo, el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor establece que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que la solicite el quejoso y que, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Por su parte, en los casos en los que con el otorgamiento de la suspensión pueda causar daños o perjuicios a un tercero, el artículo 132 de la Ley de Amparo, también establece que el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo."

II. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.

El órgano colegiado, al resolver el recurso de revisión 304/2015, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO.-Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, la sucesión testamentaria a bienes de la extinta Flor de María Álvarez Gómez, por conducto de Reynaldo González Hernández, en su calidad de albacea solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes:

"‘...

"‘3. Autoridad responsable. La hoy denominada Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (antes Dirección de Asuntos Jurídicos), de la Secretaría General de Gobierno, como ordenadora y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, como ordenadora y/o ejecutora, el primero con domicilio ampliamente conocido en el segundo piso del Palacio de Gobierno, ampliamente conocido en Avenida Central entre Calle Central y Primera Oriente de esta ciudad y el segundo con domicilio en la Quinta Norte Poniente número 1320, ambos de esta ciudad.

"‘4. Acto reclamado. De la señalada como ordenadora: La indebida, ilegal y errónea orden de anotar en los antecedentes de la propiedad del predio denominado «Esperanza, el sabinito», con una superficie 04-48-39 hectáreas, inscrita con el número 328, libro 2, sección cuarta, de fecha 25 de noviembre de 1987, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, que fuera de la autora de la sucesión que represento, la siguiente leyenda: «Anotación marginal de fecha (sin fecha) referente a nota aclaratoria respecto a la cláusula primera, según convenio de pago indemnizatorio de fecha 14 de julio de 1992, enviado a este Registro Público por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, se afectó una superficie de ********** m2 de construcción y ********** m2 de terreno, por la cantidad de ********** pesos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 de agosto de 1994, mediante este escrito a fecha -sin capturar- y a solicitud (sic) de se registra la siguiente anotación marginal únicamente del lote s/n anotación marginal de fecha (sin fecha) referente a razón de celebró convenio por acuerdo expropiatorio entre el licenciado Octavio López Sala, coordinador de la Comisión Negociadora para las Diversas Afectaciones por Actos de Gobierno y la C. Flor de María Álvarez Gómez, propietaria del inmueble expropiado a quien se le hizo formal pago por concepto de indemnización, mediante este escrito a fecha -sin capturar- y a solicitud de (sic) se registra la siguiente anotación marginal», con la cual se pretende privar de la propiedad sin que exista mandamiento legalmente expedido.

"‘De la señalada como ejecutora, el cumplimiento dado a dicha orden. ...’

"SEGUNDO.-Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, ... celebró audiencia constitucional y dictó sentencia que terminó de engrosar el treinta de julio posterior, en la que determinó sobreseer en el juicio de garantías, al estimar actualizado lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, afirmando que el quejoso se encontraba constreñido a promover el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 102 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, a efecto de agotar el principio de definitividad.

"TERCERO.-La parte considerativa de la sentencia recurrida, es del tenor siguiente:

"‘...

"‘SEXTO.-Una parte de los agravios expuestos por el recurrente son esencialmente fundados.

"‘...

"‘Antecedentes del acto reclamado

"‘Para mejor comprensión del asunto, conviene puntualizar los antecedentes vinculados con los autos que integran el juicio de garantías biinstancial número 823/2015.

"‘1. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, la sucesión testamentaria a bienes de la extinta Flor de María Álvarez Gómez, por conducto de Reynaldo González Hernández, en su calidad de albacea, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: ...

"‘4. Seguido el juicio por sus trámites correspondientes, celebró audiencia constitucional y dictó sentencia que terminó de engrosar el treinta de julio posterior, en la que determinó sobreseer en el juicio de garantías, al estimar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, afirmando que el quejoso se encontraba constreñido a promover el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 102 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, a efecto de agotar el principio de definitividad (fojas 109 a 124).

"‘Dicha determinación constituye la resolución recurrida en el presente medio de impugnación.

"‘MOTIVOS DE DISENSO TENDENTES A EVIDENCIAR QUE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PREVIS

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26859-2c031da0/suspension-del-acto-reclamado-se-actualiza-una-excepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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