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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. · Registro digital (IUS): 29370
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER, EL SEGUNDO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Pág. 5326.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER, EL SEGUNDO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS, FROYLÁN BORGES ARANDA, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. PONENTE: CLEMENTINA FLORES SUÁREZ. SECRETARIA: HILDA CASTILLO HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia. Por oficio de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Magistrado Marco Antonio Cepeda Anaya integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 255/2018, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en la tesis de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN VIRTUD DE QUE CONFORME A LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO SE SUSPENDEN CON LOS MISMOS ALCANCES Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.", así como el del Sexto Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 213/2018.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, bajo el tema medular: "Determinar si la Ley de Justicia Administrativa para la Ciudad de México establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto, y si por tanto, debe o no agotarse aquél de manera previa al juicio de amparo en acato al principio de definitividad que rige a este último."; la registró con el número 7/2019, además, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes la remisión de los archivos digitales que contuvieran las resoluciones de referencia a la cuenta de correo electrónico: pleno1ctoadmin@correo.cjf.gob.mx, para la debida integración del expediente.

En ese mismo auto, se requirió a los Tribunales Colegiados Décimo Tercero, Segundo y Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindieran informe en cuanto a la subsistencia del criterio plasmado en sus resoluciones, en la inteligencia de que deberían indicar con precisión si se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, con la acotación de que el informe de que se trata debería rendirse vía electrónica a la cuenta de correo electrónico señalada.

TERCERO.—Informe. Mediante oficio SGA/GVP/627/2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso en estudio.

CUARTO.—Informe. A través del oficio DGCCST/X/333/08/2019 de catorce de agosto de dos mil diecinueve, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que, como fue informado por la Secretaría General de Acuerdos del Máximo Tribunal del País, mediante el diverso oficio SGA/GVP/627/2019, de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis pendientes por resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en dicho tribunal en la que el punto a dilucidar guardara relación con el diverso en estudio.

QUINTO.—Turno. En acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, al haber quedado debidamente integrado el expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó turnar el expediente virtual a la Magistrada Clementina Flores Suárez, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO.—Returno. En auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó returnar el asunto al Magistrado Manuel Suárez Fragoso, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en virtud de la licencia médica concedida a la Magistrada Clementina Flores Suárez, mediante oficio **********, de veinticinco de agosto del año en cita, signado por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción, entre criterios sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, sobre un tema que corresponde a la materia administrativa de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción (sic) I y III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que sustenta uno de los criterios que estimó contradictorios.

TERCERO.—Los antecedentes más relevantes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes, así como las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:

1. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 255/2018.

En sesión de quince de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes de ese órgano colegiado, se resolvió declarar infundado el recurso de queja con sustento en las siguientes consideraciones:

"Los restantes argumentos de agravio resultan infundados, en virtud que expresan los recurrentes que, al ser el acto reclamado primordial el impedimento para realizar maniobras de carga y descarga en la obra de construcción que se encuentran realizando en el predio que detentan en los horarios permitidos en el registro de manifestación de construcción tipo B o C de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con clave ********** y folio **********, así como en la opinión técnica favorable relativa a maniobras de carga y descarga de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, contenida en el oficio número **********, es que resultaba procedente la tramitación del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción II, constitucional, pues los efectos de los actos reclamados no se suspenden con los mismos alcances y requisitos previstos en la Ley de Amparo, por lo cual afirman que era innecesario agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir al amparo.

"Razonamientos que apoyan en el contenido de la tesis I.2o.A.19 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2018165, Libro 59, Tomo III, octubre de dos mil dieciocho, página dos mil trescientos noventa y cuatro, del siguiente contenido:

"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN VIRTUD DE QUE CONFORME A LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO SE SUSPENDEN CON LOS MISMOS ALCANCES Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO. La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 130 de este último ordenamiento, la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa del juicio de amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, y en el juicio contencioso administrativo existe la posibilidad de hacerlo hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con el artículo 72 de la ley inicialmente citada, además de que en el juicio de nulidad los alcances de los efectos restitutorios de la suspensión se limitan al momento inmediato anterior al en que se dicte la sentencia de primera instancia, en términos del artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que prevé: «El Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes ...», a diferencia del amparo, en el que, conforme a la naturaleza del acto reclamado y en términos del artículo 147 de la ley de la materia, los efectos restitutorios se prolongan mientras se dicta sentencia ejecutoria. En estas condiciones, se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que conforme a los artículos 72 y 73 invocados, los efectos de los actos impugnados en la vía contenciosa administrativa no se suspenden con los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, respecto a las etapas del juicio en las cuales puede solicitarse la suspensión y en relación con el alcance de la duración de los efectos restitutorios. Por tanto, es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el amparo.’

"Como punto de partida, es de resaltar que las consideraciones específicas por las cuales la demanda de amparo se desechó, no son controvertidas por los recurrentes, lo que de inicio implica la inoperancia de los argumentos de agravio, en virtud que el resolutor dio las razones concretas acerca de por qué el juicio de amparo era improcedente respecto de los actos consistentes en el registro de manifestación de construcción tipo B o C de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con clave ********** y folio **********; y por lo que hace a la opinión técnica favorable relativa a maniobras de carga y descarga de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, contenida en el oficio número **********, en razón de que en contra de esos actos era procedente el juicio contencioso administrativo.

"El resolutor expresó que, a ese respecto, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé la suspensión del acto impugnado en términos de los artículos 71 a 78, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los diversos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni un plazo mayor al que ésta establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; además que, evidenció la no existencia de excepciones al principio de definitividad que lograra eximir a los quejosos de agotar el citado medio ordinario de defensa.

"Esas razones particulares de la decisión del secretario en funciones de Juez de Distrito, no se encuentran controvertidas de modo específico; puesto que, lo único que en los agravios se argumenta a ese respecto, es de manera genérica que los efectos de los actos impugnados no se suspenden con los mismos alcances y requisitos previstos en la Ley de Amparo, sin que los inconformes expliquen en qué se sustenta esa afirmación, o cuál alcance o requisito es diferente o mayor en la legislación citada en primer término, en relación con los postulados establecidos en la ley de la materia.

"No obstante lo antedicho, los recurrentes sustentan su pretensión en la antedicha tesis aislada I.2o.A.19 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; sin que este Tribunal Colegiado comparta tal criterio aislado, por las siguientes razones.

"En el auto recurrido el a quo desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que los quejosos debieron agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sin que se actualizara alguna excepción al principio de definitividad porque la Ley de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los regulados en la Ley de Amparo.

"A fin de evidenciar que es correcta la conclusión del resolutor, así como, para exponer por qué no se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben enseguida:

"‘Artículo 107.

"‘...

"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.’

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’

"El texto de los preceptos previamente transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo.

"La fracción IV del artículo 107 de la Constitución señala que en materia administrativa será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.

"Por su parte, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente cuando en la ley que rige los actos administrativos que se reclamen esté previsto algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual dichos actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan sus efectos con los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.

"De lo antedicho, se deduce que los conceptos jurídicos que utilizan tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en los alcances, requisitos y plazos, son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad; pero sin desatender a la naturaleza misma del juicio contencioso.

"Ello, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos puesto que, mientras que los requisitos para otorgar la medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, son condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla y, por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares.

"Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 2a./J. 197/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de dos mil diecisiete, página setecientos cuarenta y cuatro, del siguiente contenido:

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGISLACIONES QUE RIGEN EL ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS, MENORES ALCANCES O PLAZOS MÁS LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO (LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, no es necesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. Tal es el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, cuando: i) señala que el solicitante de la suspensión deberá exponer las razones por las que considera que debe otorgarse la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de que se ejecutara el acto administrativo; ii) establece que surtirá sus efectos a partir de que el demandante otorgue la garantía que señale el Magistrado Ponente; iii) que se sustanciará el incidente, corriendo traslado a las partes por tres días y se resolverá el incidente planteado una vez desahogadas las pruebas (en un término no mayor a 10 días); y iv) no establece cuál es el término que tiene la autoridad jurisdiccional para resolver sobre la suspensión provisional. Lo que, en suma, implica mayores requisitos y plazos más largos para la obtención de la medida cautelar que los contenidos en la Ley de Amparo.’

"Ahora, los artículos 71, párrafo primero, y 72 al 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado instructor que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento con independencia de que posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes ...’

"‘Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.

"‘Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución.

"‘No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren disposiciones de orden público.

"‘La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros.’

"‘Artículo 73. El Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y, en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.

"‘Si la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá, por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magistrado instructor comisionará a un actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible.

"‘No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe dicho documento.

"‘La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad.’

"‘Artículo 74. Tratándose de créditos fiscales o de multas administrativas, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Tesorería de la Ciudad de México en alguna de las formas, y con los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México.’

"‘Artículo 75. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito, o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

"‘Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido.

"‘Las autoridades de la Administración de la Ciudad de México centralizada o paraestatal; así como de las alcaldías están exentas de otorgar las garantías que esta ley existe (sic).’

"De las normas transcritas se desprenden tanto los requisitos para la concesión de la suspensión, como los alcances de la medida.

Así, para que se conceda la suspensión es necesario:

"1. Que la solicite el demandante en cualquier etapa del juicio y hasta antes de que se dicte sentencia de primera instancia;

"2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público;

"3. Que se garantice el interés fiscal o los posibles daños y perjuicios que puedan causarse a terceros; y,

"4. Que se acredite contar con la concesión, licencia, autorización o aviso respectivos cuando se pretenda continuar con actividades reguladas.

"La suspensión podrá ser concedida para el efecto de que no se ejecute o se siga ejecutando el acto impugnado, o bien, con efectos restitutorios cuando exista apariencia del buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad, pudiendo decretarse las medidas precautorias pertinentes.

"Por su parte, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.’

"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"‘I. Que la solicite el quejoso; y,

"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

"‘Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

"‘Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.’

"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"‘I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

"‘II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

"‘III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"‘IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

"‘V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

"‘VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

"‘VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

"‘VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

"‘IX. Se impida el pago de alimentos;

"‘X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;

"‘XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;

"‘XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;

"‘XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este art

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29370-85506ff1/juicio-contencioso-administrativo-es-necesario-agotarlo-previamente-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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