SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO Y HUGO GUZMÁN LÓPEZ. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, RICARDO OLVERA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: EMMA GASPAR SANTANA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue denunciada por el Magistrado Carlos Ronzon Sevilla, en su carácter de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.-Argumentación de las sentencias. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, sostuvo las consideraciones siguientes:
"...
"Como se advierte, la recurrente pretende demostrar que no está obligada a agotar el medio de defensa ordinario, porque se surte una excepción al principio de definitividad, esto es, el deber a cargo de los quejosos de promover ese tipo de formas de impugnación antes de acudir al juicio de amparo.
"Aun cuando la recurrente sostiene que la ley que rige al juicio de nulidad local prevé mayores requisitos que la legislación de amparo para otorgar la suspensión con efectos restitutorios, atendiendo a la causa de pedir se advierte que lo que en realidad pretende evidenciar es que la medida cautelar concedida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con esos efectos es menos benéfica, en cuanto a sus alcances, que la establecida en la Ley de Amparo, por lo que no estaba obligada a acatar el principio de definitividad.
"Ello se destaca en virtud de lo que disponen los artículos 107, fracción IV, de la Carta Magna y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo:
"(se transcriben)
"La interpretación en sentido contrario de los preceptos transcritos revela que, si la ley que prevé el medio ordinario de defensa contra actos de autoridad distinta a un tribunal establece la posibilidad de que se suspendan sus efectos, de oficio o mediante su interposición, con menores alcances que los que prevé la Ley de Amparo, no será necesario agotarlo antes de acudir al juicio de garantías.
"En otras palabras, el gobernado tendrá la obligación de hacer valer, previo a la promoción del juicio de amparo, lo medios ordinarios de defensa, siempre que la ley en que se encuentren previstos establezca la posibilidad de suspender los efectos de los actos combatidos, por lo menos, con los mismos alcances que los de la Ley de Amparo, es decir, deben ser iguales o incluso mayores que los de la legislación de la materia.
"En ese contexto, para resolver lo conducente, conviene tener presente lo que establece el artículo 147 de la mencionada ley reglamentaria:
"(se transcribe)
"Del precepto transcrito se advierte que, contrario a lo aducido por el Juez del conocimiento, la Ley de Amparo sí se (sic) prevé la posibilidad de otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios, es decir, restableciendo provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva.
"En ese sentido, procede ahora definir si, como afirma la inconforme, la medida cautelar con efectos restitutorios establecida en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal tiene menores alcances que la prevista en la Ley de Amparo, por lo que no estaba obligada a agotar el juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional.
"Como ya fue informado, la Ley de Amparo dispone expresamente, en su artículo 147 que la medida cautelar podrá tener efectos restitutorios, es decir, que se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado, siempre y cuando esa decisión sea compatible con la naturaleza del acto reclamado, además de que no exista alguna imposibilidad material o jurídica para adoptarla.
"Por su parte, el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dispone:
"(se transcribe)
"La lectura del precepto de mérito evidencia que la ley que rige al juicio de nulidad local permite la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, siempre y cuando, con motivo de la ejecución del acto impugnado, se impida al promovente el acceso a su vivienda o el ejercicio de su única actividad.
"A partir de las explicaciones que anteceden, este tribunal concluye que asiste razón a la inconforme, pues la suspensión de los actos reclamados con efectos restitutorios prevista en la ley que rige al juicio contencioso administrativo local, tiene menores alcances que los que establece la ley de amparo para la medida cautelar otorgada con esos efectos.
"Así se sostiene pues, mientras la Ley de Amparo dispone que la suspensión es procedente con efectos restitutorios siempre que sea ‘jurídica y materialmente posible’, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esos efectos se encuentran restringidos a los casos en que el gobernado acredite que la ejecución del acto controvertido le impide el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular.
"Esas salvedades limitan la posibilidad de acceder a la medida cautelar con efectos restitutorios, lo que no acontece en el juicio de garantías, pues en éste es factible su concesión en tales términos con independencia de si el acto reclamado impide a la quejosa el ejercicio de la única actividad o el acceso a su domicilio particular.
"Esto es, en el juicio contencioso administrativo local la suspensión de los actos controvertidos con efectos restitutorios está dirigida únicamente a proteger a aquellos gobernados que se vean afectados en los términos que limitativamente indica la ley.
"En tales condiciones, si el vocablo ‘alcances’, contenido en los preceptos normativos que regulan la excepción al principio de definitividad que se analiza, identifica la capacidad de realizar algo, es claro que la suspensión regulada por una ley tendrá los mismos alcances que la prevista en otra siempre y cuando el legislador, en ambos casos, haya dotado al órgano jurisdiccional de atribuciones equivalentes para otorgarla en beneficio de los demandantes.
"Esto último corresponde a la forma en que es necesario comparar la norma general que regule un medio ordinario de defensa con la Ley de Amparo, tomando en cuenta que la excepción al principio de definitividad aquí analizada debe partir únicamente de lo previsto en las disposiciones jurídicas respectivas (de ahí la expresión ‘conforme a las mismas leyes’, contenida en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, del ordenamiento reglamentario de este juicio).
"Sobre esa base, los alcances de la medida cautelar en el juicio de amparo son mayores a los que otorga a esa institución jurídica, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en virtud de que su espectro de protección es más amplio e integral, ya que no se ve limitada en atención al tipo de acto controvertido; de ahí que pueden acceder a ese beneficio no solamente aquellos que demuestren que la ejecución del acto controvertido impide el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular.
"Por tanto, se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en los «artículos» 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, consistente en que, si la ley que prevé el medio ordinario de defensa contra actos de autoridad distinta a un tribunal establece la posibilidad de que se suspendan sus efectos, de oficio o mediante su interposición, con menores alcances que los que prevé la Ley de Amparo, no será necesario agotarlo antes de acudir al juicio de garantías.
"Cabe aclarar que esta decisión no es contraria a la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, página 496, cuyos rubro y texto son:
"‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.-De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada ley orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.’
"Esto último en razón de que la jurisprudencia transcrita fue emitida el veintinueve de junio de dos mil once, es decir, antes de que entrara en vigor la reforma constitucional publicada el seis de ese mes y año, lo cual ocurrió hasta después de ciento veinte días siguientes a esa fecha; además, para sustentarla, el Alto Tribunal solamente analizó si la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, aspecto que guarda relación solamente con uno de los tres motivos, vinculados con esa institución jurídica, que generan la actualización de una excepción al principio de definitividad.
"Es decir, aun cuando las reglas referentes al medio de defensa ordinario no incluyan exigencias superiores para la concesión de la medida cautelar, su agotamiento será optativo en caso de que tal decisión pueda ser adoptada en un plazo mayor, o bien, que sus alcances legalmente sean menores.
"Lo expuesto, aunado a que la propia tesis jurisprudencial detalla que los particulares estarán exentos de promover el juicio anulatorio ‘en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad’, evidencian que es inaplicable el criterio que contiene, por versar sobre una hipótesis ajena a la aquí estudiada. ..."
Las consideraciones transcritas, fueron reiteradas por el citado órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja **********, de su índice y dieron lugar a la tesis I.1o.A.27 K (10a.),(1) de rubro y texto siguientes:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL JUICIO DE AMPARO, PUESTO QUE LA LEY ORGÁNICA QUE LO REGULA OTORGA A LA SUSPENSIÓN MENORES ALCANCES QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La interpretación en sentido contrario de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo revela que, si la ley que prevé el medio ordinario de defensa contra actos de autoridad distinta a un tribunal establece la posibilidad de suspender sus efectos, de oficio o mediante su interposición, con menores alcances que los que prevé la Ley de Amparo, no será necesario agotarlo antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a ese aspecto, los artículos 147 de la mencionada ley reglamentaria y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal conceden la posibilidad de otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios, es decir, restableciendo provisionalmente al promovente en el goce del derecho presuntamente violado, en tanto se dicta sentencia definitiva; sin embargo, este último ordenamiento limita ese beneficio a los casos en que, con motivo de la ejecución del acto impugnado, se impida al promovente el acceso a su vivienda o el ejercicio de su única actividad, mientras que la Ley de Amparo sólo exige que sea ‘jurídica y materialmente posible.’ Por consiguiente, tomando en cuenta que el estudio de la mencionada excepción al principio de definitividad debe partir únicamente de lo previsto en los ordenamientos reglamentarios respectivos (de ahí la expresión ‘conforme a las mismas leyes’, contenida en los preceptos inicialmente citados), los alcances de la suspensión en el juicio de amparo son mayores a los que otorga a esa institución jurídica la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues su espectro de protección es más amplio e integral, ya que no se ve limitada en atención al tipo de acto controvertido, motivo por el que los quejosos no están obligados a agotar el juicio de nulidad previsto en tal dispositivo antes de acudir al amparo, sin que resulte aplicable la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que fue emitida antes de que entrara en vigor la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once y, por ende, sólo fueron materia de análisis los requisitos para el otorgamiento de la suspensión en una y otra leyes, pero no el plazo para adoptar esa decisión ni los alcances con los que legalmente cuenta dicha institución jurídica."
2. Por otra parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, determinó lo siguiente:
"...
"Como se advierte, la recurrente pretende demostrar que no está obligada a agotar el medio de defensa ordinario, porque se surte una excepción al principio de definitividad, esto es, el deber a cargo de los quejosos de promover ese tipo de formas de impugnación antes de acudir al juicio de amparo.
"Dicho argumento es ineficaz, en virtud de que sobre el tema sujeto a estudio, la Segunda Sala del Alto Tribunal definió que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, según se advierte en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Época: Décima Época.
"Registro: 160630.
"Instancia: Segunda Sala.
"Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011.
"Materia: Común.
"Tesis 2a./J. 125/2011 (9a.).
"Página 496.
"‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.’
"(se transcribe)
"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la jurisprudencia que antecede fue emitida conforme a la Ley de Amparo anterior; sin embargo, dicha tesis sigue vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, porque la legislación vigente reitera en esencia lo previsto en los numerales de la ley anterior.
"Ahora bien, cabe puntualizar que la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de rubro: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’, sí resulta aplicable al presente asunto, en razón de las consideraciones que a continuación se precisan.
"Así pues, resulta necesario transcribir, en la parte que interesa, la ejecutoria de la cual emana la jurisprudencia de que se ha dado noticia:
"(se transcribe)
"Lo expuesto, pone de relieve que el Alto Tribunal ha sostenido que el deber del Juez de Distrito de llevar a cabo el asomo provisional a la constitucionalidad del acto reclamado y, con base en ello, conceder la suspensión, dictando las medidas oportunas para preservar la materia del juicio, y evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, dependiendo de cada caso particular, sin afectar el interés social, no es un aspecto novedoso de la actual legislación.
"Asimismo, que si bien la naturaleza de las medidas cautelares, en términos generales, tienen efectos suspensivos, eventualmente y atendiendo a la naturaleza del acto que se somete al escudriño del órgano jurisdiccional, pueden tener efectos restitutorios.
"Ahora, tomando en cuenta lo anterior, debe señalarse que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal vigente, en los artículos 99, 100 y 101, que se ubican dentro del capítulo relativo a la suspensión, establece:
"(se transcribe)
"La interpretación relacionada de los preceptos transcritos, pone de manifiesto que la suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo (artículo 100); mientras que el artículo 101 establece que, el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
"Los preceptos de mérito, deben interpretarse en el sentido de que, el artículo 100 prevé que la suspensión se otorgue con el objeto de evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución (lo que no limita los efectos de la medida cautelar, pudiendo ser restitutorios, dependiendo de la naturaleza del acto sobre el que recae la suspensión).
"Mientras que en el artículo 101 se plantean las hipótesis en las que la concesión de la medida cautelar siempre tendrá efectos restitutorios: cuando los actos hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, pues por la naturaleza de los actos, la medida cautelar siempre tendrá efectos restitutorios.
"De la interpretación anterior, se puede arribar a la determinación de que la suspensión que prevé la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México no tiene menores alcances que la prevista en la Ley de Amparo, sino tiene alcances semejantes.
"Lo anterior, ya que es dable considerar que al establecer el artículo 100 que la suspensión tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo; ese alcance no es menor al que postula la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, atendiendo a la naturaleza del acto, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme, hasta que se dicte sentencia definitiva.
"Lo anterior se corrobora de la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) de rubro: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.’, cuyo texto es el siguiente:
"(se transcribe)
"De lo que se corrobora que ha sido criterio de ese Alto Tribunal, sostener que tanto en el juicio de nulidad promovido contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), como para el juicio de amparo, se prevén requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, dentro de las que se encuentran las previstas en el artículo 101 mencionado.
"De lo transcrito se advierte, que si bien la Segunda Sala del Alto Tribunal en la ejecutoria transcrita analizó la ley anterior a la vigente, debe decirse que los artículos 100 y 101 son esencialmente iguales, por lo que debe entenderse que si el Máximo Tribunal consideró que la suspensión prevista en la ley local contiene requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica de cada juicio, es evidente que la ley vigente no tiene alcances menores que la Ley de Amparo. ..."
Las consideraciones transcritas fueron reiteradas por el citado órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja **********, de su índice.
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Para estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios, es menester verificar si cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que el Más Alto Tribunal del País ha fijado, consistentes en:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, cuyos rubro y texto son del contenido literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
A juicio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte que, tanto el Primer Tribunal Colegiado como el Décimo Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, hicieron uso de su arbitrio judicial para desplegar un ejercicio interpretativo, al momento de resolver las cuestiones litigiosas, a saber:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostiene el criterio de que previamente a la presentación del juicio de amparo, el quejoso no está obligado a agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, ya que la medida cautelar que prevé el artículo 101 de la citada ley por sus efectos, es menos benéfica en cuanto a sus alcances en relación con la suspensión con efectos restitutorios, que los establecidos en el precepto 147 de la Ley de Amparo.
El mencionado órgano jurisdiccional establece, que la suspensión de los actos reclamados con efectos restitutorios prevista en la ley que rige al juicio contencioso administrativo local, tiene menores alcances que los que establece la Ley de Amparo para la medida cautelar otorgada con esos efectos, pues mientras la ley de la materia dispone que la suspensión es procedente con efectos restitutorios siempre que sea "jurídica y materialmente posible", conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, esos efectos se encuentran restringidos a los casos en que el gobernado acredite que la ejecución del acto controvertido le impide el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular.
Esas salvedades limitan la posibilidad de acceder a la medida cautelar con efectos restitutorios, lo que no acontece en el juicio de amparo, pues en éste es factible su concesión en tales términos con independencia de si el acto reclamado impide a la quejosa el ejercicio de la única actividad o el acceso a su domicilio particular; esto es, en el juicio contencioso administrativo local la suspensión de los actos controvertidos con efectos restitutorios, está dirigida únicamente a proteger a aquellos gobernados que se vean afectados en los términos que limitativamente indica la ley.
Sobre estas bases, los alcances de la medida cautelar en el juicio de amparo son mayores a los que otorga a esa institución jurídica la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en virtud de que su espectro de protección es más amplio e integral, ya que no se ve limitada en atención al tipo de acto controvertido; de ahí que pueden acceder a ese beneficio no solamente aquellos que demuestren que la ejecución del acto controvertido impide el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular.
En tanto, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sustenta el diverso criterio, que de la interpretación de los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27364-9d9106cf/suspension-del-acto-impugnado-y-del-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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