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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2015. · Registro digital (IUS): 26208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-03-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1147.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 3 DE FEBRERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por un Juez de Distrito.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es oportuno tener presente que el Pleno ha emitido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse la existencia de una contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, ha señalado que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, P./J. 72/2010, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

Entonces, para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

1. Los datos que se obtuvieron del amparo en revisión número **********, promovido por **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, son los siguientes:

• El asunto tiene su origen en la resolución emitida el tres de febrero de dos mil quince, por la jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 de la ley de ese instituto, vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete, se realizó un ajuste a la pensión que disfrutaba la quejosa.

• La resolución acabada de relacionar, fue reclamada a través del juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, registrado con el número **********, resuelto el treinta de marzo de dos mil quince, en el cual determinó sobreseer en el juicio de amparo, al advertir, de manera oficiosa, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Inconforme con el fallo acabado de relacionar, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, tramitado con el número ********** ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que por ejecutoria de siete de julio de dos mil quince, revocó la sentencia recurrida, al considerar que no se actualizaba la causa de improcedencia decretada, conforme a las consideraciones siguientes:

• Señaló que la quejosa no estaba vinculada a promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque si bien los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y 107, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Federal, prevén que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando éstos sean revisables de oficio conforme a las leyes aplicables, o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal ordinario, por virtud del cual dichas actuaciones puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Sin embargo, por disposición expresa de tales numerales, esos medios ordinarios de defensa o de revisión oficiosa serán ineficientes para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, cuando no prevén la suspensión de los efectos de los actos materia de impugnación o de autocontrol oficioso, o si previéndose la medida suspensiva, resulta ineficiente para efectos de la calificación del motivo de improcedencia en análisis, lo que ocurrirá cuando dicha suspensión no tenga los mismos alcances de la suspensión instituida en el juicio de amparo, y además, siempre que dicha suspensión ordinaria no exija mayores requisitos de los previstos por la legislación vigente del juicio constitucional, para conceder la suspensión definitiva como una verdadera medida cautelar, al igual que tampoco se establezca un plazo mayor del previsto por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Todo lo anterior, con independencia de que el acto sea, en sí mismo, susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación de amparo.

• Enseguida, el órgano del conocimiento, indicó que de un análisis detenido a las porciones constitucional y legal en comento, sobre todo en temas como las razones para no agotar los medios ordinarios en función de las características de la suspensión, obtuvo que es diferente y de alcances protectores superiores a los de la regla equivalente anterior.

• Especialmente, porque ahora se prevé la nueva regla, consistente en que, cuando los alcances de la suspensión del medio ordinario sean inferiores a los que se pueden producir por la medida cautelar de amparo, no existirá esa obligación de definitividad y, también se introduce la nueva regla de comparación referida al plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional en el amparo (la que se decreta inmediatamente después de admitida la demanda), de manera que si el plazo para conceder la medida en el sistema legal del medio ordinario prevé un tiempo mayor que esa inmediatez de la vigente suspensión de amparo, entonces, claramente el medio ordinario tampoco deberá ser agotado.

• Lo anterior llevó al Tribunal Colegiado de Circuito a concluir que, en el caso concreto, atendiendo las reglas vigentes, no existe obligación de acudir al juicio contencioso administrativo federal, porque si bien, dicho medio ordinario prevé la suspensión de los actos administrativos impugnados, en la especie opera la excepción prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que de concederse la medida por la vía ordinaria, sus alcances serían objetivamente menores a los que se tendría de concederse la suspensión en amparo.

• Para explicar lo anterior, refirió que el tema de los alcances de la suspensión en amparo conforme al sistema vigente, está precedido por la llamada "Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos", combinación que obligadamente conlleva a entender que la intención del cambio constitucional, fue convertir al juicio de amparo en un mecanismo de control constitucional diferente y más efectivo que el sistema que rigió en el pasado.

• De modo que debe tenerse presente que, la medida cautelar en el sistema vigente del juicio de amparo es más amplia y benéfica, que el restringido sistema de suspensión en amparo que se instituyó en el pasado, referencias y diferencias, tanto importantes como necesarias, para tener en claro por qué no se actualiza el motivo de improcedencia decretado por el Juez de Amparo.

• Así, limitado el análisis a los alcances de la suspensión en amparo, el órgano jurisdiccional atendió la regulación contenida en los artículos 131, párrafo segundo y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, de los cuales desprendió que una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, análisis de balance, a partir del cual, deberá determinarse si se concede o se niega la suspensión.

• En el supuesto de que el Juez decida conceder la suspensión, deberá fijar los requisitos y efectos de la medida, teniendo presente lo previsto por el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el que expresamente se describen las características de los efectos y alcances de la suspensión, con base en las reglas siguientes:

a) Los efectos de la suspensión se traducen en que, el Juez dicte medidas para que los derechos del quejoso queden en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda.

b) Los efectos y alcances de la suspensión no pueden tener el alcance de constituir derechos que no tenía el quejoso, antes de la presentación de la demanda.

c) Tampoco es posible que dichos efectos y alcances de la medida modifiquen o restrinjan los derechos del quejoso con relación a cómo eran antes de la presentación de la demanda.

• De lo anterior, afirmó el juzgador, se desprende que a diferencia de la suspensión del acto reclamado en amparo que rigió en el pasado y que tenía efectos meramente conservativos o paralizantes de los actos de autoridad, en el nuevo modelo de suspensión como medida cautelar del texto vigente, el Juez interviene no con una actitud meramente conservativa o paralizante, sino con la obligación de dictar todas las medidas necesarias y decretar mediante imposición de obligaciones todo lo que sea conducente a fin de colocar los derechos del quejoso en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda, lo cual representa no sólo un avance significativo en la suspensión para entenderla ahora como un verdadero sistema de medidas cautelares, sino también, una clara nota distintiva del sistema del pasado, ya que la medida cautelar en vigor permite al Juez dictar medidas e imponer obligaciones, demandando un protagonismo del juzgador, lo cual es marcadamente diferente que el sistema anterior, en donde el Juez tenía una intervención menor y su poder jurisdiccional se reducía a ordenar que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban.

• Frente a esos alcances superiores a medidas restringidamente conservativas, se tienen los alcances del juicio contencioso administrativo federal, que son menores, porque la suspensión del juicio contencioso se reduce a ser una limitada medida conservativa o suspensiva, como se obtiene de los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, al disponer que las medidas cautelares (entre las que se encuentra la suspensión), tienen por objeto mantener la situación de hecho existente, de manera que el litigio no quede sin materia ni se cause un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

• Además, señalan que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, debe presentarse por el actor o su representante legal y que ésta se concede:

• Si no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, a más que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución;

• En caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos, garantía que puede reducirse si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante o se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado;

• Si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fija discrecionalmente;

• Si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause;

• La suspensión del acto combatido queda sin efectos, si el tercero otorga contragarantía; y,

• La medida cautelar se puede solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad.

• Conforme a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que, tratándose del tema de los alcances de la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal, son de menores alcances que la actual suspensión de amparo como medida cautelar, pues se limitan los efectos de la suspensión a "mantener la situación de hecho existente."

• Y consideró que, en la actualidad, la tutela de los derechos fundamentales por medio de amparo irradia a la suspensión un efecto de justicia provisional que actúa de inmediato para proteger los derechos que la Constitución garantiza a los interesados y que se enmarca en los principios de las medidas cautelares o precautorias, que tienen como finalidad, asegurar la efectividad práctica de una eventual sentencia concesoria o estimatoria que se pronuncie en el proceso de amparo, facultando al Juez para dictar órdenes y medidas que coloquen los derechos del quejoso en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda, y facultándolo para fijar el estado de las cosas, a fin de evitar que durante la pendencia del proceso se produzcan daños y perjuicios de imposible o difícil reparación para el quejoso con la ejecución del acto reclamado o sus efectos, y sobre una perspectiva de protección de derechos por medio de la suspensión como medio accesorio y complementario para el aseguramiento de la tutela jurisdiccional efectiva.

• Lo que justifica la imposibilidad de aplicación al caso, del motivo de improcedencia previsto por la fracción XX del artículo 61 de la actual Ley de Amparo.

• Aunado, a que tratándose de los requisitos para acceder a la medida suspensional, el artículo 28, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiere que el acto administrativo impugnado cause daños o perjuicios de difícil reparación con su ejecución, requisito que no se establece en la Ley de Amparo.

• En la inteligencia de que resultaba inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), sustentada por esta Segunda Sala, intitulada: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.",(3) porque proviene de la interpretación de las reglas del juicio contencioso administrativo federal con relación al anterior sistema de suspensión en amparo abrogado.

• Tampoco fue obstáculo para sostener lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."; en la medida en que esta Segunda Sala, sólo se ocupó de dilucidar lo relativo al plazo para el otorgamiento de la suspensión; empero, no fueron materia de estudio los alcances, los cuales, a criterio de ese tribunal, son mayores en el amparo que en el juicio contencioso administrativo federal.

Conforme a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito revocó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida y al no existir causa de improcedencia diversa que debiera estudiar, con fundamento en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo reasumió jurisdicción mediante el estudio directo de los conceptos de violación y demás aspectos de fondo omitidos.

2. Por otra parte, del amparo en revisión **********, promovido por **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprenden los antecedentes siguientes:

• Deriva de la resolución administrativa que dictó el veintisiete de marzo de dos mil catorce, el subdirector divisional de examen de fondo de patentes áreas mecánica, eléctrica y de registro de diseños industriales y modelos de utilidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la cual negó a la promovente la inclusión de la patente **********, relativa al **********, en la publicación del ejemplar de agosto de dos mil trece de la Gaceta de la Propiedad Industrial y, su ejecución, esto es, la publicación del ejemplar indicado, sin incluir la referida patente.

• La resolución acabada de relacionar, constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que promovió la empresa afectada, a través de su representante legal, registrado con el número **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, resuelto por sentencia terminada de engrosar el cuatro de noviembre de dos mil catorce, en la que sobreseyó en el juicio, al estimar que la quejosa no agotó el principio de definitividad, de ahí que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.

• Inconforme con tal determinación, la persona moral quejosa interpuso recurso de revisión, que dio origen al amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que para desestimar los agravios formulados y confirmar la sentencia recurrida, en la parte que interesa, en esencia, expuso lo siguiente:

• A fin de dar respuesta al argumento en el que el inconforme señaló que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en el juicio de control de constitucionalidad, tal criterio se emitió al interpretar el ordenamiento jurídico abrogado, por lo que la jurisprudencia relativa resultaba inaplicable al caso.

• El órgano del conocimiento precisó, como punto de partida, la importancia de destacar que la jurisprudencia que refirió la recurrente, derivó de la contradicción de tesis ********** del índice de esta Segunda Sala, y de la lectura integral a la ejecutoria relativa, se advierte que los criterios que le dieron origen fueron emitidos en juicios de amparo promovidos en dos mil once y dos mil doce; y si bien, uno de los criterios contendientes atendió a un caso en el que el juicio de amparo indirecto se promovió previo a las reformas constitucionales de junio de dos mil once, lo cierto es que, en los restantes, el juicio de control se promovió después de esas reformas; de ahí que consideró indiscutible que este Alto Tribunal contempló el texto constitucional vigente antes y después de las reformas al artículo 107 de la Constitución Federal y, si no realizó precisión en ese sentido, es porque implícitamente consideró que no existe una diferencia sustancial en cuanto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo indirecto.

• Que por otra parte, si bien la Ley de Amparo que desarrolla el precepto constitucional, en el texto abrogado y en el vigente, pareciera que presenta diferencias en tratándose del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, pues de su comparación se desprende que el texto vigente impuso requisitos adicionales en relación con la suspensión del acto impugnado, al introducir dos nuevas locuciones, como son:

i. ...con los mismos alcances que los que prevé esta ley.

ii. ...ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.

• El Tribunal Colegiado consideró que la inserción realizada en el texto vigente, se debe a que en la nueva ley, el autor de la norma tomó en cuenta los diversos criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desentrañar el alcance de las disposiciones de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para darle mayor claridad y precisión.

• Empero, cuando el Máximo Tribunal del País examinó en distintos casos, el principio de definitividad (conforme a la legislación abrogada), el punto medular al que se circunscribió fue determinar si la disposición ordinaria preveía o no mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto de que se tratara, lo cual, sin duda alguna, incluía los alcances bajo los cuales se concedería la medida, así como el plazo para emitir el pronunciamiento, destacando cuales eran los supuestos más frecuentes en los que los particulares quedaban relevados de agotar la definitividad, como se advierte de la tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

• Esto es, aunque los alcances de la suspensión y el plazo del pronunciamiento, no se contemplaban expresamente en la legislación reglamentaria abrogada, el órgano del conocimiento sostuvo que esos requisitos sí fueron advertidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues insistió, siempre realizó el estudio comparado de distintas legislaciones, con la integrada en la Ley de Amparo, para determinar si aquéllas no exigían mayores requisitos que ésta para conceder la suspensión del acto reclamado, lo cual, sin lugar a dudas, incluye precisamente a los alcances de la medida, porque con la decisión apoyada en la aplicación de la legislación que previera el medio de defensa ordinario, desde un principio se hubiera limitado aquélla; y, en relación con el plazo, como aspecto debatido en el recurso de revisión que se escudriña, éste constituye un elemento sustancial del pronunciamiento, para determinar si la ley de que se trate prevé los mismos requisitos o adicionales a los establecidos en la Ley de Amparo para efectos de la medida, por lo que, a partir de la comparación que se efectúe entre la legislación ordinaria y la ley reglamentaria mencionada, se podrá distinguir si aquélla contempla "mayores requisitos" que la Ley de Amparo, para los efectos indicados.

• Consideró importante el Tribunal Colegiado de Circuito agregar, que los alcances de la suspensión pudiera interpretarse que no constituyen un requisito propiamente para el otorgamiento de la medida, pero, si se tiene presente que la magnitud y, por consiguiente, el radio de acción de esa medida, limitan o amplían el contenido de ésta y ello se vincula indiscutiblemente con los términos en que se realice la solicitud, la cual constituye el primer elemento a verificar (esto es, que la solicite el agraviado); entonces, al no poder desvincularse los elementos enunciados, los alcances de la suspensión se erigen como un requisito.

• Que tal precisión la realizó únicamente a mayor abundamiento, porque no constituye materia de controversia en el recurso de revisión, pues si bien se menciona en el escrito respectivo, no se endereza la polémica en ese sentido.

• En esos términos, precisó que una vez superado que el texto vigente de la ley reglamentaria no hace una distinción importante en cuanto al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo indirecto, en relación con la suspensión del acto que se impugne, emerge una nueva conclusión: el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es aplicable a la nueva Ley de Amparo.

• Para ello, indicó que tuvo presentes las consideraciones sentadas por esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis **********, a que hizo referencia y que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO."

• Ejecutoria de la cual destaca, para este estudio, que conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; lo cual, no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo.

• Por otra parte, para dar respuesta al argumento en el cual, la quejosa expuso que en el juicio contencioso administrativo, el pronunciamiento sobre la suspensión puede tomarse a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, el Tribunal Colegiado señaló que con ello se pretendió evidenciar que el artículo 6, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, permite que la decisión sobre la suspensión se tome en un tiempo mayor al que dispone la Ley de Amparo, lo que carece de sustento jurídico, porque el hecho consistente en que en el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Federal se prevea un horario de labores para el personal que realiza actividades jurisdiccionales, lo cual no se encuentra establecido en la Ley de Amparo, no hace patente que en la ley que rige al juicio de ordinario se exceda el plazo previsto en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que si bien la ley no impone modalidades en ese sentido, sí lo hacen los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y, en todo caso, el aspecto relevante que debe tomarse en cuenta, es el consistente en que, tanto la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como la Ley de Amparo prevén el mismo plazo para el pronunciamiento sobre la suspensión provisional.

• Señaló que tal aseveración queda sustentada en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, así como el 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de los cuales se advierte que, la decisión sobre la suspensión provisional a petición de parte se emitirá en el auto de admisión, salvo que se trate de los supuestos previstos en el artículo 48 de la propia ley (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), auto que se emitirá en el plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada.

• En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que, el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. En estos términos, el día hábil siguiente se refiere al día de calendario posterior (hábil) a aquel en que se presentó tal solicitud, no al horario laboral del personal que realice actividades jurisdiccionales.

• Por ende, tal disposición es similar a la contenida en la Ley de Amparo, en donde se establece que la suspensión, conforme a las disposiciones analizadas, se pronunciará dentro de las veinticuatro horas contadas a partir que se presentó la demanda o fue turnada.

• En este sentido, no debe soslayarse que la ley reglamentaria mencionada prevé dos supuestos, cuando se trate de actos contrarios a los prohibidos en el artículo 22 y supuestos análogos y, el resto de los c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26208-7f5cf9b1/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-necesario-agotarlo-previamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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