PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE EL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DÁVILA GAONA (PRESIDENTE), JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN Y JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: GERARDO DÁVILA GAONA. SECRETARIA: LILIA DEL CARMEN GARCÍA FIGUEROA.
Cancún, Quintana Roo. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito en la sesión ordinaria remota por videoconferencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el expediente relativo a la contradicción de tesis 5/2021; y
RESULTANDO
PRIMERO.—Consideración especial previa. Con motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (reformado mediante Acuerdo General 6/2020), suspendió en su totalidad las actividades de los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al cinco de mayo de dos mil veinte, así como los plazos y términos procesales, con excepción en la tramitación y resolución de asuntos urgentes.
Por su parte, el artículo 1o., fracción II, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (reformado mediante Acuerdo General 10/2020), reanudó la posibilidad de resolver aquellos casos ya radicados y que se hubieren tramitado físicamente, en los que únicamente quedara pendiente la emisión de sentencia o resolución final, así como los juicios promovidos en línea.
Asimismo, el artículo 1o., fracción II, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (reformado mediante los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020), habilitó la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hubieren tramitado físicamente, en los que únicamente quedara pendiente la emisión de sentencia o resolución final y los juicios en línea.
De conformidad con los artículos 1o., 2o. y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron las actividades jurisdiccionales (atendiendo a los señalamientos plasmados en dicho Acuerdo General), así como los términos para resolver los diversos asuntos de su competencia.
La vigencia del Acuerdo General 21/2020 ha sido prorrogada a través de los relacionados con los números 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 por lo que su vigencia transcurre del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno.
SEGUNDO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio la Magistrada presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese tribunal, al resolver los recursos de queja, 202/2020 y 219/2020, y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del referido circuito, al fallar el amparo en revisión 307/2018, cuyo tema se concretó en analizar si se actualiza o no una excepción al principio de definitividad, al establecer el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, mayores requisitos, alcances y plazos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, y por ende, si previo a promover el juicio de amparo, debe agotarse o no el juicio contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo.
TERCERO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis bajo el número 5/2021, y la admitió a trámite.
Asimismo, solicitó únicamente a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado de dicho circuito, copia certificada de la ejecutoria del amparo en revisión 307/2018, de su índice, y que informara si el criterio sustentado en el asunto materia de la presente denuncia, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, en virtud de que con motivo de la denuncia realizada por la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, obra copia certificada de las resoluciones dictadas por el citado tribunal, en las quejas citadas.
Finalmente, en el citado acuerdo se ordenó que una vez recibido el informe solicitado, se diera aviso por correo electrónico al Alto Tribunal, sobre la admisión de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 27, inciso f), del Acuerdo 20/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
De igual forma, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se dio cuenta con el Acuerdo de cuatro del mes y año citados, signado electrónicamente por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el que remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 307/2018, e informa que el criterio contenido en la misma estaba vigente. En el mismo auto se dio aviso al Alto Tribunal de Justicia de la Nación, a fin de tener conocimiento sobre la existencia o no de una diversa contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema en cuestión, remitiendo las constancias relativas al oficio en que se denuncia la contradicción, testimonios de las ejecutorias de los tribunales contendientes y acuerdo de admisión de la posible contradicción.
En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio firmado electrónicamente por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual informó que no se advirtió la existencia de una contradicción de tesis que guardara relación con el tema materia de la presente.
En el mismo proveído se ordenó turnar el expediente al Magistrado Gerardo Dávila Gaona, para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia legal. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como los numerales 1o., 2o. y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, por tratarse de una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.—Plazo para emitir resolución. De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, la presente resolución se emite con base en el proyecto presentado en el término legal.
TERCERO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) pues fue denunciada por la presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que es uno de los órganos contendientes en la presente contradicción.
CUARTO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente reproducir las consideraciones y argumentaciones que informan las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados de circuito contendientes, al resolver las quejas 202/2020 y 219/2020 y el amparo en revisión 307/2018, de sus índices, respectivamente, que generaron la contradicción de tesis denunciada:
I. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 202/2020 y 219/2020, sostuvo:
Recurso de queja 202/2020:
"Es esencialmente fundado el agravio, aunque suplido en su deficiencia, conforme a la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ORGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’(se transcribe)
"Lo anterior, pues al margen de la hipótesis de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo en la que el Juez de Distrito encuadró los actos reclamados para establecer la procedencia del juicio de nulidad en su contra, lo cierto es que el quejoso no se encontraba compelido a agotar dicho medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo.
"Es así, porque en la especie se surte la hipótesis de excepción al principio de definitividad, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’
"De lo anterior se advierte, en lo que interesa:
"- En tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existe la obligación de agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.
"- Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso.
"- Sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva.
"- Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
"Ahora bien, en relación con los requisitos que exige la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alegue tener interés jurídico.
"En efecto, al resolver la contradicción de tesis 146/2019, el Pleno de nuestro Alto Tribunal emitió la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), que se reproduce más adelante, en la que llegó a la conclusión antes citada y como justificación de la misma, consideró que de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es ‘la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado’, sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este ‘juicio de ponderación’ la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora.
"Consideró, que esa conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria.
"Dijo que, además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de ‘tutela anticipada’ (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible).
"Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión.
"Criterio del cual derivó la jurisprudencia referida, que se transcribe a continuación:
"‘SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.
"‘Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado, en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto.
"‘Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico.
"‘Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es «la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado», sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este «juicio de ponderación» la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de «tutela anticipada» (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión.’
"Por su parte, en el tema de estudio el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘1. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público...’
"De todo lo anterior se obtiene, que los requisitos que exige la Ley de Amparo vigente para conceder la suspensión definitiva, cuando como en el caso, el quejoso alega tener interés jurídico, son:
"- Que la solicite el quejoso.
"- El análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.
"Ahora bien, en el auto recurrido, el a quo precisó que los actos reclamados habían sido emitidos por autoridades administrativas estatales que ponían fin a un procedimiento administrativo, a saber, la extinción de asientos registrales y, con lo cual, precisó que contra dichos actos procede dicho juicio de nulidad en términos de la fracción XI del artículo 187 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, entonces si el quejoso no agotó ese medio de impugnación, entonces (sic) el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad.
"De lo anterior se advierte que el encargado del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito consideró que los actos reclamados ponían fin a un procedimiento administrativo en términos de la fracción XI del artículo 187 del Código de Justicia Administrativa del Estado, sin embargo, los actos encuadran en la diversa hipótesis legal comprendida en la fracción II de dicho numeral, el cual señala que procede el juicio contencioso administrativo contra resoluciones administrativas de organismos públicos estatales o municipales dictadas en perjuicio de particulares.
"...
"No obstante lo anterior, contrario a lo considerado por el encargado del despacho en el auto recurrido, al quejoso no le era exigible agotar el aludido juicio ordinario ante el referido tribunal administrativo, previo a acudir al juicio de amparo, puesto que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, circunstancia que como se precisó con antelación, constituye una excepción al principio de definitividad prevista en el primer párrafo de la citada fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo.
"En efecto, el artículo 134, fracción I, del Código de Justicia Administrativa del Estado establece: (se transcribe)
"De la porción del numeral transcrito, se obtiene que en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo, se prevé como primer requisito para conceder la suspensión, esencialmente el mismo que en la Ley de Amparo, esto es, que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Como segundo requisito, se requiere acreditar que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado.
"Sin embargo, este último, conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ya citada jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), no constituye un requisito para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo cuando el quejoso alega tener interés jurídico, como es el caso, pues la quejosa reclama una determinación que niega la extinción de asientos registrales, emitida por la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo.
"De lo que se sigue que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, efectivamente prevé mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; de ahí que no resultaba exigible a la quejosa agotar el juicio contencioso administrativo previo a promover el juicio de amparo, por lo que fue incorrecto el desechamiento de la demanda, pues en el caso no se surte a plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
"No es óbice al sentido del presente asunto, el hecho de que se dio vista al recurrente con la posible actualización de una causa de improcedencia; sin embargo, en el transcurso de la vista, esto es, el viernes ocho de enero de dos mil veintiuno, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria a partir del lunes del mismo mes y año para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que es aplicable al caso y obliga a rectificar el criterio en sentido contrario.
"En ese tenor, y al no advertir motivo manifiesto e indudable que justifique el desechamiento de la ampliación por lo que respecta a los nuevos actos reclamados precisados con antelación, debe declararse fundado el recurso de queja y, al efecto, se ordena al Juez de Distrito que provea lo conducente sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo (sic) 112 a 115 de la Ley de Amparo, salvo que se advierta la existencia de otro motivo de improcedencia que resulte ser manifiesto e indudable.
"Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia con clave de tesis 2a./J. 73/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prevé lo siguiente:
"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’ (se transcribe)
Recurso de queja 219/2020:
"... Su agravio resulta esencialmente fundado, aunque suplido en su deficiencia, conforme a la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe)
"Lo anterior, pues al margen de la hipótesis de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo en la que el Juez de Distrito encuadró los actos reclamados para establecer la procedencia del juicio de nulidad en su contra, lo cierto es que el quejoso no se encontraba compelido a agotar dicho medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo.
"Es así, porque en la especie se surte la hipótesis de excepción al principio de definitividad, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicho numeral dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos, algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia ley reglamentaria.
"De lo anterior se advierte, en lo que interesa:
"- Que en tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existe la obligación de agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.
"- Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso.
"- Sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva.
"- Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley teglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.
"Ahora bien, en relación con los requisitos que exige la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alegue tener interés jurídico.
"En efecto, al resolver la contradicción de tesis 146/2019, el Pleno de nuestro Alto Tribunal emitió la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), que se reproduce más adelante, en la que llegó a la conclusión antes citada y, como justificación de la misma, consideró que de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es ‘la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado’, sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este ‘juicio de ponderación’ la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora.
"Consideró, que esa conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30512-dbbf65bf/principio-de-definitividad-no-es-necesario-agotar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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