SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN, CUANDO SE RECLAMAN COMO AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 12, 33, FRACCIONES VI Y VII, 34 Y DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE QUE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS SON DE NATURALEZA FUTURA E INCIERTA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 192/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción, I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados con competencia en la materia administrativa, pertenecientes al Cuarto Circuito, que está comprendido en la Región Centro-Norte.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la denunció la persona titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 354/2023, en sesión de quince de junio de dos mil veintitrés.
Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 355/2023, en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
4. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los emitidos por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 354/2023 y 355/2023, respectivamente.
6. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito analizó un asunto con las siguientes particularidades:
Ver particularidades
7. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. A partir de esta relatoría, se obtiene la siguiente información que permite establecer la existencia de la contradicción:
Ver información
9. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, si fue correcto que el Juzgado de Distrito negara la suspensión provisional respecto de los efectos o consecuencias de los artículos 12, 33, fracciones VI y VII, 34 y décimo transitorio de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en particular, reclamados por su sola entrada en vigor (como autoaplicativos), que reglamentan la operación y financiamiento del Sistema Nacional de Investigadores.
10. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes porque los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados analizaron la negativa de la suspensión provisional bajo la consideración de que no existía una afectación actual y real en la persona quejosa y recurrente, esto es, que los efectos de las normas de carácter general reclamadas eran futuros e inciertos.
11. Se produjo un diferendo, porque mientras uno indicó que con la sola entrada en vigor de los preceptos reclamados, no se actualizó la existencia o inminencia de un daño irreparable que ameritara una protección especial a través de la suspensión y convalidó la consideración de que los efectos para los que se solicitó la medida estaban relacionados con actos que no resultaban inminentes, sino futuros e inciertos, por lo cual, para actualizarse, se requería que existiera un actuar de las autoridades responsables e incluso de la persona quejosa; el otro consideró que sí existía una afectación actual y real para la persona quejosa y concluyó que las consecuencias jurídicas establecidas en las normas reclamadas son inmediatas, no futuras e inciertas, pues surgen con su sola entrada en vigor.
12. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Para efectos de resolver sobre la suspensión provisional en amparo, puede afirmarse que son de naturaleza futura e incierta los efectos y consecuencias de los artículos 12, 33, fracciones VI y VII, 34 y décimo transitorio de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cuando se reclaman como normas autoaplicativas?
13. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
14. Finalmente, importa aclarar que no existe un punto de toque ni un diferendo sobre el tema relativo a la procedencia de la suspensión provisional frente al orden público y al interés social, porque este tópico solo fue abordado por el segundo de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.
V. Estudio
15. El artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) prevé que en materia de amparo los actos reclamados son susceptibles de suspensión en los casos y con las condiciones indicadas en la ley reglamentaria y que, para efectos de su otorgamiento corresponde al juzgador, si la naturaleza del acto lo permite, hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
16. En consonancia con la disposición constitucional, los artículos 126 a 128 de la Ley de Amparo refieren los diversos tipos de suspensión que pueden decretarse.
17. El numeral 126(6) prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, a saber, pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental.
18. El numeral 127(7) establece la suspensión de oficio incidental para los casos de extradición y cualquiera otro cuya ejecución sea físicamente irreparable.
19. Y el artículo 128(8) prevé la suspensión a petición de parte, de tramitación incidental, para los casos restantes, y establece que se decretará siempre que lo solicite la persona quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Previsión que debe aplicar en conjunto con lo previsto en el diverso artículo 138(9) de la propia ley, que prevé que se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.
20. En el diverso numeral 147,(10) se indica que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, además de que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, que se restablezca provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
21. Tratándose en lo general de la suspensión provisional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que debe atenderse a las manifestaciones de la persona quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, como se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93,(11) que enseguida se reproduce:
"SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.
"Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."
22. En el artículo 148 de la ley en cita prevé que los juicios en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la persona quejosa y cuando se reclame con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de esos efectos, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación, como se advierte de su reproducción:
"Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.
"En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación."
23. Desde luego, el mandato de que en los casos en que se señale como acto reclamado una norma general por su sola entrada en vigor (como autoaplicativa) debe concederse la suspensión para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la persona quejosa, no debe entenderse en el sentido de que, en todos los casos, deberá otorgarse la medida, pues debe interpretarse a la luz de los demás preceptos que establecen los criterios a observar para su procedencia, como los contenidos en los numerales 128 y 138 de la misma ley, relativos a que medie una solicitud y se realice el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho con el orden público y el interés social.
24. Importa recordar que entre tales requisitos no se halla el relativo a que la parte quejosa demuestre que se le causan daños y perjuicios de difícil reparación, cuando acude al juicio en defensa de un interés jurídico, según se explica en la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.),(12) que destaca que el referido "juicio de ponderación" es la base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora, cuando dice:
"SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO."
"Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto.
"Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico.
"Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es ‘la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado’, sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este ‘juicio de ponderación’ la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce solo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de ‘tutela anticipada’ (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión."
25. A partir de ese criterio, se puede concluir que si la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando la persona quejosa alega tener interés jurídico, con mayor razón es incorrecto considerar que en ese escenario,(13) tratándose de un amparo en contra de normas, la procedencia de la medida está condicionada a que la persona quejosa demuestre la existencia actual o la realización inminente de algún acto que pueda causarle un daño de difícil (menos aún de imposible) reparación.
26. Esta exigencia carecería de sustento legal, no sólo porque ya quedó establecido por el Máximo Tribunal que la demostración de un daño de difícil reparación no es un requisito previsto por el Constituyente para el otorgamiento de la medida cautelar, sino sobre todo, porque tratándose de un juicio de amparo en contra de normas promovido por su sola entrada en vigor, no es preciso reclamar actos concretos de aplicación cuya existencia pueda ponerse en duda.
27. En efecto, de acuerdo con el sistema de impugnación de normas en amparo, previsto en los artículos 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la ley de la materia, es posible reclamar una norma general por su sola entrada en vigor, lo que posibilita que ésta sea el único acto reclamado en el juicio, con exclusión de cualquier acto.
28. Por supuesto, fácticamente es posible que la persona quejosa señale formalmente como reclamados algunos actos diversos de la norma, ya sea porque estén relacionados con ésta o porque estime que serán de ejecución inminente, pero de ser así, para proveer sobre la suspensión, habrá de distinguir entre la que se solicita respecto de la norma y aquella que se solicite respecto de dichos actos.
29. De solicitarse la suspensión respecto de una norma, ha señalado el Máximo Tribunal, lo que debe examinarse por el juzgador son sus fines y sus efectos y consecuencias, para estar en aptitud de realizar el juicio de ponderación entre el orden público y el interés social y la apariencia del buen derecho, como lo explicó al resolver la contradicción de criterios 404/2022, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 23/2023 (11a.),(14) de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA NORMA GENERAL CUANDO IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA SU APLICACIÓN, EFECTOS O CONSECUENCIAS.", en la parte que dijo: "43. Tratándose de juicios de amparo en los que se señala como acto reclamado alguna norma legal, la parte quejosa está obligada por disposición expresa de los artículos 87 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a designar como autoridad o autoridades responsables a ‘los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación’. Siendo que, a efecto de analizar si procede conceder la medida cautelar, el juzgador o juzgadora debe estudiar el contenido normativo e, incluso, la finalidad o efecto que persigue –atendiendo a la efectiva intención de la autoridad emisora–, para determinar si la paralización de su aplicación afecta el interés social o contraviene alguna disposición de orden público, ponderando, en su caso, los elementos de la apariencia del buen derecho. Esto es, ese juzgador o juzgadora deberá analizar los extremos siguientes:
"1) Si la disposición legal reclamada conlleva o genera algún provecho en favor de la colectividad o regla que la salvaguarde de algún riesgo en términos de las hipótesis enlistadas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, y de los elementos a que se refiere la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’, que dispone que ‘se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.’
"2) En su caso, deberá ponderar la apariencia del buen derecho que pudiera deducirse del contenido normativo, es decir, si existen elementos que permitan anticipar, a través de un examen preliminar, su inconstitucionalidad, al tenor de la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’
"44. Y, en caso de que se concluya que procede conceder la medida cautelar, a ésta deberán imprimirse los efectos a que se refiere el artículo 148 de la Ley de Amparo, que dice: (lo transcribe).
"45. De acuerdo con esta disposición, la suspensión contra normas generales no implica la paralización de su proceso de creación–lo que incluso sería fácticamente imposible porque el amparo procede contra disposiciones generales ya vigentes–, sino que, tanto si esas normas se reclaman otorgándoles el carácter de autoaplicativas por su sola vigencia, como si se reclaman a partir de su acto de aplicación, lo que se detiene es la materialización de sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso o de la quejosa (además de que, en el segundo caso, también deberán paralizarse los del acto de aplicación que hubiere dado lugar a la promoción del juicio). Incluso, atento a que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo ya transcrito es posible que por virtud de la suspensión se restablezca provisionalmente al amparista en el goce del derecho violado, la medida cautelar podrá tener por efecto ordenar que no se aplique o que se deje de aplicar de manera temporal la disposición de carácter general que constituya el acto reclamado –cuando resulte posible–."
30. Por tanto, la pregunta que debe hacerse el operador jurídico para decidir sobre la suspensión solicitada respecto de una norma reclamada por su sola vigencia, no es si está demostrada la existencia actual o la realización inminente de los actos reclamados o de sus efectos, sino partir del hecho de que se producen ciertos efectos y consecuencias, a fin de hacer el juicio de ponderación a que se refieren los artículos 128 y 138 de la ley ya citados.
31. Una interpretación contraria llevaría a considerar que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, es un requisito para conceder la suspensión provisional, la existencia de actos de una autoridad o de la parte quejosa que conlleven un principio de ejecución de la ley reclamada, con lo cual se inobservaría lo previsto especialmente en la Ley de Amparo, que dispone que en ese supuesto, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la persona quejosa.
32. En los juicios de amparo de los cuales derivaron los criterios en contradicción, en la parte en que existe identidad, se reclamaron, por su sola entrada en vigor, los artículos 12, 33, fracciones VI y VII, y 34, así como el transitorio décimo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, preceptos que disponen lo siguiente:
"Artículo 12. El consejo nacional, a partir de la identificación pertinente y oportuna que haga de las necesidades, problemáticas, capacidades y vocaciones locales y regionales, así como de las propuestas generadas por la comunidad, las autoridades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de las entidades federativas y por los sectores social y privado, incluyendo las que realicen los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables, debe coordinar la integración democrática de una agenda nacional que establezca líneas de acción en torno de los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, sin menoscabo de la libertad de investigación ni de la autonomía que reconozca la ley a las universidades e instituciones públicas de educación superior.
"La agenda nacional y los instrumentos de planeación estratégica y participativa se integrarán, aprobarán, actualizarán, ejecutarán y evaluarán conforme a los fines, principios y bases de las políticas públicas previstos en la presente Ley, la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables."
"Artículo 33. En el ámbito de sus competencias, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones operarán los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo, según su naturaleza, objeto y regulación, conforme a las siguientes bases y principios: ...
"VI. Para el financiamiento de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales. Las personas beneficiarias del sector privado deberán aportar recursos para el financiamiento de los proyectos en que participen, mediante convenios que antepongan el interés público, salvo que se trate de proyectos relacionados con prioridades o emergencias de Estado en donde la concurrencia no sea posible o no esté justificada;
"VII. Tratándose de apoyos de carácter económico, la asignación de recursos públicos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a la celebración de un convenio o contrato. La autoridad otorgante deberá vigilar su correcta aplicación y adecuado aprovechamiento;"
"Artículo 34. Los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las personas integrantes del sistema nacional de investigadoras e investigadores que se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, así como a proyectos y actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la agenda nacional, en los términos de esta ley.
"En todo caso, el consejo nacional, en coordinación con las autoridades competentes, debe promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen o en que participen municipios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables, con pleno respeto a su libre determinación y autonomía."
"Transitorios
"Décimo. Las autoridades competentes deberán realizar las acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos que se opongan a la presente Ley, en beneficio del interés público."
33. De los preceptos transcritos deriva lo siguiente:
a) La obligación del Consejo Nacional de coordinar la integración democrática de una agenda nacional con líneas de acción, sin menoscabo de la libertad de investigación y de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior, conforme a ciertos criterios y de que la agenda y los instrumentos de planeación sean conformes a la normatividad mencionada (artículo 12).
b) Entre las bases y los principios a los que se sujetará la operación por las autoridades de los mecanismos de fomento y apoyo están los siguientes (artículo 33):
• Se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales (fracción VI).
• Las personas beneficiarias del sector privado deberán aportar recursos para el financiamiento de los proyectos en que participen, mediante convenios que antepongan el interés público, salvo que se trate de proyectos relacionados con prioridades o emergencias de Estado en donde la concurrencia no sea posible o no esté justificada (fracción VI).
• La asignación de recursos públicos para apoyos de carácter económico estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31935-ac7d4a0a/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO QUE FIJA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE, FUERA DE LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL ARTÍCU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA ESTATAL (ARTÍCULO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA PROBABL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN, CUANDO SE RECLAMAN COMO AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 12, 33, FRACCIONES VI Y VII, 34 Y DÉC (PR.A.CN. J/27 A (11a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA Y EFECTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REABRIR O CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINI (PR.A.C.CN. J/53 A (12a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE NO SE DICTE SENTENCIA EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE IMPUGNARON ACTOS RELACIONADOS (IV.2o.A.3 K (12a.))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU ANÁLISIS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE ÉSTA SE INTEGRA POR DIVERSAS FASES ORDENADAS Y CONCATENADAS QUE, DADA SU PRELACIÓN Y ESTRECHA RELACIÓN, N (I.9o.C. J/1 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis