SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 148 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE MARZO DE 2022. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ARTURO ITURBE RIVAS, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA Y JUAN CARLOS CRUZ RAZO, ESTOS DOS ÚLTIMOS FORMULARON SENDOS VOTOS PARTICULARES. PONENTE: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA. SECRETARIA: MIRIAM PÉREZ RAMOS.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de ocho de marzo de dos mil veintidós.
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio recibido el doce de febrero de dos mil veinte en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primero Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito denunció la posible contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados (a) Primero, (b) Tercero, (c) Octavo, (d) Décimo Primero, (e) Décimo Tercero y (f) el Décimo Sexto, en contra del criterio de los Tribunales Colegiados (g) Cuarto, (h) Séptimo e (i) Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja (a) Q.A. 11/2020, (b) Q.A. 11/2020, (c) Q.A. 10/2020, (d) Q.A. 377/2019, Q.A. 378/2019, Q.A. 380/2019, Q.A. 384/2019, Q.A. 394/2019, Q.A. 397/2019, (e) Q.A. 15/2020, (f) Q.A. 8/2020, en contra de lo resuelto en los recursos de queja (g) Q.A. 17/2020, (h) Q.A. 08/2020 e (i) Q.A. 12/2020, respectivamente.
SEGUNDO.—Admisión. La presidenta de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registró el asunto con el número de expediente PC01.I.A.08/2020.C; solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes la remisión de archivos digitales de las ejecutorias que pronunciaron en los recursos de queja antes mencionados y que informaran si subsisten los criterios materia de dicha contradicción.
TERCERO.—Informes rendidos.
1) En acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio que sostuvo en el recurso de queja Q.A. 11/2020 de su índice, se encuentra vigente.
2) Por proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sustentó en el recurso de queja Q.A. 10/2020.
3) A través del auto de veinte de febrero de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo en los recursos de queja Q.A. 377/2019, Q.A. 378/2019, Q.A. 380/2019, Q.A. 384/2019, Q.A. 394/2019 y Q.A. 397/2019.
4) En acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio que sustentó en el recurso de queja Q.A. 15/2020 se encuentra vigente.
5) Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo en el recurso de queja Q.A. 8/2020.
6) Mediante correo electrónico oficial de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio que sustentó en el recurso de queja Q.A. 11/2020 se encuentra vigente.
Informes rendidos por los Tribunales Colegiados que emitieron criterios contrarios:
1) A través del correo electrónico oficial de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo en el recurso de queja Q.A. 17/2020.
2) Mediante correo electrónico oficial de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio que sostuvo en el recurso de queja Q.A. 8/2020 se encuentra vigente.
3) Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sustentó en el recurso de queja Q.A. 12/2020.
CUARTO.—Turno. Debido al fenómeno de salud SARS-CoV-2 (COVID-19), se suspendieron los plazos en los expedientes tramitados ante el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito; una vez que se reanudaron y al encontrarse debidamente integrado, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se turnó el asunto al Magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.—Prórroga. Mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se acordó de conformidad la solicitud del ponente, en el sentido de la prórroga de quince días para la formulación del proyecto correspondiente.
SEXTO.—Previa convocatoria, en la novena sesión ordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al no alcanzar la mayoría, desechó el proyecto propuesto, toda vez que obtuvo una votación de cinco votos a favor y dieciocho en contra y ordenó su returno.
SÉPTIMO.—Returno. A través del acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, el presidente de este Pleno de Circuito returnó el expediente virtual a la Magistrada Alma Delia Aguilar Chávez Nava, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del asunto, con apoyo en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los numerales 6, 9, 13, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento de los Tribunales Colegiados de la materia y circuito en mención.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por parte legítima de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 15/2020, en sesión de catorce de enero de dos mil veinte.
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones sustentadas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Octavo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, como sigue:
a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 11/2020, resolvió:
"CUARTO.—En el proveído impugnado, la Juez de Distrito negó la medida cautelar solicitada para el efecto de que:
"a) Se suspenda cualquier acto tendente a aplicar la inhabilitación contenida en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es decir, la prohibición para ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que transcurran al menos diez años.
"b) Las autoridades se abstengan de iniciar procedimientos administrativos en contra de la quejosa por la probable actualización de alguna falta prevista en la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuya sanción se encuentra regulada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"La juzgadora explicó que esas consecuencias, por su naturaleza jurídica, constituyen actos futuros de realización incierta, por lo que no son susceptibles de ser suspendidos.
"Indicó que no existe certidumbre de que esos efectos se realizarán o ejecutarán, es decir, que no son inminentes.
"Señaló que hasta ese momento procesal, no obraba alguna constancia de la que se advierta que las autoridades responsables pretendan llevar a cabo una investigación en contra de la quejosa por la probable comisión de un delito.
"Agregó que, además, respecto de las consecuencias precisadas en el inciso a), en caso de concederse la suspensión, se le darían efectos constitutivos.
"En el primer agravio, la recurrente aduce que el auto combatido transgrede lo previsto por los artículos 126, 128, 138 y 148 de la Ley de Amparo.
"Expresa que el juicio de amparo se promovió contra normas que son de naturaleza autoaplicativa, pues causan afectación a su esfera jurídica desde su entrada en vigor, por lo que resulta innecesario demostrar que tiene una oferta laboral que no puede aceptar con motivo de la vigencia de los preceptos reclamados, máxime que precisamente lo que busca es que no se le aplique la sanción que coarta su derecho al trabajo y profesión por diez años.
"Alega que la a quo inobservó lo previsto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, que reconoce las particularidades de la suspensión cuando el acto reclamado es una norma autoaplicativa.
"Señala que con base en ese numeral, no tenía la obligación de demostrar que la afectación es inminente y real, ya que la medida cautelar es para paralizar los efectos y consecuencias de las disposiciones controvertidas.
"Con la finalidad de dar solución al tema planteado, conviene precisar que la suspensión del acto reclamado constituye una prerrogativa a favor de los particulares, que paraliza o evita que se concreten en su esfera jurídica los efectos y consecuencias de los actos reclamados, conservando la materia del juicio hasta su conclusión e impidiendo que la ejecución ocasione daños de difícil reparación.
"Para su otorgamiento, de conformidad con los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, es necesario que se corrobore que existe petición expresa del quejoso, que el acto es cierto, que sea susceptible de paralizarse, que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público y se pondere la apariencia del buen derecho.
"Dicho estudio se debe realizar atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, lo que conlleva valorar si el acto reclamado se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del quejoso, es decir, si con la suspensión se pretende preservar una prerrogativa con la que cuenta, o bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a los promoventes.
"Lo anterior, porque el objeto de la suspensión es conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, por lo que se debe acreditar fehacientemente que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama está dentro de su esfera jurídica pues, de no colmarse esa circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende, situación que está proscrita en términos del párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo.
"La quejosa solicitó la suspensión, entre otros, para el efecto de que no se aplique el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el Manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que transcurran al menos diez años.
"Asimismo, para que las autoridades se abstengan de iniciar procedimientos administrativos en contra de la quejosa por la probable actualización de alguna falta prevista en la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuya sanción se encuentra regulada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"El referido precepto se impugnó como norma autoaplicativa, bajo la consideración de que desde el inicio de su vigencia genera afectación a la promovente.
"El artículo 148 de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclame una norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir que sus efectos y consecuencias se materialicen en la esfera jurídica del gobernado.
"Dicho precepto no se debe interpretar en forma aislada, sino en forma conjunta con los demás requisitos que para la concesión de la medida cautelar prevé la Ley de Amparo, es decir, se debe verificar que el acto sea cierto, que los efectos sean susceptibles de ser suspendidos, que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se pondere la apariencia del buen derecho.
"Así se afirma, porque el Alto Tribunal ha establecido que al igual que no es factible negar la suspensión por el simple hecho de que se trata de una disposición de orden público, tampoco es válido concederla con la simple explicación de que esa disposición ha sido impugnada en el juicio de amparo.
"Por consiguiente, para definir si se concede o se niega la suspensión contra los efectos de la norma reclamada, se debe hacer una ponderación casuista de los fines que persigue la norma y los requisitos establecidos en la ley, en tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación correspondiente.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 14/91 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, diciembre de 1991, página 45, que establece:
"‘ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. SUSPENSIÓN CONTRA ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE PARTICULARES (EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS PÉTREOS).’ [se transcribe].
"El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana establece: [se transcribe]
"El precepto transcrito prevé, en lo que al caso importa destacar, que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el Manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separen del cargo, no podrán ocupar durante el plazo de diez años puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público.
"Como se observa, la disposición reclamada establece dos condiciones para que se materialice la prohibición durante diez años para los servidores públicos de ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada con motivo de su encargo:
"a) Que sean servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el Manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y
"b) Que se separen del cargo por cualquier motivo.
"Por ende, la única forma en que las disposiciones del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en particular, sus efectos y consecuencias, pudieran efectivamente generar una afectación actual a la esfera jurídica de la quejosa, es que se satisfagan las dos condiciones apuntadas.
"En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, la promovente narró, bajo protesta de decir verdad, que el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho firmó un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, para laborar como personal de confianza en el Banco de México.
"Asimismo, manifestó que lleva veintiún años laborando en ese órgano constitucional autónomo y que actualmente se desempeña como gerente de operación de Sistema de Pagos e Infraestructuras de Mercados.
"Para acreditar sus aseveraciones, aportó la copia del oficio de once de junio de dos mil diecinueve (foja 134 del cuaderno incidental), mediante el cual el secretario de la Junta de Gobierno del Banco de México le comunicó que se aprobó su nombramiento en el cargo que refiere a partir del uno de julio de dos mil diecinueve, así como el recibo de nómina de siete de noviembre de ese año (foja 135).
"Las manifestaciones de la quejosa y las pruebas que anexó a su demanda de amparo son aptas para afirmar que actualmente se encuentra laborando en el Banco de México.
"No obra en el expediente alguna prueba demostrativa que acredite, aunque sea indiciariamente, que se hubiere separado del servicio.
"De manera que, al margen de que el cargo que desempeña como gerente de operación de Sistema de Pagos e Infraestructuras de Mercados se encuentre comprendido en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el Manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo objetivamente cierto es que no se satisface la segunda condición prevista por el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana: que se hubiera separado del cargo por cualquier motivo.
"Por ende, la materialización de los efectos y consecuencias del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana no se puede tener como un acto de naturaleza futura de realización inminente, sino, en todo caso, como futuro de realización incierta, pues, como se dijo, se encuentra sujeto a la realización conjunta de dos condiciones, sin que en el caso se hubiese actualizado una de ellas.
"Aun cuando es verdad que el artículo 148, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en los casos en que se reclame una norma general de carácter autoaplicativo sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa, no se debe perder de vista que, como se explicó, para la concesión de la medida cautelar no basta que se impugne una disposición aduciendo que tiene dicha naturaleza, sino que se debe verificar que se cumplen los demás requisitos que para su procedencia prevé la Ley de Amparo, lo que en el caso no se actualiza, pues los efectos y consecuencias del artículo reclamado son de realización futura e incierta, de modo que no es procedente otorgar la suspensión.
"Cabe agregar que el análisis para determinar si la decisión del legislador federal de establecer en el artículo reclamado una prohibición de diez años a los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el Manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una vez que se separen del cargo, para ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hubiesen tenido información privilegiada, atenta o no contra el derecho a la libertad de trabajo y de profesión previsto en el artículo 5o. de la Constitución, es propio de la sentencia que se dicte.
"En consecuencia, tampoco se puede conceder la suspensión para el diverso efecto de que se ordene a las autoridades encargadas de la investigación y sanción de las faltas administrativas que se llegaren a actualizar, abstenerse de iniciar los procedimientos administrativos por la probable actualización de alguna infracción a la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues el eventual inicio de un procedimiento administrativo sancionador también es un acto futuro de realización incierta.
"Derivado de la conclusión alcanzada, se debe declarar inoperante el segundo agravio en que la inconforme combate la determinación en que la Juez sostuvo, como razón adicional para negar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que de otorgarla se constituiría un derecho a favor de la promovente.
"Lo anterior, porque aun cuando le asistiera razón en sus argumentos, dichos efectos, al ser futuros de realización incierta, no son susceptibles de paralización.
"En mérito de las relatadas consideraciones, lo que se impone es, en la materia del recurso, confirmar el auto recurrido y negar la suspensión provisional de los actos reclamados."
b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 11/2020, consideró:
"1. SÉPTIMO.—Análisis del asunto. Resultan ineficaces los argumentos sintetizados en el considerando que antecede, de conformidad con los razonamientos que a continuación se exponen.
"2. Conviene señalar que en la demanda de amparo, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana en su carácter autoaplicativo.
"3. Ahora bien, sobre el tema, el artículo 148 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: [se transcribe]
"4. El numeral previamente transcrito, indica que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa, como es el caso, o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará ‘... para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.’
"5. Lo anterior, contrariamente a lo que señala el ahora recurrente, no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general en su carácter autoaplicativo, debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos:
"a) La exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y,
"b) También debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público.
"6. Así, lo que prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión.
"7. En ese contexto, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado, para dilucidar si es susceptible o no de ser suspendido.
"8. El artículo 147 de la Ley de Amparo señala que, cuando la naturaleza del acto lo permita y sea jurídicamente posible, la medida cautelar puede restablecer de manera provisional al quejoso en el goce del derecho violado, tal y como se observa de la transcripción siguiente: [se transcribe]
"9. Asimismo, el citado artículo 148 de la Ley de Amparo refiere que, en los casos que se reclame una norma general, con motivo del acto de aplicación, la suspensión se decretará también respecto de los efectos y consecuencias del acto de aplicación.
"10. Conforme a lo expuesto, si bien la suspensión tiene como finalidad mantener el estado de las cosas para conservar la materia del juicio, hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto y atendiendo a la naturaleza del acto, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá al promovente del amparo en los derechos que se estimen vulnerados, lo que permite restituir provisionalmente al quejoso en los derechos que estime infringidos, hasta tanto se dicta sentencia ejecutoria, ello no implica que pueda concederse, a través de la medida cautelar, una prerrogativa que no tiene o tenía el peticionario de amparo antes de la emisión del acto impugnado, tal como expresamente lo dispone el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: [se transcribe]
"11. En ese sentido es posible concluir que, la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado, revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular, tanto es así que en el artículo 77 de la misma ley, se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado.
"12. Expuesto lo anterior, el acto reclamado respecto del cual se solicitó la suspensión, es la inconstitucionalidad del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Dicho numeral reclamado prevé lo siguiente: [se transcribe]
"13. El precepto legal transcrito establece que los servidores públicos ahí indicados, una vez que se hayan separado del cargo que ostentan, no podrán desempeñarse como empleados de empresas cuya supervisión, regulación o información privilegiada haya estado a su cargo, sino pasados diez años de que dicha separación aconteció.
"14. Ahora bien, el artículo de la ley reclamada no se impugna con motivo de un primer acto de aplicación, sino por su sola entrada en vigor, es decir no se observa que actualmente los derechos del quejoso, en concreto, el derecho a desempeñar el trabajo que le favorezca, se haya visto mermado con motivo de dicha ley, en otras palabras, no se reclama una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos tutelados.
"15. Es decir, en el presente caso, el quejoso reclama la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, entre otros, el artículo 24, pues en su opinión afecta su derecho a la libre decisión a la profesión, industria, comercio o trabajo que le puedan favorecer, así como coarta su derecho a obtener un trabajo digno y socialmente útil derivado de un procedimiento administrativo dirigido a regular el esquema en que se implementarán las medidas de austeridad, el control de los ingresos y gastos públicos de la Federación, y como parte de ello, se sientan las bases para establecer las medidas para la incorporación a empresas, de los servidores públicos que se separaren del cargo que ostentan y hayan estado a cargo de la supervisión, regulación o información privilegiada de dichas organizaciones.
"16. De ahí que, a criterio de este Tribunal Colegiado dicho precepto se trata de una norma prohibitiva, pues se impide a los servidores públicos una vez que se hayan separado del cargo que ostentan, no podrán desempeñarse como empleados de empresas cuya supervisión, regulación o información privilegiada haya estado a su cargo, sino pasados diez años de que dicha separación aconteció; que por regla general es improcedente la suspensión en su contra, ya que su concesión implicaría retrotraer los efectos al estado en que se encontraban antes de la prohibición, efecto que, por regla general, corresponde a la sentencia de fondo, además de incorporar al quejoso un derecho con el que no contaba antes de emitirse el acto reclamado.
"17. En efecto, no es factible conceder la medida cautelar, pues la pretensión de la medida, va más allá de una restitución provisional de derechos, es decir, el tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda la suspensión, propias de un amparo total, a saber, que se permita en su caso al peticionario de amparo, en el caso de que se separe del cargo, que pueda ocupar un puesto en empresas que haya supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, en un año, y no así, en diez años, como lo prevé la ley reclamada.
"18. Incluso se destaca que previo a la emisión del acto reclamado, el quejoso, aun ante la especial situación que alega tener respecto de la norma, no tenía concedido algún derecho exigible para la realización de la referida prohibición, por lo que es dable afirmar que la ejecución del acto que ahora reclama en la vía de amparo de manera alguna altera o modifica la esfera de derechos o la situación particular que alude tener el quejoso frente a la norma reclamada.
"19. Por lo anterior, la concesión de la medida cautelar solicitada, implicaría dar efectos constitutivos de derechos, como lo es, que no deba cumplir con esos diez años que prevé el artículo 24 de la Ley de Aust
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30522-f92a6f88/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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