SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 7 DE MAYO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MELESIO RAMOS MARTÍNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de siete de mayo de dos mil veinte.
VISTOS, los autos, para resolver la contradicción de tesis 146/2019.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio número 95/2019 dirigido al presidente del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentado el tres de abril de dos mil diecinueve,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis suscitada entre el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 306/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 387, con número de registro digital: 2015700, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OTORGARLA."; en contra del criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 222/2015, del que resultó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1194, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."
SEGUNDO.—Trámite en este Alto Tribunal. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve,(2) el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de que se trata y la registró con el expediente número 146/2019; estableció que toda vez que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de febrero de dos mil doce, por unanimidad de votos determinó que respecto de denuncias de contradicción de tesis que se refieran al mismo problema jurídico que una ya integrada y turnada en definitiva a ponencia, la nueva denuncia daría lugar a la formación de un expediente diverso, el cual al estimarse relacionado con la previamente integrada se turnaría al mismo ponente de ésta, sin que ello dé lugar a la compensación; destacando así que el once de enero de dos mil dieciocho se formó y turnó en el Pleno de este Alto Tribunal bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, el expediente de la contradicción de tesis 6/2018 suscitada por las Salas de este Máximo Tribunal.
Asimismo, dado que corresponde al Pleno dilucidar las contradicciones de las Salas de este Alto Tribunal; requirió a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación remitieran el proveído en el cual informaran si el criterio sustentado en los asuntos de sus índices, respectivamente, se encuentran vigentes; y, para el caso de haberse separado o abandonado de su criterio, señalaran las razones que sustenten las consideraciones respectivas y enviaran las versiones digitalizadas de la ejecutoria en la que sustenten el nuevo criterio, con la finalidad de estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente; finalmente, ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución.
TERCERO.—Recepción de oficios. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, el presidente de este Máximo Tribunal acordó la recepción de los comunicados suscritos por los actuarios judiciales adscritos a la Primera y a la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales informaron que se encontraban vigentes los criterios sustentados en la contradicción de tesis hoy denunciada.(3)
En el mismo auto, el presidente de esta Suprema Corte emitió acuerdo en el que tuvo por integrada la presente contradicción de tesis, por lo que ordenó su remisión a la Ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. IV/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA, INCLUSO SI AQUÉLLA RESULTARA IMPROCEDENTE, INEXISTENTE O SIN MATERIA."(4)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito; por tanto, se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que este Máximo Tribunal, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Aunado a lo anterior, es importante tomar en consideración que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
Asimismo, para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
CUARTO.—Comprobación de los requisitos de existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si en el caso se reúnen los aludidos requisitos en el tema de contradicción denunciado, se procederá a hacer referencia a los criterios sostenidos por las Salas de este Alto Tribunal.
Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface en tanto que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 222/2015 (Segunda Sala) y 306/2016 (Primera Sala), se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación:
A) Criterio de la Primera Sala
En sesión de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 306/2016 suscitada entre el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver las revisiones (derivadas de incidentes de suspensión) 144/2015, 276/2015 y 277/2015; el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 6/2015 y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 143/2016.
Al respecto, estableció que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvieron que, de la interpretación sistemática de los artículos 128 a 132 de la Ley de Amparo vigente, la demostración de que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso es un requisito que debe acreditarse para la procedencia de la suspensión a petición de parte.
Por otro lado, destacó que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la nueva Ley de Amparo no contempla como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado que la ejecución del acto ocasione daños de difícil reparación.
En estos términos, concluyó que los tribunales y el Pleno antes mencionados sostuvieron criterios opuestos respecto a la misma cuestión jurídica. Por tanto, el punto a resolver se precisó así:
¿Debe considerarse como un requisito para otorgar la suspensión definitiva que la ejecución del acto reclamado genere daños de difícil reparación?
Ese problema jurídico fue resuelto en el sentido de que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para que proceda la suspensión en el juicio de amparo.
• Para arribar a tal conclusión, la Primera Sala expuso como argumentos los siguientes:
• Que el 6 de julio (sic) de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de amparo, lo que implicó, entre otros aspectos, la modificación del artículo 107, fracción X, de la Constitución; de modo que en el texto actual se eliminó lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios que ocasione el acto reclamado al quejoso y se privilegió la discrecionalidad de los Jueces.
• La Ley de Amparo vigente, en la regulación de la suspensión, únicamente menciona la reparación de daños y perjuicios en los artículos 131 y 139; sin embargo, dijo, en ninguno de ellos se contempla como requisito para la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación en perjuicio del quejoso.
• Lo anterior, pues el artículo 131 de la Ley Amparo se refiere a aquellos casos en los que el quejoso "aduzca tener un interés legítimo"; sin embargo, dicho artículo no aplica en general a todos los juicios de amparo, pues en él se contiene la expresión "Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo", lo cual pone en relieve que la intención del legislador no fue establecer dicha regla para todos los casos en los que se solicite la suspensión, sino sólo en aquellos en los que se afecten los derechos difusos o colectivos de los quejosos.
• Por otro lado, la Primera Sala también refirió que "el artículo 139 se refiere a una suspensión provisional otorgada de oficio, en aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional advierta que la ejecución inminente del acto reclamado puede ocasionar perjuicios de difícil reparación para el quejoso. Por lo tanto, no establece como requisito general de procedencia la acreditación de daños de difícil reparación."
Así, la referida contradicción de tesis 306/2016 resuelta por la Primera Sala dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OTORGARLA. El artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada establece como requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación. Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios que ocasione el acto reclamado. Asimismo, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; de ahí que su acreditación no constituya un requisito para que proceda esa medida en el juicio de amparo. Debe resaltarse que esta interpretación es consistente con el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo –en cuanto a la suspensión– en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional."
B) Criterio de la Segunda Sala
En sesión de tres de febrero de dos mil dieciséis, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 222/2015, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 374/2014.
En ese asunto se consideró que sí existía contradicción de criterios entre ambos Tribunales Colegiados y que el punto en contradicción consistía en determinar: si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo impone mayores requisitos que la actual Ley de Amparo para acceder a la suspensión del acto impugnado y si los alcances que se le dan a la medida precautoria son menores que los obtenidos en el juicio de amparo, para concluir si existe o no la obligación de agotar el principio de definitividad.
Al respecto, la Segunda Sala concluyó que sí existe la obligación de agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, en razón a que los alcances que se dan a la suspensión en el juicio de amparo indirecto, conforme a la legislación vigente, son en esencia similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el artículo 28 de ese ordenamiento legal no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado.
Para evidenciar tal conclusión, la Segunda Sala expuso, en lo que aquí interesa, lo argumentos que se exponen a continuación:
• Que acorde con lo previsto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente y su origen constitucional, para acceder al juicio de amparo indirecto a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que:
A. Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado.
B. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo.
C. Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva.
D. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.
• Citó el contenido de los artículos 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo.
• A partir del contenido de dichos preceptos, destacó que una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá actuar en la forma siguiente:
1. Realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a efecto de acordar si concede o niega la suspensión provisional.
2. Acorde al artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, cuando proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa ley,(9) si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
3. En caso de negar la suspensión del acto reclamado, la autoridad podrá ejecutar el acto reclamado.
• Por cuanto hace a los requisitos para que proceda la suspensión del acto reclamado, la Segunda Sala refirió que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado, pues al efecto, aquella legislación, en la fracción I del artículo 28, establece que la solicitud que al respecto presente el actor o su representante legal, se concederá siempre que:
• No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
• Además de que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación.
• Por cuanto hace a los requisitos que la Ley de Amparo vigente establece para la procedencia de la suspensión, la Segunda Sala consideró que en ella se señalan los siguientes:
• Que la solicite el quejoso y
• Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público;
• Aunado a que el numeral 131 dispone que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento; de lo que se sigue que esta circunstancia constituye propiamente un requisito.
A partir de esas consideraciones, la Segunda Sala, por cuanto hace a los requisitos que tanto la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como la Ley de Amparo vigente prevén para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, concluyó esto:
"...
"Entonces, un análisis comparativo de las porciones normativas en cuestión (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como la Ley de Amparo vigente), evidencia que tanto en el juicio de nulidad, como en el juicio de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, la no afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación. ..."
Consiguientemente, la ejecutoria dictada por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 222/2015 dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) que es de la literalidad siguiente:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria."
Segundo requisito: Punto de contradicción. Se considera que el segundo requisito queda cumplido, porque en los ejercicios interpretativos realizados por las Salas de este Alto Tribunal sí existe un punto de contradicción con respecto a un mismo problema jurídico.
Se asevera esto último, pues la Primera Sala concluyó que, conforme a la Ley de Amparo vigente, la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para que proceda la suspensión en el juicio de amparo (cuando el quejoso aduce un interés jurídico).(10)
En cambio, la Segunda Sala, sostuvo una postura diversa, pues concluyó de manera general (esto es, cuando el quejoso alega tener un interés jurídico, o bien, interés legítimo) que uno de los requisitos para que proceda la suspensión en el juicio de amparo es acreditar el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación.
Como se observa, es claro que mientras la Primera Sala considera que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado, la Segunda Sala sostiene que sí constituye un requisito para tal efecto.
Ahora bien, es importante destacar que el punto de contradicción se actualiza sólo por cuanto hace al supuesto en el cual la suspensión es solicitada por la parte quejosa aduciendo un interés jurídico respecto del acto reclamado.
Lo anterior, pues la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 306/2016, como se dijo, concluyó que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para que proceda la suspensión en el juicio de amparo; pero precisó que de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, cuando se solicite la suspensión respecto de actos que afecten derechos difusos o colectivos y el quejoso aduzca tener interés legítimo debe considerarse como requisito la acreditación del daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue.
En cambio, al resolver la contradicción de tesis 222/2015, la Segunda Sala realizó un pronunciamiento que tiene por objeto establecer consideraciones generales en relación con la regulación de la suspensión del acto reclamado, esto es, abarca supuestos en los cuales el quejoso aduce (expresa o tácitamente) tener, ya sea un interés jurídico, o bien, un interés legítimo.
Se asevera esto, ya que en el considerando quinto de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 222/2015 la Segunda Sala citó los artículos 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, en los cuales se regula la suspensión a petición de parte cuando se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado, así como el diverso artículo 131 de la Ley de Amparo que precisa en qué casos procede la suspensión cuando se alega un interés legítimo.
Incluso, en la foja 45 de la ejecutoria mencionada, la Segunda Sala refirió que conforme al artículo 139 "cuando proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo."
Aunado a lo anterior, la contradicción de tesis 222/2015 resuelta por la Segunda Sala deriva de asuntos en los cuales la parte quejosa invocó un interés jurídico.
En efecto, uno de los criterios ahí contendientes (en la contradicción 222/2015) fue el derivado del amparo en revisión 150/2015 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, respecto del cual(11) se narraron los antecedentes que se transcriben a continuación:
"...
"El asunto tiene su origen en la resolución emitida el tres de febrero de dos mil quince, por la jefa de departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 de la ley de ese instituto vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete, se realizó un ajuste a la pensión que disfrutaba la quejosa.
"La resolución acabada de relacionar fue reclamada a través del juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ... en el cual determinó sobreseer en el juicio de amparo ... .
"Inconforme con el fallo acabado de relacionar, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, tramitado con el número 150/2015 ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ... ."
Tal y como se aprecia, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 150/2015, y que contendió en la contradicción de tesis 222/2015, fue emitido en un asunto en el cual el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que realizó el ajuste a la pensión que disfrutaba la quejosa; lo cual, evidentemente, denota que la quejosa no invocó un interés legítimo, sino un interés jurídico, pues la peticionaria de amparo se ostentó como la titular del derecho a una pensión de la cual ya disfrutaba, pero que, dijo, había sido modificada por un acto de autoridad.
• El otro criterio que contendió en la contradicción de tesis 222/2015 fue el derivado del amparo en revisión 374/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(12) respecto del cual, se dijo:
"Deriva de la resolución administrativa que dictó el veintisiete de marzo de dos mil catorce, el subdirector Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registro de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad del Instituto Mexicano de la Pro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29902-8e1417f9/suspension-a-peticion-de-parte-la-acreditacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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