JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS JURÍDICO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 19/2020 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 253/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver tabla 1
I. Competencia
1. Como lo resolvió el Alto Tribunal, el ahora Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México —antes Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México—, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1° del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, así como el veintisiete de diciembre, todos de dos mil veintitrés, respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito, comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la Magistrada Presidenta del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 18/2023, 5/2023, 48/2023, 427/2022 y 137/2023, en sesiones de quince de marzo, doce y diecinueve de abril de abril, así como veinticuatro y treinta y uno de mayo, todas de dos mil veintitrés, respectivamente, por unanimidad de votos.
4. Criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 215/2023, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por mayoría de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los recursos de queja 18/2023, 5/2023, 48/2023, 427/2022 y 137/2023, y el sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 215/2023.
7. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 18/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 1
8. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 5/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 2
9. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 48/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 3
10. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 427/2022, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 4
11. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 137/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 5
12. De esas cinco resoluciones del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito surgió la siguiente tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/1 A (11a.):
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL EXIGIR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.
Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la resolución que negó el trámite de autorización de visa por oferta de empleo. El secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda al considerar que operaba el principio de definitividad, pues previamente era necesario agotar el juicio de nulidad, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al exigir la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, por lo que previamente a promover el juicio de amparo indirecto es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo federal.
Justificación: Lo anterior, porque el artículo 28, fracción I, de la ley federal referida prevé un requisito adicional a los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues para conceder la suspensión del acto reclamado aquél condiciona que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al actor con la ejecución del acto impugnado, lo cual no se establece en la Ley de Amparo.(6)
13. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 6
14. De esa ejecutoria surgió la siguiente tesis I.20o.A.16 A (11a.):
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.
Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamaron los oficios a través de los cuales se ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la quejosa, así como la ejecución de dichos oficios. En la sentencia respectiva el Juez de Distrito determinó que no se actualizaba la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, en virtud de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien la Ley de Amparo no prevé de forma literal que se deban acreditar daños de difícil reparación para el otorgamiento de la suspensión, lo cierto es que dicha condición se encuentra inmersa en la ponderación simultánea entre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, el orden público e interés social prevista en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia constitucional, por lo que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto, salvo que se actualice una diversa excepción al principio de definitividad.
Justificación: El artículo 28, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé como requisito expreso para conceder la suspensión del acto reclamado que los daños o perjuicios que se causen al actor con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación; sin embargo, dicho requisito no se establece en idénticos términos en la Ley de Amparo. Empero, dicha exigencia puede considerarse inmersa en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, así como en los principios generales y jurisprudenciales de carácter histórico que han regido la figura de las medidas cautelares, que hacen referencia a la ponderación simultánea que los juzgadores deben considerar, en forma preliminar, en torno a la apariencia del buen derecho, el orden público y el peligro en la demora, para resolverlas de manera fundada y motivada en los casos concretos de su conocimiento. Por tanto, debe continuar rigiendo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; máxime que las reformas legales que han sido aprobadas desde su integración no han modificado en forma relevante el marco jurídico constitucional y legal aplicable. (7)
15. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:
Ver relatoría
16. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto a si para efectos de lo dispuesto en la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva.
18. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque pues ambos tribunales realizaron su análisis a partir de los textos de la Ley de Amparo y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.),(8) de rubro siguiente: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
19. Y entre ellos se observa un disenso, pues mientras uno concluyó que para la suspensión prevista en el medio ordinario de impugnación se prevén mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar y que la referida tesis jurisprudencial no es aplicable al haber quedado superada, el otro consideró lo contrario.
20. En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un requisito más que la Ley de Amparo —que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la persona agraviada con la ejecución del acto—, para otorgar la suspensión, lo que actualiza una excepción al principio de definitividad, y que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) quedó superada.
21. Por su parte, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y sigue siendo aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.).
22. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes cabe la pregunta siguiente: ¿Sigue siendo aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), conforme a la cual el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que aquellos previstos en la Ley de Amparo en relación con el interés jurídico?(9)
23. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2010(10) que enseguida se reproduce:
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es.
24. Finalmente, no es óbice para sostener la existencia de esta contradicción que el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no haya atendido el requerimiento que se le dirigió para que informara sobre la vigencia del criterio sostenido en el amparo en revisión 215/2023, porque en el expediente no obra algún elemento para dudar que el criterio continúa vigente; máxime, que fue la presidencia de dicho órgano colegiado quien denunció la contradicción de criterios.
V. Amicus curiae
25. En el escrito recibido con fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:
• Por una parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO”, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un requisito más que la Ley de Amparo —que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la persona agraviada con la ejecución del acto—, para otorgar la suspensión, lo que actualiza una excepción al principio de definitividad, y que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de rubro siguiente: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, quedó superada.
• En cambio, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y sigue siendo aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.).
Al respecto, el H. pleno regional propone solicitar a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo oriente sobre el estatus jurídico de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de rubro siguiente: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, en su caso, sobre la aptitud de dicho pleno regional para declararla inaplicable, pues considera que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé requisitos adicionales que la Ley de Amparo para conceder la suspensión.
Ahora bien, esta representación fiscal considera que la contradicción de criterios que nos ocupa debe declararse INEXISTENTE, toda vez que sobre dicho tema ya existe pronunciamiento expreso por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 361/2014, en la sesión celebrada el 28 de enero de 2015, donde se textualmente concluyó lo siguiente:
Por lo tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina, per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo.
En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado.
...
Es importante mencionar que esta Segunda Sala ya ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada.
Este criterio se encuentra contenido en la siguiente tesis de jurisprudencia: 2a./J. 130/2013 (10a.), “PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO”.
Al tenor de dicha tesis de jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios. En la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia invocada, se determinó lo siguiente:
...Como se advierte, esta Segunda Sala ya determinó que la Ley de Amparo abrogada y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que, conforme al sistema de impugnación mencionado y a las reglas que lo rigen, la inmovilización de cuentas bancarias puede ser suspendida y reparada a través de las vías descritas.
Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares.
Como se observa, el Alto Tribunal estimó que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no implica por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo que se debe cumplir con el principio de definitividad, agotando los medios ordinarios de defensa que tengan como finalidad revocar o anular dicho acto, tal y como sucede con el embargo de cuentas bancarias decretado dentro de un procedimiento de ejecución, por lo que antes de acudir al juicio de amparo, el gobernado debe hacer valer el recurso de revocación y/o el juicio contencioso administrativo federal, en tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo abrogada, siendo importante resaltar que en la última parte de su razonamiento indica que dicha conclusión también es aplicable al texto de la Ley de Amparo vigente.
Los razonamientos anteriores dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), que establece lo siguiente: “INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO” (se transcribe).
A mayor abundamiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO”, de la que se advierte que, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión, y por ende, tampoco es determinante para constituir una excepción al principio de definitividad.
En este contexto, es claro que el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de rubro siguiente: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, sigue siendo exactamente aplicable a la fecha y por lo tanto, prevalece sobre las determinaciones que sostuvieron los Tribunales Colegiados contendientes.
En conclusión, se considera improcedente la contradicción de criterios que nos ocupa, dado que existe pronunciamiento expreso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema sometido a deliberación.
26. En el diverso escrito recibido el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:
Ese H. pleno regional formuló la siguiente pregunta para dilucidar la controversia en la contradicción de criterios que nos ocupa:
¿Sigue siendo aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), conforme a la cual el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que aquellos previstos en la Ley de Amparo en relación con el interés jurídico?
Al respecto, ese órgano judicial concluyó que tal cuestionamiento debía responderse en sentido negativo, es decir que la citada tesis de jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ya no era aplicable, lo cual necesariamente implica que dejaba de ser obligatoria, pues en su opinión, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.
Con relación a lo precisado en el párrafo previo, esta representación fiscal respetuosamente estima que es incorrecta la conclusión alcanzada, porque como se explicará más adelante, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) sigue siendo plenamente aplicable y, en consecuencia, su obligatoriedad es absoluta de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo; de tal forma que si ese H. pleno regional determina unilateralmente que tal tesis de jurisprudencia ya no es aplicable, ello viola el citado precepto legal, que establece: (se transcribe).
En efecto, en el proyecto público de resolución a la contradicción de criterios citada al rubro, ese H. órgano colegiado determina que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser aplicable, no obstante que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo resulta obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y deberá aplicarse siempre que se actualice al caso en concreto.
En este punto se solicita tener presente el contenido del artículo décimo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, el cual dispone esencialmente que la tesis de jurisprudencia emitida con anterioridad a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación en el mes de marzo de 2021 —como es el caso de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.)—, mantiene su obligatoriedad.
Obsérvese:
TRANSITORIOS
(...)
DÉCIMO. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción.
Del precepto transcrito se advierte que las tesis de jurisprudencias que se hayan emitido antes de la entrada en vigor de la reforma de 2021, seguirán siendo obligatorias, y establece un único caso de excepción, cuando estas sean interrumpidas conforme al procedimiento previsto por el diverso artículo 228 de la Ley de Amparo.
En este sentido, es claro que la única forma en la que deja de ser obligatoria una tesis de jurisprudencia emitida antes de la reforma al Poder Judicial de la Federación de 2021, es a través de la figura jurídica de la “interrupción” que realiza el propio órgano judicial que la emitió.
Para mayor claridad, a continuación se transcribe el artículo 228, de la Ley de Amparo: (se transcribe).
Del dispositivo anterior se advierte que los tribunales podrán apartarse de su propia tesis de jurisprudencia a través del método de interrupción; esto es, únicamente está previsto que tal tesis de jurisprudencia no sea aplicable, cuando el propio órgano emisor la interrumpa justificando el cambio de criterio.
En este contexto, se estima que ese H. pleno regional carece de facultades constitucionales y/o legales para interrumpir unilateralmente la aplicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, pues, en todo caso, la interrupción de ese criterio está reservada exclusivamente para la citada Segunda Sala de la Corte Suprema; máxime que de las diversas consultas originadas a ese Más Alto Tribunal, nunca se pronunció en el sentido de que dicha tesis de jurisprudencia se hubiera interrumpido, sino que ya existían criterios orientadores.
En efecto, ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo prevén alguna posibilidad para que los plenos regionales u otro órgano jurisdiccional de jerarquía inferior se aparten de las tesis de jurisprudencias emitidas por nuestro Máximo Tribunal antes de la reforma de 2021, por lo que es evidente que estas, conservan su obligatoriedad para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, de conformidad con lo que dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo.
B. De igual forma, esta autoridad estima que el proyecto público de resolución a la contradicción de criterios viola los artículos 215, 216 y 223 de la Ley de Amparo en vigor, al concluir que el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, regido por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión, actualizándose una excepción al principio de definitividad.
Lo anterior, porque esa determinación es contraria a lo sostenido por nuestro Máximo Tribunal al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 119/2023 en la sesión de 31 de enero de 2024, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que tanto en el juicio contencioso administrativo federal como en el juicio de amparo, para la procedencia de la suspensión del acto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32818-b972110c/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-innecesario-agotarlo-previamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS JURÍDICO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 19/ (PR.A.C.CN. J/37 A (11a.))
- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CUANDO LA PARTE QUEJOSA ADUCE TENER I (XXIV.1o.10 A (11a.))
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