INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 28 DE ENERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 207/2014, en la parte que interesa, sostuvo:
"QUINTO. Es sustancialmente fundada una parte del agravio propuesto por la recurrente, de acuerdo a las consideraciones jurídicas que enseguida se expresan:
"En el agravio aduce que el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona, como en el caso.
"Manifiesta que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque lo imposibilita para disponer materialmente de sus recursos económicos para realizar sus fines, afectando su desarrollo económico al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que a su sentir es un acto fuera de juicio que transgrede de forma inmediata sus derechos sustantivos, por lo que considera que en contra de dicho acto es procedente el juicio de amparo indirecto en términos del citado dispositivo legal.
"Como se adelantó, es sustancialmente fundada la parte del motivo de disenso en estudio, toda vez que, tal y como lo refiere la recurrente el acto reclamado consistente en el embargo de cuentas bancarias, es un acto de imposible reparación y, por ende, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo.
"Al respecto, conviene invocar la citada jurisprudencia, del tenor siguiente: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’(2) (se transcribe)
"Ahora, en la parte conducente de la ejecutoria de la contradicción de tesis número 208/2010, de la cual emanó la citada jurisprudencia, se expuso: (se transcribe)
"Por el contrario, se invoca, por analogía, el criterio establecido en la jurisprudencia: ‘INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe)
"En relación con el contenido de la tesis transcrita destaca la circunstancia de que en el embargo de cuentas bancarias derivado de un crédito fiscal de carácter definitivo para efectos del amparo, no debe permitirse un acto posterior, como lo es el congelamiento de las cuentas bancarias, o bien que los recursos económicos pasen a la propiedad del fisco federal, como se advierte del proceso legislativo de las reformas del Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009. Por tanto, el embargo de cuentas bancarias es un supuesto análogo al que se presenta con la intervención con cargo a la caja, puesto que el dinero detraído al contribuyente pasa inmediatamente a la Tesorería de la Federación, no en calidad de depósito o resguardo’ (lo subrayado es por este tribunal).
"Como se ve, la materia de la contradicción de tesis 208/2010, versó respecto a determinar, si tratándose de embargos de cuentas bancarias dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, procede o no el juicio de amparo indirecto.
"Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al centrar el punto de estudio, determinó, en esencia, que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con las consecuencias inherentes, como son impedir que se utilicen para realizar sus fines y el incumplimiento de sus obligaciones, lo que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos y, por tanto, en contra de ese acto procede el juicio de amparo, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.
"Luego, si la parte quejosa reclamó, en lo que aquí interesa, la orden de embargo y/o inmovilización de sus cuentas bancarias, de acuerdo con lo expuesto por el Máximo Tribunal del País, en el citado criterio jurisprudencial, cuya aplicación es obligatoria para este tribunal conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, se estima que el juicio de amparo que se revisa es procedente en contra del citado acto reclamado.
"Lo anterior sin que la imperante, en cuanto a dicho acto, se encontrara obligada a agotar el principio de definitividad, pues la citada jurisprudencia 2a./J. 133/2010, es específica en señalar que tratándose de embargo de cuentas bancarias decretado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, como sucede en el caso, procede sin más, el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.
"De ahí que, al existir una jurisprudencia de observancia obligatoria, respecto al tema en específico, no resulten aplicables los criterios invocados por el Juez de amparo, de rubros: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’, ‘DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE.’ y ‘MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’; ello toda vez que, como se precisó, el Máximo Tribunal del País sostuvo que en el caso particular en que se reclame el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, es procedente el juicio de amparo indirecto, determinación jurisprudencial la cual, al no encontrarse superada, no debe ser motivo de interpretación alguna, que implique la improcedencia del juicio de amparo respecto de dicho acto, bajo el supuesto de la obligatoriedad de agotarse el principio de definitividad.
"En ese sentido, no pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.’, en la que si bien se alude que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; sin embargo, como se expone, en la especie, ante la existencia de la diversa jurisprudencia 2a./J. 133/2010, aplicable específicamente al caso, no da margen para analizar si es obligatorio además agotarse el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, en tanto que, insístase, el Máximo Tribunal del País, aun cuando únicamente analizó en este último criterio, que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, constituye un acto de imposible reparación, esto es, sin hacer pronunciamiento con relación a la obligación o no de agotar el principio de definitividad, expresamente se pronunció y concluyó en que, en ese específico caso, sí es procedente el juicio de amparo biinstancial; cuestión que debe prevalecer, dada la fuerza legal vinculante de la jurisprudencia, que determina la procedencia del sumario constitucional respecto de ese acto concreto.
"No es óbice a lo anterior, que la recurrente no hubiese debatido frontalmente la consideración del Juez en cuanto a que, en tratándose del embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, debió agotarse el principio de definitividad, dado que la disidente en sus agravios aludió precisamente a las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal en la citada jurisprudencia, la cual, como se dijo, resulta obligatoria y aplicable al caso por las razones antes mencionadas.
"Por tanto, debe concluirse que, contrariamente a lo sostenido por el Juez Federal, respecto del acto consistente en la orden de embargo y/o inmovilización de cuentas bancarias, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo que no debe sobreseer en el juicio de origen en cuanto dicho acto reclamado.
"En mérito de las consideraciones anteriores, lo procedente es revocar el fallo que se revisa en la parte relativa al sobreseimiento decretado en cuanto a los actos reclamados siguientes:
"- Acta de embargo decretado en el procedimiento administrativo de ejecución **********.
"- El oficio NL/INMOV/0768/2012, de veintisiete de febrero de dos mil doce, en el que se advierte que se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, y su ejecución."
En oposición a los anteriores criterios, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 797/2012, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. El análisis de las consideraciones que sustentan la resolución impugnada a la luz de los agravios expresados por el recurrente, permiten advertir lo siguiente:
"...
"********** promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
"1. Del subgerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
"a) La emisión del mandamiento de ejecución con número de folio **********, de treinta de julio de dos mil doce, mediante el cual ordenó el requerimiento de pago a la quejosa de los créditos fiscales **********, **********, ********** y **********, por los bimestres 06/2009, 03/2010, 04/2010 y 06/2010.
"b) Los efectos y consecuencias legales del anterior acto en el procedimiento administrativo de ejecución.
"2. Del notificador-ejecutor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
"a) El requerimiento de pago de los créditos fiscales antes precisados, contenido en el acta de treinta y uno de julio de dos mil doce.
"b) El embargo de los depósitos bancarios o cualquier otro depósito en moneda nacional y extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la quejosa en las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamos o de inversiones y valores, contenido en el acta de treinta y uno de julio de dos mil doce.
"c) Los efectos y consecuencias legales de los anteriores actos en el procedimiento administrativo de ejecución.
"3. Del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal:
"a) El procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra; y,
"b) Los efectos y consecuencias legales de dicho acto.
"Previos los trámites de ley, el dos de octubre de dos mil doce, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, que firmó el diez siguiente, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, por las razones siguientes:
"I. Por inexistencia de los actos reclamados al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo (lo que no es materia del presente recurso de revisión).
"II. Respecto de los actos reclamados al subgerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Oaxaca y notificador-ejecutor, adscritos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, al no agotar el juicio de nulidad previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Precisó que en el caso, no se está en presencia de alguna excepción a dicho principio, ya que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión; los actos reclamados no carecen de fundamentación; no se advierte que la parte quejosa se ostente como tercera extraña al procedimiento administrativo, ni que se reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
"Contra lo determinado el punto II, en el primer agravio, la parte quejosa aduce que la resolución recurrida es ilegal, en la medida que deja de observar la jurisprudencia número 2a./J. 133/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’, la cual le resultaba obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.
"Explica, en dicho criterio jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, contra el embargo de cuentas bancarias decretado en un procedimiento administrativo de ejecución (como el acto reclamado en el juicio de amparo), ya que constituye un acto de imposible reparación.
"Agrega, el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo estatuye que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo procede contra la resolución definitiva que se llegare a dictar; sin embargo, tal regla general tiene como excepción aquellos casos en que se reclaman actos definitivos dictados antes de pronunciarse la citada resolución, cuya ejecución sea de imposible reparación, lo que se justifica, dado que las consecuencias no podrían ser reparadas con el fallo que se dictara en el procedimiento administrativo correspondiente, aun en el caso de que éste resultara favorable a los intereses del afectado.
"Que en el caso, los actos reclamados emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos créditos fiscales, resultan ser actos cuya ejecución es de imposible reparación, en la medida que limitan irreversiblemente el ejercicio de los derechos del propietario, quien con motivo de las medidas impuestas no puede usar, disfrutar ni disponer plenamente de la cosa embargada, de modo tal que dicho actuar representa una cuestión de la cual no se ocupará la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo de ejecución, lo que hace irreparable el acto.
"Así también, hace ver que no constituye obstáculo que el Juez afirme que no se respetó el principio de definitividad, porque contra los actos reclamados procedía el juicio de nulidad; toda vez que, al haber demostrado que los citados actos constituyen actos de imposible reparación, ello actualiza una excepción al principio de definitividad.
"Los anteriores argumentos son infundados.
"Es así, pues en principio es correcto lo que alega la parte quejosa, en el sentido de que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos.
"No obstante, el hecho de que el embargo de cuentas bancarias sea de imposible reparación, no implica una excepción al principio de definitividad y que, por ende, el juicio de amparo en la vía indirecta proceda desde luego.
"Es así, pues tratándose de actos administrativos, la procedencia del juicio de amparo biinstancial se rige por los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establecen:
"‘Artículo 107.’ (se transcribe)
"‘Artículo 73.’ (se transcribe)
"De la interpretación literal del primero de los preceptos transcritos se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas; con la condición de que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.
"Interpretada en sentido contrario esta primera parte del precepto constitucional, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable mediante algún medio de defensa legal; lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa previo a la promoción de la instancia constitucional.
"Corrobora tal aserto la interpretación conjunta de los numerales transcritos, pues permite inferir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"Salvo que se actualice alguna de las siguientes excepciones:
"1. Cuando el acto reclamado carece de fundamentación.
"2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por tanto, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación no exime automáticamente al promovente de observar el principio de definitividad, mediante el agotamiento del juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedentes, en caso de que se den las condiciones y no se actualice alguna excepción a tal principio, previstas en la norma constitucional y en su ley reglamentaria.
"Por referirse al tema de que la imposible reparación no es una excepción al principio de definitividad, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos veintinueve, Libro X, Tomo 1, correspondiente al mes de julio de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.’ (se transcribe)
"No es óbice que en la jurisprudencia número 2a./J. 133/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuviera: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’; pues lo que decidió en dicho criterio jurisprudencial es que el embargo de cuentas bancarias es un acto de imposible reparación y que en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin determinar que esa imposible reparación exime al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedentes, es decir, que la imposible reparación sea una excepción al principio de definitividad; lo cual se justifica si se toma en consideración que en la época en que se emitió dicho criterio jurisprudencial (noviembre de dos mil diez), el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente hasta el nueve de marzo de dos mil once, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 56/2007, emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’, establecía mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión.
"En otro aspecto, no asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que sí ejercitó en el momento procesal oportuno los medios ordinarios de defensa contra los créditos fiscales cuya ejecución se pretende a través de los actos reclamados, a saber, cuatro recursos de inconformidad, de los que inclusive derivó que, al resolverse los mismos, se sobreseyeran, porque dichos créditos fiscales fueron revocados por la autoridad administrativa.
"Es así, pues dichos recursos de revocación no fueron interpuestos contra los actos reclamados en el juicio de amparo (mandamiento de ejecución, embargo de cuentas bancarias y consecuencias de éste); sino contra diversos actos, como son los créditos fiscales que se pretenden hacer efectivos con el mandamiento de ejecución.
"Por otra parte, se precisa que en el segundo agravio, la recurrente sólo argumenta que la resolución recurrida es ilegal, porque se actualiza una excepción al principio de definitividad, consistente en que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión; por tanto, la litis en la revisión se limitará al análisis de este tema.
"Así las cosas, es infundado el segundo agravio, en el que la recurrente alega se actualiza una excepción al principio de definitividad, consistente en que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, establece mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión.
"Es así, pues, contra lo alegado por la recurrente, el artículo 28, fracciones I y II, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, establece:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"Por su parte, los artículos 124, 125, primer párrafo, y 135 de la Ley de Amparo estatuyen:
"‘Artículo 124.’ (se transcribe)
"‘Artículo 125.’ (se transcribe)
"‘Artículo 135.’ (se transcribe)
"Ahora bien, la comparación entre el artículo 28, fracciones I y II, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los diversos numerales 124, 125, primer párrafo, y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que la primera ley no exige mayores requisitos que los previstos en el segundo ordenamiento legal para el otorgamiento de la suspensión, pues en ambos casos la suspensión procede cuando la solicite el gobernado, no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto.
"Así también, en ambos supuestos se exige garantizar la reparación de los daños e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros, si el solicitante o el quejoso no obtienen sentencia favorable.
"De igual forma, cuando se trate del cobro de contribuciones y aprovechamientos, para que la suspensión concedida surta sus efectos, ambas legislaciones exigen constituir garantía del interés fiscal; es más, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permite que dicha garantía se constituya ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en tanto la Ley de Amparo previene que tal garantía debe ser mediante depósito total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda.
"Ahora bien, contra lo que alega la recurrente, el hecho de que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se exija que la garantía se constituya ante la autoridad ejecutora, no implica se trate de un mayor requisito al establecido en la Ley de Amparo, puesto que ésta se refiere a los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), lo cual es acorde a su ámbito espacial de validez, pero lo relevante es que ambas legislaciones requieren se garantice el interés fiscal.
"Finalmente, no asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, estableció que exigir garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, constituye un requisito mayor al establecido en la Ley de Amparo.
"Es así, pues, en la citada jurisprudencia, la Segunda Sala estableció que los requisitos mayores establecidos en el anterior artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eran, entre otros: ‘3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-’.
"Y en la resolución que dio origen al criterio jurisprudencial antes citado, se estableció lo siguiente: (se transcribe)
"La anterior transcripción pone de manifiesto que el requisito mayor a que hizo referencia el Alto Tribunal, es que el anterior artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exigía que la garantía se exhibiera en billete de depósito o póliza de fianza, en tanto, en la Ley de Amparo puede ser por cualquiera de las formas permitidas por las leyes fiscales; empero, no decidió que sea un requisito mayor el que la citada garantía deba exhibirse ante la autoridad ejecutora.
"Por otra parte, conviene precisar que, en ambas legislaciones, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley de Amparo, la suspensión se concede con los mismos alcances.
"Es así, pues, en términos del artículo 142, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; y el diverso numeral 138, primer párrafo, de ese ordenamiento, también dispone que en casos de que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
"En tanto, el artículo 28, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, establece que la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme.
"Finalmente, también se precisa que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25538-4a0d9fc1/inmovilizacion-de-cuentas-bancarias-contra-el-acto-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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