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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. · Registro digital (IUS): 29043
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2679.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE, MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ Y ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. PONENTE: ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JORGE GUADALUPE MEJÍA SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, 217 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, al haberse denunciado la probable contradicción de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa de este Segundo Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien tramitó los juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja que motivaron la emisión de las ejecutorias contendientes.

TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis. Con la finalidad de verificar este presupuesto resulta oportuno tener en cuenta lo siguiente:

I. Ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

(i) En sesión de quince de junio de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el recurso de queja 92/2017.(8)

Dicho asunto lo motivó el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 398/2017-VII, en el que determinó desechar de plano la demanda de amparo, al considerar que la parte quejosa no había cumplido con el principio de definitividad.

En la ejecutoria respectiva, el aludido Tribunal Colegiado estableció lo siguiente:

"...

"SEXTO.—Estudio.

"En los agravios el recurrente aduce en lo sustancial, que es evidente que la Comisión de Honor y Justicia del Estado de México, dentro del procedimiento administrativo **********, emitirá un acto de imposible reparación en su agravio, consistente en separarlo definitivamente del cargo de agente de la Policía Ministerial que tiene conferido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Lo cual, agrega el inconforme, aun y cuando en el juicio ordinario correspondiente, se declarara su ilegalidad, no podría ser reinstalado en el cargo que ocupaba, pues conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlo no obstante que en las instancias judiciales se demostrara la ilegalidad del procedimiento, a consecuencia de la resolución respectiva; motivo por el cual, afirma, el inicio del procedimiento administrativo **********, es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal.

"Planteamientos que, atendiendo a la causa de pedir, son fundados en cuanto refieren la irreparabilidad del acto reclamado, por las razones que en lo sucesivo se exponen.

"En el auto recurrido se desechó la demanda de amparo, porque se estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, en razón de que previo a la promoción del juicio de amparo debió agotar el juicio contencioso administrativo ante los tribunales administrativos locales, en términos de los artículos 1o. y 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

"Además, se señaló en dicha resolución que en el caso, no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad, y para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para tal efecto.

"Ahora bien, del examen a la demanda de amparo, se advierte que, el acto reclamado se hizo consistir en el inicio del procedimiento administrativo radicado bajo el número **********, por el cual actualmente se encuentra separado del cargo que como agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México venía desempeñando.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) de título, subtítulo y texto siguientes:

"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. ...’

"El examen de la ejecutoria que sustenta la jurisprudencia transcrita arroja que se sustentó en la jurisprudencia anterior 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: ‘SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, en los términos siguientes:

"...

"Texto del que se advierte, que es con base en la irreparabilidad del acto que se determina la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el inicio del procedimiento administrativo para determinar la separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, debido a la circunstancia de que en el artículo 123, fracción XIII, apartado B, de la Constitución Federal, está prohibida la reinstalación de este tipo de funcionarios públicos, aunque llegaran a demostrar en instancias judiciales la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva, lo que conculcaría de manera irreparable el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente.

"En esas condiciones, como en este asunto se reclama, precisamente, el inicio del procedimiento administrativo de separación del empleo, cargo o comisión que desempeña el quejoso como elemento policial de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, así como el citatorio mediante el cual se le cita a la audiencia de ley, justamente, con motivo del inicio de dicho procedimiento, encuadra en los supuestos de la jurisprudencia, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, por tanto, sí procede el juicio de amparo indirecto.

"Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal, el hecho de que el juzgador federal del conocimiento haya establecido que en el caso particular, tratándose del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, previo a acudir el juicio de amparo, la parte quejosa debió haber impugnado en sede administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del Código Administrativo del Estado de México; y que al respecto, existe jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se definió que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los previstos en la Ley de Amparo; y, por tanto, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.

"Asimismo, el aludido juzgador precisó que la irreparabilidad del acto, no constituye en sí misma, una excepción al citado principio; y que así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia publicadas bajo los siguientes rubros: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL, CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.’ y ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.’

"Sobre ese aspecto, debe decirse que, aun cuando el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, pudo haber impugnado el acto reclamado en la vía contenciosa administrativa, lo cierto es que en el particular, esa vía no le reportaría mayores beneficios que la instancia constitucional; pues en casos como el presente, sea cual fuere la instancia planteada no se puede reparar la violación a los derechos fundamentales del quejoso, puesto que no lo podrían reinstalar en el cargo que venía desempeñando, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De ahí que, como dice el recurrente, no fue correcto que se desechara su demanda y en esa razón, su queja es fundada.

"...

"Por lo expuesto, y fundado; se resuelve:

"PRIMERO.—Resulta fundado el recurso materia de esta queja.

"SEGUNDO.—Se ordena al Juez de Distrito provea lo conducente sobre la admisión de la demanda de amparo."

(ii) En sesión de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió, por mayoría de votos, el recurso de queja 177/2017.(9)

Dicho expediente derivó del auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 974/2017-VII, en el que determinó desechar de plano la demanda de amparo, al considerar que la parte quejosa no había cumplido con el principio de definitividad.

En la ejecutoria relativa, aquel Tribunal Colegiado estableció lo que enseguida se reproduce:

"...

"SEXTO.—Estudio. ...

"Así, de la confrontación entre las consideraciones plasmadas en el auto recurrido, con los preceptos que regulan el desechamiento de la demanda de amparo y la causa de improcedencia invocada para ello, así como los argumentos planteados en el único agravio; este tribunal estima que no asiste razón a la recurrente.

"A fin de demostrar lo anterior, es necesario precisar que el acto reclamado por la quejosa en la demanda de amparo, fue señalado en los términos siguientes:

"‘La inminente aplicación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello, mi destitución o separación del cargo como agente del Ministerio Público adscrita a la entonces Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, causándome graves perjuicios de difícil e imposible reparación, donde no es procedente se me aplique una sanción administrativa de remoción, destitución o separación del empleo, cargo o comisión, porque sólo se me sancionó con inhabilitación y no con otro evento, y que pretende llevar al cabo la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y la directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México.’

"Como puede advertirse, el señalamiento del acto reclamado por ********** es vago e impreciso y, por ello, el escrito de demanda y su anexo, deben ser interpretados en su integridad, a fin de determinar con exactitud la intención de la quejosa, y de esa forma, fijar en forma clara y precisa el acto reclamado.

"Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005, del Pleno y de la Segunda Sala del Alto Tribunal, respectivamente, que son del tenor siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ...’

"‘DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. ...’

"Entonces, de la interpretación integral al escrito de demanda de amparo y anexo, se aprecia, que tal como indicó el Juez, la quejosa realmente pretendió reclamar la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario **********, por el Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, que la destituyó del empleo, cargo o comisión que desempeñaba, y la inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un año.

"En ese entendido, es correcto lo establecido por el juzgador federal, respecto de la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, pues una resolución de tal naturaleza es susceptible de impugnación en juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

"Lo anterior, dado que la fracción I del numeral 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé la procedencia de dicho juicio, contra resoluciones administrativas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los organismos auxiliares de carácter estatal, entre otros, por violaciones cometidas en las mismas, o bien, durante el procedimiento administrativo, cuando trasciendan al sentido de aquellas resoluciones.

"Aunado a que, la fracción VII del precepto 273 de la misma codificación, dispone, que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los juicios contenciosos, podrán reconocer la validez de los actos combatidos, declarar su invalidez, o bien modificarlos.

"De tal suerte, es infundado lo alegado por la recurrente, en el sentido de que el acto reclamado no es impugnable, por sí mismo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la multicitada entidad, pues como puede apreciarse, encuadra exactamente en la hipótesis de procedencia del juicio contencioso, prevista en la fracción I del numeral 229 de la codificación referida.

"Especialmente, porque tal como indica la porción normativa aludida, pueden alegarse violaciones cometidas en el dictado de la resolución administrativa, así como aquellas acontecidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo, como es el caso de las que pretendió hacer valer ********** en los conceptos de violación, respecto del citatorio para el desahogo de su derecho de audiencia.

"No es obstáculo a tal conclusión, la jurisprudencia invocada por la recurrente, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.’

"Ello, ya que si bien tal criterio dispone que los acuerdos de inicio de procedimientos administrativos de separación del cargo de agentes del Ministerio Público, entre otros, producen una afectación de imposible reparación al quejoso, por existir prohibición a su reinstalación en términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional y, por ende, procede en su contra el juicio de amparo; no es menos cierto que, tal como afirmó el Juez, la irreparabilidad del acto no constituye una excepción al acatamiento del principio de definitividad.

"Lo anterior, pues así lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. ...’

"De manera que en la especie, la quejosa sí estaba obligada a promover el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, previo a la promoción del juicio constitucional, a fin de acatar el principio de definitividad que lo rige.

"...

"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 74, 101 último párrafo, 184, 185, 186 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"ÚNICO.—Es infundado el presente recurso de queja."

II. Estándar para identificar la existencia de la contradicción de tesis (marco jurídico y jurisprudencial).

De conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en su jurisprudencia P./J. 26/2001,(10) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Brinda apoyo a lo que antecede, la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Con base en lo anterior, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, consiste en pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

En este sentido, cabe hacer la siguiente interrogante: ¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante los Plenos de Circuito?

Para responder a esa pregunta, se requiere efectuar una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, y párrafos penúltimo y último, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"...

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"...

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.

"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran.

"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

De la transcripción que antecede, se advierte que, ambos numerales contienen una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para los Plenos de Circuito. Mediante el ejercicio de ese poder concedido, se busca, esencialmente, la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

De este modo, las reglas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. Sin embargo, el sentido del concepto "contradictorio" ha de entenderse cuidadosamente, en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica, es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

Entonces, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto.

Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados (no tanto los resultados que ellos arrojen) con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos, pues como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante la cual, se va creando el llamado derecho en acción.

Ahora, la discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Se trata, precisamente, de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que al ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que los Plenos de Circuito están llamados a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

En síntesis, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes (no tanto en los resultados), entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

A. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera;

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

C. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En tales términos se encuentra la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, cuyo texto es el siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Asimismo, resulta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29043-6b219712/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-la-irreparabilidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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