EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXIGE DEMOSTRAR QUE LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE CAUSEN SEAN DE DIFÍCIL REPARACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y DE BAJA CALIFORNIA SUR).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 265/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Ver tabla
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados de los circuitos Vigésimo Segundo y Vigésimo Sexto, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de juicios de amparo en materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 285/2022, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
4. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al fallar el recurso de queja 236/2022, en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, por mayoría de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 285/2022, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al fallar el recurso de queja 236/2022.
7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. De esta ejecutoria derivó la tesis XXII.2o.A.C.1 A (11a.)(6) de rubro y texto siguientes:
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE AMPAROS EN LOS QUE SE ADUZCA UN INTERÉS LEGÍTIMO, AL NO EXIGIR LA LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron las licencias de construcción y cambios de uso de suelo para la edificación de un condominio vertical y adujeron violación al derecho humano a un medio ambiente sano, afirmando tener interés legítimo. El Juez de Distrito desechó la demanda por no agotarse el principio de definitividad, al considerar que debió promoverse juicio contencioso administrativo, toda vez que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro no exige mayores requisitos para la concesión de la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de juicios de amparo indirecto en los que el quejoso afirme contar con interés legítimo, no se actualiza una excepción al principio de definitividad, al no exigir la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, por lo que debe promoverse el juicio contencioso administrativo.
Justificación: Lo anterior, porque de la interpretación conjunta de los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de juicios de amparo en los que se aduzca un interés legítimo, la suspensión se decretará siempre que concurran los requisitos siguientes: que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social, que no se contravengan disposiciones de orden público, que el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento.
Por su parte, el artículo 32, fracción I, inciso b), de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro establece como requisitos para otorgar la suspensión de la ejecución del acto administrativo los siguientes: que no se afecte el interés social, que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causaran al solicitante con la ejecución del acto reclamado.
Por tanto, tratándose de juicios de amparo en los que la parte quejosa aduzca un interés legítimo, la Ley de Amparo prevé requisitos mayores para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de dicha entidad, consistentes en que la parte quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento.
En consecuencia, si la Ley de Amparo prevé mayores requisitos que la ley local para conceder la suspensión del acto reclamado, tratándose de juicios de amparo en los que se aduzca un interés legítimo, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
9. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, lo siguiente:
Ver información
11. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque ambos tribunales decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre el desechamiento de una demanda de amparo promovida con base en interés legítimo, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la legislación de procedimiento contencioso administrativo local —de Querétaro, en un asunto, y de Baja California Sur, en el otro— no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los establecidos en aquella y, por ende, atento al principio de definitividad, previamente a acudir a la instancia constitucional las personas quejosas debieron interponer el medio de defensa ordinario.
13. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes pues ambos examinaron la problemática a partir de la comparación entre los textos de la ley de procedimiento contencioso administrativo local correspondiente —específicamente de los preceptos que establecen como requisito para conceder la suspensión que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto sean de difícil reparación— y de la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.),(7) de rubro: “SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO”.
14. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo pues uno decidió que tratándose de asuntos en los cuales las personas quejosas aducen contar con interés legítimo, no se surte una excepción al principio de definitividad porque la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en su artículo 32, fracción I, inciso b), no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los numerales 128 y 131 de la Ley de Amparo habida cuenta de que ambos ordenamientos prevén el deber de acreditar un daño para otorgarla. Además, señaló que no era óbice a su conclusión la tesis jurisprudencial P./J. 19/2020 (10a.) ya citada, porque esta derivó de asuntos en los cuales las personas quejosas adujeron contar con interés jurídico y no legítimo.
15. En cambio, el otro tribunal concluyó que se surte una excepción al mencionado principio de definitividad porque la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en su numeral 35, fracción I, inciso b), exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión en tanto que establece que los daños o perjuicios causados al solicitante con la ejecución del acto sean de difícil reparación, condición que ya no está prevista en el numeral 128 de esta última legislación y que conforme al criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.) del Máximo Tribunal no constituye un requisito para otorgarla, criterio que resulta aplicable con independencia de que se haga valer interés jurídico o legítimo.
16. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Tratándose de las leyes de procedimiento contencioso administrativo de los estados de Querétaro y de Baja California Sur, conforme a las cuales es requisito para conceder la suspensión del acto impugnado que los daños o perjuicios que se causen al solicitante sean de difícil reparación ¿se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo de acuerdo con la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), cuando la parte quejosa acude en defensa del interés legítimo?(8)
17. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2010(9) que enseguida se reproduce:
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es.
18. No es óbice a la existencia de esta contradicción que los tribunales contendientes hayan examinado artículos de legislaciones estatales diversas pues, en la parte que al estudio de este asunto interesa, ambos preceptos son de igual contenido, como se constata con el cuadro siguiente:
Ver cuadro
19. Es aplicable la tesis 1a. LXI/2012 (10a.),(10) de rubro y texto siguientes:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer.
20. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 285/2022, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al fallar el recurso de queja 236/2022.
21. Cabe decir que este pleno no inadvierte que uno de los tribunales señaló que no tenía motivo para suplir la deficiencia de la queja, mientras que el otro estimó que sí operaba dicha suplencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo por haberse desechado la demanda con base en una causa de improcedencia que no se actualiza.
22. Sin embargo, se estima que sobre el tema no es el caso establecer una contradicción a resolver porque ambos partieron de premisas diversas, a saber, si se actualizaba o no la excepción al principio de definitividad, cuestión que precisamente será analizada en el siguiente apartado.
V. Estudio
23. Como ya señaló este pleno regional al resolver la diversa contradicción de criterios 253/2023,(11) el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna(12) establece el objeto substancial del juicio de amparo, a saber, conocer de las violaciones cometidas por las autoridades a los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en las convenciones, de lo cual deriva la naturaleza extraordinaria de ese medio de defensa.
24. En congruencia con esa naturaleza, el artículo 107, fracción IV, de la propia Ley Fundamental establece el principio de definitividad en amparo de acuerdo con cual, previamente a la promoción del juicio constitucional, la persona interesada debe agotar los medios de defensa ordinarios en contra del acto de autoridad.
25. Así, dispone que tratándose de actos reclamados emitidos por autoridades distintas a la judicial, es necesario agotar los medios ordinarios de defensa, siempre y cuando para estos se prevea la suspensión y no se otorgue en un plazo mayor, mediante más requisitos o con menores alcances que los regulados en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto controvertido, en sí mismo considerado, sea susceptible de ser suspendido, salvo que carezca de fundamentación o solo se aleguen violaciones constitucionales directas, como se advierte de su reproducción:
Artículo 107.
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
26. Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, reitera la previsión constitucional en comento y agrega que puede acudirse de modo inmediato al juicio de amparo si el medio ordinario de defensa no está previsto en una ley, sino en un reglamento; así se desprende de su transcripción:
Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;
27. Estas previsiones constitucional y legal encuentran sus antecedentes en sucesivas reformas y numerosos pronunciamientos jurisprudenciales que han construido el perfil de las instituciones relacionadas con el tema: el principio de definitividad y la suspensión en amparo.
28. El texto original del artículo 107 constitucional no preveía la definitividad en la materia administrativa, sino únicamente se refería a ella en las materias civil y penal, aunque sí contemplaba la suspensión en todas las materias al decir:
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes: I. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
II. En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo solo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa, en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio.
La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que solo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.
III. En los juicios civiles o penales solo procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso.
IV. Cuando el amparo se pida contra la sentencia definitiva, en el juicio civil, solo procederá, además del caso de la regla anterior, cuando, llenándose los requisitos de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no han sido objeto del juicio, o cuando no las comprenda todas por omisión o negativa expresa.
Cuando se pida el amparo contra resoluciones no definitivas, según lo dispuesto en la fracción anterior, se observarán estas reglas en lo que fuere conducente.
V. En los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva contra la que se pide amparo, se suspenderá por la autoridad responsable, a cuyo objeto el quejoso le comunicará, dentro del término que fija la ley y bajo la protesta de decir verdad, la interposición del recurso, acompañando dos copias, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria.
VI. En juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva, solo se suspenderá si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, a menos que la otra parte diese contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y pagar los daños y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciará la interposición del recurso, como indica la regla anterior.
VII. Cuando se quiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se solicitará de la autoridad responsable copia certificada de las constancias que el quejoso señalare, la que se adicionará con las que indicare la otra parte dando en ella la misma autoridad responsable, de una manera breve, clara, las razones que justifiquen el acto que se va a reclamar, de las que se dejará nota en los autos.
VIII. Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte, presentándole el escrito con la copia de que se habla en la regla anterior, o remitiéndolo por conducto de la autoridad responsable o del Juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La Corte dictará sentencia sin más trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga el recurso, el que produzca la otra parte y el Procurador General o el Agente que al efecto designare, y sin comprender otra cuestión legal que la que la queja contenga.
IX. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o después de concluído; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecte a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren, y oyéndose los alegatos, que no podrán exceder de una hora cada uno, y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija la ley, y de la manera que expresa la regla VIII.
La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20 se reclamará ante el Superior Tribunal que la cometa o ante el juez de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir en uno y otro casos a la Corte, contra la resolución que se dicte.
Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.
X. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.
XI. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue.
XII. Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán llamar la atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en libertad.
Los infractores del artículo citado y de esta disposición, serán consignados inmediatamente a la autoridad competente.
También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, verificada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Si la detención se verificare fuera del lugar en que resida el juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y el en que se verificó la detención.
29. Sin embargo, la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en su artículo 73, fracción XV, sí adoptó el principio de definitividad para todos los actos de la materia administrativa, siempre que mediante la interposición del recurso ordinario se suspendieran los efectos del acto impugnado sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consignaba para conceder la suspensión definitiva, como se aprecia a continuación:
Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
XV. Contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deban ser revisados de oficio, conforme a la ley que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva;
30. Paralelamente, la propia ley orgánica, en su artículo 124, identificó como requisitos para la procedencia de la suspensión que la solicitara la persona interesada, que no se siguiera perjuicio al interés general ni se contravinieran disposiciones de orden público y que fueran de difícil reparación los daños y perjuicios que pudieran causarse a la persona quejosa, como se advierte de la transcripción del precepto:
Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el agraviado;
II. Que no se siga perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público;
III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
31. Fue por virtud de la reforma constitucional publicada el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, la cual sentó las bases del diseño normativo actual, que se incorporó expresamente en el texto del numeral 107 de la Ley Fundamental la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa previamente a la promoción del juicio de amparo en contra de actos de autoridades administrativas, además de que se identificaron como requisitos de procedencia de la suspensión: tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la persona agraviada con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público, al decir en sus fracciones IV y X lo siguiente:
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
IV. En materia administrativa, el amparo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32870-76c1344e/excepcion-al-principio-de-definitividad-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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