EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CUANDO SE ADUCE TENER INTERÉS JURÍDICO, ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO, AL EXIGIR EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
QUEJA 652/2022. CARMEN PATRICIA CASTAÑEDA TORRES. 16 DE FEBRERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO. SECRETARIA: MARINA IVONNE SAN ROMÁN CASAS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio.
Previo al análisis de los agravios, se precisa que con motivo de que en el auto recurrido la Jueza de Distrito desechó la demanda de amparo promovida por la aquí recurrente, este órgano colegiado debe suplir la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Se invoca como sustento la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."(15)
Sentado lo anterior, se establece que son fundados los agravios, suplidos en su deficiencia, atento a las consideraciones que se exponen a continuación:
De la demanda de amparo de origen se desprende que ********** reclamó del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, el oficio número **********, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el cual le fue notificado el día ocho de noviembre del referido año, en el que se determina que la pensión por jubilación y la pensión por viudez a su favor que se le concedieron, la primera de ellas, con el número ********** y, la segunda, con el número **********, son compatibles, pero que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la suma de ambos beneficios no deberá rebasar el tope máximo.
Acto que refirió, era el primero de aplicación en su perjuicio del contenido del artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de lo que cabe precisar que la impetrante no reclama la constitucionalidad del referido numeral en forma destacada ni designa como responsables a la autoridad o autoridades que intervinieron en el proceso materialmente legislativo de creación del precepto reglamentario aludido.
En el auto recurrido la Jueza de Distrito desechó la demanda de amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es decir, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa instituido en la legislación para combatir el acto que se reclama.
Al respecto, expuso la juzgadora que en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se establecía la improcedencia del juicio constitucional cuando contra el acto reclamado procediera un juicio, recurso o medio ordinario de defensa a través del cual se pudiera nulificar, revocar o modificar, siempre que éstos suspendieran los efectos de dicho acto con los mismos alcances que los que disponía la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional.
Explicó que el principio de definitividad que regía al juicio de derechos fundamentales encontraba su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debía, previo a su promoción, acudir a las instancias que pudieran producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produjo afectación, salvo en los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionaban con el examen de aspectos de constitucionalidad de normas generales y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.
Destacó que la no exigencia de mayores requisitos significaba que si la legislación rectora del recurso, juicio o medio de defensa establecía iguales o menores requisitos que los dispuestos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, el principio de definitividad debía regir en ese caso específico y, en consecuencia, previamente a promover el juicio constitucional el quejoso debía agotar aquellos medios ordinarios de impugnación.
Refirió que los elementos configurativos de la referida causa de improcedencia eran: I. La existencia de un recurso, juicio o medio de defensa previsto en una ley, por virtud del cual pudiera modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado; II. Que conforme a la ley que regulara el medio de impugnación de que se tratara se suspendieran los efectos del acto de autoridad, ya fuera de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que hiciera valer el agraviado; III. Que la suspensión tuviera los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; IV. Que la ley que rigiera el medio de defensa no exigiera mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consignaba para conceder la suspensión definitiva; y, V. Que en la ley que regulaba el medio de impugnación no se previera un plazo mayor para pronunciarse sobre la suspensión que el que establecía la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ello con independencia de que el acto en sí mismo fuera o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la norma aplicable.
Que en el caso se acreditaba la existencia de un medio de defensa previsto en una ley y su procedencia en contra de los actos que se reclamaron en el juicio de amparo relacionados con las pensiones por viudez y jubilación otorgadas a la quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque procedía el juicio contencioso administrativo federal en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que era de similar redacción al numeral 14, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo, de la ley orgánica abrogada, los cuales establecían la procedencia del juicio de nulidad en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dictaran en materia de pensiones civiles, ya fuera con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el numeral 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que disponía que la sentencia definitiva podría reconocer la validez, declarar la nulidad lisa y llana o declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada.
Además, recalcó la Jueza de Distrito que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contemplaba la suspensión de los efectos de los actos impugnados, específicamente en los artículos 28 y 28 Bis, por lo que mediante la promoción del juicio contencioso administrativo federal era factible lograr la suspensión de los actos, resoluciones o procedimientos administrativos impugnados.
Subrayó que de los artículos 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo se obtenía que ésta, además de prever como efectos de la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado la conservación de la materia del juicio constitucional, para lo cual se debería ordenar mantener las cosas en el estado que guardaban, con la correspondiente emisión de las medidas necesarias para ello, del artículo 147 se desprendía que cuando la suspensión fuera procedente y siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permitiera, existía la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, lo que se traducía en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dictaba la sentencia definitiva, siempre y cuando fuera jurídica y materialmente posible; lo cual tenía estrecha relación con el análisis provisional del fondo del asunto que el juzgador estaba obligado a efectuar al ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de resolver si concedía o negaba la suspensión provisional, acorde con lo previsto en el artículo 138. Esto sin desatender el imperativo de fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y con el cuidado de no lesionar el interés social.
Destacó la a quo que del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advertía que los alcances que otorgaba la aludida legislación a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, en esencia, eran los mismos que tenía la suspensión del acto reclamado en el juicio de derechos fundamentales, en tanto que aquel numeral ordenaba que el Magistrado instructor determinara la situación en que habrían de quedar las cosas cuando concediera la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal; alcance que no era menor al que postulaba la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traducía en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dictara sentencia definitiva, siempre y cuando fuera jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tendían a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dictara sentencia definitiva.
De lo anterior citó como sustento la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."
Agregó que con relación al plazo previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional en el juicio constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 177/2014, consideró que de conformidad con los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el juzgador debía proveer sobre la procedencia de la medida dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fuera presentada o, en su caso, turnada.
Dijo que, por su parte, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado estaba regulada en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme al cual, la solicitud de suspensión debía presentarse por el actor o por su representante legal y ésta se concedería siempre que: a. No se afectara el interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público; y, b. Fueran de difícil reparación los daños o perjuicios que se causaran al solicitante con la ejecución del acto impugnado.
Que para el otorgamiento de la suspensión deberían satisfacerse los siguientes requisitos:
a) Cuando se impugnaran actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concedería la suspensión si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; la aludida garantía podía ser reducida si el monto de los créditos excedía la capacidad económica del solicitante o se tratara de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado. Si se trataba de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fijaría discrecionalmente.
b) Si la medida cautelar pudiera causar daños o perjuicio a terceros, se concedería si se otorgaba garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se causara.
c) En los demás casos, la suspensión se concedería determinando la situación en que habrían de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se pronunciara sentencia firme.
d) En la inteligencia de que la solicitud de la medida cautelar podría ser formulada en cualquier etapa del juicio de nulidad, mientras no se dictara sentencia firme, y ésta debería ser tramitada por cuerda separada y resuelta a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud.
Enseguida, aseveró la juzgadora que de lo anterior se evidenciaba que el accionante constitucional debía agotar el juicio contencioso administrativo previo a acudir al juicio de derechos fundamentales, en atención a lo siguiente:
I. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo preveía la suspensión del acto impugnado, concretamente en su artículo 28.
II. Los alcances que otorgaba la ley federal invocada a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, en esencia, eran los mismos que tenía la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, en la medida que la Ley de Amparo contemplaba la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependiera el que la medida suspensional siguiera surtiendo efectos.
Por su parte, puntualizó la Jueza de Distrito que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordenaba que el Magistrado instructor determinara la situación en que habrían de quedar las cosas cuando concediera la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal; alcance que no era menor al que postulaba la Ley de Amparo relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traducía en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dictara sentencia definitiva, siempre y cuando fuera jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tendían a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dictara sentencia definitiva.
Adicionó que para la procedencia de la medida cautelar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establecía mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado pues, al efecto, aquella legislación, en la fracción I del artículo 28, disponía que la solicitud que al respecto presentara el actor o su representante legal se concedería siempre que: I. No se afectara el interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público; y, II. Los daños o perjuicios que se causaran al solicitante con la ejecución del acto impugnado fueran de difícil reparación. Mientras que la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, en su ordinal 128 señalaba como requisitos: I. Que la solicitara el quejoso y II. Que no se siguiera perjuicio al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público; aunado a que el numeral 131 disponía que cuando el quejoso que solicitaba la suspensión adujera un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concedería cuando aquél acreditara el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se negara, así como el interés social que justificara su otorgamiento; de lo que se seguía, afirmó la Jueza Federal, que esa circunstancia constituía propiamente un requisito.
Así, concluyó la juzgadora que de un análisis comparativo de las porciones normativas en cuestión se evidenciaba que tanto en el juicio de nulidad como en el juicio de amparo, para que procediera la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigían requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debía preceder la solicitud respectiva, la no afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse que el acto de autoridad causara perjuicios de difícil reparación. Ambas legislaciones sustentaban que tratándose de actos de naturaleza fiscal, la suspensión otorgada surtiría efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; asimismo, existía similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pudiera ocasionar daño o perjuicio a terceros.
Que las legislaciones que se comparaban eran coincidentes en señalar que la suspensión se tramitaría por cuerda separada y podría ser pedida en cualquier tiempo mientras no se dictara sentencia ejecutoria, por lo que sí existía la obligación de agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes de acudir al juicio de amparo, en tanto que la parte quejosa no se ubicaba en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que contemplaban los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues ello únicamente acontecía si el acto reclamado carecía de fundamentación, cuando se alegaran exclusivamente violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encontrara previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemplara su existencia, lo que en el caso no acontecía.
Que lo anterior se corroboraba en tanto que los actos reclamados no carecían de fundamentación, pues la resolución se fundamentó en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, además, tampoco se hicieron valer violaciones directas a la Constitución Federal, pues los argumentos descansaban en el hecho de que las resoluciones reclamadas fueron emitidas sobre la base de un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no constituía un argumento de inconstitucionalidad de normas, sino de mera legalidad, pues en su caso sólo se trataba de verificar la aplicación de la jurisprudencia en la que se estableciera la inconstitucionalidad del precepto reglamentario aplicado en perjuicio de la quejosa. Al efecto, citó en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES."
Por último, acotó que aunque conforme al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo procedía la suplencia de la queja deficiente en cualquier materia cuando el acto reclamado se fundara en normas generales que habían sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, no menos lo era que esa figura de la suplencia de la queja sólo aplicaba una vez que se había colmado el requisito de procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso no acontecía.
Bien, esta determinación se estima incorrecta, en atención a las siguientes consideraciones:
El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"Artículo 107.
"...
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
De este precepto constitucional se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo.
Luego, como requisitos de procedencia del amparo están que:
a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y,
b) Ese interés se vea agraviado.
Ahora, como se estableció previamente, en el juicio de amparo del que deriva el presente medio de impugnación ********** reclamó de las autoridades responsables el oficio **********, en el que se determina que la pensión por jubilación y la pensión por viudez a su favor son compatibles, pero que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la suma de ambos beneficios no deberá rebasar el tope máximo.
Por tanto, se concluye que la parte quejosa hace valer un interés jurídico, pues la referida ********** es la directa beneficiaria de las pensiones de jubilación y viudez que aunque son compatibles, esto es, con el límite o tope que deriva del artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo interés considera agraviado con la emisión del oficio **********, comunicación oficial esta última que, además, está dirigida a su persona (véase foja 12 de las copias certificadas del juicio de amparo indirecto).
Expuesto lo anterior, es importante tener en cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."
De estos normativos se advierte que la improcedencia del juicio de amparo indirecto se surte cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo y con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria.
Ahora, la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal establece que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.
De ahí que en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo se dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando en la ley que rige los actos administrativos que se combaten esté previsto algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual dichos actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de tales actos con los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva y no establezcan plazo mayor al previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional.
Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigibilidad de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala mayores requisitos que los previstos en la referida ley para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad no debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, los quejosos no deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación.
Así, cuando las legislaciones que regulen los juicios, recursos o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se combata el acto reclamado, prevean mayores requisitos o menores alcances para la suspensión de dichos actos que los establecidos en la Ley de Amparo, no es necesario agotarlos, por tanto, en dichos casos se actualiza una excepción al principio de definitividad, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo.
Sentado lo anterior, es necesario comparar las medidas cautelares establecidas en ambas legislaciones, a efecto de determinar si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos para su otorgamiento que los establecidos en la Ley de Amparo en los juicios de amparo en los que la parte quejosa alega un interés jurídico.
En ese sentido, la suspensión del acto reclamado prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra regulada por el artículo 28, mientras que la Ley de Amparo exige como requisitos para conceder la suspensión cuando se alega tener un interés jurídico, los previstos en el numeral 128.
Con la finalidad de realizar la comparativa entre ambas legislaciones, en cuanto a los citados requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, se inserta el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
De la tabla que antecede se obtiene que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en los que la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31339-8ef4b506/excepcion-al-principio-de-definitividad-cuando-se-aduce · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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