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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 387, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. · Registro digital (IUS): 25233
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1171.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. SECRETARIA: MARÍA ELENA VERA VEGA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que integran el Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de resolver la denuncia de contradicción, es conveniente precisar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Dicho órgano jurisdiccional, en sesión de treinta de enero de dos mil catorce, al resolver el amparo en revisión RA. 353/2013, determinó confirmar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio y denunciar la posible contradicción de tesis entre lo fallado en el asunto citado y lo decidido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja QA. 22/2009, en sesión de diecinueve de marzo de dos mil nueve.

En dicha resolución narró que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal sobreseyó en el juicio de amparo 743/2013-II, ya que consideró que respecto de la resolución de ocho de julio de dos mil trece emitida por el contralor general de Instituto Federal Electoral en el expediente CGE/09/072/2009 (por la cual se le impuso a la quejosa una sanción administrativa consistente en la suspensión por sesenta días naturales sin goce de sueldo en el cargo que ocupaba como vocal ejecutiva de la Junta Distrital 26 en el Distrito Federal del Instituto Federal Electoral) y su notificación, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Y atendiendo al agravio de la parte quejosa, precisó la litis a resolver, la cual consistía en determinar si el juicio contencioso administrativo federal constituía o no conforme a lo dispuesto en el artículo 387(1) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un medio ordinario de defensa que debía promoverse antes de instar la acción de amparo en contra de una resolución sancionatoria de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.

De la norma citada infirió que la opción de impugnación que preveía al utilizar en dos oraciones la locución "podrán" se refería a la posibilidad de que el servidor público sancionado pudiera promover un recurso ante la autoridad administrativa o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin que se relacionara con la facultad del gobernado de optar entre promover un juicio de amparo o uno contencioso administrativo federal, por considerarse ser potestativo el último.

Dicha conclusión se obtuvo de la interpretación gramatical-sintáctica del referido artículo, al considerar que las dos opciones de impugnación ahí previstas estaban unidas por el signo de puntuación denominado punto y coma que se utilizaba para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase (yuxtaposición), por lo que no podía leerse el artículo de manera aislada y con el propósito de que se entendiera que la promoción del juicio de nulidad era optativa, pues sería descontextualizar el contenido de una oración del conjunto del que pertenecía.

Además, consideró que la interpretación realizada coincidía con el sentido que el legislador le quiso dar al artículo citado, conforme a lo citado en el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de once de diciembre de dos mil siete, en el que se dispuso que las resoluciones por las que se imponían sanciones administrativas podrían ser impugnadas ante los órganos del Instituto Federal Electoral pero los interesados podrían optar por su impugnación directa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de ley.

Así, concluyó que la interpretación que hizo el Juez de Distrito respecto del artículo 387 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales era correcta, pues si dicho precepto legal establecía que era procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de las resoluciones por las que se impusiera una sanción administrativa a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, entonces debía agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad.

Precisó que no estaba a debate si en el caso se actualizaba o no alguna excepción al referido principio de definitividad; desvirtuó la aplicación de las tesis I.15o.A.127 A, I.15o.A.128 A y I.15o.A.129 A del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al constituir criterios aislados que no eran obligatorios en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y explicó que con la interpretación del artículo en cuestión, no se violaba el principio pro persona, ni el principio de acceso a la justicia.

Y finalmente, denunció la posible contradicción de tesis aludida.

2. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Este órgano judicial, en sesión de diecinueve de marzo de dos mil nueve resolvió declarar infundado el recurso de queja QA. 22/2009.

En dicha resolución se narró que el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por auto de once de febrero de dos mil nueve, admitió a trámite el juicio de amparo 76/2009, en el que el quejoso reclamó la resolución de trece de enero de dos mil nueve emitida por el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral en el recurso de revocación intentado en contra de la diversa resolución de veinte de octubre de dos mil ocho (en la que se le impuso como sanción la destitución del puesto que tenía como vocal ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Colima, así como una multa por la cantidad de ciento diecinueve mil doscientos ochenta y dos pesos).

Y en atención a los agravios de la autoridad recurrente, explicó que no se advertía de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, pues para determinar si la parte quejosa estaba obligada o no a promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa previo a acudir al juicio de amparo, resultaba indispensable examinar cuidadosamente la naturaleza jurídica del acto reclamado y el carácter de la autoridad a la que se le atribuía la emisión, así como analizar la normatividad que regulaba al organismo autónomo Instituto Federal Electoral, lo que requería de un estudio profundo, por lo que se descartaba la notoriedad de la configuración de alguna causa de improcedencia.

Sin embargo, consideró que si bien lo expuesto era suficiente para desestimar los agravios de la recurrente, en acatamiento al principio de justicia completa y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llevaría a cabo dicho estudio.

Derivado de un estudio exhaustivo llegó a la conclusión -en lo que interesa respecto de la materia de la contradicción- de que el Instituto Federal Electoral era un órgano constitucional autónomo que contaba con autoridades propias encargadas de la función disciplinaria de sus servidores públicos (salvo algunas excepciones), tal como la Contraloría General, la cual era un órgano diverso al de control disciplinario de la administración pública federal, pero que no obstante ello, el legislador federal estableció en el artículo 387 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la posibilidad de que los servidores públicos del Instituto Federal Electoral pudieran impugnar las resoluciones en que se les impusieran sanciones administrativas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso, a través de los medios de defensa que establecía el estatuto correspondiente y demás ordenamientos de carácter reglamentario.

Explicó que el legislador estableció por una parte, la hipótesis general de procedencia de los recursos previstos en la normatividad para impugnar en sede administrativa las resoluciones que impusieran sanciones administrativas a los servidores públicos y, por otra parte, como excepción a la regla, la opción para los interesados afectados de impugnar tales actos directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Y expuso que la palabra "poder" de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, significaba la facultad para hacer o abstenerse, lo que se entendía como una posibilidad que implicaba la facultad o atribución otorgada a una persona para llevar a cabo un acto, mientras que optar implicaba elegir entre dos posibilidades.

Consideró que dada la posibilidad de impugnación otorgada por el legislador, se evidenciaba que su intención no fue la de condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento de los medios de defensa en sede administrativa ni establecer la obligatoriedad de promover el juicio de nulidad ante ese órgano jurisdiccional, sino la de otorgar una opción a los citados servidores para que, de así quererlo, pudieran deducir sus derechos en la jurisdicción contenciosa administrativa, para aprovechar las ventajas de dicho juicio y para matizar la doble función con la que intervienen los órganos encargados del control disciplinario en el instituto citado, pues al conocer de los recursos administrativos tienen el carácter de Juez y parte.

Para corroborar sus argumentos citó la jurisprudencia 2a./J. 139/99, de rubro: "REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", la jurisprudencia 2a./J. 124/2007, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." y la jurisprudencia 2a./J. 19/2008, de rubro: "AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."

Y estimó que dada la naturaleza optativa de agotar los recursos correspondientes en sede administrativa en contra de las resoluciones que impusieran sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, así como la procedencia sui géneris y opcional del juicio contencioso administrativo en contra de dichas resoluciones, entonces no era necesario agotarlos previamente a la promoción del juicio de amparo que se promoviera en contra de ese tipo de resoluciones, pues no se les podía atribuir la obligatoriedad de agotarlos al ser opcional para el funcionario acudir a la sede administrativa o a la jurisdicción contenciosa administrativa a deducir sus derechos, ya que ello implicaba que se encontraba en libertad de elegir libremente si agotaba o no esas instancias.

Máxime que ni el artículo 387 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ni norma alguna establecían la obligación de agotar los recursos de la normatividad electoral para impugnar las resoluciones en que se impusieran sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral previo a la promoción del juicio contencioso administrativo, lo que evidenciaba que era opcional.

De lo expuesto concluyó que el servidor público del Instituto Federal Electoral que pretendiera impugnar la resolución en que se le hubiera impuesto alguna sanción administrativa podía deducir sus derechos en cualquiera de los siguientes escenarios jurídicos: 1) Optar por interponer el recurso en sede administrativa ante el órgano sancionador (revocación o inconformidad); 2) Acudir directamente al juicio contencioso administrativo sin interponer antes el recurso administrativo procedente; o bien, 3) Acudir al juicio de amparo sin agotar el juicio de nulidad ni el recurso administrativo, al ser de naturaleza optativa.

Por tanto, concluyó que no se actualizaba de manera patente e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo indirecto era procedente en contra de las resoluciones en las que se impusieran sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aun cuando no se hubieran agotado los medios ordinarios de impugnación citados, al efecto citó la jurisprudencia 2a./J. 109/2008, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

Y desestimó la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 49/2006, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.", pues consideró que si bien en el caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí podía conocer de la resolución impugnada en el juicio de amparo, lo cierto era que el juicio contencioso administrativo era de carácter optativo, por lo que no se configuraba la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo.

Además de las razones expuestas, consideró que en el caso tampoco se actualizaba de manera patente e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues se configuraba una excepción al principio de definitividad que eximía al quejoso de agotar el juicio de nulidad, toda vez que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecía mayores requisitos para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo que los previstos en los artículos 124, 125 y 136 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión en el juicio de amparo y al efecto citó la jurisprudencia número 2a./J. 56/2007, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS."

Y desestimó el argumento de la autoridad relativo a que si el quejoso optó por interponer el recurso de revocación contra la resolución de veinte de octubre de dos mil ocho, entonces debía continuar con la vía ordinaria elegida y no promover el juicio de amparo; pues consideró que dicho argumento no encontraba sustento jurídico ya que ni del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo ni de la jurisprudencia citada se advertía que el hecho de haber optado por un medio ordinario de defensa en sede administrativa, implicaba la renuncia a las excepciones al principio de definitividad, por lo que el quejoso no se encontraba obligado a agotar el juicio de nulidad. Máxime que en el caso no existía la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo al actualizarse la excepción al principio de definitividad explicada. Citó la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO."

Cabe precisar que de dicha ejecutoria surgieron las tesis I.15o.A.127 A, I.15o.A.128 A (materia de la contradicción) y I.15o.A.129 A, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, páginas 1915, 1913 y 1914, respectivamente, de contenido siguiente:

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LAS RESOLUCIONES EN QUE SUS ÓRGANOS DE CONTROL DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO INTEGRAN, PUEDEN IMPUGNARSE DE MANERA OPTATIVA A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 387 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), los servidores públicos del citado instituto pueden impugnar las resoluciones en que se les impongan sanciones administrativas, directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso, a través de los medios de defensa que establezcan el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del propio órgano y los demás ordenamientos de carácter reglamentario. Lo que revela que la intención que tuvo el legislador no fue condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento de la sede administrativa, ni establecer la obligatoriedad de promover el juicio de nulidad ante aquel órgano jurisdiccional, sino la de otorgar una opción a los servidores públicos del órgano autónomo en comento para que, de así quererlo, pudieran deducir libremente sus derechos en la jurisdicción contenciosa, sin tener que interponer previamente los recursos administrativos, habida cuenta que de esa manera pueden aprovechar las bondades que tiene esa instancia jurisdiccional, entre las que descuella el principio de litis abierta, que permite expresar conceptos de anulación diferentes a los planteados en los recursos administrativos y aportar las pruebas conducentes, además de que los servidores públicos pueden impugnar los vicios o irregularidades que consideren se cometieron en el procedimiento de investigación o disciplinario de origen, conforme a la interpretación que al respecto estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 8/2008, e incluso obtener la indemnización por los daños y perjuicios que se le ocasionen, cuando la autoridad demandada incurra en faltas graves al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda. Sobre tales premisas, es inconcuso que corresponde al funcionario afectado ponderar a través de qué instancia deducirá sus derechos, o incluso determinar si agota o no esa vía ordinaria previamente a promover el juicio de amparo, dada la evidente libertad de elección con la que se caracterizó el sistema de impugnación descrito. Postura que se corrobora con la diversa finalidad que evidenció el proceder del legislador federal, de matizar la doble función con la que intervienen los entes encargados del control disciplinario del Instituto Federal Electoral, pues al conocer de los recursos administrativos tienen el carácter de Juez y parte, dado que por la propia naturaleza de ese tipo de impugnaciones implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, por lo que el creador de la norma consideró pertinente otorgar tal prerrogativa como un medio de control de la legalidad de los actos de las autoridades disciplinarias, pero no puede estimarse que tenga obligatoriedad en todos los casos, sino únicamente cuando así lo elija el servidor público sancionado, pues de lo contrario implicaría permitir que imperativamente el aludido tribunal tenga una intervención constante en el órgano constitucional autónomo referido, esto es, que se encuentre bajo la supervisión de otro ente detentador del poder."

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SUS ÓRGANOS DE CONTROL DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO INTEGRAN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS PREVISTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA NI LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 387 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), los servidores públicos del citado instituto pueden impugnar las resoluciones en que se les impongan sanciones administrativas, directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso, a través de los medios de defensa que establezcan el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del propio órgano y los demás ordenamientos de carácter reglamentario. Lo que revela que la intención del legislador no fue condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento de la sede administrativa, ni establecer la obligatoriedad de promover el juicio de nulidad ante aquel órgano jurisdiccional, sino la de otorgar una opción a los servidores públicos del órgano autónomo en comento para que, de así quererlo, pudieran deducir libremente sus derechos en la jurisdicción contenciosa, sin tener que interponer previamente los recursos administrativos, habida cuenta que de esa manera pueden aprovechar las bondades que tiene esa instancia jurisdiccional; además, tal sistema de impugnación tiene como finalidad matizar la doble función con la que intervienen los entes encargados del control disciplinario del Instituto Federal Electoral, pues al conocer de los recursos administrativos tienen el carácter de Juez y parte, por lo que se instituyó como un medio de control de la legalidad de los actos de las autoridades disciplinarias, pero no puede estimarse que tenga obligatoriedad en todos los casos, sino únicamente cuando así lo elija el servidor público sancionado. Por tanto, dada la naturaleza optativa de los medios de impugnación administrativos y la procedencia del juicio contencioso administrativo contra las resoluciones de mérito, es inconcuso que no es necesario que esos medios ordinarios de defensa se agoten previamente a la promoción del juicio de garantías que se enderece contra ese tipo de actos, ya que no puede dotárseles de una obligatoriedad que no los caracteriza, pues al ser opcional para el funcionario afectado acudir a cualquiera de esas instancias a deducir sus derechos, implica que se encuentra en libertad de elegir libremente si las agota o no, por lo que procede en forma inmediata el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la referida institución, aun cuando antes no se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación."

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ESQUEMA DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SUS ÓRGANOS DE CONTROL DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO INTEGRAN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES). De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral los servidores públicos del instituto pueden impugnar las resoluciones en que se les impongan sanciones administrativas, directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso, a través de los medios de defensa que establezcan el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del propio órgano y los demás ordenamientos de carácter reglamentario. Lo que revela que la intención que tuvo el legislador federal no fue condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento de la sede administrativa, ni establecer la obligatoriedad de promover el juicio de nulidad ante aquel órgano jurisdiccional, sino la de otorgar una opción a los servidores públicos del órgano autónomo en comento para que, de así quererlo, pudieran deducir libremente sus derechos en la jurisdicción contenciosa, sin tener que interponer previamente los recursos administrativos, habida cuenta que de esa manera pueden aprovechar las bondades que tiene esa instancia jurisdiccional. Sobre tales premisas, se colige que los funcionarios que sean sancionados por las unidades disciplinarias de ese órgano constitucional autónomo, pueden deducir sus derechos contra la resolución relativa en cualquiera de los siguientes escenarios jurídicos: 1) Optar por interponer el recurso relativo en sede administrativa, ante el órgano sancionador (revocación o inconformidad, según sus hipótesis de procedencia), o bien promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2) Acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa sin antes interponer el recurso administrativo procedente, o bien interponer exclusivamente el recurso. 3) Promover el juicio de amparo sin tener que agotar previamente el juicio de nulidad, pues tanto la interposición del recurso administrativo como el citado medio de impugnación son de naturaleza optativa y, por ende, no puede dotárseles de una obligatoriedad que no los caracteriza. En esa tesitura, es inconcuso que es procedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aun cuando previamente no se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación."

CUARTO. Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis en estudio, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.

Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25233-6d527519/juicio-contencioso-administrativo-federal-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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