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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE ACTOS DERIVADOS DE CONFLICTOS SUSCITADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS MIEMBROS, EN SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2024. · Registro digital (IUS): 32989
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO, EL SEGUNDO, EL CUARTO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.333.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO, EL SEGUNDO, EL CUARTO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DECIMOCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: SOLEDAD TINOCO LARA.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de quince de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo, todos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si es improcedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por razón de competencia, en términos de lo previsto en el artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano constitucional autónomo y sus miembros, en su relación administrativa.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el dos de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República,(1) en representación del Titular de dicha Fiscalía, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

4. Trámite de la denuncia ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia del entonces Pleno Regional, formó el expediente electrónico y lo registró con el número de contradicción de criterios 2/2024; sin embargo, al advertir del oficio de denuncia, que éste se presentó de manera incompleta y que la parte denunciante omitió enunciar los asuntos a contender del Primero y Decimoctavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, la requirió para que en el plazo de cinco días remitiera de forma completa y legible la denuncia en cuestión.

5. Desahogo de requerimiento. Mediante oficio recibido el diez de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al requerimiento en cita, remitió de manera legible y completa la denuncia de la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

6. Admisión de la contradicción de criterios. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de ese Pleno Regional, admitió la denuncia de la posible contradicción de criterios. En esa misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y turnó el expediente a la ponencia del Magistrado Paulín Gaspar Carmona.

7. Cambio de denominación. Por Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y se reformaron diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, se aprobó el cambio de denominación y competencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y su transformación como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

8. Integración del Pleno. En proveído de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; además, turnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.

9. Desahogo de los Tribunales Colegiados. En acuerdos de presidencia de diecinueve, veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes provenientes del Segundo, Decimoctavo, Décimo Segundo, Primero y Cuarto Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional, que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

10. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. En proveído de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto. En esa misma actuación, se confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

11. Amicus curiae. Por acuerdo de trece de febrero de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia tuvo por recibido el escrito a través del cual una persona física realizó manifestaciones con el carácter de amicus curiae, en el sentido siguiente: “(...) Respecto del tema de fondo de esta contradicción de criterios, deben prevalecer los precedentes del Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es incompetente para conocer de resoluciones de la Fiscalía General de la República que remueven a sus ministerios públicos, por tratarse de un órgano constitucionalmente autónomo, del que el citado Tribunal no puede conocer.—(...) Así, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sólo puede conocer de actos que deriven de las autoridades de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las entidades de la administración pública paraestatal; sin que dentro de ellas se encuentre la Fiscalía General de la República, al ser un Órgano Público Autónomo, que es independiente del Poder Ejecutivo.—(...) Luego, atendiendo a los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales aplicados por analogía, se llega a la conclusión de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no cuenta con competencia para conocer respecto de actos de la Fiscalía donde remueve a sus ministerios públicos, ya que el Tribunal tiene funciones inherentes al Estado, como son las funciones jurisdiccionales en materia fiscal y administrativa que requieren ser atendidas no solo en beneficio de los justiciables sino de la sociedad en general.—Por tanto, es indudable que como órgano autónomo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene relaciones de coordinación con los demás poderes, órganos y organismos autónomos del Estado, no sólo para gestionar los elementos necesarios para su funcionamiento sino también para el logro de las atribuciones estatales encomendadas.—En consecuencia, es que no se encuentra facultado para resolver controversias derivadas entre un particular y la Fiscalía General de la República, ya que dicho órgano público autónomo no forma parte del Poder Ejecutivo, ni depende o se subordina a éste, sino que mantiene con él una relación de coordinación en el ejercicio de facultades propias previstas constitucionalmente; y al no formar parte de la administración pública federal, en consecuencia conforme a los preceptos Constitucionales y legales transcritos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está facultado para dirimir las controversias que se susciten entre dicho órgano público autónomo y los particulares con motivo de los actos que se le atribuyen.—(...)”.

12. De igual manera, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional, tuvo por recibido el escrito a través del cual, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General de la República, realizó manifestaciones con el carácter de amicus curiae.

13. Aplazamiento. El diez de junio de dos mil veinticuatro, el asunto fue listado para verse en sesión del veintisiete siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha.

II. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

15. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en representación del Fiscal General de la República, con fundamento en el artículo 17, fracción XXV, del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República.(2)

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

16. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 190/2023.

17. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a través de la cual se le notificó que su plaza fue suprimida y por tal motivo se dio por terminada su relación administrativa con la Fiscalía General de la República.

18. Sentencia de nulidad. Tocó conocer del asunto a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite y seguido el procedimiento de ley, dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio, al considerar fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada, prevista en los artículos 8º, fracción II y 9º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 73, fracción XXIX-H, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) en virtud de que la Fiscalía General de la República (parte demandada) era un organismo constitucional autónomo que no formaba parte del Poder Ejecutivo, ni estaba subordinado a éste, por lo que no era parte integrante de la Administración Pública Federal y por ende, sus actos no podían sujetarse a la jurisdicción de un tribunal contencioso administrativo.

19. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución se promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 190/2023; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 10 de la sentencia respectiva)

(...)

De la confrontación entre las consideraciones que sustentan la resolución reclamada y los conceptos de violación de la parte quejosa se tiene que la litis consiste en determinar si la responsable es competente para conocer de la resolución que establece que se da por terminada la relación administrativa de un servidor público con la Fiscalía General de la República.

Para dar solución a ese planteamiento, es oportuno tener en cuenta que la propia Constitución establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional dispone: (Se transcribe)

(...)

De acuerdo con el precepto citado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización.

Dicha norma otorga a dicho tribunal una doble función: por un lado, imponer sanciones a los servidores públicos cuando incurran en responsabilidad administrativa grave y, por otro, resolver las controversias entre la administración pública federal y los particulares.

Por lo que ve a la función jurisdiccional, la norma constitucional en consulta precisa que uno de los elementos a considerar por el legislador federal para fijar la competencia de ese tribunal atiende a la naturaleza de la autoridad emisora de los actos, limitándola a las controversias suscitadas entre las dependencias y entidades que integran la administración pública federal y los particulares.

Tal como estableció la responsable, conforme al artículo 102, apartado A, primer párrafo, de la Constitución, la Fiscalía General de la República es un órgano con autonomía constitucional, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.

El alto tribunal ha definido que una de las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos es la relativa a que guardan autonomía de los poderes primarios, esto es, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que se trata de organismos que se encuentran a la par de aquellos.

Corrobora lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia P./J. 12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871, que establece:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)

(...)

Como se advierte, los órganos constitucionales autónomos, aun cuando forman parte del Estado, no están subordinados a los poderes primarios, por lo que sus relaciones con éstos son de coordinación.

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que la Fiscalía General de la República, en su carácter de órgano constitucional autónomo, no forma parte de la administración pública federal.

Por tal motivo, aun cuando la relación que guarda con sus servidores públicos sea administrativa y no laboral, como dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, no satisface la condición constitucionalmente establecida para que de las controversias que deriven de esa relación pueda conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Consecuentemente, la impugnación de los actos de la Fiscalía General de la República generados con motivo de dicha relación jurídico administrativa no corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que éstos se regulan por sus propias leyes.

Por tanto, es correcta la decisión de la sala responsable consistente en que el juicio de nulidad es improcedente contra la resolución que da por terminada la relación que mantenía la promovente con la Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

(...)

No obsta a la conclusión alcanzada, el argumento de la parte quejosa consistente en que, en términos de la fracción XVI del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a ese órgano jurisdiccional la resolución de asuntos en los que una de las partes sea un órgano constitucional autónomo.

Dicha norma dispone:

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos;

(...)

Como se advierte, dicha fracción se circunscribe a las resoluciones que tengan su origen en un procedimiento de responsabilidades administrativas, aspecto que no acontece, toda vez que, en el juicio del que deriva el acto reclamado, se impugnó la resolución en que se dio por terminada la relación administrativa de la actora con la Fiscalía General de la República con motivo de la supresión de la plaza que tenía asignada.

Consecuentemente, el argumento es inoperante al partir de la premisa falsa de que el juicio de nulidad es procedente contra todo tipo de resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos.

(...)

Cabe destacar que el hecho de que el juicio de nulidad resulte improcedente contra la resolución que declaró terminada la relación administrativa de la quejosa con la Fiscalía General de la República, no conlleva la imposibilidad de acceder a un recurso efectivo para su defensa, pues dicho acto puede ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto.

(...)

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que el juicio de nulidad no es el medio de defensa a través del cual la quejosa pueda hacer valer los derechos que estime vulnerados con la baja impugnada; sin embargo, el tribunal estima oportuno dejar a salvo sus derechos para hacerlos valer a través del juicio de amparo indirecto.

A efecto de garantizar a la parte quejosa el acceso a la justicia, se debe considerar que, en caso de que decida hacer valer sus derechos en vía correcta, el plazo para su promoción se debe computar a partir de que le sea notificada esta sentencia. (...)” [lo destacado es de origen]

20. La sentencia inmediatamente referida se encuentra firme, según lo informado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en auto de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, acordado por este Pleno regional en proveído del día veintidós siguiente.

B. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 788/2022.

21. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra de la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en la que se ordenó la supresión de la plaza de Comisario Investigador de la Policía Federal Ministerial; y posteriormente amplió su demanda, impugnando los actos consistentes en la constancia de hechos de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y la renuncia al cargo de Comisario Investigador.

22. Sentencia de nulidad. Tocó conocer del asunto a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite, y seguido el procedimiento de ley, dictó sentencia el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que determinó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, era improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; habida cuenta de que dicho tribunal carecía de competencia para conocer de los actos emitidos por la Fiscalía General de la República, por tratarse de un órgano constitucionalmente autónomo, el que no formaba parte de la Administración Pública Federal; además de que de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo podía dirimir las controversias que se suscitaran entre la administración pública federal y los particulares.

23. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución, se promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 788/2022, y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 10 de la sentencia)

(...)

Son esencialmente fundados los anteriores motivos de disenso como se demuestra a continuación.

En principio, cabe resaltar que la consideración toral en que se sustentó la Sala, a fin de concluir que no se actualizaba la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de la resolución contenida en el expediente ********** de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, a través de la cual se suprimió la plaza de Comisario Investigador de la Policía Federal Ministerial (acto impugnado), se sustentó en el hecho de que la aludida Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo que no forma parte de la Administración Pública Federal, sin que se dispusiera que el referido tribunal pudiera revisar alguno de sus actos; máxime que al tenor de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, dicho tribunal solo puede conocer de controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Ahora bien, en relación con las características y notas distintivas de los órganos constitucionales autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que su origen es la idea de un equilibrio constitucional que evoluciona la teoría tradicional de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) la cual no pierde su esencia, sino que se atiende a una distribución de funciones o competencias, de manera que se confiere a dichos entes jurídicos de derecho público ciertas facultades estatales fundamentales que no dependen orgánica, funcional o presupuestariamente de ninguna de las tres ramas tradicionales del poder, con la finalidad de hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al estado.

Así, el alto tribunal fue enfático al señalar que el hecho de que dichos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano; máxime que su misión principal es atender necesidades torales, tanto del Estado como de la sociedad en general.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647. Registro: 172456, de rubro y texto siguiente:

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)

(...)’

También sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871. Registro: 170238, de rubro y texto siguiente:

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)

(...)’

Bajo ese contexto, en efecto, la Fiscalía General de la República, por disposición expresa del artículo 102 constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis,(4) constituye un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción II de la Ley de la Fiscalía General de la República,(5) dicho órgano público autónomo, forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, cabe señalar que el alto tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los, entonces, agentes de la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa.

Es ilustrativa la tesis 2a. CLXI/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 429. Registro: 194905, de rubro y texto siguiente:

‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Se transcribe)

(...)’

De lo hasta aquí expuesto, no cabe duda para este tribunal, que la naturaleza de la acción ejercida por la parte actora en el juicio de nulidad que se analiza es formal y materialmente administrativa, dado que —se insiste— la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública (como lo es la Fiscalía General de la República), y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, por lo que compete, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de sus miembros, como en el caso acontece, independientemente del origen de la controversia; es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 27/2006-SS, que en la parte que al caso interesa, es del tenor siguiente:

‘(...) la administración pública federal constituye la forma de organización del Poder Ejecutivo Federal, es decir, los órganos administrativos que compondrán a dicho poder el cual se deposita, en términos del artículo 80 de la Constitución Federal, en un solo individuo denominado ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’, que no forma parte de la citada administración pública federal, según se advierte palmariamente de los artículos 2o., 3o., 8o. y 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen:

(...)

El enlace de las anteriores disposiciones pone de relieve que el Poder Ejecutivo Federal está presidido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de unidades u órganos administrativos que componen a la administración pública federal; por tanto, la competencia de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa a que alude el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, se acota a dirimir los conflictos suscitados entre tales unidades u órganos de carácter administrativo que integran al Poder Ejecutivo Federal y los particulares, sin incluir a otros Poderes de la Unión, incluso, a los organismos autónomos.

De esa guisa se desprende que los Tribunales Contenciosos Administrativos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32989-f648a403/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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