JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE INFORMA AL SOLICITANTE QUE NO ES POSIBLE SEÑALAR LUGAR, DÍA Y HORA PARA SUSTENTAR LOS EXÁMENES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ADUANERA, PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE DE AGENTE ADUANAL, QUE NO SE EMITE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 146/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: SOLEDAD TINOCO LARA.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción. Cuenta habida de que la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la contradicción de criterios 67/2023 del Alto Tribunal, la competencia de este Pleno para resolver el presente asunto.
III. LEGITIMACIÓN
13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la parte quejosa en el amparo directo 276/2020 del índice del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y recurrente en el amparo directo en revisión 397/2023 del diverso índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 259/2020.
15. Demanda de nulidad. Una persona acudió al juicio contencioso administrativo federal a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio emitido por el Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "2", en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Apoyo Jurídico de Aduanas y del Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "1", de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, a través del que le informó que esa unidad administrativa no estaba en condición de comunicarle lugar, día y hora para sustentar los exámenes a que hace referencia el artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal.
16. Sentencia de nulidad. Seguido el trámite correspondiente, el tres de agosto de dos mil veinte, la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción II, en relación con el diverso 9o., fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivado de que en el oficio impugnado únicamente se dio contestación al escrito presentado por la accionante y se le informó que la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, aún no se encontraba en la condición de comunicarle lugar, día y hora para sustentar los exámenes a que hace referencia el artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, habida cuenta de que todavía no se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria correspondiente; por lo que no se trataba de una resolución definitiva o que constituyera el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, en términos del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
17. Demanda de amparo directo. En contra de dicha resolución, la parte actora promovió demanda de amparo directo; de la que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 259/2020; y seguido el procedimiento, en sesión ordinaria virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, determinaron conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, con sustento en las consideraciones siguientes:
"... QUINTO. Previamente a resolver los argumentos propuestos en el único concepto de violación, se tiene en cuenta que en el fallo reclamado el tribunal del conocimiento sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 9o., fracción II, en relación con el numeral 8o., fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues sostuvo que el acto impugnado no puede considerarse definitivo en tanto que no contiene una determinación o decisión que ocasione agravios a la accionante.
"Explicó que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sólo procede contra resoluciones definitivas y no contra cualquier pretensión de los contribuyentes demandantes.
"Determinó que en el caso resultó improcedente la demanda de nulidad con la explicación de que en el oficio impugnado se dio contestación al escrito que la accionante presentó el cinco de junio de dos mil diecinueve.
"La sala advirtió que en el acto impugnado se informó que la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas aún no se encuentra en condición de comunicar a la actora el lugar, día y hora para que esté en posibilidad de sustentar los exámenes que hace referencia el artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, ya que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria correspondiente.
"Destacó que dicho acto no constituye una negación a la publicación de la convocatoria solicitada, sino que en él únicamente se informa que una vez que haya concluido el procedimiento de otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución, la autoridad correspondiente estará en posibilidad de emitir la convocatoria correspondiente y, en condición de citar a la actora para que sustente los exámenes a que se refiere el artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera.
"De ahí que el tribunal responsable determinó que el acto impugnado no posee el carácter de definitivo (páginas cinco a treinta y cinco del fallo reclamado).
"En contra de las consideraciones apuntadas la quejosa propuso un solo concepto de violación en el que esencialmente refiere que el fallo reclamado es ilegal, pues afirma que el oficio impugnado se ubica en la hipótesis de procedencia a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la fracción XII del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que puso fin a una instancia, o bien, resolvió un expediente.
"...
"Para abordar el examen del planteamiento que hace la quejosa se tiene en cuenta que el artículo 3o., fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: (lo transcribe)
"De la norma transcrita se obtiene que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente contra resoluciones definitivas precisadas en las fracciones del artículo en cita, entre las cuales se encuentran las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"...
"Con apoyo en lo anterior, se destaca que el juicio de anulación federal es procedente en contra de resoluciones que pongan fin a los procedimientos, o bien, actos administrativos dictados de manera aislada que, por su naturaleza y características, no requiere del trámite de una secuela procesal para reflejar la última voluntad de la autoridad (definitivos).
"Precisado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en que el oficio impugnado es la respuesta que recayó al escrito recibido en la Administración General de Aduanas, el cinco de junio de dos mil diecinueve, mismo que se reproduce a continuación: (Se inserta imagen)
"Del oficio insertado se corrobora que la autoridad administrativa le comunicó a la accionante que no le puede tener vía derecho de petición cumpliendo los requisitos que establece el artículo 159 de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, ya que todos los participantes deben ceñirse al procedimiento que inicia con la emisión de la convocatoria que se publique en el Diario Oficial de la Federación y cumplir todos los requisitos, por tanto, se le informó que no ha lugar a señalar lugar día y hora para la aplicación de los exámenes que solicita.
"Dicha determinación, contrario a lo que resolvió el tribunal responsable, constituye una resolución definitiva, en la medida en que contiene la última voluntad de la autoridad administrativa respecto de la solicitud de la accionante, pues dejó en claro que ésta no satisfizo los requisitos que establece el artículo 159 de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal.
"Por consiguiente, a consideración de este tribunal colegiado, dicha resolución limita a la quejosa la posibilidad de que acceda a la obtención de una patente de agente aduanal, vía realización y aprobación de los exámenes que solicita, de modo que es susceptible de generar un agravio a la accionante.
"Bastan las explicaciones anteriores para evidenciar que es fundado el reclamo de la quejosa, pues le asiste razón en su afirmación de que el juicio de nulidad es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 3o., fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"En las relatadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por vicios formales para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que, de no encontrar diversa causa de improcedencia, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda."
B. Criterio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 276/2020.
18. Demanda de nulidad.(1) Una persona promovió demanda de nulidad en contra del oficio emitido por el Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "2", en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Apoyo Jurídico de Aduanas y del Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "1", en el que en respuesta a su petición de que se le apliquen los exámenes a que se refiere el artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera, y le señalara lugar, día y hora para tal efecto, sustancialmente le informó que el artículo 159 de la Ley Aduanera, establecía que para obtener una patente de agente aduanal, los interesados debían cumplir con los requisitos previstos en la convocatoria que se publicara en el Diario Oficial de la Federación y los demás establecidos en el propio numeral 159; por lo que una vez que se publicara esa convocatoria, los interesados estarían en posibilidad de satisfacer los mismos y sería hasta ese momento en el que la Administración General de Aduanas estaría en posibilidad de analizar lo conducente.
19. Sentencia de nulidad. Seguido el trámite correspondiente, la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en la que sobreseyó en el juicio de nulidad con fundamento en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que la resolución impugnada no es definitiva en términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que a través de ella únicamente se informó al impugnante que la autoridad aún no estaba en posibilidad de sustentar los exámenes a que hacía referencia el artículo 159 de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, al no haberse emitido la convocatoria correspondiente.
20. Demanda de amparo directo. En desacuerdo, la actora promovió demanda de amparo directo, la cual fue turnada al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que la radicó con el número de expediente D.A. 276/2020 y seguidos los trámites legales, en sesión ordinaria virtual de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, determinó negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, con sustento, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"OCTAVO.
"...
"Son infundados los argumentos anteriormente sintetizados, pues en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece: (lo transcribe)
"En el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se dispone: (lo transcribe)
"En el primer precepto transcrito se dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios promovidos en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos ahí referidos, entendiéndose por resoluciones definitivas las que no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
"Por su parte, segundo numeral establece que el juicio contencioso administrativo federal será procedente contra las resoluciones definitivas que establece la ley orgánica del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como, contra actos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.
"De ahí que para que proceda el juicio contencioso administrativo federal se deben satisfacer los siguientes requisitos:
"a) Se trate de una resolución definitiva, actos o procedimientos administrativos previstos en el artículo antes transcrito.
"b) Se actualice alguno de los supuestos previstos en el numeral citado, teniéndose presente que la procedencia puede derivar de lo dispuesto en un diverso ordenamiento, a condición de que en éste se precise la competencia del Tribunal, tales como los actos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación (segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).
"Sobre el tema, se tiene presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, aunque en relación con un ordenamiento jurídico diferente, pero que aplica en el presente asunto por identidad de razón, especificó lo que debe entenderse por resoluciones administrativas definitivas a que se refería el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos siguientes:
"...
"De la ejecutoria transcrita emanó la tesis 2a. X/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro 184733, novena época, materia administrativa, tomo XVII, febrero de 2003, página 336, que a continuación se transcribe:
"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (transcribe texto)
"Tanto en la ejecutoria citada, como en la jurisprudencia, se dejó sentado como punto sustancial que la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa por medio de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa, en tanto que el producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: 1) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o 2) como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la Administración Pública; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.
"En el presente asunto, se retoma que el quejoso solicitó que se emita la convocatoria para que se apliquen, por parte de la autoridad aduanera encargada de la regulación de patentes de agente aduanal, los exámenes a que hace referencia la fracción IX del numeral 159 de la Ley Aduanera, y se comunique el lugar, día y hora en los que se llevarán a cabo.
"En el acto administrativo impugnado en el juicio contencioso la autoridad aduanera no aceptó o negó el planteamiento que se sometió a su consideración, sino que sólo informó que la convocatoria respectiva, en su momento, sería publicada en el Diario Oficial de la Federación y que la institución se encargaría de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para poder acceder a los exámenes y, de ser el caso, para obtener la patente respectiva, agregó que, al momento de la contestación, esa autoridad se encontraba dando trámite a solicitudes de agente aduanal por sustitución, en términos del procedimiento previsto para ese fin, lo que ocupaba su atención.
"De ahí que, si bien en una parte de la contestación la autoridad informó al quejoso que se encontraba imposibilitada jurídica y materialmente para citarlo a sustentar los exámenes solicitados y que, una convocatoria para obtener una patente de agente aduanal no es un derecho a favor de los interesados, en obtener dicha patente, tal respuesta no constituye una resolución emitida con el objeto de poner fin a un procedimiento ni es una manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiera de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de dicha autoridad aduanera, tampoco contiene una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.
"Lo anterior, porque no se está en el supuesto de un procedimiento ni de una determinación que pone de manifiesto una última voluntad o voluntad definitiva en cuanto a si se emitirá o no una convocatoria y si con motivo de ésta, se practicarán o no exámenes, para obtener la patente a que se refiere el quejoso, ya que en forma alguna se estableció que no se emitirá la convocatoria ni, consecuentemente, se practicarán los exámenes para el fin precisado.
"Es decir, el hecho de que no se haya dado respuesta afirmativa al planteamiento del quejoso no implica que se le hubiera negado en definitiva su solicitud, máxime que la autoridad aduanera expuso las razones por las que al momento de los hechos no se había emitido la convocatoria y qué actividad (trámite de solicitudes de patente agente aduanal por sustitución) ocupaba en ese momento su atención, además, agregó que los trámites aduanales podrían concluir el proceso de sustitución a más tardar el veinte de febrero de dos mil veinte, con la finalidad de que se emitiera el Acuerdo de Otorgamiento de Patente de Agente Aduanal por sustitución, a más tardar el veinte de mayo de dos mil veinte fechas que son posteriores a la fecha en la que se promovió el juicio contencioso administrativo (veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve). "El hecho de que la respuesta haya sido dictada por una autoridad aduanera no le otorga el carácter de acto administrativo impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que, como se ha visto, la determinación debe revestir el carácter de definitividad, lo que no se da en el presente asunto; siendo oportuno reiterar que, atento al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de nulidad no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, puesto que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas.
"Por ende, contrariamente a lo que el quejoso aduce, la determinación de autoridad analizada no se adecua a las hipótesis de procedencia previstas en las fracciones XII y XIX del artículo 3, antes transcrito, ya que no se trata de una resolución definitiva dictada por autoridad administrativa que hubiera puesto fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resolviera un expediente, tampoco se trata de un acto aislado de la Administración Pública que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados; máxime que no se emitió con fundamento en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni se trata de una resolución definitiva, acto administrativo o procedimiento de los señalados en otra ley, como podría ser la Ley Aduanera, como competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni tampoco se trata de un acto de carácter general.
"En este orden de ideas, los argumentos con los que el quejoso pretende desvirtuar la determinación de la sala para sobreseer en el juicio son infundados.
"Por otra parte, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio no puede considerarse como un acto de denegación de justicia ni transgresor del artículo 17 constitucional, puesto que la actuación de los órganos jurisdiccionales, como lo es la sala responsable, se rige por la observancia de presupuestos procesales.
"...
"Resulta infundado lo manifestado por la parte quejosa en el sentido que, bajo la premisa de la tutela judicial efectiva prevista como derecho humano dentro de la Constitución Federal, en lo que ve específicamente al recurso efectivo, esto en su conjunto conlleva una obligación para los tribunales de dar trámite a los recursos que se planteen, entendiéndose como el hecho de que la autoridad jurisdiccional debe resolver los conflictos que se le plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias.
"Esto es así porque la circunstancia de alegar violaciones a derechos humanos no implica que las cuestiones planteadas por la quejosa deben ser resueltas, si en la impugnación no se satisfacen las reglas procesales aplicables, que deben ser observadas previo a un pronunciamiento de fondo.
"...
"En mérito de las consideraciones jurídicas que anteceden, de las que se observa que no prosperaron los conceptos de violación en estudio y al no actualizarse en el caso alguna hipótesis de las previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por la que deba suplirse la deficiencia de la queja en los planteamientos de la promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia reclamada. ..."
21. En el entendido, de que dicha resolución, si bien fue impugnada por la parte quejosa, el recurso hecho valer fue desechado en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que adquirió firmeza la resolución transcrita con anterioridad.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.
22. Por cuestión de orden, es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
23. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
24. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.’(2)
25. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.
26. Apoya a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32408-6b9c550f/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-conforme-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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