JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA EL ACUSE DE RESPUESTA POR LA QUE LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA AL CONTRIBUYENTE QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA PRESENTAR EL AVISO DE CANCELACIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES POR FUSIÓN DE SOCIEDADES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 263/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: SOLEDAD TINOCO LARA.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de tres de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primer y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si el acuse de respuesta en la que la autoridad fiscal informa al contribuyente que no cumple con los requisitos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3o., fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(1)
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por dicho órgano colegiado y el Quinto Tribunal homólogo, al resolver los amparos directos 495/2023 y 191/2023 respectivamente.
4. Trámite de la denuncia ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, la Presidencia del entonces Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 263/2023. En esa misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los Tribunales Colegiados. En acuerdo de presidencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los informes provenientes del Primer y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa misma actuación de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En acuerdo de presidencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Cambio de denominación. Por Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y se reformaron diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, se aprobó el cambio de denominación y competencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y su transformación como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.
9. Integración del Pleno y confirmación de turno. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; además, turnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández y confirmó el mismo.
10. Amicus curiae. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio signado por la Administradora de lo Contencioso "4", adscrita a la Administración Central de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria, a través del que hizo manifestaciones con el carácter de amicus curiae.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que conoció del juicio de amparo directo 495/2023, en que se sustentó uno de los criterios que contienden en la presente contradicción.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 495/2023.
14. Actuaciones en vía administrativa.(3) Una persona moral, en su carácter de fusionante, se fusionó con otras sociedades (dicho acto se protocolizó ante notario público el treinta de julio de dos mil veintidós), y como resultado de ello, presentó aviso de fusión (doce de septiembre de dos mil veintidós), en términos del artículo 14-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación;(4) al que recayó el acuse de respuesta emitido por la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, dependiente de la Administración Central de Servicios al Contribuyente, adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós), en la que se determinó "En atención a su aclaración y de la revisión de la documentación adjunta, se informa que su solicitud no contiene los siguientes requisitos señalados en la ficha de trámite 316/CFF Revisión previa a la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades"; por lo que una vez que solventara las inconsistencias detectadas, podría presentar nuevamente su caso de aclaración, atendiendo todos los requisitos y condiciones previstos en la citada ficha.
15. Juicio de nulidad. Inconforme con dicha respuesta, la sociedad fusionante promovió juicio de nulidad, el que se desechó por notoriamente improcedente, al considerarse que el acto combatido no revestía el carácter de definitivo.
16. Recurso de reclamación. En contra de tal determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación, el que se declaró procedente pero infundado, en virtud de que a consideración de la autoridad responsable, el acto impugnado no constituyó el producto final de la enjuiciada, sino un acto procedimental para poder atender la solicitud formulada.
17. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución definitiva, la contribuyente promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo radicó con el número de expediente 495/2023; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:
"...
"La confrontación entre los argumentos propuestos por la demandante con las consideraciones que rigen la resolución reclamada evidencia que la litis se centra en dilucidar si la respuesta emitida por la autoridad, respecto a la presentación del aviso de fusión, es impugnable en el juicio de nulidad.
"Con ese propósito, resulta necesario imponerse del contenido de los artículos 2, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, párrafos primero, fracción V, y penúltimo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen: (Se transcriben)
"Los preceptos transcritos establecen que el tribunal de anulación federal es competente para conocer de aquellos juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que, entre otros supuestos, causen agravio en materia fiscal distinto al de las fracciones anteriores, es decir, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos; aquellos que determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; se niegue la devolución de un ingreso indebido; o, se imponga una multa por incumplimiento a las normas administrativas federales.
"No obstante, la actualización de ese supuesto está acotada a que se colme la condición genérica de que el acto impugnado sea definitivo.
"Dicho requisito ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la acción anulatoria no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, sino que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida, en el que la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas, pero no solo en el sentido de que contra ellas no proceda algún medio de defensa o procediendo sea optativo para el interesado, sino también, en atención a la naturaleza jurídica de la determinación expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final de decisión de la autoridad, ya sea que ponga fin a una instancia o que de forma aislada sea susceptible de representar la última voluntad de la autoridad administrativa.
"Tal interpretación está reflejada en la tesis aislada 2a. X/2003 de la Segunda Sala del alto tribunal, cuyo contenido es:
"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (Se transcribe)
"Aun cuando en dicho criterio se analizó el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, su redacción es similar a la que tiene el artículo 3 del citado ordenamiento en vigor, de manera que su contenido resulta ilustrativo para entender el concepto de ‘resolución definitiva’.
"De lo expuesto se sigue que, como primera condición, la procedencia del juicio de nulidad está sujeta a que el acto administrativo que se combata tenga la cualidad de ser definitivo, es decir, que constituya el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, que suele expresarse de dos formas: a) como última resolución dictada para concluir un procedimiento; o, b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la voluntad final de la autoridad.
"En adición a lo expuesto, se tiene presente que, al resolver la contradicción de tesis 320/2015, la Segunda Sala del alto tribunal definió que la respuesta a la solicitud que formulan las personas morales ante la autoridad fiscal en relación con la ‘suspensión de actividades’ constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio de nulidad ante el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que les genera un agravio en materia fiscal que se vincula con el cumplimiento de las leyes fiscales, esto es, respecto de la causación y pago en las obligaciones fiscales de las personas morales actoras, considerando que, en términos de los artículos 25, fracción V, y 26, fracción IV, inciso a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el dos de abril de dos mil catorce, en relación con el primer párrafo del diverso 27 del código tributario federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, la presentación del aviso de suspensión de actividades, por regla general, libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante dicha suspensión, excepto tratándose de los supuestos establecidos en la citada disposición.
"Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2016 (10a.), que establece:
"‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.’
"(Se transcribe)
"En el caso, mediante solicitud formulada el doce de septiembre de dos mil veintidós, la actora presentó ‘aviso de fusión’ ante la autoridad hacendaria, en su carácter de fusionante de las diversas ********** y **********, ambas Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cual se registró con el folio **********.
"En el acuse del trámite respectivo, así como en el escrito que adjuntó al mismo, la promovente refirió que tal actuación se llevó a cabo con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 2 de su reglamento, a fin de dicha fusión no fuera considerada una enajenación para efectos fiscales.
"Por su parte, en el acuse de respuesta de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad demandada resolvió que dicha solicitud no reúne los requisitos previstos en la ficha de trámite 316/CFF Revisión previa a la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, los cuales detalló, y le informó que, una vez que solvente tales inconsistencias, puede presentar nuevamente su caso de aclaración, atendiendo todos los requisitos y condiciones previstos en la citada ficha.
"Aun cuando la autoridad demandada no refirió expresamente que dicha solicitud fue rechazada o resultó improcedente, de forma implícita asumió un pronunciamiento en ese sentido, al concluir que no reúne los requisitos que, en su concepto, se deben colmar para tener por presentado el aviso de fusión, lo que causa un agravio en materia fiscal a la demandante.
"Así se sostiene, ya que, en términos del artículo 14-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, para los efectos de lo dispuesto en el diverso 14, fracción IX, de dicho ordenamiento, se considerará que no hay enajenación de bienes, en el caso de fusión, siempre que, entre otros requisitos, se cumpla con la presentación del aviso de fusión correspondiente, por lo que la determinación de la autoridad de tener por no presentado dicho aviso tiene la trascendencia de estimar dicha operación (fusión) como enajenación para los efectos del entero de contribuciones correspondientes.
"De ahí que, en el caso, se estime procedente el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que la decisión contenida en el acto impugnado, consistente en tener por no presentado el aviso de fusión, tiene como efecto una afectación en relación con el cumplimiento de las obligaciones relativas.
"Sin que sea factible conminar a la contribuyente a efectuar una nueva solicitud en atención a que ya obtuvo una respuesta que constituye la última voluntad de la autoridad en relación con su planteamiento.
"Consecuentemente, contrario a lo resuelto por la juzgadora, el acto impugnado sí constituye una resolución definitiva susceptible de impugnarse en la vía administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, son fundados los planteamientos formulados al respecto, pues se trata de un acto aislado de la administración pública que contiene una determinación cuyas características ocasionan a la demandante un agravio en materia fiscal.
"...
"Consecuentemente, lo que se impone es conceder el amparo a la quejosa, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la resolución reclamada, debiendo la autoridad responsable emitir otra en que declare fundado el recurso de reclamación y deje insubsistente el auto recurrido en esa instancia a efecto de que la magistrada instructora, de no advertir un motivo de improcedencia diverso, admita la demanda. ..."
18. La sentencia inmediatamente referida se encuentra firme, según lo informado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, acordado por este Pleno regional en proveído del día diez siguiente.
B. Criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 191/2023.
19. Actuaciones en vía administrativa. Una persona moral, en su carácter de fusionante, se fusionó con otras sociedades (treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno), y como resultado de ello, pretendió presentar el aviso de fusión previsto en el artículo 14-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, a través del "Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades", contenido en la ficha de trámite 86/CFF, pero ante la imposibilidad que advirtió para hacerlo (según sus manifestaciones), formuló dos aclaraciones (presentadas el veintiocho de enero de dos mil veintidós); recayendo a una de ellas, el acuse de respuesta emitido por el Servicio de Administración Tributaria (de nueve de febrero de dos mil veintidós), en el que se determinó lo siguiente: "...
"Respecto de los requisitos establecidos en la ficha de trámite 316/CFF Verificación de requisitos del artículo 27 del CFF, para presentar el aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 30 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2, unidad administrativa adscrita a la Administración General de Recaudación, determinó que incumple con lo siguiente:
"Se encontraron incongruencias con los ingresos acumulables manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o anuales y que concuerden con los señalados en sus CFDI en las cuales se presumen diferencias. ..."
20. Juicio de nulidad. Inconforme con dicha resolución, la sociedad fusionante promovió juicio de nulidad, el que seguidos los trámites legales, fue resuelto mediante sentencia, en la que se determinó sobreseer en el juicio, al considerar fundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(5) en virtud de que la resolución impugnada no era definitiva, en tanto que de la ficha de trámite 316/CFF, relativa a la Regla 2.5.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se desprendía que en caso de que no se cumplieran con los requisitos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se dejaba a salvo la posibilidad de presentar un nuevo trámite. Por lo que no se actualizaba el supuesto de procedencia previsto en el artículo 3o., fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
21. Juicio de amparo directo. En contra de dicha sentencia, la sociedad fusionante promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo radicó con el número de expediente 191/2023; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió, por unanimidad de votos, en sesión de doce de julio de dos mil veintitrés, negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:
"...
"Los argumentos antes sintetizados resultan infundados en atención a los razonamientos que se exponen a continuación.
"Los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen: (Se transcriben)
"De una interpretación sistemática de ambos preceptos legales se advierte que procede el juicio contencioso administrativo federal contra resoluciones definitivas, actos y procedimientos, todos de naturaleza administrativa, debiendo considerar a las resoluciones como definitivas a aquéllas que no admitan recurso administrativo en contra o cuando su interposición resulte optativa.
"Dentro de tales actos se encuentran aquellos que causen un agravio en materia fiscal, distintas a decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos; a las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; a las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; y a las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
"Ahora bien, en relación a la definición de ‘resoluciones definitivas’ la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 11 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y determinó que, aunque este precepto establece que tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele expresar como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial.
"Asimismo, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución, mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública, serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados, consideraciones que se encuentran contenidas en la tesis 2a. X/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, visible en la página 336, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (Se transcribe)
"Si bien en dicha tesis se interpretó el artículo 11 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y no el que ahora se analiza, es decir, el numeral 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cierto es que el contenido de ambos es similar, por lo que ese criterio resulta aplicable de manera análoga al presente asunto.
"De todo lo anterior, es de concluir que, si el juicio contencioso federal se promueve contra actos que no constituyan resoluciones definitivas, actos y procedimientos de índole administrativa que no causen un agravio en materia fiscal distinto a los supuestos mencionados en las fracciones I, II, III y IV del citado artículo 3, es improcedente y, por ende, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con los preceptos legales antes transcritos.
"Ahora bien, en el caso y como se mencionó antes, la hoy quejosa promovió juicio de nulidad en contra del acuse de respuesta de nueve de febrero de dos mil veintidós recaído a la aclaración con folio **********, mediante el cual el Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria, le informó que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, al encontrarse incongruencias entre los ingresos acumulables manifestados en las declaraciones provisionales o anuales y los señalados en sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por lo que se presumían diferencias, en concreto le informó lo siguiente:
"‘En atención a su solicitud **********, se le comunica que, respecto de los requisitos establecidos en la ficha de trámite 316 CFF Verificación de requisitos del artículo 27 del CFF para presentar el aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 30 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2, unidad administrativa adscrita a la Administración General de Recaudación, determinó que incumple con lo siguiente:
"‘Se encontraron incongruencias con los ingresos acumulables manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o anuales y que concuerden con los señalados en sus CFDI, en las cuales se presumen diferencias.
"‘En caso de alguna duda o aclaración respecto del motivo de rechazo de su trámite, deberá presentar ante la autoridad competente, la aclaración correspondiente a la información de su situación fiscal respecto de la inconsistencia detectada aportando la documentación que a su derecho convenga para desvirtuar las inconsistencias detectadas.
"‘Cabe señalar que, en caso de presentar de nueva cuenta este trámite se realizarán las mismas validaciones, por lo que su situación fiscal deberá estar actualizada favorablemente por la autoridad que corresponde.
"‘Es importante precisar que aún y cuando a la fecha de su revisión, la unidad administrativa competente no tuvo conocimiento que ha realizado operaciones con contribuyentes que hayan sido publicados en el listado a que se refiere el artículo 69-B cuarto párrafo del CFF, salvo que haya acreditado ante el SAT la materialidad de las operaciones que amparan los CFDI o que se autocorrigieran, exhibiendo en este caso la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, se dejan a salvo las facultades de las autoridades fiscales para ejercer las facultades de comprobación que considere pertinentes.
"‘El presente acuse de respuesta es únicamente para efectos de presentar el Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades a que se refiere el artículo 29, fracción XVI del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 2.5.13. Presentación de avisos en el RFC, fracción XVI, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 86/CFF Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, contenida en su Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32618-19db547c/juicio-contencioso-administrativo-federal-procede-contra-el-acuse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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