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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25569
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1123.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE VALENCIA MÉNDEZ Y RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA. DISIDENTE: MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ. PONENTE: RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA. SECRETARIO: DAVID JESÚS VELASCO SANTIAGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Decimotercer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo publicados en dicho medio oficial el treinta de mayo de dos mil catorce, que abrogó el Acuerdo General 14/2013 del propio Pleno, publicado en el referido órgano de difusión el catorce de junio de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de un mismo circuito, en un tema que, por la naturaleza de ambos órganos jurisdiccionales corresponde a la materia de una de sus especialidades, la administrativa.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por la Magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, quien se encuentra facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo vigente.

TERCERO. Criterios contradictorios. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Civil y Administrativa y en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos de este Décimo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 58/2014 y 252/2014, respectivamente.

1. El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el amparo directo 58/2014, en contra de la resolución de seis de enero de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1574/13-15-01-5, en lo esencial, consideró:

"SEXTO. El análisis de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente.

"...

"Los argumentos relatados son fundados, en atención a la causa de pedir.

"En principio, conviene destacar, que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, dispone: (se transcribe)

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2589/2010 en sesión de dos de febrero de dos mil once, determinó que del texto del precepto transcrito (vigente a partir del dos mil siete), en esencia se infiere lo siguiente:

"El derecho de los particulares a presentar consultas, y la correlativa obligación de las autoridades fiscales de contestarlas, está constreñida al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como: que se trate de consultas reales y concretas, que contengan todos los antecedentes para que la autoridad se pueda pronunciar; que éstas no se hubieren modificado con posterioridad a la presentación ante la autoridad; que sea formulada antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de lo planteado en la consulta y la obligación de acatar sus respuestas.

"La excepción a la obligatoriedad de la autoridad a la contestación efectuada a la consulta, se actualiza cuando los términos de ésta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.

"Aunado a lo anterior, dijo la Primera Sala del Máximo Tribunal, el precepto transcrito señala que cuando las respuestas a las consultas sean desfavorables a los intereses de los contribuyentes, no son vinculantes para éstos, pues sólo podrán impugnarse por los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, cuando las autoridades apliquen dicho criterio en una resolución definitiva.

"De lo anterior, dijo la Primera Sala, se infiere que el supuesto de la norma es que los contribuyentes soliciten a la autoridad fiscal una consulta de confirmación de criterio sobre una situación real y concreta de una situación fiscal; tratándose de la consecuencia, la respuesta a esa consulta es vinculativa para la autoridad, únicamente.

"Ahora bien, partiendo de la base de la naturaleza jurídica de las consultas fiscales, que se infiere de la norma transcrita, es factible colegir, que como con acierto lo aduce la peticionaria de amparo, la solicitud contenida en el escrito que presentó vía correo certificado, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente (folios 28 y 29), no constituye una consulta fiscal, formulada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

"En efecto, el escrito de referencia es del tenor siguiente: (se inserta imagen)

"Del contenido del escrito aludido, se advierte que la ahora quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente, la materialización del cambio de su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y que la tuvieran en suspensión de actividades; solicitud que planteó con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Federal, 31 del Código Fiscal de la Federación, 2o., fracciones I, VIII y IX y 4o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 25, primer párrafo, fracción V, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"De lo anterior se advierte, que tal como lo sostiene la peticionaria de amparo, el escrito aludido no se trata de una consulta fiscal en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, pues la contribuyente, aquí quejosa, no está solicitando a la autoridad fiscal la confirmación de algún criterio sobre una situación real y concreta; sino, está pidiendo se cambie su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y se le tenga en suspensión de actividades; en consecuencia, la respuesta que a dicha solicitud recayó, emitida por el administrador Local de Servicios al Contribuyente, y contenida en el oficio cuya nulidad solicita, esto es, el número 700-63-00-04-00-2012-06075, de treinta de agosto de dos mil trece (folio 26), sí constituye una resolución definitiva que al no ser favorable a la pretensión de la aquí quejosa, puede ser impugnada en juicio de nulidad; y al no considerarlo así la Sala responsable, vulneró en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

"En congruencia con lo hasta ahora expuesto, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar emita otra, en la que, conforme a las consideraciones que dan sustento a esta ejecutoria, declare fundado el recurso de reclamación, revoque el auto de treinta y uno de octubre de dos mil trece, dictado por la Magistrada instructora del juicio de nulidad 1574/13-15-01-5, y ordene que prescindiendo de reiterar las consideraciones que aquí se estimaron incorrectas, resuelva lo que en derecho corresponda acerca de la admisión de la demanda de nulidad."

2. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, al resolver el amparo directo 252/2014, en contra de la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1575/13-15-01-7, en lo que interesa, determinó:

"Dichos conceptos devienen fundados pero inoperantes para otorgar la protección constitucional, en razón de las consideraciones siguientes:

"En primer lugar es preciso señalar que la ahora quejosa manifestó, como hechos de su demanda, que el quince de agosto de dos mil trece, acudió ante la oficina de la Administración Local de Servicios al Contribuyente a efecto de presentar aviso de suspensión de actividades, toda vez que la empresa interrumpió toda actividad económica que le pudiera generar ingresos; sin embargo, se le manifestó verbalmente que a las personas morales no se les permitía presentar tal aviso; por lo cual, el día veintitrés siguiente, presentó vía correo certificado, aviso de suspensión de actividades, ante la citada Administración -el cual obra a fojas 29 y 30 del juicio fiscal-; y en respuesta se emitió el oficio 700-63-00-04-00-2012-06076 de treinta de agosto de dos mil trece, materia de ese juicio -foja 27 del citado expediente- en el que consta, se le comunicó que no existe en las disposiciones fiscales un procedimiento para la suspensión al Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la empresa contribuyente tendría que disolverse y con posterioridad liquidarse para presentar el ‘Aviso de Cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo’, para así darse de baja del citado registro federal.

"Los términos tanto del escrito y respuesta a los que se alude, son: (inserta imágenes).

"'Ahora bien, lo fundado de los argumentos de la quejosa resulta de que ciertamente, del contenido de las imágenes aquí trasladadas, no puede desprenderse que el apoderado de la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, haya planteado a la autoridad responsable una consulta fiscal, tomando en cuenta el significado de este concepto, consistente en que dicha consulta tiene como finalidad, generar certeza jurídica en el sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto del criterio de la autoridad fiscal, cuando estima dudosa la interpretación y/o aplicación de alguna norma legal a una situación real y concreta.

"Así lo sostuvo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXIX/2011, contenida en el Tomo XXXIV, julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, página 288: ‘CONSULTA FISCAL. EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER ADJETIVO O PROCEDIMENTAL.’ (transcribe texto).

"'En la especie debe decirse, a pesar de que la Sala responsable considera que el escrito dirigido a la autoridad demandada, es una consulta, por el hecho de que en el oficio impugnado se hubiera indicado se trataba de una ‘orientación jurídica’; lo cierto, es que aunque fundado en el artículo 8o. constitucional, debe considerarse que bajo los lineamientos señalados, técnicamente el aviso en mención no es una consulta, porque además no se le está solicitando una opinión a la demandada, sino que se refiere a una situación particular del contribuyente, pues el propósito del escrito de mérito, fue concretamente dar ‘aviso de la suspensión de actividades’, a que se refiere el artículo 25, fracción V, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

"Es decir la solicitud versó en que se materializara el cambio de situación fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, mediante dicho aviso de suspensión de actividades; y la autoridad al responder desfavorablemente negó su petición al considerar inexistente disposición fiscal que contemple la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades, informándole que la empresa actora tendría que disolverse y posteriormente liquidarse para presentar el ‘aviso de cancelación al registro federal de contribuyentes por liquidación total del activo’, para entonces darse de baja del citado Registro Federal de Contribuyentes; lo que significa que la demandada no dio respuesta a una consulta en sí, sino se pronunció en relación a una situación real y concreta presentada en forma individual por **********, en representación de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Empero, aunque fundado lo anterior, lo inoperante de los conceptos de violación, estriba en que la Sala responsable, estuvo apegada a derecho al considerar, que acorde con el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción XVI, de dicho normativo, en virtud de que efectivamente el juicio intentado, no se ubica en el supuesto de la fracción IV (sic) de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Pues de dichos preceptos ciertamente se desprende, el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo es procedente contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; que dicho tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos precisados en las fracciones previstas en el citado numeral; que para los efectos del primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"Y en el presente asunto, bien consideró la Sala responsable, el oficio impugnado no constituye una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad que ella deba conocer; porque como se advierte del citado acto de autoridad, la respuesta ahí contenida no resulta vinculatoria, no trasciende ni modifica la esfera jurídica del contribuyente, al ser un acto de carácter meramente informativo, pues la respuesta no le genera derechos u obligaciones distintos a los previstos en las disposiciones vigentes ni modifica su esfera jurídica, siendo que el derecho a impugnarla debe ejercitarse cuando las autoridades apliquen los criterios relativos en una resolución definitiva.

"Es decir, hasta que la autoridad aplique el criterio en una resolución de tal naturaleza, incidirá en la esfera jurídica del accionante, para que entonces proceda la impugnación vía juicio de nulidad.

"Por consiguiente, aunque la impetrante del amparo sostiene que el juicio fiscal es procedente en los términos del artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en ello no le asiste razón, porque las respuestas contenidas en el oficio materia de impugnación, no pueden considerarse como una resolución definitiva o acto administrativo que obligue al particular ni determina a su cargo una situación fiscal, como la determinación de un crédito o la imposición de multas; en tanto, el entorno jurídico de éste se afectará hasta que la autoridad ejerza sus facultades de fiscalización y establezca su situación fiscal.

"Lo que significa en suma, la respuesta en cuestión, no es obligatoria para la accionante, quien podrá impugnar, en su caso, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique el criterio en que basó para emitir esa contestación. Por tanto, al no reunir el acto impugnado ante la autoridad responsable, las características de procedencia del juicio de nulidad, en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es innegable la improcedencia del juicio fiscal.

"Es aplicable el caso en lo conducente, la tesis 2a./J. 112/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, página 473: ‘CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS.’ (transcribe texto)

"Por tanto, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación propuestos, debe negarse el amparo solicitado."

CUARTO. Precisión. Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis o, establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, al no existir disposición constitucional ni legal en contrario.

Tiene aplicación la tesis del Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(3)

QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, procede determinar si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que se emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Como una importante cuestión preliminar, este Pleno del Decimotercer Circuito, se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la anterior Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Se precisa que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior, se sigue, que la actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de ese Alto Tribunal del País o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Ello, porque la finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Por tanto, concluyó nuestro Máximo Tribunal que es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis, cuando los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método que fuese; y que entre los respectivos ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea en sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

De igual modo, es aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 23/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(5)

Ahora bien, del análisis de las sentencias transcritas se advierte que sí existe contradicción entre las tesis sostenidas por el Tribunal Colegido en Materias Civil y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos de este Decimotercer Circuito.

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que, al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a si la respuesta dada al escrito por el que una contribuyente persona moral presenta aviso de suspensión de actividades, constituye o no una resolución definitiva que reúna las características de procedencia del juicio de nulidad en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito en mención adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, consideró que la respuesta que recae a dicha solicitud de suspensión de actividades, sí constituye una resolución definitiva que al no serle favorable a la pretensión de la aquí quejosa, puede ser impugnada en juicio de nulidad, porque la contribuyente no solicita la confirmación de algún criterio sobre una situación real y concreta, sino que sólo pide que se cambie su situación fiscal y se le tenga en suspensión de actividades (y como consecuencia concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa).

Mientras que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del mismo circuito, sostuvo que la respuesta que recae a la solicitud de suspensión de actividades no constituye una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria, ni trasciende ni modifica la esfera jurídica del contribuyente, al ser un acto de carácter meramente informativo, pues la respuesta no le genera derechos u obligaciones, ni modifica su esfera jurídica, pues el derecho a impugnarla debe ejercitarse cuando las autoridades apliquen los criterios relativos a una resolución definitiva (y por esas razones niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa).

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas plasmados en las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa, y de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25569-45c62833/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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