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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 320/2015. · Registro digital (IUS): 26228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-04-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 1229.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 320/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. 10 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes estos últimos a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo criterio forma parte de uno de los diversos de la denuncia, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor.

TERCERO.-El Pleno del Decimotercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014, en la parte que interesa, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO.- ... El tema a dilucidar estriba, esencialmente, en establecer si la respuesta que recae a una solicitud de suspensión de actividades, por parte de una persona moral, constituye o no una resolución definitiva contra la cual procede su impugnación en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"... se destaca que en materia administrativa no está abierta la posibilidad de que todo acto de autoridad administrativa sea impugnable en juicio de nulidad, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida en el que la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa.

"Para mejor compresión de lo anterior, en principio, es importante resaltar lo previsto en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dice: ‘Artículo 14. ... IV. ...’ (se transcribe).

"Dicho numeral, en sus restantes fracciones, establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribe).

"Del análisis integral del precepto transcrito, se advierte que el juicio contencioso-administrativo sólo resulta procedente contra actos que posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo correspondiente.

"Asimismo, la transcrita fracción IV alude a resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que causen agravio al gobernado, pero que sean de naturaleza distinta a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Entonces, acorde a tal precepto legal, una resolución definitiva es aquella que no admite recurso o admitiéndolo éste sea optativo, además, también debe considerarse como aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública.

"Al respecto, conviene invocar la definición que se encuentra en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del tenor siguiente: ‘La resolución administrativa definitiva es ejecutoria cuando la misma ya no es posible someterla a la revisión de una autoridad administrativa ni a la impugnación ante órganos jurisdiccionales.’

"También, el concepto que se inserta en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, del tenor siguiente: ‘Resolución definitiva constituye el acto decisorio y conclusivo del procedimiento, y por la cual el propio procedimiento, adquiere el carácter de definitivo.’

"Ahora, en esos términos, la definitividad de una resolución administrativa para efectos del juicio de nulidad -además de ponderar su atacabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa- la define la naturaleza de tal resolución, al constituir el producto final manifestado por la autoridad administrativa.

"Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas:

"a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o,

"b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

"Así, por regla general, las resoluciones definitivas son las que culminan un procedimiento administrativo, entendido éste como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que es precisamente la emisión de la resolución administrativa definitiva, cuyos efectos producen consecuencias jurídicas.

"Entonces, la generación de esta última situación combinada con la causación de un agravio objetivo, es lo que caracteriza a la resolución definitiva para efectos del juicio de nulidad, prevista en el artículo 14 de la ley orgánica mencionada.

"Sirve de orientación a lo anterior, la tesis 2a. X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribe)

"Ahora, el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio contencioso administrativo Federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que dispone la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el numeral 14, en sus fracciones I, II, III y IV, señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, y que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"Luego, conforme a los anteriores preceptos legales, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, se infieren dos supuestos legales:

"1. Que se trate de resoluciones definitivas, que determinen: a) La existencia de una obligación fiscal; b) Que la fije en cantidad líquida; c) Den las bases para su liquidación; d) Las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el Estado, y cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; e) Las que impongan multas por infracción a normas administrativas federales; y, 2. Las que causen un agravio fiscal al contribuyente, distinto al que se refieren los supuestos anteriores.

"Del texto de los preceptos legales citados se advierte que la Sala Fiscal tiene atribuciones para conocer y resolver controversias suscitadas en materia administrativa; sin embargo, esa facultad se limita a los casos en que la resolución, cuya nulidad se demande, sea definitiva, y se ubiquen en las hipótesis que se precisan en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Así, para considerar una resolución como definitiva, es dable atender a su naturaleza jurídica, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, en tanto contenga una determinación o decisión, cuyas características impidan modificaciones y que ocasionen agravios en materia fiscal a los gobernados.

"Entonces, como se precisó, en los actos reclamados en los juicios de nulidad, que culminaron con las sentencias reclamadas en los juicios de amparo directo, dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, no se determinó la existencia de alguna obligación fiscal, ni se constriñó a la contribuyente para que corrigiera alguna irregularidad, puesto que no se le obligó a pagar alguna cantidad, así como tampoco se le obligó a que presentara una declaración en determinado sentido.

"Por tanto, tales actos no son resoluciones definitivas de las comprendidas dentro de las tres primeras fracciones del numeral 14 de la ley en comento, para efectos del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vía juicio de nulidad, porque en ellos no se determinó la existencia de una obligación fiscal, ni se fijó en cantidad líquida, ni se dieron las bases para su liquidación; tampoco niegan la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; ni imponen multas por infracción a las normas administrativas fiscales.

"De igual manera, no se ubican dentro del supuesto de la fracción IV del propio precepto, es decir, que causen un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del citado numeral y que quedaron señaladas, ya que en relación con lo que debe entenderse por ‘materia fiscal’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se trata de todo aquello relacionado con la recaudación de impuestos o de multas o sanciones por infracciones a las leyes tributarias, tal como se advierte de las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ‘MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.’ (se transcribe) ‘MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (se transcribe)

"Ahora, la expresión ‘causar un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis anteriormente señaladas’, que utiliza el legislador en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hace referencia a los casos diversos a los que menciona en las tres primeras fracciones de ese numeral, es decir, a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco (los que ya se precisaron); entonces, debe concluirse, que cuando el legislador dispone la procedencia del juicio de nulidad con motivo del referido agravio, se está refiriendo a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, lo cual, no ocurre en la especie.

"Así, la respuesta a la solicitud de suspensión de actividades solicitada por una persona moral, no genera un perjuicio al particular traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, ya que del contenido de dicha comunicación se desprende que sólo le propone algunas alternativas a la contribuyente para regularizar su situación fiscal; de ahí que en tales actos no se determina obligación fiscal alguna, por lo cual, debe considerarse que esos documentos, verdaderamente constituyen sólo una orientación jurídica, que no trascienden a la esfera jurídica de la contribuyente para causarle algún perjuicio, por lo que no se trata de una resolución definitiva impugnable en el juicio de nulidad.

"Por ello, esa respuesta no es vinculatoria para el contribuyente, tampoco trasciende ni modifica su situación tributaria, sino que se trata de un acto, el cual podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero de ninguna manera le pone fin, pues no reúne las características de un acto definitivo.

"Ciertamente, la autoridad administrativa no determinó una obligación a cargo de la contribuyente, ni le resuelve en definitiva su situación frente a la solicitud de suspensión de actividades, pues sólo le hace saber que las personas morales no pueden presentar ese aviso, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para que las personas morales presenten aviso de suspensión de actividades y, por consiguiente, en términos de la legislación mercantil, la sociedad deberá ser disuelta y liquidar su activo, a fin de presentar el ‘aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de total del activo’, y así, darse de baja de dicho registro.

"En resumen, dicha respuesta sólo constituye un criterio orientador en términos del artículo 33, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone:

"‘Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

"‘I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

"‘a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes.’

"Por consiguiente, esa orientación no tiene el elemento de definitividad indispensable para su impugnación dentro del juicio de nulidad, ya que se trata de una solicitud de cambio de estatus fiscal, esto es, que con motivo de la interrupción de actividades de la contribuyente, le era necesario que se le colocara en ‘suspensión de actividades’ ante el Registro Federal de Contribuyentes, atendiendo a los derechos y obligaciones en que se encontraba.

"Por ende, los actos en análisis no le causan a la contribuyente un perjuicio inminente y directo en su esfera jurídica y patrimonial, al no contener en sí una obligación fiscal impuesta por una autoridad, sino sólo una orientación jurídica fiscal; de modo que, en su contra, no procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Por tanto, la resolución es definitiva hasta que nace el derecho a impugnarla, esto es, cuando la autoridad aplique los criterios relativos a una resolución definitiva, como lo sostuvo uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; en esas condiciones, se concluye que la respuesta de la autoridad a la mencionada solicitud de la contribuyente, no constituye una resolución definitiva y, por ende, no es impugnable mediante el juicio de nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"En estas condiciones, este Pleno del Decimotercer Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se emite: ‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN «SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES», AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’ ...."

Del criterio anterior derivó la tesis que enseguida se transcribe:

"JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN ‘SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES’, AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. La respuesta de la autoridad tributaria a la solicitud de una persona moral para que se le coloque en ‘suspensión de actividades’ ante el Registro Federal de Contribuyentes, no constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria para el contribuyente, ni trasciende o modifica su estatus tributario, sino que más bien se trata de un acto que podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero que de ninguna manera le pone fin, pues no reúne las características de un acto definitivo, ya que no determina una obligación a cargo de la contribuyente, ni resuelve en definitiva su situación respecto a la solicitud de suspensión de actividades, porque sólo se informa que las personas morales no pueden presentar el aviso, de suspensión de actividades, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para tal efecto. Por tanto, dicha respuesta no se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 14, en su fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, es improcedente impugnarla en el referido juicio de nulidad." [Décima Época. Registro digital: 2008811. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, materia administrativa, tesis PC.XIII. J/2 A (10a.), página 1161]

CUARTO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el diez de septiembre de dos mil quince, la revisión fiscal 26/2015, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

"SEXTO.-Los agravios que hace valer la autoridad recurrente resultan infundados e inoperantes, atento a las consideraciones que en este considerando se expresan:

"...

"... la administradora local jurídica recurrente sostiene en el tercer agravio que el juicio de nulidad era improcedente respecto del oficio ... de veintiocho de marzo de dos mil catorce, emitido por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de **********, en virtud de que el mismo no constituye un acto definitivo impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de ese tribunal.

"Así lo considera, porque, a su juicio, no se causa ninguna afectación al actor, dado que en respuesta a su solicitud de suspensión de actividades, la Administración Local de Servicios al Contribuyente le informó debidamente al contribuyente ... que no era procedente el trámite de suspensión de las actividades de las personas morales y, a su vez, se le indicó cuál era el trámite procedente, por lo que el hecho de que la parte actora esté controvirtiendo tal cuestión a lo único que conlleva es a que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 8o., fracción I y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, el juicio debió ser sobreseído.

"Aduce la recurrente que la respuesta de la autoridad tributaria a la solicitud de una persona moral para que se le coloque en ‘suspensión de actividades’ ante el Registro Federal de Contribuyentes, no constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria para el contribuyente, ni trasciende o modifica su estatus tributario, sino que más bien se trata de un acto que podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero que, de ninguna manera, le pone fin, pues no reúne las características de un acto definitivo, ya que no determina una obligación a cargo de la contribuyente, ni resuelve en definitiva su situación respecto a la solicitud de suspensión de actividades.

"Sigue manifestando que en el oficio impugnado, que resulta ser la no procedencia de su petición relativa a su aviso de suspensión de actividades, sólo se informa que las personas morales no pueden presentar el aviso de suspensión de actividades, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para tal efecto. Por tanto, dicha respuesta no se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 14, en su fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, es improcedente impugnarla en el referido juicio de nulidad.

"En apoyo a sus argumentos invocó la jurisprudencia de rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN «SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES», AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’

"Los anteriores argumentos, son infundados.

"El oficio impugnado ante la Sala Regional Chiapas-Tabasco, ahora Sala Regional de Chiapas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio de nulidad, contiene la respuesta que la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Villahermosa, emitió a la solicitud presentada por la empresa actora para que se cambiara su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y se le tuviera en suspensión de actividades.

"Ahora, de los términos en que fue emitida dicha respuesta, se colige que sí constituye una resolución definitiva, en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues dicho acto es el que enseguida se inserta: (se reproduce).

"El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone: ‘Artículo 14.’ (se transcribe).

"En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 79/2002-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el concepto de ‘resolución definitiva’ a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -que coincide con la redacción actual del primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de dicho tribunal, en vigor- determinó que para lograr una adecuada intelección de ese concepto, se debe considerar la naturaleza jurídica de la resolución (sea expresa o ficta), la cual debe constituir el producto final o última voluntad de la administración que se puede expresar de dos formas: a) como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) como una manifestación aislada que, por su naturaleza o características no requiere de procedimientos que le anteceden, para poder reflejar esa última voluntad o voluntad definitiva.

"El criterio en cuestión se sustentó en las consideraciones siguientes: (se transcriben).

De la ejecutoria aludida derivó la tesis 2a. X/2003, ... que dice: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribe)

"Partiendo del criterio plasmado en la tesis en mención, se infiere que la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sí es definitiva, pues, por una parte, no es la respuesta a una consulta fiscal, pero sí constituye el producto final, o última voluntad, de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Villahermosa, en relación a la petición que la empresa actora le formuló, para que cambiara su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y se les tuviera en suspensión de actividades; pues la autoridad fiscal dio una respuesta que no es favorable a sus intereses, esto es, le da las razones por las cuales, a su juicio, no es posible que las personas morales presenten ante las autoridades fiscales, un aviso de suspensión de actividades, pues estimó que las disposiciones fiscales vigentes no contemplan la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades, razón por la cual, estableció que esa autoridad se encontraba impedida para hacerlo.

"Luego, es factible colegir que la respuesta en cuestión sí constituye la última voluntad de la autoridad fiscal en el trámite relacionado con la solicitud que en concreto le planteó la contribuyente; de ahí que sí constituye una resolución definitiva que puede sea impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la medida que dicha resolución, cuya nulidad demandó la empresa actora, mediante la cual la autoridad dio las razones por las que no procede el trámite intentado por la contribuyente, esto es, la petición de un aviso de suspensión de actividades, le causa un agravio en materia fiscal, diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del propio artículo 14.

"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el concepto ‘agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores’ -que se reproduce actualmente en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- en el sentido de que alude a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida, por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales.

"El caso en estudio se ubica en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de que si bien es cierto que, en la resolución impugnada, la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Villahermosa, no determinó la existencia de una obligación fiscal, no la fijó en cantidad líquida, ni dio las bases para su liquidación (fracción I), tampoco negó la devolución de un ingreso (fracción II), ni impuso una multa (fracción III); no menos cierto es que la respuesta contenida en dicha resolución, en el sentido de que es improcedente la solicitud de la contribuyente de presentar aviso de suspensión de actividades, les genera un agravio en materia fiscal (distinto a los anteriormente enunciados), pues afecta la esfera jurídica de dicha persona moral, en relación con el cumplimiento a las leyes fiscales, ya que se vincula directamente con la causación y pago de las obligaciones fiscales de la empresa actora, en la medida que en términos del artículo 26, fracción IV, inciso a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la presentación del aviso de suspensión de actividades, por regla general, libera a la contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante dicha suspensión, excepto tratándose de los supuestos previstos en dicho precepto.

"En ese contexto, la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sí es definitiva, ya que, como se ha explicado, constituye la última voluntad de la autoridad fiscal en el trámite relacionado con la solicitud que en concreto le planteó la contribuyente y, por ende, podía impugnarla ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la medida que le causa un agravio en materia fiscal, diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del propio artículo 14.

"Por las razones apuntadas, este tribunal no comparte la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Décimo Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince, de título y subtítulo: ‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN «SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES», AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’, que la autoridad recurrente invoca.

"En consecuencia, ... deberá realizarse la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en uso de sus atribuciones, determine el criterio que deba prevalecer. ..."

QUINTO.-Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226 de la actual Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que, por seguridad jurídica, deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26228-3a652cc5/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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