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Modo: Corpus Pro

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. · Registro digital (IUS): 27928
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-07-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIR
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Pág. 1098.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 29 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO Y JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ, INTEGRANTES DEL PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. PONENTE: JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ. SECRETARIOS: ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ Y RODRIGO OLVERA GALVÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, todos con jurisdicción en el Vigésimo Quinto Circuito, en específico, los órganos auxiliares en la época en que emitieron el fallo respectivo.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo previsto en los preceptos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada Susana Magdalena González Rodríguez, en su carácter de presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis son las siguientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo directo **********/2016, con cuaderno auxiliar número **********/2016, de su Libro de Gobierno, en sesión plenaria de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en lo que interesa, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"OCTAVO.—Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación que esgrime la accionante del amparo, por las consideraciones siguientes:

"Expresa la quejosa que se transgredieron en su perjuicio sus derechos humanos de dignidad humana, a un salario íntegro, a la protección de seguridad social a la no discriminación y a la protección especial de los adultos mayores en torno a los beneficios de seguridad social que deben recibir con motivo de su edad, contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través del cual se reconoce como derecho humano la protección especial de los adultos mayores en torno a los beneficios de seguridad social que deben recibir con motivo de su edad, así como el precepto 5 de la Ley de los Derechos de la (sic) Personas Adultas Mayores, que prevé el derecho a garantizar a los adultos mayores una vida de calidad, a tener certeza jurídica en los procedimientos judiciales, dándose atención preferente a la protección de su patrimonio personal y familiar, que les permita tener acceso a los satisfactores necesarios, como la alimentación, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

"Lo anterior, dice, debido a que la Sala responsable no hizo una clara precisión del acto impugnado en el juicio natural, ya que consideró que no se trataba de una resolución administrativa o un procedimiento en las referidas materias, a virtud de que no es la manifestación final de la autoridad administrativa, y que debía existir una resolución definitiva o un acto administrativo o procedimiento dictado por la autoridad federal, lo que, al parecer, de la responsable no se surtía.

"Sin embargo, precisa que el acto que impugnó fue la omisión de actualizar los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, y su relativo que se reproduce en los artículos 8 y 43, último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Concepto de violación que es infundado, toda vez que de la lectura de la sentencia que constituye la materia del acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte, contrario a lo que aduce la quejosa, que la Sala responsable sí precisó correctamente el acto impugnado, en los términos en los que la aquí quejosa señaló en la demanda de nulidad y, en esa medida, abordó su análisis en la resolución; lo anterior es así, pues en la demanda de nulidad en el capítulo correspondiente, se lee:

"‘En contra de la omisión consistente en la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a mi pensión número **********, otorgada por la delegación estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa.

"‘Por ende, solicito se me cubran las diferencias por dichos conceptos desde el momento del incumplimiento de la Ley del ISSSTE, al no incrementarse dichos conceptos a mi pensión conforme lo marca el procedimiento.’

"Asimismo, de la sentencia reclamada se aprecia que la Sala responsable precisó como acto impugnado:

"‘... la nulidad de la omisión en que incurrió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Durango, en incrementar la cuota diaria de su pensión por los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa, correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como el pago de diferencias que se hubieren generado con motivo de tal omisión.’

"De ahí lo infundado del argumento de la quejosa, pues de la reproducción anterior, se itera, se obtiene que la Sala responsable sí precisó clara y correctamente el acto impugnado, en los términos que en el escrito de demanda de nulidad señaló la entonces actora, esto es, la omisión en que incurrió la autoridad demandada en actualizar el monto de su pensión, considerando los incrementos que estimó eran procedentes.

"Por otra parte, expresa la quejosa que, por regla general, la procedencia del juicio de nulidad mencionado es en contra de resoluciones definitivas de la administración pública federal, previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, que admite excepciones, una de la cuales, refiere, se actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar de la autoridad, es decir, una omisión como proceder que puede afectar la esfera jurídica del particular, que ante ello, y con base en el principio pro actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso a la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, es procedente el juicio contencioso administrativo federal, aun cuando se impugne una omisión de la autoridad administrativa, al proceder en todos los casos que de alguna forma pudieran determinar obligaciones para pensionistas, familiares o derechohabientes que repercutan precisamente en la pensión a la que se tiene derecho conforme la ley lo establezca, ya que la fracción VI del artículo 14 de la legislación mencionada, comprende todo aquello que pudiera tener relación con las pensiones de los trabajadores del Estado, sin distinción de prestación alguna, por lo que la cuota diaria y las prestaciones adicionales que se pagan en la pensión forman parte; que de otra manera, se dejaría en una situación que sería negativa a los intereses pensionarios.

"Argumentos que son infundados, a virtud de que, como correctamente lo consideró la Sala responsable, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su artículo 14, prevé taxativamente los supuestos de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a saber:

"‘Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"‘I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"‘II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

"‘III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

"‘IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

"‘V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"‘Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

"‘VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"‘VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;

"‘VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

"‘IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

"‘X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

"‘XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

"‘XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

"‘XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"‘XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

"‘No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"‘XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

"‘XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"‘Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"‘El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"‘El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.’

"De la transcripción anterior se logra obtener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra: a) las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que, entre otros, se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; o, b) las que se configuren por negativa ficta en esa materia.

"Lo que reitera el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, contra resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general.

"En este orden de ideas, se puede concluir que lo único reclamable en un juicio de tal naturaleza, son resoluciones concretas, no omisiones.

"Así, en materia de pensiones, como acontece en la especie, en términos del supuesto contenido en el inciso a), la competencia del tribunal responsable implica necesariamente la existencia de un acto material, es decir, que se haya dictado por la autoridad de la administración pública federal demandada; y, en relación con la hipótesis precisada en el inciso b), entraña la presentación de una solicitud a la autoridad demandada, con la finalidad de obtener respuesta respecto de lo que se pretende, y que transcurra el plazo con el que contaba para ello la autoridad, sin dar respuesta al gobernado.

"En el caso que nos ocupa, como se precisó en párrafos precedentes, el acto impugnado se hizo consistir en la omisión en que, dijo, incurrió la autoridad demandada en actualizar el monto de su pensión, considerando los incrementos que a su consideración eran procedentes; lo que pone de manifiesto que no se ubica en alguno de los supuestos mencionados, pues no se trata de un acto materialmente existente, por no haber algún tipo de pronunciamiento por parte de autoridad; además, tampoco se traduce en una negativa ficta, por no surtirse los supuestos para que ésta se configure, esto es, que se acredite haber elevado la petición ante la autoridad administrativa, por ende, tampoco el transcurso del tiempo necesario sin obtención de respuesta alguna.

"De ahí que si los supuestos de competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para conocer del juicio de nulidad, son los que expresamente se encuentran previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin que de su contenido se aprecie que admita alguno diverso, entonces, como lo estimó la Sala responsable, el acto que se impugne necesariamente habrá de ubicarse en alguno de ellos, y si como se plasmó en párrafos precedentes, el que impugnó la entonces actora, aquí quejosa, no se sitúa en alguno de ellos, por ende, no le resulta competencia material para conocer del mismo.

"Sin que la determinación a la que se arriba implique distinción a prestación alguna relacionada con la pensión, como lo argumenta la peticionaria del amparo; antes bien, sólo la exigencia de que surta cualquiera de los presupuestos de procedibilidad de la competencia material de la autoridad responsable para conocer del juicio de nulidad, pues no obstante que, efectivamente, la fracción VI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, abarque a todos los actos relacionados en materia de pensiones, ello no entraña que los particulares puedan acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –en su actual denominación– a reclamar actos que corresponda, en principio, resolver a la autoridad administrativa, pues de lo contrario, se desnaturalizaría el juicio contencioso.

"Al respecto, se estima conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la acción contenciosa administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye un mecanismo de jurisdicción restringida, lo que significa que sólo procede respecto de los supuestos contemplados en la ley orgánica de dicho tribunal.

"Criterio sustentado en la tesis X/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, materia administrativa, visible en la página 336, de la Novena Época, registro «digital» electrónico: 184733, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes:

"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.—La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.’

"Razones las anteriores, por las que este órgano jurisdiccional estima inaplicable en beneficio de la parte quejosa, el criterio aislado, de rubro ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.’, que para el caso invocó en su demanda de amparo.

"Lo anterior, toda vez que sumado a que dicho criterio no es vinculante para este órgano jurisdiccional, lo legítimamente expreso es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que, entre otros, se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mas no así contra omisiones incurridas por las dependencias de la administración pública cualquiera que fuere su origen.

"Por otro lado, arguye la quejosa que la Sala responsable hizo una indebida apreciación de lo que son actos omisivos, debido a que la naturaleza omisiva implica un no hacer o abstención de la autoridad demandada en el juicio natural, en perjuicio de los derechos fundamentales de la quejosa, cuyo acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos medio probatorio alguno del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, supuesto en que la carga de la prueba se revierte a la contraparte de la quejosa, a efecto de que demuestren que no incurrió en la omisión que se le atribuye, en la especie, de aumentar las pensiones y las prestaciones adicionales a la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil siete, 8 y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Además, precisa que es innecesario que para la tramitación y dictado de la sentencia, el actor tenga que acreditar la negativa expresa a una solicitud extrajudicial de las prestaciones que reclamó en el juicio o que exhiba prueba para demostrar que no se han satisfecho, toda vez que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acceso real a la impartición de justicia se asegura a través del ejercicio de funciones de plena jurisdicción en el que el tribunal correspondiente determine si reconoce el derecho subjetivo en que la actora funda su pretensión y si debe ordenarse su restablecimiento con independencia de que las leyes secundarias no los prevean; por ello, insiste, es innecesario la acreditación de la negativa de incremento o la actualización de la pensión, o bien, el supuesto de que se configuró la resolución de negativa ficta recaída a la petición realizada a alguna autoridad, que se actualice debidamente su pensión, para acudir a accionar el juicio de nulidad, al controvertirse actos omisivos consistentes en la falta de actualización, determinación y cálculo de los incrementos a su pensión.

"Anteriores argumentos que son infundados, toda vez que, en principio, contrario a lo que expresa la quejosa, la Sala responsable sí consideró que los actos omisivos que pretendía impugnar la entonces actora, implicaban la sola falta de actuación de la autoridad para incrementar su pensión, esto es, un no hacer o abstención de la autoridad demandada, como refiere la accionante del amparo; sin embargo, también estimó que esos actos, en sí mismos, no forman parte de los que compete materialmente al tribunal conocer, por no constituir un acto en el que se manifieste la voluntad de la autoridad de manera expresa o ficta, esta última, debido al silencio administrativo frente a una petición.

"Además, como correctamente lo estimó la responsable, para acudir al juicio contencioso administrativo, la parte actora sí debe acreditar la existencia de la resolución o acto reclamado, ya sea expresa o por negativa ficta, a través de la exhibición del documento en el que conste la resolución impugnada (expresa), o bien, de una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad demandada (negativa ficta), pues así lo dispone el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a saber:

"‘Artículo 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:

"‘I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

"‘II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

"‘III. El documento en que conste la resolución impugnada.

"‘IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

"‘V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

"‘VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

"‘VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

"‘VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta ley.

"‘IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

"‘Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

"‘Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

"‘Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

"‘Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.’

"De ahí lo correcto de la actuación de la autoridad responsable, pues de las fracciones III y IV del dispositivo recién reproducido, se evidencia que, incluso, se impone a la parte actora del juicio de nulidad, la carga de allegar el documento en el que conste la resolución impugnada, o bien, copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad demandada; así,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27928-bb167c5f/pensiones-otorgadas-por-el-instituto-de-seguridad-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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