GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007. LOS PENSIONADOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD A DEMANDAR SU PAGO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SIN QUE PREVIAMENTE DEBAN FORMULAR PETICIÓN AL RESPECTO ANTE EL INSTITUTO MENCIONADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ Y JUAN CARLOS CRUZ RAZO. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, RICARDO OLVERA GARCÍA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. SECRETARIO: GREGORIO BENÍTEZ FERRUSQUÍA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de veinte de junio de dos mil diecisiete.
Vistos para resolver en la contradicción de tesis PC01.I.A.51/2016C, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio recibido el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Arturo César Morales Ramírez, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por ese tribunal y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolverse el amparo directo ********** y la revisión fiscal **********, respectivamente.
SEGUNDO.-Por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó y admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis con el número PC01.I.A.51/2016C, y solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión del archivo digital correspondiente a la ejecutoria que dio origen a la revisión fiscal **********, e informara si se encontraba vigente ese criterio, o si había sido superado o abandonado.
TERCERO.-Mediante comunicación electrónica, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio emitido en la revisión fiscal **********, materia de la denuncia de contradicción de tesis continuaba vigente.
CUARTO.-Mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, se turnó el asunto al Magistrado Marco Antonio Bello Sánchez, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución.
QUINTO.-En sesión pública de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Pleno en Materia Administrativa de este Circuito rechazó el asunto que distribuyó el Magistrado ponente, al no alcanzar mayoría en la votación, conforme a lo previsto en el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y se determinó que el asunto se returnara.
SEXTO.-Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito returnó la contradicción de tesis PC01.I.A.51/2016C, al Magistrado Ernesto Martínez Andreu, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, aprobado por el Pleno del propio consejo, en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con motivo de la ejecutoria dictada en un amparo directo en que sustenta uno de los criterios aparentemente contradictorios.
TERCERO.-Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, en tanto que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará el Pleno en Materia Administrativa de este Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo que dispone el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los Tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que circundan los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación (sic), Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Del criterio jurisprudencial en cita, se advierte que para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, esto es, que exista discrepancia entre ellos, lo que puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.
Además, para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia:
1. Hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Hayan llegado a conclusiones encontradas, respecto a la resolución de la controversia planteada.
Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En el caso que se analiza, con el propósito de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario transcriben (sic) las consideraciones de los fallos de los Tribunales Colegiados de Circuito que generaron los criterios aparentemente contradictorios.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión fiscal **********, en sesión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, al tenor de las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Previamente al estudio de los agravios propuestos, conviene precisar los razonamientos que sostienen la sentencia que se revisa.-En el juicio contencioso administrativo, **********, por derecho propio, demandó la nulidad de la resolución de concesión de pensión por jubilación contenida en el oficio con folio **********, de dieciséis de abril de dos mil doce, mediante la cual, el delegado estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le fijó una cuota diaria en cantidad de $**********, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once.-En el considerando tercero de la sentencia, la Sala desestimó los planteamientos de la promovente del juicio tendentes a demostrar la inclusión en su cuota diaria de pensión, de los conceptos identificados como 32, 38, 39, 44, 7A, CD, CT, DR, EA, Q5 y SC.-Por otro lado, la a quo analizó el argumento de la actora, en el sentido de que la autoridad no ha incrementado debidamente su beneficio pensionario, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, es decir, al mismo tiempo y proporción en que han aumentado los sueldos de los trabajadores en activo y, por ende, no ha cubierto el pago respecto del concepto denominado gratificación anual (aguinaldo), y lo declaró parcialmente fundado.-En principio, precisó que del oficio de concesión de pensión de la derechohabiente, se advierte que ésta fue otorgada a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once, por lo que, para efectos del pago de los incrementos y de la gratificación anual, son aplicables los artículos 8 y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, que establecen que la cuantía de las pensiones aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior tenga el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto al uno de enero de cada año, y que los pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a la concedida a los trabajadores en activo, según su cuota diaria pensionaria.-En tal virtud, la a quo estableció que, de la información proporcionada por la autoridad y que se encuentra disponible en el página de Internet del propio organismo descentralizado, en relación con la que aparece en la diversa del Servicio de Administración Tributaria, se desprende que la pensión de la actora ha sido aumentada conforme a la fórmula correspondiente.-Sin embargo, puntualizó, no se advierte que la autoridad hubiera hecho el pago de la gratificación anual en términos de la normatividad aplicable, pese a que en ella recae la carga de la prueba de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-Con base en lo anterior, la Sala declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada para el efecto de que la autoridad emita una nueva en la que informe a la actora el procedimiento utilizado para incrementar la gratificación anual en igual número de días a la concedida a los empleados públicos en servicio activo desde el otorgamiento de la concesión de pensión y, en su caso, le cubra las diferencias que resulten con motivo de ese ajuste.-Contra tal determinación, y por razón de método, se da noticia que el inconforme sostiene que la sentencia es ilegal, al haberse ordenado la inclusión de diversos conceptos que ni siquiera fueron objeto de cotización al fondo de pensiones que administra el instituto de seguridad social, como se aprecia de la hoja única de servicios.-El planteamiento sintetizado es inoperante, toda vez que parte de una premisa errónea, ya que del análisis al fallo combatido no se advierte que la Sala hubiera ordenado engrosar algún rubro a la cuota pensionaria de la actora, adicional a los ya consignados en la referida hoja.-Es aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, cuyo contenido es: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.’ (se transcribe).-Desde diversa óptica, el inconforme aduce que la sentencia que se revisa es ilegal, dado que no existe ‘acto impugnable’ que demuestre la omisión de cubrir la gratificación anual (aguinaldo), en términos de la mecánica aplicable.-Afirma que la demandante hizo parte de la litis dicho tema, aun cuando sólo fue cuestionada la resolución en que sólo se determinó su monto inicial.-Sostiene que la a quo sustituyó su facultad de pronunciarse en cuanto a la omisión del pago de la gratificación anual, sin que mediara previamente solicitud al respecto.-Refiere que, para que fuera viable controvertir esa supuesta falta de pago, era necesaria la existencia de un acto secundario a la concesión de pensión, en que el instituto demandado resolviera la inconformidad planteada por la actora.-Concluye que esa facultad se encuentra establecida en el artículo 57 (sic), fracción II, de su estatuto orgánico.-Antes de hacer mayor pronunciamiento en el asunto, es conveniente precisar que no será materia de análisis la determinación de la Sala en cuanto a que la autoridad demandada ha incrementado debidamente la cuota diaria de pensión de la actora, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada; por tanto, el examen de los alegatos sintetizados se emprenderá en los términos planteados.-Derivado de lo anterior, la litis se centra en determinar si, para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estuviera en condiciones de analizar si la autoridad ha efectuado correctamente el pago de la gratificación anual (aguinaldo) en términos de la normatividad aplicable, la demandante debió previamente elevar su inconformidad ante el instituto, para que, en caso de ser resuelta de forma contraria a sus intereses, el acto respectivo fuera impugnado en el juicio contencioso.-Sobre esa base, resulta conveniente informar que, como asevera el recurrente, el dictado de resoluciones que reconozcan el derecho a las pensiones originalmente compete al instituto de seguridad social, de conformidad con el artículo 208, fracción II, de la ley que lo rige.-Además, de acuerdo con su normatividad interna, corresponde a las autoridades de ese instituto dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones, así como resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que sean presentados en relación con aquéllas.-Para demostrar la afirmación que antecede, resulta ilustrativo el contenido del artículo 60, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ‘Artículo 60. La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales es la encargada de administrar, determinar y proporcionar las prestaciones económicas, sociales y culturales a que se refiere la ley y es responsable de dictar las políticas institucionales en la materia para todas las unidades administrativas del instituto.-La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales tendrá las atribuciones siguientes: ... II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la fracción anterior, y resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que se presenten en relación con las mismas.’.-De la disposición transcrita se desprende que, entre las atribuciones del director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del instituto, se encuentra la relativa a determinar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones que otorga dicho organismo, lo cual pone de manifiesto que la competencia originaria para decidir cualquiera de esos aspectos corresponde a las autoridades de ese organismo.-Cabe aclarar que, aun cuando los alegatos de la autoridad están apoyados en el artículo 57, y no en el 60 del ordenamiento invocado, este órgano judicial advierte que ello se debe a un error que puede ser corregido sin que implique suplir una deficiencia argumentativa, como se desprende de los artículos 50, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 76 de la Ley de Amparo.-Además, el yerro del que se trata deriva de que el artículo 57, fracción II, al que hace referencia el recurrente, corresponde al estatuto orgánico vigente hasta el dieciocho de junio de dos mil siete, y su contenido es esencialmente igual al del diverso 60 transcrito, de suerte que se está en condiciones de advertir con claridad en qué está apoyado el agravio materia de estudio.-En consecuencia, asiste razón al inconforme, ya que, para verificar si la autoridad ha realizado correctamente el pago de los incrementos del beneficio de jubilación y de la gratificación anual (aguinaldo), era necesario un pronunciamiento por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes de que el primero demande la realización de tal aumento, toda vez que, de otra forma, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa invadiría las funciones que son propias y originarias de aquel organismo.-La afirmación que precede queda robustecida en atención a que, en los juicios de nulidad, la materia sobre la cual el órgano jurisdiccional puede emitir una decisión, es la legalidad de la resolución controvertida, de suerte que una eventual sentencia anulatoria o, incluso, la condena contra la autoridad demandada, no puede abordar más que el contenido de aquella determinación.-Entonces, si la pretensión de la promovente se tradujo en que se revisara si el instituto ha efectuado correctamente el pago de la gratificación anual (aguinaldo), de acuerdo con el parámetro que, en su opinión, es legalmente aplicable, es inviable que la condena, consistente en dar a conocer a la actora el procedimiento utilizado para calcular el importe de esa prestación y, en su caso, se cubran las diferencias que resulten con motivo de ese ajuste, derive de la declaratoria de nulidad del oficio en que le fue otorgado el monto inicial de la cuota de pensión, ya que, en ese documento, la demandada nada decidió respecto de esa prestación.-Es decir, la falta de pago de la gratificación anual (aguinaldo), no puede ser considerada un vicio de ilegalidad de la resolución en la que fue concedida la pensión, toda vez que su otorgamiento requiere de un pronunciamiento posterior e independiente que debe llevar a cabo la institución de seguridad social en términos de la ley.-Por ende, toda vez que dicha petición no ha sido formulada y, en consecuencia, la autoridad no ha podido resolver sobre su procedencia, no existe un acto cuya legalidad pueda revisar el tribunal de primera instancia.-Esto último cobra relevancia en razón de que, de conformidad con el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo procede en contra de resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual implica que es indispensable la existencia de una resolución definitiva para que la parte afectada pueda demandar su nulidad.-De ahí que, por lo que respecta a la pretensión de la gobernada, relativa a examinar si la autoridad ha efectuado correctamente el pago de la gratificación anual (aguinaldo), debió formular una solicitud en esos términos ante el instituto enjuiciado, previamente a instar el juicio anulatorio federal.-En síntesis, para que sea factible verificar el pago de la gratificación anual (aguinaldo), es indispensable que el interesado acuda, en primer término, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a solicitar dicha prestación, para provocar un acto administrativo cuya materia sea la observancia de ese deber a cargo del organismo y, en caso de que no le sea favorable, por existir un pronunciamiento expreso en ese sentido, o bien, por virtud de la actualización de una negativa ficta, estará en posibilidad de acudir al juicio contencioso administrativo.-Conforme a lo expuesto, el agravio planteado por la autoridad recurrente es fundado, pues la Sala debió declarar inoperante el concepto de impugnación relacionado con el tema del pago de la gratificación anual (aguinaldo), en términos de la normatividad aplicable, al existir una causa legal que le impedía su análisis, dado que en la concesión de pensión no hubo pronunciamiento al respecto.-Lo anterior, no implica una suplencia de la deficiencia de los agravios de la autoridad recurrente, pues el Alto Tribunal ha definido que, para estar en condiciones de analizar la eficacia de los agravios en el recurso de revisión, basta que el recurrente exponga con claridad su causa de pedir.-Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 75/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1069, cuyos rubro y texto son: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR PARA PROCEDER A SU ESTUDIO, PERO SIN INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE REBASEN LO PEDIDO Y QUE IMPLIQUEN CLARAMENTE SUPLIR UNA DEFICIENCIA ARGUMENTATIVA.’ (se transcribe).-En mérito de lo expuesto, al quedar demostrado que, por la materia del acto impugnado, son inatendibles los planteamientos relacionados con el pago de la gratificación anual (aguinaldo), lo procedente es, en la materia del recurso, revocar la sentencia recurrida, debiendo quedar incólume la decisión adoptada en cuanto a la improcedencia de la inclusión de rubros distintos a los ya consignados en la hoja única de servicios, así como el tema relativo a los incrementos del beneficio económico por jubilación de la actora, lo que se traduce en la validez de la concesión de pensión."
De la ejecutoria que antecede, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó fundados los agravios que hizo valer la autoridad recurrente y revocó la sentencia sujeta a revisión, bajo las siguientes consideraciones:
1. La cuestión litigiosa se centra en determinar, si para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estuviera en condiciones de analizar si la autoridad ha efectuado correctamente el pago de la gratificación anual (aguinaldo), en términos de la normatividad aplicable, la demandante debió previamente elevar su inconformidad ante el instituto, para que, en caso de ser resuelta de forma contraria a sus intereses, el acto respectivo fuera impugnado en el juicio contencioso.
2. El dictado de resoluciones que reconozcan el derecho a las pensiones originalmente compete al instituto de seguridad social, de conformidad con el artículo 208, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que corresponde a las autoridades de ese instituto dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones, así como resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que sean presentados en relación con aquéllas.
3. Asiste razón a la recurrente, ya que, para verificar si la demandada ha realizado correctamente el pago de los incrementos del beneficio de jubilación y de la gratificación anual (aguinaldo), es necesario un pronunciamiento por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado antes de que el primero demande la realización de tal aumento, toda vez que, de otra forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa invadiría las funciones que son propias y originarias de aquel organismo.
4. Además, en los juicios de nulidad, la materia sobre la cual el órgano jurisdiccional puede emitir una decisión, es la legalidad de la resolución controvertida, de suerte que una eventual sentencia anulatoria o, incluso, la condena contra la autoridad demandada, no puede abordar más que el contenido de aquella determinación.
5. Si la pretensión de la actora consistió en que se revisara si el instituto efectuó correctamente el pago de la gratificación anual (aguinaldo), es inviable que la condena, consistente en dar a conocer a la jubilada, el procedimiento utilizado para calcular el importe de esa prestación y, en su caso, se cubran las diferencias que resulten con motivo de ese ajuste, derive de la declaratoria de nulidad del oficio en que le fue otorgado el monto inicial de la cuota de pensión, ya que, en ese documento, la demandada nada decidió respecto de esa prestación.
6. De modo que, la falta de pago de la gratificación anual (aguinaldo) no puede ser considerada un vicio de ilegalidad de la resolución en la que fue concedida la pensión, toda vez que su otorgamiento requiere de un pronunciamiento posterior e independiente que debe llevar a cabo la institución de seguridad social en términos de ley.
7. Como la petición no ha sido formulada, la autoridad no ha podido resolver sobre su procedencia y, por tanto, no existe un acto cuya legalidad pueda revisar el tribunal de primera instancia.
8. Si el juicio de nulidad procede contra resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ello implica que es indispensable la existencia de una resolución definitiva para que la parte afectada pueda demandar su nulidad.
9. La actora debió formular una petición a la autoridad en cuanto a si ésta ha efectua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27360-0d72d044/gratificacion-anual-prevista-en-el-articulo-57-ultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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