ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ORDENADAS EN UNA SENTENCIA DE NULIDAD POR INCORRECTO AJUSTE A UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). NO ES PROCEDENTE SU RECLAMO A TRAVÉS DE UN TRÁMITE POSTERIOR AUTÓNOMO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 54/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL DÉCIMO TERCER Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA), Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
I. COMPETENCIA
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción, y la materia sobre la que versa, corresponde también a la asignada a este tribunal.
II. LEGITIMACIÓN
SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de uno de los Magistrados integrantes del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados en la contradicción.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se realiza una síntesis de los criterios emitidos por los tribunales colegiados.
A. Recurso de revisión fiscal R.F. 448/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Por escrito recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el actor demandó la nulidad de la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos, en suplencia por ausencia del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y del Subdirector de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual determinó que no existían actualizaciones a las diferencias derivadas de los incrementos a la pensión que se debían pagar a favor de la parte actora.
Correspondió conocer del asunto a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se registró con el expediente ********** y el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, declaró la nulidad de la resolución impugnada.
Recurso de revisión fiscal 448/2022. Inconforme con esa determinación, la Subdirectora de lo Contencioso, en suplencia por ausencia de la Directora Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente R.F. 448/2022.
En sesión de once de agosto de dos mil veintidós, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"PRIMERO.—Es PROCEDENTE y FUNDADO el recurso.
"SEGUNDO.—Se REVOCA la sentencia recurrida.
"TERCERO.—Se RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución administrativa impugnada.
"Notifíquese ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a. La pretensión del demandante es que se le pague la actualización de las diferencias que fueron determinadas a su favor en el oficio **********, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, emitido en cumplimiento al fallo de anulación dictado en el expediente ********** **********, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
b. De la lectura de lo resuelto en ese fallo de anulación, así como del diverso oficio de contestación de la demanda, se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la mencionada sala declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada y reconoció el derecho del pensionado para que se realicen los incrementos a su cuota de pensión relativo a los años dos mil cuatro, dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, tomando en cuenta la hoja de evolución salarial, debiendo cubrir el pago de las diferencias resultantes a los incrementos, incluido el aguinaldo, respecto de los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de incremento y hasta el cumplimiento del fallo.
c. De la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se desprende que, tanto el pensionado como la autoridad enjuiciada hicieron valer, respectivamente, juicio de amparo directo y recurso de revisión fiscal, de los cuales correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo los expedientes ********** ********** y **********, resueltos en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por una parte, negando el amparo al demandante y, por otro, desestimando los agravios de la autoridad, lo que motivó confirmar el fallo.
d. Cabe destacar que, de la lectura de la sentencia que resolvió ese juicio de amparo directo, no se advierte que el tema a debate fuera la actualización de las diferencias generadas con motivo del incremento a la cuota diaria de pensión del quejoso.
e. Lo que deja en claro que en el fallo dictado en el juicio de nulidad **********, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en diverso medio de defensa, no se condenó a actualizar las diferencias resultantes del correcto incremento a la pensión del actor, motivo por el cual no se calculó ese concepto en la resolución contenida en el oficio **********, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte.
f. Corrobora lo anterior el hecho de que el demandante no expuso ni en la petición a la que recayó la resolución administrativa impugnada, ni en la demanda de nulidad, que su pretensión emanara del hecho de que en el juicio antes identificado se le hubiera reconocido el derecho al pago de las diferencias resultantes actualizadas, apoyando el pensionado su pretensión en ambos escritos, en la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en octubre de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que se dictó la sentencia en cuyo cumplimiento se emitió el oficio SP/1623/2020, de veinticuatro de mazo de dos mil veinte, en que se determinaron las diferencias a su favor.
g. Por tanto, si el oficio citado, respecto del cual se formuló la petición a la que recayó la resolución administrativa impugnada, fue emitido en estricto cumplimiento de una ejecutoria en que no se condenó a la enjuiciada a realizar el pago de las actualizaciones de la pensión que ahora pretende obtener el demandante, fue incorrecta la determinación de la sala en el sentido de reconocerle el derecho subjetivo al entero de ese concepto.
h. Lo anterior, ya que, si no realizó dicho reclamo en el momento procesal oportuno, no es viable que pretenda hacerlo ahora, pues, de considerarlo procedente, se estaría atentando en contra de la institución jurídica denominada cosa juzgada.
i. El tema relativo a los incrementos del beneficio de seguridad social del accionante y sus accesorios fueron analizados y dilucidados en el juicio de nulidad **********, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
j. Sin que de la lectura de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo DA-38/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierta que el quejoso hubiere planteado algún argumento con motivo de la omisión de la sala de pronunciarse sobre el tópico de la actualización para que en todo caso fuera modificada la sentencia de anulación en ese aspecto.
k. La determinación así asumida se relaciona, a su vez, con el diverso principio de preclusión procesal, según el cual, extinta o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, ya no se podrá ejecutar con posterioridad, como ocurre en el caso, en que, en el juicio de nulidad anterior, el pensionado no reclamó el pago actualizado de las diferencias que resultaran del correcto ajuste de su cuota diaria de pensión, ni al promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada en el juicio administrativo federal propuso algún argumento tendente a corregir tal circunstancia.
l. Al resultar fundado el agravio examinado, se revocó la sentencia combatida y, en consecuencia, se reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.
B. Recurso de revisión fiscal RF 147/2022 del índice del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Por escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la actora promovió juicio de nulidad en el que señaló como resolución impugnada y autoridad demandada a las que a continuación se indican:
"II. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.
"La constituye la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contenida en el oficio número SP/01/DP/15736/2021.
"Resolución anterior que fue notificada con fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno, sin entregarse cédula o instructivo de notificación alguno.
"III. AUTORIDADES DEMANDADAS.
"En términos de lo dispuesto por la fracción II, inciso a), del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se señala la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por haber emitido la resolución que se combate."
Correspondió conocer del asunto a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se registró con el número de expediente ********** y el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, declaró su nulidad bajo el argumento de que al haberse determinado el pago de diferencias a favor de la actora, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, debió de haber realizado el procedimiento de actualización de dichas cantidades en términos del artículo 6o., fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, sin que fuera obstáculo el hecho de que la actualización de los montos generados en favor de la actora no hubieren sido materia de la sentencia de nulidad que se cumplimentaba, puesto que si en el oficio de cumplimiento se habían determinado diferencias que pagar a la enjuiciante, ese pago debía realizarse conforme a la normatividad aplicable, esto es conforme al referido numeral 6o., fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Recurso de revisión fiscal 147/2022. Inconforme con esa determinación, el Subdirector de lo Contencioso, Titular de Asuntos Contenciosos, en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales y del Titular de Asuntos Pensionarios, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, el cual se turnó al Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente R.F. 147/2022.
En sesión de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"ÚNICO.—Es PROCEDENTE y parcialmente FUNDADO el recurso de revisión por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se sintetizan los siguientes:
a. Los argumentos de la autoridad recurrente, se estiman fundados.
b. Ello es así, ya que de los antecedentes que se narran se advierte en principio que en la sentencia de nulidad dictada en el juicio ********** ********** de seis de marzo de dos mil dieciocho, no fue materia del efecto de dicha nulidad el pago de diferencias actualizadas, por lo que el oficio emitido por la demandada para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, no debía contemplar dicha cuestión; se desprende también que dicha determinación no fue controvertida por la accionante mediante el juicio de amparo, aun cuando esta determinación pudiera generarle un perjuicio, por lo que debe entenderse consentida en sus términos la sentencia de nulidad dictada por la sala del conocimiento, máxime que la misma fue declarada firme, por lo que dicha determinación adquirió el carácter de cosa juzgada; figura que encuentra sustento en la necesidad de evitar tantos reclamos posibles como posibilidades existan para ello, sobre un mismo punto de derecho. La cosa juzgada se refiere a la inmutabilidad de la decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional.
c. Doctrinalmente al actualizarse la cosa juzgada sobre determinada cuestión no solamente se extingue la facultad de las partes de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio o recurso posterior, sino que, además, existe ya un pronunciamiento sobre dichas pretensiones, que debe considerarse la verdad legal, y una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, no debe haber, en principio, ningún motivo jurídico para destruir los efectos de dicha sentencia, salvo que se demuestre su nulidad o su inconstitucionalidad. En tal caso, se está en presencia, entonces, de una resolución investida de la autoridad de la cosa juzgada.
d. Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio o un recurso en el que se intente hacer valer las mismas pretensiones, pues ello también llevaría a la posibilidad de que se juzgue dos veces por la misma razón, o bien, al riesgo de que se emitan sentencias contradictorias, generando de esta manera inseguridad jurídica.
e. En ese tenor, se estima que en relación al pago de las diferencias derivadas del correcto incremento de la cuota diaria de pensión de la accionante, existe una sentencia de nulidad firme que ya adquirió el carácter de cosa juzgada, en la cual no se consideró el pago de diferencias actualizadas que pretende la actora, y en consecuencia, no podría ordenársele a la autoridad demandada en el juicio de origen a que lleve a cabo una actuación que no fue materia del efecto para el cual se declaró la nulidad, esto es, para que pague las diferencias derivadas del correcto incremento de la pensión de la actora actualizadas en los términos que pretende la quejosa.
f. Se consideró que no fue acertada la determinación de la sala del conocimiento de determinar la procedencia del pago de las diferencias debidamente actualizadas en términos de la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 de rubro "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS."; ya que al respecto, no existió pronunciamiento de la sala y dicha determinación quedó firme, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.
g. Por tanto, no existía obligación para la demandada de ir más allá de lo que le fue ordenado por la resolutora en los efectos para los cuales se declaró la nulidad, esto es, no estaba constreñida a efectuar el pago de las diferencias derivadas del correcto cálculo del incremento de la pensión de la actora actualizadas en los términos que pretende la demandante, ya que ello no fue materia de pronunciamiento en la sentencia de nulidad, ni en los efectos para los cuales se declaró la misma.
h. En ese sentido, se estimó que la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 de rubro "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.", no resulta aplicable al caso, ya que, como incluso lo sostiene la recurrente, ese criterio fue emitido con posterioridad al dictado de la sentencia de nulidad por lo que esta jurisprudencia no puede modificar situaciones legales definidas; así lo ha determinado nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464, de contenido literal siguiente: (se transcribe)
i. Y en segundo lugar, no podía desconocerse que la accionante consintió en sus términos la sentencia de nulidad, en la cual no existió pronunciamiento en cuanto al pago de diferencias actualizadas, adquiriendo dicha determinación el carácter cosa juzgada que no puede ser analizada nuevamente.
j. Sin que pasara inadvertido que la demandante acudió ante la autoridad demandada a manifestar su inconformidad en relación al cálculo de las diferencias determinadas en el oficio SP/4667/2019 a fin de que estas se le pagaran debidamente actualizadas; sin embargo, esta determinación debió ser reclamada mediante el juicio de amparo en la misma secuela procesal, a fin de que, en caso de asistirle la razón a la actora, la determinación adquirida por el órgano colegiado pudiera tener la fuerza vinculante para modificar los efectos de la sentencia de nulidad, lo que no ocurre en el caso.
k. Consecuentemente, al haber resultado fundado el agravio relativo a que la improcedencia del pago de diferencias actualizadas al no haber sido parte de los efectos para los que se declaró la nulidad en el juicio de origen, lo que procede es que la sala de origen deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, emita otra en la que reitere lo que no fue materia del presente recurso, y tomando en cuenta lo aquí resuelto determine que es improcedente el pago de las diferencias actualizadas en favor de la actora en los términos que pretende, esto es aplicando la jurisprudencia 2a. J./ 135/2019.
C. Recurso de revisión fiscal R.F. 484/2022 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la actora demandó la nulidad de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resolvió en sentido negativo la procedencia de la actualización de las diferencias generadas por el incremento realizado a su cuota de pensión. Correspondió conocer del asunto a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el veinte de abril de dos mil veintidós, declaró la nulidad de la resolución impugnada.
Recurso de revisión fiscal 484/2022. Inconforme con esa determinación, la Subdirectora de lo Contencioso, Titular de Asuntos Contenciosos, en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales y del Titular de Asuntos Pensionarios, en representación del Titular de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, que correspondió conocer al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente R.F.484/2022.
En sesión de treinta de septiembre de dos mil veintidós, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"PRIMERO.—Se CONFIRMA la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.—Se DECLARA LA NULIDAD de la resolución negativa ficta impugnada.
"Notifíquese ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se sintetizan los siguientes:
a. Es necesario precisar que, como puntualizó la juzgadora, el juicio de nulidad, del que emana esta instancia, deriva del diverso juicio anulatorio **********, y del recurso de queja interpuesto por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en aquél juicio, en que se constriñó al instituto demandado a acrecentar debidamente la pensión de la actora, conforme a la mecánica de aumento que le resultó aplicable, y a pagar las diferencias derivadas de ese ajuste.
b. Ahora, si bien, en esa sentencia –la dictada en el juicio anulatorio **********–, no se señaló expresamente lo relativo a la actualización del pago de las diferencias resultantes, lo cierto es que ello no exime de su cumplimiento al instituto de seguridad social, por lo siguiente.
c. La actualización de las diferencias derivadas del correcto aumento de la pensión constituye una obligación inherente al pago de la citada prestación, una vez demostrado que el instituto no ajustó debidamente dicho beneficio, con independencia de que el actor lo haya demandado o no en un juicio previo, y al margen de que en la sentencia se haya efectuado la referencia expresa de ese extremo, ya que constituye un aspecto al que, en un sentido lógico, está constreñida la autoridad, al momento de calcular las diferencias respectivas, al tratarse de un factor que implica traer a valor presente las sumas de dinero que el pensionado no pudo disponer en su momento, en que tenían un determinado valor adquisitivo, lo cual solo es imputable a la autoridad por el indebido cálculo y pago de la pensión.
d. Lo anterior se robustece si se considera que la Segunda Sala del alto tribunal ya determinó que, en el supuesto de que resulte procedente el reclamo de los incrementos omitidos, deberán entregarse debidamente actualizadas las diferencias, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la inobservancia de la ley por parte de dicho organismo impide que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.
e. Esas consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1932, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS."
f. En ese contexto, al tratarse de un tópico definido por jurisprudencia por el alto tribunal, es evidente la ineficacia de los argumentos de la inconforme.
g. Cabe precisar que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 199/2016, de rubro: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", la Segunda Sala del alto tribunal determinó que la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre que no implique un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece, entre otros supuestos, cuando: a) al inicio de un juicio existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto; b) antes de emitir la resolución respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, c) la aplicación del nuevo criterio impacta de manera directa la seguridad jurídica de los gobernados.
h. Conforme a lo anterior, es evidente que no podría existir alguna aplicación retroactiva, como lo pretende hacer valer la recurrente, ya que, previo a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, no existía un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interpretara la misma hipótesis jurídica en sentido contrario, esto es, que las diferencias que resulten del debido cálculo de la cuota pensionaria no debían ser actualizadas para su pago y, por ende, que obligara a resolver en determinado sentido, razón por la cual, se puede aplicar al caso el indicado criterio, sin que se traduzca en una violación a la garantía de no retroactividad de la jurisprudencia.
i. En ese contexto, la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 no es violatoria del principio de irretroactividad y, por el contrario, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria no sólo para la sala, sino también para este tribunal colegiado, por lo que no es jurídicamente posible excluir su observancia al caso concreto; de ahí la ineficacia de los argumentos examinados.
j. La recurrente sostiene medularmente que, más allá de la solicitud en la constitución de un derecho a la actora, la sala determinó la obligación a cargo de la enjuiciada para pagar la actualización de diferencias derivadas del incremento de la pensión de la actora, sin considerar que, conforme al artículo 186 de la ley que rige al instituto demandado, esa acción ya prescribió, por lo que el cobro de las pensiones caídas y cualquier prestación en dinero a cargo del instituto, que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, como aconteció en el caso.
k. Los planteamientos así propuestos se deben desestimar, al partir de una premisa incorrecta, pues la prescripción a que se refiere el artículo 186 de la ley que rige al instituto demandado, es respecto de la acción para reclamar el pago de las diferencias resultantes del ajuste a la pensión, no así, respecto de la actualización a que está obligado el instituto, para traer a valor presente, las sumas adeudadas al pensionado.
l. Lo anterior se robustece si se considera que, para constreñir al pago de dicha actualización, primero debe definirse la procedencia del pago de las diferencias resultantes del debido ajuste a la pensión, es decir, respecto de las cuales no haya operado la citada figura extintiva, tal como aconteció en el caso, en el juicio de nulidad **********, por lo que, dilucidado ese tópico, el instituto queda obligado a pagar tales diferencias debidamente actualizadas; de ahí la ineficacia de los argumentos analizados.
m. En mérito de lo expuesto, se confirmó la sentencia recurrida.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
CUARTO.—Como punto de partida para verificar si existe o no contradicción de criterios entre los órganos contendientes, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la referida contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito existe cuando en la resolución de los asuntos que son de su competencia sostienen criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia e independientemente de que exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios del caso, pues si el problema jurídico central es perfectamente identificable debe preferirse la certidumbre en las decisiones judiciales mediante la unidad interpretativa del orden jurídico.
Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32175-a09bf68b/actualizacion-de-las-diferencias-ordenadas-en-una-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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