PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). ES IMPROCEDENTE EL PAGO DE INTERESES RESPECTO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE SU INCREMENTO, AL NO ESTAR PREVISTOS POR LA LEY RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2022. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS YOLANDA VELÁZQUEZ REBOLLO (PRESIDENTA) Y JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. DISIDENTE: ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIA: GRACIELA RAMÍREZ ALVARADO.
Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente al trece de julio de dos mil veintidós.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 3/2022, suscitada entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, cuyo probable tema consiste en determinar si procede o no el pago de intereses tratándose de pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivadas del incremento de éstas, conforme al artículo 57 de la ley de dicho instituto vigente hasta el 31 de marzo de 2007.
RESULTANDO:
I. Denuncia.
En oficio EOG/31/2022, signado por la Magistrada presidenta de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo (sic) Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 231/2021, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo (sic) Circuito, al resolver los amparos directos administrativos 152/2020 y 198/2020.
II. Trámite e integración ante el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
Por oficio MI/PL/SSGA/XIX/8524/2022 recibido vía electrónica a través del MINTERSCJN, se hizo del conocimiento del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la contradicción de tesis 70/2022, en la que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea determinó que carecía de competencia legal para conocer de contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito y especialización; por lo cual remitió al Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, las constancias remitidas por la Magistrada presidenta de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que denunció la posible contradicción de criterios.
En proveído de doce de abril de dos mil veintidós, la Magistrada presidenta del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis relativa a "determinar si procede o no el pago de intereses tratándose de pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivadas del incremento de éstas, conforme al artículo 57 de la ley de dicho instituto vigente hasta el 31 de marzo de 2007".
En ese mismo proveído, se solicitó a las presidencias del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa, ambos del Decimoctavo (sic) Circuito, para que informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los cuales se denunció la posible contradicción de criterios, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo (sic) Circuito, que hiciera del conocimiento del Pleno si había dictado alguna ejecutoria en la cual hubiera abordado el tema mencionado y, de ser el caso, enviara copia certificada de las sentencias correspondientes y el disco óptico de su archivo electrónico.
También se ordenó informar al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de tesis, en términos del artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En diversos proveídos de diecinueve y veintiuno de abril de dos mil veintidós, se tuvieron al Primer y al Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, informando que el criterio contenido en los amparos directos 231/2021, 152/2020 y 198/2020, respectivamente, se encontraban vigentes.
En acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa comunicando que dicho órgano jurisdiccional no ha sostenido ningún criterio en el que haya abordado el tema de la presente contradicción de tesis.
III. Turno del asunto.
El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, atendiendo a que el expediente se encontraba debidamente integrado y a que el estado procesal que guardaban los autos así lo permitían, de conformidad con el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se turnó el asunto al Magistrado Juan José Franco Luna, integrante del Pleno Regional (sic) y representante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo (sic) Circuito, para el estudio y formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
(1) PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.
(2) SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por una de las partes en los asuntos que lo motivaron; de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
(3) TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.
(4) En sesión plenaria de ocho de enero de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo (sic) Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió el amparo directo 152/2020, promovido por **********, contra la sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, dictada por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente **********, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, sustentó lo que a continuación se transcribe:
"(71) En ellos la parte quejosa refiere que:
"• El pago de intereses es procedente de acuerdo con lo razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) contra Perú, dado que en términos de la tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 (10a.),(1) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia emitida por la citada Corte Interamericana es vinculante para los Jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona.
"• Su reclamación en el juicio natural consistió en la incorrecta asignación de la cuota diaria pensionaria por no haber aplicado los incrementos que ordenaba la ley vigente al momento de pensionarse, así como la fecha de asignación; por lo que debió declararse procedente el pago de intereses, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, por ser una consecuencia de la falta de pago oportuno de su pensión.
"(72) Resultan infundados los conceptos de violación.
"(73) Sobre el tema citado, en la sentencia reclamada la autoridad responsable consideró que era infundada la pretensión de que se le paguen a la actora los intereses respecto de las cantidades de las diferencias que se hayan generado a su favor, en tanto que el Presupuesto de Egresos de la Federación no prevé el pago de intereses en el caso de que no se paguen de manera oportuna los incrementos de las pensiones.
"(74) La decisión de la autoridad responsable se estima correcta, pues al resolver la contradicción de tesis 187/2019, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País definió el criterio jurisprudencial relativo a que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado omite aplicar los incrementos a las pensiones a su cargo, de conformidad con el artículo 57 de la ley del instituto, las diferencias derivadas debe enterarlas actualizadas, del cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), que enseguida se transcribe:
"‘Época: Décima Época
"‘Registro: 2020857
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: Jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 71, octubre de 2019, Tomo II
"‘Materia: constitucional
"‘Tesis: 2a./J. 135/2019 (10a.)
"‘Página: 1932
"‘PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.
"‘Contradicción de tesis 187/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 5 de septiembre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I. y Javier Laynez Potisek. Ausente: Yasmín Esquivel Mossa. Disidente: José Fernando Franco González Salas. En relación con el criterio contenido en esta tesis votó en contra José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Oscar Vázquez Moreno y Fabián Gutiérrez Sánchez.
"‘Tesis y criterios contendientes:
"‘Tesis III.7o.A.25 A (10a.), de título y subtítulo: «PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. AL PAGO DE LAS DIFERENCIAS DE LA CUOTA DIARIA DE AQUÉLLAS, LE ES INAPLICABLE LA ACTUALIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.», aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril de 2018, página 2263, y
"‘El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 385/2018, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 672/2016, 47/2017, 222/2017, 227/2017 y 296/2017.
"‘Tesis de jurisprudencia 135/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
"‘Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.’
"(75) En la parte que interesa de dicha ejecutoria, la Sala del Máximo Tribunal señaló que al resolver el amparo en revisión 220/2008, el Pleno del Alto Tribunal analizó la naturaleza del Índice Nacional de Precios al Consumidor y al efecto precisó, esencialmente, lo siguiente:
"• La inflación es un fenómeno económico que consiste en el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía.
"• Entre los efectos negativos que ocasiona dicho fenómeno, se encuentra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
"• El Índice Nacional de Precios al Consumidor, es el instrumento estadístico que permite medir el fenómeno de la inflación en un determinado periodo, a partir del cual, el Banco de México diseña la política monetaria orientada a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
"(76) Así el estado de cosas, dijo, cuando el instituto omite efectuar el incremento ordenado en el artículo 57 de la legislación de seguridad social en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio instituto o con posterioridad en juicio contencioso) tanto los incrementos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, pues sólo de esta manera puede entenderse cumplida la previsión legal contenida en el aludido numeral 57.
"(77) Precisó que el fenómeno denominado inflación ocasiona la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, en esa medida, si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no efectúa los incrementos a las pensiones que le impone el referido artículo 57 de la ley del instituto, en la misma proporción que aumentan los salarios de los trabajadores en activo o conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según corresponda a cada caso; es inconcuso que ello conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.
"(78) Por lo que concluyó que cuando el instituto entregue diferencias por concepto de aumentos a la pensión que no hubiere aplicado oportunamente, tales diferencias debe enterarlas a valor actual, habida cuenta que no advirtió razón para que deje de cumplir con su obligación legal, máxime si se atiende a que tanto la pensión como sus incrementos y las diferencias que resultan de éstos, tienen la función esencial de garantizar la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios, como se observa de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009.(2)
"(79) Además, puntualizó que si bien la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, así como la vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, no contemplan la figura de la actualización, lo cierto es que el Tribunal Pleno ha establecido que para actualizar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y el cambio de precios en el país, es factible utilizar como referente el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal como se advierte de la tesis P. XXVII/2003.(3)
"(80) Por tanto, concluyó que el importe de las diferencias de los incrementos a las pensiones que hubiere omitido aplicar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá actualizarlas conforme al procedimiento que prevé el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, con la finalidad de entregarlas con un valor análogo al que tenían al momento en que debió cumplir con tal obligación; sin que obste que el referido precepto legal se encuentre inmerso en una legislación de naturaleza fiscal, habida cuenta que lo relevante es que esa norma contiene un principio de actualización para determinar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país en un periodo determinado, lo que denota que su aplicabilidad no es exclusiva del ámbito fiscal.
"(81) Así las cosas, los argumentos que dieron origen al criterio transcrito son aplicables al presente caso, no obstante que la Segunda Sala haya precisado que el sustentado se refería únicamente a las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conocido como de reparto o de beneficios definidos, que se encuentran a cargo del Gobierno Federal, mas no a las pensiones derivadas del sistema actual de cuentas individuales implementado en la ley del instituto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, conforme a la cual se concedió la pensión a la quejosa (24 de marzo de 2013, bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
"(82) Sin embargo, la responsable en la sentencia reclamada condenó a la demandada al pago retroactivo y actualizado de las diferencias procedentes, lo que implica que, de ser procedente, el instituto de seguridad habrá de hacer el pago de los haberes pensionarios que debieron ser pagados en cierto tiempo pasado y por el solo transcurso del tiempo requieren de ser actualizados al surtirse el supuesto establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
"(83) En esas condiciones, en el caso, la parte quejosa demostró en el juicio de origen que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le concedió la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, con efectos a partir del veinticuatro de marzo de dos mil trece.
"(84) La Sala Regional responsable determinó que tomando en consideración la fecha en que la actora obtuvo su pensión, ésta debe ser incrementada de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que la actualización de dicha pensión debe regirse bajo el contenido de dicho precepto.
"(85) De lo anterior se desprende que es aplicable al caso la jurisprudencia invocada en líneas anteriores, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó la interpretación del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y arribó a la conclusión de que para cumplir la previsión de ese dispositivo, el pago de las diferencias debe entregarse actualizado, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya aplicabilidad no es exclusiva del ámbito fiscal. "(86) Sin embargo, lo alegado por la parte quejosa relativo a la procedencia del pago de intereses, de conformidad con lo previsto por los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación,(4) no es procedente, en tanto que la ley en materia de seguridad social no establece que deba realizarse el pago de las diferencias y se incluya el pago de los intereses.
"(87) Máxime que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los intereses que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en su artículo 22, corresponden a los previstos como moratorios en la legislación civil, pues constituyen una indemnización al contribuyente por parte del fisco federal por la devolución inoportuna del pago de las contribuciones enteradas indebidamente o en exceso.
"(88) En cambio, la actualización es una figura establecida en el Código Fiscal de la Federación atendiendo a la afectación que sufre la moneda por el transcurso del tiempo y que tiene por objeto que ese fenómeno no incida sobre las contribuciones que el erario federal deja de percibir por falta de pago oportuno, lo cual se hizo extensivo, en observancia a principios de equidad y justicia, a los casos en que las autoridades hacendarias no devuelvan en el plazo establecido por la ley, las cantidades que los contribuyentes pagan indebidamente y las que procedan conforme a la ley.
"(89) Además, la naturaleza jurídica de los intereses y de la actualización del monto del pago es diversa, pues aun cuando ambas figuras operan en los casos en que la autoridad fiscal no devuelva oportunamente aquél, los intereses son accesorios de la contribución pagada de manera incorrecta y tienen por objeto indemnizar al contribuyente por la devolución inoportuna de ese pago, mientras que la actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país a fin de darle el valor real al monto de la cantidad enterada indebidamente en el momento del pago, para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que cubrió inicialmente, pero con ello, no se le resarcen los perjuicios ocasionados por la falta de pago oportuno.
"(90) En esas condiciones, contrario a lo sostenido por la actora constitucional, las diferencias resultantes de los incrementos que deben entregársele no deben comprender el pago de intereses, pues acorde con la interpretación del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cumplir la previsión de ese dispositivo, sólo deben pagarse dichas actualizaciones debidamente actualizadas, pues la citada legislación de seguridad social no prevé la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"(91) Apoya lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"‘Suprema Corte de Justicia de la Nación
"‘Registro digital: 163321
"‘Jurisprudencia
"‘Materia: administrativa
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: Tomo XXXII, diciembre de 2010
"‘Tesis: 2a./J. 137/2010
"‘Página: 526
"‘LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio el quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución.
"‘Contradicción de tesis 200/2010. Entre las sustentadas por el Quinto y el Sexto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de septiembre de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.
"‘Tesis de jurisprudencia 137/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil diez.’
"92) En ese tenor, lo resuelto por la responsable se considera correcto, pues para resolver la litis a que atañe el juicio natural, la Sala del conocimiento debe analizar la procedencia de las pretensiones demandadas con base en las disposiciones de la legislación aplicable (Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), conforme a la cual no procede el pago de intereses en el modo pretendido por la quejosa, ya que las pensiones se rigen por normas en materia de seguridad social, no así por aquellas derivadas del ámbito fiscal o tributario.
"(93) A más de que, en la especie, no se está ante una sentencia que ordene la devolución de alguna cantidad en específico; por el contrario, la sentencia de nulidad sólo ordenó que se emitiera una resolución en la que se decretara el incremento (sic) la cuota diaria de pensión conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, ya que la parte actora tiene derecho a que se le cubra el incremento de la prestación económica por concepto de gratificación anual en la misma proporción que los incrementos que debieron aplicarse; asimismo, se ordenó que se pagaran las diferencias resultantes de los incrementos realizados a su cuota diaria de pensión, incluida la gratificación, debidamente actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que a la postre se tradujo en la modificación a la pensión de la que venía gozando, pero de ninguna forma ese fallo jurisdiccional ordenó la devolución de determinada cantidad, ni se reconoció la existencia de un pago de lo indebido.
"(94) En esas condiciones, al no ubicarse la quejosa en los supuestos expresamente previstos en los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, no es posible que los incrementos realizados a su cuota diaria de pensión generaran intereses.
"(95) En cuanto a que el pago de intereses es procedente de acuerdo con lo razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) contra Perú, porque en términos del criterio jurisprudencial P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia emitida por la citada Corte Interamericana es vinculante para los Jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, también es infundado.
"(96) En efecto, si bien la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los Jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, también la Segunda Sala estableció que, para ello, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente:
"I. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento;
"II. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y
"III. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31036-3b42f74c/pensiones-otorgadas-por-el-instituto-de-seguridad-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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