INTERESES DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES INCOMPATIBLES. AL NO EXISTIR ALGUNA BASE NORMATIVA QUE LOS SUSTENTE, ES IMPROCEDENTE SU PAGO EN FAVOR DE LOS DERECHOHABIENTES. PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES INCOMPATIBLES. EL ARTÍCULO 12, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL NO PREVERLO EN FAVOR DE LOS DERECHOHABIENTES, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIO: ROBERTO ZAYAS ARRIAGA.
Ciudad de México, resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de ocho de marzo de dos mil veintidós.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por oficio recibido el diez de febrero de dos mil veinte en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano judicial, al resolver el juicio de amparo directo DA-102/2019, y el asumido por el Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y circunscripción en la tesis aislada I.9o.A.107 A (10a.), respectivamente.
SEGUNDO.—En auto de doce de febrero de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar los expedientes impreso y electrónico correspondientes, y admitió la denuncia de posible contradicción de criterios, la cual quedó registrada como PC01.I.A.07/2020.C. En la misma determinación se ordenó solicitar a la presidencia de los indicados tribunales el envío de las resoluciones en que fueron asumidos los criterios contendientes, así como el informe en cuanto a su vigencia.
TERCERO.—Mediante acuerdos de diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil veinte, los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, informaron que los criterios objeto de la denuncia de contradicción continúan vigentes, y remitieron por correo electrónico, en archivos digitales, las resoluciones en que fueron sustentados.
CUARTO.—En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por la Magistrada Amanda Roberta García González, integrante del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual informó la intención de ese órgano judicial de contender en la contradicción de criterios 7/2020, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Octavo en la misma especialización y circuito, y lo resuelto por el órgano señalado en primer lugar, al resolver el amparo en revisión RA-396/2018. Derivado de lo anterior, se ordenó solicitar a la presidencia del referido tribunal el envío de la resolución en que fue adoptado el criterio contendiente, así como el informe de su vigencia.
QUINTO.—Por oficio S.T. 2/2020, recibido el veintiséis de febrero de dos mil veinte en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en las citadas materia y circunscripción, por conducto de su presidenta, informó que el criterio objeto de la denuncia continúa vigente y remitió por correo electrónico, en archivo digital, la resolución en la que fue sustentado.
SEXTO.—Por oficio DGCCST/X/123/03/2020, de trece de marzo de dos mil veinte, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que a través del diverso SGA/GVP/143/2020, de cuatro del propio mes y año, la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal informó que, de la revisión a su base de datos, advirtió que no se encuentra radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con: "DETERMINAR SI, TENIENDO PRESENTE EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO HA SIDO CONSIDERADO CONSTITUCIONAL, TAL SITUACIÓN IMPIDE EL PAGO DE INTERESES EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CUANDO EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO INCURRE EN DEMORA AL PLAZO DE CUATRO MESES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA QUE LE ORDENA CUBRIR LA PENSIÓN DE VIUDEZ Y CANTIDADES CORRESPONDIENTES."
SÉPTIMO.—En proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se returnó el asunto al Magistrado Joel Carranco Zúñiga, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este circuito judicial.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por un Magistrado integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.—Para determinar si se actualiza la contradicción de criterios, es útil informar, en primer lugar, respecto de las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis basta que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, a condición de que tales variaciones o diferencias no incidan o sean determinantes para el problema jurídico a resolver.
En ese orden de ideas, para definir si existe la contradicción entre los criterios objeto de la denuncia, se estima oportuno dar noticia de las consideraciones adoptadas por los órganos colegiados contendientes:
1. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, el amparo en revisión RA-536/2017, del que derivó la tesis aislada I.9o.A.107 A (10a.)
"130. Acorde a las consideraciones que anteceden, este órgano colegiado reasume jurisdicción y procede al estudio del segundo concepto de violación propuesto por la quejosa.
"131. En unas partes del segundo concepto de violación que nos ocupa, la quejosa argumentó que era procedente atender al principio de igualdad entre las partes ante la aplicación de la norma en el procedimiento, ya que la porción normativa únicamente impone una sanción al trabajador o pensionado que disfrute de una pensión por viudez cuando se genere alguna causa que motive su incompatibilidad, debiendo reintegrarse al instituto no sólo el monto de la pensión que percibió indebidamente, sino también el pago de intereses que se hayan generado.
"132. Los Magistrados que integran este Tribunal Colegiado de Circuito estiman que los argumentos de la quejosa son acertados y suficientes para conceder la protección constitucional que solicita, sobre la base de los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen:
"133. Antes de iniciar con el estudio normativo, es pertinente precisar que la igualdad desde un punto de vista jurídico implica la posibilidad o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos u obligaciones, cualitativamente, propios de todos aquellos sujetos que se encuentren en su misma situación jurídica determinada.
"134. En este sentido, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, consagra la igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, por el simple hecho de serlo y sin distinción de nacionalidad, origen étnico, género, edad, entre otras, ya que les otorga el goce de los derechos que la propia Carta Magna consagra.
"135. Desde el punto de vista jurídico, el derecho fundamental de mérito implica la igualdad de todos los habitantes de la República Mexicana ante la ley, esto es, que las personas que se encuentren en las mismas circunstancias sean tratadas de igual manera por reglas fijas e imparciales, elementos indispensables para garantizar la debida observancia de este principio constitucional, lo cual se traduce en la aplicación de la misma disposición jurídica a situaciones esencialmente similares.
"136. En este tenor, la igualdad ante la ley se concibe, esencialmente, como una relación comparativa, entre dos o más sujetos pertenecientes a una misma y determinada situación jurídica, la cual consigna el orden jurídico mediante diversos cuerpos legales, atendiendo a factores y circunstancias de diferente índole: económico, sociales, entre otras, a fin de cumplir cabalmente con el requerimiento igualitario, es decir, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y, por otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta las diferencias relevantes en que se ubiquen.
"137. A este respecto, es menester destacar que la ley puede hacer distinciones entre personas, concediéndoles diferentes derechos, pero el trato desigual será ilegítimo si se apoya en criterios como el género, el origen social, la edad, la religión, etcétera.
"138. Es aplicable a las consideraciones precedentes la jurisprudencia 1a./J. 81/2004 de la Primera Sala de esta (sic) Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 99. Registro No. 180345.
"139. Por tanto, la igualdad ante la ley va más allá del principio de no discriminación por los criterios apuntados, ya que, en términos generales, significa la exclusión de todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente, esto es, en circunstancias relevantes que deben ser tomadas en cuenta para otorgar ese tratamiento diferencial.
"140. En ese sentido, se tiene que la porción normativa respecto de la cual el juzgado concedió el amparo dispone:
"...
"141. Al respecto, se tiene que en el oficio impugnado, el jefe de la Unidad de Crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó a la quejosa que no era procedente recibir el beneficio de la pensión de viudez de la que resultó beneficiaria a partir del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en atención al trabajo remunerado que desempeñaba, conforme al artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"142. Ahora es de destacarse, que la concesión del amparo respondió a lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, visible en la página 1033. Registro: 2012981.
"143. Criterio en el cual nuestro Máximo Tribunal determinó que el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vulnera el derecho a la seguridad social establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir la percepción de la pensión de viudez cuando se desempeña un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B.
"144. Es de señalarse que, respecto al tema que nos interesa, el citado numeral establece la obligación a cargo del instituto de seguridad social de que, en el caso de que advierta la incompatibilidad de pensiones, suspenda su pago, pudiéndose recibir nuevamente por el beneficiario si cesa el motivo que originó dicha suspensión y reintegra las sumas percibidas, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal relativo para el pago de créditos tributarios en una sola exhibición.
"145. En ese sentido, resulta incuestionable que la causación de intereses corresponde a las cantidades que el beneficiario de una pensión recibió desde que surgió el motivo de incompatibilidad hasta que éste haya cesado y se reintegren tales montos, no así a las que haya dejado de percibir el derechohabiente por haberse suspendido el pago del beneficio pensionario.
"146. No obstante lo anterior, el citado precepto prevé la figura del pago de intereses, lo que resulta destacable para la resolución del presente recurso.
"147. Sobre tales premisas, se estima que asiste la razón a la quejosa, ya que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio del principio constitucional de igualdad, pues el legislador (sic) no fijó las mismas reglas para recibir el pago de intereses; pues para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio (sic) del Estado, cuando un pensionado haya percibido el pago de una pensión, siendo ésta incompatible, y con motivo de ello le sea suspendido su pago, tendrá derecho a volver a recibirla cuando desaparezca la situación de incompatibilidad y devuelva el pago de las cantidades que recibió más el pago de intereses; mientras que tal figura del pago de intereses no está prevista para los pensionados que hayan dejado de percibir las cantidades de su pensión a que tenían derecho, lo que implica una distinción en el tratamiento que debe darse a la restitución del pago de las pensiones, lo que restringe la aplicación de las reglas previstas en el mencionado artículo 12.
"148. Lo descrito demuestra que el artículo cuestionado no otorga el mismo tratamiento tanto a los pensionados que tienen a su favor la recepción de cantidades por concepto de pensiones que dejaron de recibir, como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en relación a la percepción de cantidades que pagaron con motivo de una pensión y que deben ser devueltas, no obstante que el pago de intereses tiene una naturaleza resarcitoria, lo que implica un desequilibrio entre la autoridad y el gobernado, en virtud de que tal precepto regula la incompatibilidad de las pensiones y el pago de cantidades que se debieron o no entregar por concepto de pensión, máxime que el Estado debe recibir de los particulares solamente lo que está objetivamente legitimado a obtener, en términos de las leyes aplicables.
"149. Por lo anterior, el último párrafo del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio del principio de igualdad ante la ley, ya que, tratándose de pago de intereses, otorga un tratamiento distinto tanto a los pensionados que no les cubren el pago de cantidades que tiene derecho a recibir, como a las autoridades del instituto en relación con cantidades pagadas por concepto de pensión que les deben ser devueltas.
"150. Sirven de apoyo a lo anterior, a contrario sensu y por analogía, las tesis 2a. LXXIX/2007 y 2a. LXXII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"151. Sin que en el caso se advierta la existencia de una justificación razonable de ese trato diferenciado, toda vez que el Ejecutivo Federal, al expedir dicha disposición, no plasmó ningún (sic) motivo para establecer el trato diferenciado respecto del pago de los intereses.
"152. Por lo que no hay una justificación razonable que explique el trato diferenciado otorgado a los particulares que reciben el pago de una pensión, frente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio (sic) del Estado al solicitar la devolución del pago de las pensiones que no se debieron efectuar.
"153. Por tanto, se concluye que es incorrecta la determinación del Juzgado de Distrito al negar el pago de intereses por concepto del pago de la pensión de viudez que se dejó de percibir por la incompatibilidad alegada por la autoridad responsable; pues, en aras de garantizar los derechos de los gobernados, sí resulta procedente el pago de los intereses respectivos como consecuencia del trato diferenciado que da el numeral, al sólo prever el derecho para el instituto de recibir dicho pago, lo que demuestra el actuar indebido de la autoridad al legislar.
"154. Se sostiene el aserto anterior, porque si dicha legislación (sic) prevé dicha figura –intereses– es inconcuso que esta previsión es suficiente para que también se paguen a favor de los asegurados cuando el actuar de la autoridad les impidió disponer oportunamente de dichas cantidades y que evidentemente les ocasionó un perjuicio que requiere ser resarcido e indemnizado mediante el pago de los intereses respectivos.
"155. Consecuentemente, se impone modificar la sentencia que se revisa, dado que se declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"156. Sobre tales premisas, el jefe de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 2 de la Delegación Regional Sur queda obligado a pagar a la demandante las cantidades que por pensión de viudez le corresponden, incluso aquellas que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, incluyendo los intereses que se generen."
Como se advierte de la transcripción anterior, al resolver el amparo en revisión RA-536/2017, el citado Tribunal Colegiado determinó, en lo que interesa, que el artículo 12, último párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio del principio constitucional de igualdad, debido a que "el legislador" no fijó las mismas reglas para recibir el pago de intereses.
Arribó a esa conclusión sobre la base de reconocer que, por una parte, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando un pensionado haya percibido el pago de una pensión incompatible y por tal motivo le sea suspendido su pago, tendrá derecho a recibirla nuevamente cuando desaparezca la situación de incompatibilidad y devuelva las cantidades que recibió más el pago de intereses; mientras que, por otra parte, la obligación de pago de intereses no está prevista en beneficio de los derechohabientes que hayan dejado de percibir las cantidades de su pensión a que tenían derecho, lo que, dijo, implica una distinción en el tratamiento que se debe dar a la restitución del pago de las pensiones, pues restringe la aplicación de las reglas previstas en el mencionado artículo 12.
Apuntó que, como el precepto cuestionado no otorga el mismo tratamiento a los pensionados que tienen a su favor el derecho al reintegro de las cantidades por concepto de pensiones que dejaron de recibir, como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las sumas que se pagaron con motivo de una pensión estimada incompatible y que deben ser devueltas, no obstante que el pago de intereses tiene una naturaleza resarcitoria, tal circunstancia constituye un desequilibrio entre la autoridad y el gobernado, en virtud de que el indicado numeral regula la incompatibilidad de las pensiones y el pago de los montos que se debieron o no entregar por concepto de pensión, máxime que el Estado debe recibir de los particulares sólo lo que está objetivamente legitimado a obtener, en términos de las leyes aplicables.
Añadió que no se advertía la existencia de una justificación razonable del trato diferenciado, toda vez que el Ejecutivo Federal, al expedir esa disposición, no expresó algún motivo para establecer ese distinto tratamiento respecto del pago de intereses.
Concluyó que, por tanto, resultaba procedente el pago de los intereses respectivos como consecuencia del trato diferenciado que da el numeral, al sólo prever el derecho para el instituto de recibir dicho pago, lo que, en su consideración, demuestra el actuar indebido de la autoridad al legislar. Máxime que, dijo, si dicho ordenamiento prevé el pago de intereses, tal circunstancia es suficiente para que también se paguen en favor de los asegurados cuando la actuación de la autoridad les hubiera impedido disponer oportunamente de las sumas a las que tienen derecho y que les ocasionó un perjuicio que requiere ser resarcido e indemnizado mediante el pago de los intereses respectivos.
Las relatadas consideraciones quedaron plasmadas en la tesis aislada I.9o.A.107 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, página 2997, de rubro y texto:
"PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES INCOMPATIBILES. EL ARTÍCULO 12, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL NO PREVERLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. El precepto citado establece que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado tiene derecho al pago de intereses, en el supuesto de que algún pensionado haya percibido una pensión incompatible con otra o con el desempeño de trabajos remunerados y, con motivo de ello a que se suspenda su pago; asimismo, que éste tendrá derecho a recibirla nuevamente cuando desaparezca la situación de incompatibilidad y devuelva las cantidades obtenidas, más los intereses; sin que dicho ordenamiento prevea ese pago de intereses en favor de quienes hayan dejado de percibir la pensión a que tenían derecho, por aducirse incompatibilidad y, posteriormente, se revoque judicialmente esa decisión. Por tanto, esa diferencia de trato implica que el artículo 12, último párrafo, mencionado, viola el derecho humano a la igualdad, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se advierte la existencia de una justificación razonable de ese tratamiento diferenciado, aunado a que el creador de la norma soslaya que el pago de intereses tiene una naturaleza resarcitoria que, en el caso, sólo se aplicó en beneficio de una de las partes, lo que implica un desequilibrio entre la autoridad y el gobernado, en cuanto a la incompatibilidad de las pensiones y el pago de cantidades que debieron entregarse por ese concepto."
2. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el seis de junio de dos mil diecinueve, el amparo en revisión RA-396/2018.
"En cambio, resulta fundado el agravio en que precisa que la sentencia viola lo dispuesto por los artículos 74 y 75, con relación al diverso artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto a que señala que el objeto de la concesión del amparo es que se le restituya en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y el Juez de Distrito resolvió ordenar el pago de los intereses que correspondan a la quejosa, mismos que deberán calcularse conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que efectuó el reintegro.
"Lo anterior, porque de la propia resolución del amparo en revisión 416/2018, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró:
"‘...’
"Por lo que resulta improcedente el pago de intereses, primero, porque no existe precepto legal alguno que expresamente le otorgue ese derecho, y si bien el instituto puede y debe cobrar los rendimientos del pago excedente del tope pensionario, ello acontece porque existe la obligación jurídica de cobrarlos, lo cual no acontece tratándose del caso opuesto en que el pensionado recibió su pensión incompleta.
"Además, no puede considerarse el interés del Código Civil, porque no se trata de una relación contractual entre particulares, sino que se trata de la relación entre un particular y una entidad pública que no puede pagar nada que no se encuentre previsto en una ley o en el presupuesto respectivo, lo que no ocurre en el caso."
En el criterio reproducido, el órgano judicial sustentante señaló, fundamentalmente, que la parte quejosa, a quien se le concedió la protección constitucional en contra del artículo 12, segundo párrafo, del Reg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30519-782a644e/intereses-derivados-de-la-suspension-de-pensiones-incompatibles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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