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Modo: Corpus Pro

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CUANDO UN DERECHO HUMANO ESTÉ RECONOCIDO EN NORMAS DE ÁMBITOS DISTINTOS, UNO NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, EL JUEZ NO DEBE EJERCERLO EN TODOS LOS CASOS PARA RESOLVER UN CASO CONCRETO, SINO REALIZAR UN EJERCICIO PREVIO DE PONDERACIÓN ENTRE AMBAS PARA VERIFICAR CUÁL DE ELLAS CONCEDE UNA MAYOR EFICACIA PROTECTORA A LA PERSONA. CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. TRATÁNDOSE DEL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL A UNA PENSIÓN, LAS NORMAS INTERNAS GARANTIZAN UNA MAYOR EFICACIA PROTECTORA QUE EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL NUMERAL 9 DEL PACTO DE SAN SALVADOR, POR TANTO, EN ESA HIPÓTESIS ES INNECESARIO EJERCER DICHO CONTROL. PROYECTOS DE SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SOBRE LA CONVENCIONALIDAD DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. DEBEN PUBLICARSE, PREVIO A SER DISCUTIDOS EN LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, SÓLO CUANDO EN ELLOS SE REALICE O SE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJERCER EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, POR CONSIDERARSE QUE RESPECTO DE DETERMINADO DERECHO HUMANO LA NORMA SUPRANACIONAL TIENE MAYOR EFICACIA PROTECTORA QUE EL DERECHO INTERNO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 549/2013. · Registro digital (IUS): 24927
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-03-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Pág. 1293.

AMPARO DIRECTO 549/2013. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ. SECRETARIA: SONIA SUÁREZ RÍOS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A efecto de justificar racional y objetivamente la decisión en este asunto, desde el punto de vista metodológico, tanto internamente a través de los principios de la lógica formal, como externamente, desde la argumentación relativa a la norma y a los hechos, partiendo de la base de que el derecho es una ciencia formal, se acudirá a los principios que integran la investigación científica en el ámbito jurídico y, de manera específica para resolver los problemas principales, al silogismo judicial.

1. Primer problema jurídico.

Consiste en determinar si respecto de los derechos humanos de seguridad social y protección judicial procede hacer control difuso de convencionalidad ex officio.

2. Hipótesis.

Consiste en demostrar que, tomando en consideración que la norma internacional tiene un aspecto subsidiario respecto de la nacional, en relación con los derechos humanos citados no es necesario realizar control difuso de convencionalidad ex officio, lo que así se justifica a través de los argumentos derivados de los contextos sistemático y funcional, como se demostrará a continuación.

Argumentación justificativa externa.

3. Fuente normativa.

La constituye el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."

El artículo transcrito fue reformado el diez de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, en dicha reforma se antepuso a la condición política de ciudadano, con derechos y obligaciones, la condición originaria de ser humano.

La reforma aludida tuvo como finalidad adecuar la Constitución Federal a los derechos humanos, al establecer que éstos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad y que, por tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De esa manera, todas las autoridades del Estado Mexicano se encuentran obligadas no sólo a respetar, sino también a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Lo cual debe hacerse atendiendo siempre a lo que sea más favorable para la persona.

Lo anterior constituye la interpretación pro persona, que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector en favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que significa que debe acudirse a la norma jurídica que consagre el derecho de manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.

Por tanto, para garantizar la protección de los derechos humanos debe acudirse a la norma más favorable a la persona, sin que resulte relevante si dicha norma pertenece al sistema jurídico interno o al internacional, pues debe atenderse al contenido de los tratados, pactos y convenciones internacionales si contienen disposiciones más favorables al goce y ejercicio de dichos derechos, pero si son las normas del derecho interno las que establecen las disposiciones más favorables, entonces debe acudirse a éstas para resolver la protección a tales derechos.

Lo anterior, en razón a que de conformidad con el contenido del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Aunque pueda considerarse que la reforma en mención implicó el reconocimiento explícito de la incorporación y recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno; sin embargo, para dar claridad a la anterior idea se hace necesario acudir al argumento de interpretación histórico, mismo que fue desarrollado por el autor Francisco Ezquiaga Ganuzas, en su obra "La Argumentación en la Justicia Constitucional y otros Problemas de Aplicación e Interpretación del Derecho", edición mexicana dos mil seis, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas trescientos cincuenta y tres y siguientes.

En dicha obra se expone que, a través del argumento histórico evolutivo, se pretende dar el sentido a la norma mediante el estudio de sus antecedentes históricos sobre la base de que el derecho se va adaptando a las cambiantes necesidades de la comunidad social; siendo así, que el resolutor no indaga sobre la voluntad del legislador al momento de elaborar la ley, sino que la analizará históricamente observando su evolución jurídica y social.

En ese contexto, no puede soslayarse la observación que hizo el Gobierno de México al proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos, en el sentido de que la protección de los derechos humanos debe quedar primordialmente a cargo de la legislación interna de cada Estado, y sólo en una forma gradual y progresiva es como debe avanzarse, hacia el tutelaje internacional de los citados derechos.

En efecto, en los trabajos preparatorios de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos, de veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, documento once, en el que, en lo conducente, se estableció que:

"Doc. 11

"26 septiembre 1969

"Anteproyecto de observaciones del Gobierno de México al Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos.

"De conformidad con lo dispuesto en la resolución aprobada por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos durante la sesión celebrada el 2 de octubre próximo pasado, el Gobierno de México ha venido estudiando detenidamente el Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos, que más adelante habrá de ser elevado a la consideración de la Conferencia Especializada Interamericana contemplada por la resolución XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria. Siempre de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de la Organización, el Gobierno de México ha resuelto formular una serie de consideraciones que el estudio del referido documento le ha sugerido, en la inteligencia de que los comentarios que a continuación se incluyen no constituyen una enunciación exhaustiva de sus puntos de vista. En tal virtud, aun cuando puede decirse que las principales observaciones mexicanas están incluidas en el presente documento, la delegación mexicana se reserva el derecho de someter a la consideración de las otras representaciones, en el seno mismo de la conferencia, aquellos otros puntos que, por razones de economía de espacio y tiempo, no ha sido posible incluir en la siguiente relación:

"I. Cabe, en primer término, formular al proyecto de convención una observación de carácter general que resulta totalmente congruente con la posición que sobre la materia asumió la representación mexicana durante la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria: la de que la protección de los derechos humanos debe quedar primordialmente a cargo de la legislación interna de cada Estado, y sólo en una forma gradual y progresiva es como debe avanzarse, hacia el tutelaje internacional de los citados derechos.

"Considera el Gobierno de México que la incuestionable trascendencia de los valores que se pretende tutelar a través del proyecto de que se trata, por una parte, así como la indudable incidencia que semejante protección no puede menos que tener sobre principios tan caros a las naciones americanas como son los de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por la otra, hacen por demás aconsejable la prudente firmeza a que antes se ha hecho referencia. Es en todo momento preferible contar con un instrumento que, al no despertar duda alguna acerca de su plena congruencia con la soberanía nacional y con los principios internacionales antes referidos, sea susceptible de cobrar en poco tiempo un amplio ámbito de vigencia, que proceder a elaborar un convenio que aun cuando posiblemente resultara más completo en cuanto a los derechos sujetos a protección y en cuanto a las instituciones destinadas a impartirla, naciera en cambio con escasas expectativas de viabilidad por merecer serias objeciones de fondo a algunos de los Estados americanos.

"Por demás está decir, a la luz de lo antes expuesto, que el Gobierno de México no podrá otorgar su apoyo a disposición alguna que resultare incompatible con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que aunque no se mencione expresamente en el presente documento, deben en ese sentido considerarse observados aquellos de los proyectados artículos que llegaren a revestir dicha particularidad.

"Si se ha hecho tanto énfasis en esta primera observación, ello es porque en ella están contenidos los criterios esenciales con los que el Gobierno de México se avocó al estudio del proyecto de convención de que se trata: decidido partidario de la protección de los derechos humanos esenciales, el Gobierno de México desea que al elevar dicha tutela al plano internacional, no se vulneren ni su soberanía nacional, ni los principios de la no intervención y autodeterminación. ..."

"Doc. 33

"10 noviembre 1969

"Declaración General del delegado de México licenciado Antonio Martínez Baez (formulada en la primera sesión de la Comisión I, celebrada el 10 de noviembre de 1969)

"La Delegación de México desea expresar que, atendiendo a la invariable política de su gobierno, en cuanto se refiere a la protección de los derechos humanos, reitera su disposición de coadyuvar para que el proyecto, en lo relativo al aspecto sustantivo del mismo, vaya tan adelante en la protección buscada como ello sea posible y ratifica la Delegación de México las observaciones que fueran formuladas por la Cancillería Mexicana contenidas en el pliego que dirigió a la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos y que aparecen en el documento de trabajo no. 11 de esta conferencia; se reserva esta delegación la formulación de nuevas observaciones, conforme adelanten los trabajos de esta comisión; desde luego, debe destacarse que en las observaciones contenidas en el documento 11, se dice textualmente que ‘el Gobierno de México, no podrá otorgar su apoyo a disposición alguna que resultase incompatible con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, posición esta que será la norma invariable de nuestra delegación.

"La razón de ello se encuentra en que el texto del artículo 133 de nuestra Constitución da el carácter de Norma Constitucional, con toda su validez y obligatoriedad a los tratados celebrados de acuerdo con la propia Constitución, por lo cual, no podremos, en ningún momento apoyar las partes del proyecto que resulten contradictorias o incompatibles con las normas constitucionales mexicanas."

"Doc.66

"20 noviembre 1969

"Declaración de la Delegación de México para ser incluida en el acta final de la Conferencia sobre Derechos Humanos.

"1. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos autoriza de manera general la suspensión de los derechos que fueren obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a situaciones de grande emergencia. En consecuencia, la Delegación Mexicana expresa su reserva al numeral 2 del artículo 28, que limita esta autorización de suspensión por lo que respecta a ciertos y determinados derechos.

"2. La Delegación de México entiende que el inciso d) del artículo 43 no elimina el requisito de la previa anuencia de los Estados Partes para que la Comisión de Derechos Humanos pueda funcionar dentro de sus respectivos territorios.

"3. El Gobierno de México apoya el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en el carácter optativo de su jurisdicción".

Antecedente histórico que quedó plasmado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del tenor siguiente:

"Preámbulo

"Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

"Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;

"Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

"Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

"Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia."

Atendiendo la evolución de la posición del Gobierno de México, a que se hizo referencia, en la sesión celebrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de agosto del año que transcurre, correspondiente a la contradicción de tesis número 293/2011, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en atención a la opinión de siete Ministros integrantes del Tribunal Pleno, el Ministro ponente propuso el proyecto en el cual se establecía que se conservaba el rango constitucional de los derechos de fuente internacional, pero se establecía también que cuando hubiera una restricción expresa en la Constitución, se tendría que estar a lo que marcara la norma constitucional, ello en razón de que -según manifestación del Ministro Valls Hernández- es la propia norma constitucional la que articula el sistema.

Propuesta anterior que fue aprobada en sesión de tres de septiembre siguiente, por lo cual, se tiene que la posición del Máximo Tribunal del País, en lo tocante a cómo debe realizarse el estudio de los derechos humanos, es en el sentido de que se conserva el rango constitucional de los derechos de fuente internacional, pero se estableció también que cuando exista una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a lo que marcara la Norma Constitucional.

Por otra parte, se considera conveniente atender a la doctrina como argumento de autoridad, la cual aunque por sí misma no constituye norma jurídica y como tal, por sí sola no puede fundar una resolución; sin embargo, sí es factible usarla como consulta que apoye el criterio del juzgador.

Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. LXIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, página cuatrocientos cuarenta y ocho, que dispone:

"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."

En ese sentido, se acude a la opinión del tratadista Sergio García Ramírez, contenida en la obra "El Control Difuso de Convencionalidad" diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Jueces nacionales, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coordinador), Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, Sociedad Civil, colección FUNDAp Constitucionalismo y Derecho Público, Estudios, dos mil doce, primera edición, páginas doscientos treinta y tres y doscientos treinta y cuatro, que es del tenor siguiente:

"9. Control interno de convencionalidad derivado del carácter subsidiario de la jurisdicción internacional de la ‘vocación’ institucional de la Corte IDH.

"La jurisdicción interamericana no pretende y jamás se propuso sustituir a las jurisdicciones nacionales en el oficio protector de los derechos humanos. Esto consta en los trabajos preparatorios de la Convención, entre ellos las deliberaciones en la Conferencia de 1969 celebrada en San José, y en la posición expresamente adoptada al término de ella por la delegación mexicana, que figura en el acta final del encuentro. Esa jurisdicción a cargo de la Corte IDH tiene carácter subsidiario o complementario. Tal es su naturaleza, de la que no se ha apartado ni podría hacerlo, jurídica y prácticamente.

"Por ende, la justicia supranacional interviene en supuestos bien acotados; cuando la jurisdicción interna no opera o no resuelve debidamente la violación cometida; se solicita, a partir de aquella condición y una vez agotados los recursos internos para combatir el desvío o la inactividad del Estado, la apertura de la vía internacional ante la Comisión Interamericana y ésta resuelve de manera favorable -por acuerdo de admisibilidad- la solicitud del interesado; y finalmente la propia comisión lleva el litigio al conocimiento de la Corte.

"El Tribunal de San José ha deslindado dos momentos o situaciones con respeto a la responsabilidad del Estado reclamable ante los tribunales. El primer momento corresponde a la aparición de la responsabilidad internacional del Estado, que se plantea cuando éste incurre en un hecho internacionalmente ilícito (violación de la CADH y otros tratados del ámbito americano, a los que me he referido). El segundo momento corresponde a la actualización de la competencia de la Corte IDH para conocer de esa violación y resolver mediante sentencia, que proviene de un dato diferente y posterior al momento que enuncié en primer término: la inexistencia o inoperancia del recurso interno para la debida solución del agravio.

"En fin de cuentas, todo el sistema jurisdiccional internacional está montado sobre la idea de dar al Estado la oportunidad de resolver internamente el litigio, a través de los medios domésticos conducentes a ese fin. Uno de ellos es la actividad jurisdiccional. Ésta no puede perder de vista el carácter ilícito del hecho aducido, desde la perspectiva internacional, además de la calificación que le corresponda desde la nacional. De ahí se sigue que la jurisdicción doméstica debe salir al paso de la ilicitud internacional y aplicar las normas que establecen la existencia de ésta, sus características y consecuencias. De nueva cuenta nos encontramos con un fundamento para la operación -ordenada y armoniosa- del control interno de convencionalidad.

"En este campo de consideraciones, conviene tener en cuenta que la aplicación del DIDH omitida por la jurisdicción interna, que desdeña la oportunidad para asumirla, será la practicada por la jurisdicción internacional, que actuará subsidiariamente, en su propia oportunidad, para aplicar las disposiciones jurídicas internacionales quebrantadas o desatendidas. Existe, pues, ocasión para resolver en la vía interna lo que finalmente se traslada a la justicia internacional.

"Bajo esta óptica conviene juzgar y entender el flujo de ‘casos mexicanos’ a la Corte Interamericana, que ha sido inusualmente intenso: 6 litigios en poco más de tres años. No sobra mencionar que en ese conjunto figuran hechos y conceptos de violación reiterados. La situación es comparable -en términos de frecuencia de litigios- a la que se presentó hace algunos años en relación con Perú, donde prevalecían condiciones de manifiesto autoritarismo, situación diferente de la que se plantea en el caso de México."

De igual manera, se tiene presente el voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de veinte de marzo de dos mil trece, en la resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso **********, en el cual, en lo conducente, se estableció que:

"Voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013.

"...

"44. La eficacia interpretativa de la norma convencional debe entenderse como la posibilidad de lograr una efectividad regional estándar mínima de la Convención Americana para ser aplicable por todas las autoridades en el ámbito nacional. Lo anterior se deriva de los artículos 1.1(58) y 2(59) del propio Pacto de San José, en virtud de que existe la obligación de los Estados Parte de ‘respetar’ y ‘garantizar’ los derechos y libertades, así como la obligación de ‘adecuación’ -normativa e interpretativa- para lograr la efectividad de los derechos y libertades cuando no estén garantizados. Esta última obligación de los Estados Parte es de singular importancia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y constituye uno de los aspectos fundamentales que lo distingue del Sistema Europeo.

"...

"52. En todo caso las autoridades nacionales pueden válidamente ampliar la eficacia de la norma convencional a través de la interpretación más favorable en aplicación del principio pro personae, que además obliga al Estado debido a lo previsto en el artículo 29.b) del Pacto de San José, en la medida en que ninguna disposición de esta Convención puede ser interpretado en el sentido de que ‘limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados.’

"53. Lo anterior es de importancia para comprender que la eficacia interpretativa de la norma convencional, al constituir un estándar mínimo regional de aplicabilidad nacional constituye una pauta hermenéutica fundamental e imprescindible de mínimos en materia de derechos humanos; de tal manera que pueden las autoridades nacionales (administrativas, legislativas o jurisdiccionales) de cualquier nivel (municipal, regional, estadual, federal o nacional) de los Estados Parte de la Convención, eventualmente apartarse del criterio interpretativo de la Corte IDH cuando se realice de manera razonada y fundada una interpretación que permita lograr un mayor grado de efectividad de la norma convencional a través de una interpretación más favorable de la ‘jurisprudencia interamericana’ sobre el derecho humano en cuestión.

"...

"55. En otras palabras, la eficacia interpretativa de la jurisprudencia interamericana hacia todos los Estados Parte de la Convención Americana deriva de la misma eficacia jurídica de este instrumento internacional, al desplegar sus efectos en un Estado por el sólo hecho de ser parte del mismo;(86) y, consecuentemente, para cumplir con su obligación convencional de respeto, garantía y adecuación (normativa/interpretativa) a que se refieren los artículos 1o. y 2o. se requiere una efectividad mínima de la propia Convención Americana, que sólo podría lograrse con la adecuación interpretativa mínima que las autoridades nacionales realicen de la norma convencional a la luz de la jurisprudencia interamericana. Lo anterior, debido a que es el propio Pacto de San José el que establece como único órgano competente de naturaleza ‘jurisdiccional’ para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte de la Convención Americana, con competencia para ‘interpretar’ y ‘aplicar’ la Convención,(87) y en caso de existir una violación garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado; es decir, la jurisprudencia de la Corte IDH condiciona el mínimo de efectividad de la norma convencional que deben aplicar las autoridades nacionales del Estado Parte para poder cumplir con sus obligaciones convencionales que derivan de los artículos 1o. y 2o. del Pacto de San José, relacionado también con el principio pro personae contenido en el artículo 29 de la propia Convención Americana.

"69. En cambio, diversa eficacia de vinculación produce la sentencia interamericana para los demás Estados Parte que no intervinieron en el proceso internacional, al sólo limitarse a la ‘jurisprudencia interamericana’, es decir, a la ‘norma convencional interpretada’ y no así a la totalidad del fallo. Esta eficacia interpretativa es ‘relativa’, en la medida en que se produce siempre y cuando no exista una interpretación que otorgue mayor efectividad a la norma convencional en el ámbito nacional. Esto es así, ya que las autoridades nacionales pueden ampliar el estándar interpretativo; incluso, pueden dejar de aplicar la norma convencional cuando exista otra norma nacional o internacional que amplíe la efectividad del derecho o libertad en juego, en términos del artículo 29 de la Convención Americana. Además, deben considerarse las reservas, declaraciones interpretativas y denuncias en cada caso, si bien en esos supuestos la Corte IDH puede, eventualmente, pronunciarse sobre su validez y adecuada interpretación, como lo ha realizado en algunas ocasiones.

"72. En cambio, la sentencia del Caso Gelman produc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24927-5fa15f88/control-difuso-de-convencionalidad-ex-officio-cuando-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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