SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO.
AMPARO EN REVISIÓN 6/2013. 4 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: MARVELLA PÉREZ MARÍN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Previo a exponer las consideraciones y fundamentos legales necesarios para justificar la calificación que merecen los motivos de disenso, es oportuno destacar algunos de los antecedentes deducidos de las constancias que integran el amparo indirecto, mismas que fueron remitidas por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y que adquieren eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, por tratarse de documentos públicos, se advierte lo siguiente:
1. El veinticinco de julio de dos mil doce, **********, por su propio derecho, promovió demanda de garantías, en la que reclamó del director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del subdirector de Pensiones, delegado Regional en la Zona Sur y del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Sur, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los actos consistentes en la aplicación retroactiva de las reformas a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y derivado de ello, la omisión de pagar dicha pensión, incrementando el monto al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en los términos del precepto legal en cita, que estuvo en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.
2. Por acuerdo del veintiséis de julio de dos mil doce, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, admitió la demanda de amparo citada, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional el veintiocho de noviembre de dos mil doce, dio la intervención que correspondía al Ministerio Público de su adscripción y requirió a las autoridades responsables sus informes justificados.
3. Seguido el juicio de amparo por sus etapas procesales correspondientes, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en la cual el Juez de amparo dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio de garantías por estimar esencialmente que el quejoso no acreditó la existencia de los actos reclamados.
Para resolver en esos términos, el Juez Federal precisó en el considerando segundo que de acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al fallar la contradicción de tesis 67/2012, el acto reclamado por el quejoso era:
"... La determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos".
Y no como lo había señalado en la demanda de amparo:
"... la aplicación retroactiva y en mi perjuicio de las reformas a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ..."
Lo anterior, dijo, toda vez que dicho planteamiento más que acto reclamado destacado, en realidad era un aspecto que debía dilucidarse en el fondo del asunto.
Enseguida, en el considerando tercero de la resolución que se revisa, el Juez Federal determinó sobreseer el juicio de garantías, dando como razón que las autoridades responsables negaron el acto reclamado, y atendiendo a los términos en que, de acuerdo con lo expuesto, debía entenderse el acto reclamado, el que conforme a lo también determinado por el alto tribunal, era de naturaleza positiva, lo cual implicaba que a la parte quejosa correspondía demostrar la certeza del citado acto (la determinación y cálculo de los incrementos de la pensión controvertida, conforme el aumento del salario mínimo general para el Distrito Federal, durante el plazo que abarca del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, ni de acuerdo al incremento en que el año calendario anterior hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del uno de enero de cada año, del periodo que corre del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de marzo de dos mil siete, fecha en la cual el artículo 57 aplicable en esa etapa, dejó de tener vigencia, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete), carga probatoria con la que incumplió el peticionario del amparo.
Que lo anterior era así, no obstante que el impetrante hubiera ofrecido diversas documentales, en virtud de que las mismas eran insuficientes para acreditar que la autoridad responsable incrementó los montos de su pensión con apoyo en las reformas sufridas por el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y del uno de enero de dos mil dos.
Además, agregó, la prueba pericial en materia de contabilidad, tampoco podía acreditar la existencia de dicho acto, pues la misma no era el medio de convicción idóneo para demostrarlo, ya que su finalidad era justificar la "aplicación retroactiva" del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que constituía el vicio de inconstitucionalidad del acto reclamado, el que no podía valorarse al momento de verificar la existencia del acto reclamado por ser una cuestión de fondo.
La anterior resolución constituye la materia del presente recurso.
CUARTO. A efecto de justificar racional y objetivamente la decisión en este asunto, desde el punto de vista metodológico, tanto internamente a través de los principios de la lógica formal, como externamente, desde la argumentación relativa a la norma y a los hechos, partiendo de la base de que el derecho es una ciencia formal, se acudirá a los principios que integran la investigación científica en el ámbito jurídico y, de manera específica para resolver los problemas principales, al silogismo judicial.
Primer problema jurídico.
En el presente asunto, la cuestión medular a dilucidar, consiste en determinar si por virtud de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo donde el quejoso sea pensionado, procede o no suplir la deficiencia de la queja.
Hipótesis.
Consiste en demostrar que la forma correcta de interpretar el enunciado contenido en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser en el sentido o significado de que la suplencia de la queja deficiente también debe aplicarse en favor de los quejosos cuando son pensionados, lo que se justificará atendiendo a los argumentos derivados de los contextos de interpretación gramatical y funcional.
Argumentación justificativa externa.
Fuente normativa.
En principio es necesario precisar que como la cuestión a dilucidar constituye un tema complejo, se acudirá a los métodos de interpretación que ofrece la doctrina jurídica (teoría de la argumentación), ello para dar el correcto y adecuado sentido a la norma que se interpreta.
Así pues, en principio, debe advertirse que el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, prevé lo siguiente:
"Artículo 14.
"...
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
El precepto transcrito autoriza, frente a la insuficiencia u obscuridad de la letra de la ley, a utilizar mecanismos de interpretación jurídica y a falta de éstos el uso de Principios Generales de Derecho, para resolver los juicios del orden civil.
Lo anterior se corrobora con el contenido de la tesis aislada número 1a. XI/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXV, febrero de 2007, página 653, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe:
"LEYES CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. Conforme al párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, esto es, los Jueces están ligados a los textos legales si éstos les brindan la solución buscada. En ese tenor, se concluye que las leyes civiles no necesariamente han de interpretarse literal o gramaticalmente, pues frente a su insuficiencia u oscuridad, los juzgadores pueden utilizar diversos mecanismos de interpretación -histórico, lógico, sistemático, entre otros-, sin que estén obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden recurrir al que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto."
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que la utilización de los métodos de interpretación en el dictado de las sentencias, no sólo deben hacerse en los juicios del orden civil, sino también en los que correspondan a las diversas materias, entre las que se encuentran la administrativa y la laboral.
Lo anterior fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada número 2a. XCVIII/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, Novena Época, página 226, que dispone:
"JUICIOS DEL ORDEN CIVIL. LA EXPRESIÓN RELATIVA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE APLICA TAMBIÉN A LOS JUICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA (EN SENTIDO AMPLIO) Y LABORAL. El citado precepto, al establecer que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho, no debe interpretarse en el sentido de que sólo rige para los juicios civiles, esto es, el Constituyente introdujo esa referencia para distinguir a los juicios del orden penal del resto de procedimientos de diversa materia, lo que implica que la expresión ‘en los juicios del orden civil’ se aplica también a los juicios de materia administrativa (en sentido amplio) y laboral, así como a los propiamente civiles."
De acuerdo con el anterior criterio, y para el efecto de resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado acudirá a la utilización de distintos métodos de interpretación, que de manera concurrente y armónica permitan atribuir al enunciado jurídico el sentido o significado correcto para resolver el problema jurídico aducido en el presente caso.
Para conocer el contenido de los métodos de interpretación que sirven para encontrar los razonamientos que sustenta la presente ejecutoria, se acudirá a la doctrina, como fuente orientadora necesaria para darle claridad al asunto.
En relación con el tema de la doctrina jurídica o derecho científico el autor Josep Aguiló Regla(1) indica que se encuentra dentro de los catálogos de fuentes del derecho, pero sin que se hubiera afirmado nada semejante a que los juristas teóricos sean autoridades jurídicas en el sentido en que lo son los legisladores y los Jueces. La relevancia de la doctrina jurídica para la teoría de las fuentes proviene de que la labor teórica que realizan los dogmáticos, consiste fundamentalmente en una mediación entre la generalidad de las normas jurídicas explícitas y las soluciones de los casos particulares; extraen y justifican conclusiones normativas que se presentan como explicaciones del derecho implícito; son (o pretenden ser) el resultado de la elaboración racional del derecho explícito. En definitiva la utilidad de la dogmática radica en que su labor consiste, precisamente, en suministrar razones para resolver casos concretos más allá de las estrictamente suministradas por el derecho explícito.
Además, la invocación de la doctrina encuentra sustento en la tesis aislada número 2a. LXIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XIII, mayo de 2001, página 448, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."
Acorde con lo anterior, en principio se considera conveniente establecer qué se entiende por métodos de interpretación.
El autor Eduardo García Máynez estableció:
"167. Concepto de interpretación. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las expresiones, para descubrir lo que significan. La expresión es un conjunto de signos; por ello tiene significación.
"...
"172. Métodos y escuelas de interpretación.
"...
"La interpretación es un arte y, consecuentemente, posee una técnica especial. Pero como toda técnica supone el correcto empleo de una serie de medios, para la obtención de ciertos fines, resulta indispensable estudiar los métodos interpretativos, ya que el buen éxito de la actividad del intérprete dependerá de la idoneidad de los procedimientos que utilice.
"En lo que toca a la cuestión metodológica, las discrepancias de los autores no son menos profundas que en lo que atañe al concepto de la interpretación y a la definición del sentido de la ley. Y es que la idea que del sentido de la ley se tenga, necesariamente influye sobre la elección de los procedimientos interpretativos. Si verbigracia, se considera que la interpretación posee como fin el descubrimiento de la voluntad del legislador, el estudio de los trabajados preparatorios y de las exposiciones de motivos adquirirá importancia incomparablemente mayor que la que se le concede dentro del marco de una concepción lógico-sistemática del orden legal."(2)
De lo anterior, se tiene que los métodos de interpretación son los caminos o medios con los que cuenta el juzgador, para poder desentrañar el correcto sentido de una norma y éste está condicionado en mayor medida a la selección de los procedimientos interpretativos para buscar el significado del o de los enunciados jurídicos.
En relación con los criterios o métodos de interpretación resulta imprescindible acudir a la opinión del destacado filósofo del derecho Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, que sostiene con claridad meridiana lo siguiente:
"4. Naturaleza y función de los criterios para la interpretación.
"En consonancia con los tres contextos causantes de las dudas y controversias interpretativas antes señalados (lingüístico, sistémico y funcional), es importante tener en cuenta que las normas jurídicas, aunque naturalmente estén expresadas en un lenguaje, no tienen sólo una ‘dimensión’ lingüística, sino que se encuentran insertas también en una dimensión sistémica y en otra funcional, siendo todas ellas relevantes para la determinación de los significados de los enunciados normativos y para el uso de las reglas de interpretación. Intentaré explicarlo.
"Como acabo de indicar, las normas jurídicas poseen esas tres ‘dimensiones’ (o están situadas en esas tres coordenadas), ya que están formuladas o expresadas necesariamente en un lenguaje (dimensión lingüística), una vez promulgadas se insertan en ese conjunto ordenado que denominamos el ‘sistema jurídico’ (dimensión sistémica) y, por último, la promulgación de las normas jurídicas, o la actividad legislativa en general, persigue objetivos o finalidades igualmente relevantes para la determinación del significado de los enunciados dudosos, o para la justificación de los significados controvertidos.
"Esta triple dimensión de las normas jurídicas explica, como ya he indicado, que las dificultades interpretativas (tanto las dudas, como las controversias) se sitúen no sólo en lo que he denominado el contexto lingüístico, sino también en el sistémico o en el funcional. Como consecuencia de esta circunstancia pueden realizarse también dos afirmaciones relativas a las reglas para la interpretación.
"Primera, que las reglas, instrumentos o criterios interpretativos responden a esas tres dimensiones y tienen en cuenta los paralelos tres contextos, por lo que pueden ser clasificados en tres grupos:
"a) Instrumentos del criterio de interpretación gramatical: el argumento semántico y el argumento a contrario.
"b) Instrumentos del criterio de interpretación sistemático: el argumento a cohaerentia, el argumento sedes materiae, el argumento a rúbrica, el argumento sistemático y el argumento de la no redundancia.
"c) Instrumentos del criterio de interpretación funcional: el argumento teleológico, el argumento histórico, el argumento psicológico, el argumento pragmático, el argumento a partir de los principios y el argumento por el absurdo.
Ver cuadro
"La segunda consideración es que el diseño de los criterios para la interpretación del Derecho Electoral Mexicano contenido en la Constitución, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral puede ser entendido como un conjunto de directivas que tienen en cuenta la ya tan repetida triple causa de las dudas y discrepancias interpretativas, y que es consciente de la triple dimensión de las normas jurídicas como un elemento determinante para la determinación del significado de los enunciados normativos. Por ello, e independientemente de las indeterminaciones ya indicadas, las reglas para la interpretación pueden ser reinterpretadas como un mandato dirigido al intérprete para que en la atribución de significado a los enunciados normativos se tenga en cuenta siempre no sólo el lenguaje empleado por el legislador, sino igualmente el contexto normativo del enunciado interpretado y la finalidad de la norma, sus consecuencias, la realidad social y otras circunstancias relevantes.
"Mi conclusión sería que, a la vista de lo señalado, ante una duda interpretativa para elegir uno de los significados posibles o ante una discrepancia para justificar el significado elegido, el intérprete debe emplear siempre reglas o instrumentos de interpretación de los tres tipos, sometiendo el significado propuesto a un triple control o test lingüístico, sistemático y funcional.
"...
"Creo que las razones que apoyan ese triple control lingüístico, sistemático y funcional son múltiples y variadas, pero me limitaré a mencionar las que considero más relevantes:
"a) Porque, en caso de duda interpretativa, ese es el único modo de confirmar (o no) la idoneidad del significado sugerido por uno de los tipos de reglas de interpretación.
"b) Porque, en caso de controversia interpretativa, sólo así puede determinarse si los argumentos a favor de otro de los posibles significados son o no más convincentes o persuasivos que los empleados para justificar el significado seleccionado.
"c) Porque, finalmente, con carácter general debe siempre justificarse por qué a un enunciado no se le asigna su significado lingüístico o el que se corresponda con la voluntad del legislador histórico que lo promulgó, justificaciones que exigen necesariamente el manejo de reglas de interpretación lingüísticas, sistemáticas y funcionales.
"Finalmente, me parece importante subrayar de nuevo la polivalencia de los criterios para la interpretación y de los instrumentos o argumentos encuadrables en cada uno de ellos. A partir de la triple dimensión de las normas jurídicas y de sus paralelas causas de duda o de controversia a las que pretenden responder los criterios gramatical, sistemático y funcional, puede afirmarse que estos últimos sirven, al menos, para todas estas operaciones:
"1. Para la elección de uno de los significados posibles de la disposición normativa en los casos de duda.
"2. Para la justificación del significado de la disposición normativa elegido en los casos de discrepancia o controversia interpretativa.
"3. Para la justificación del rechazo de uno de los significados posibles o propuestos de una disposición normativa.
"4. Para resolver lagunas jurídicas, es decir, para obtener una norma jurídica que contemple los hechos del caso prima facie no previstos en ninguna norma del sistema.
"5. Para evitar lagunas jurídicas, es decir, para justificar la inclusión en el ámbito de aplicación de una norma de un supuesto que prima facie no lo estaba.
"6. Para provocar lagunas jurídicas, es decir, para justificar la exclusión en el ámbito de aplicación de una norma de un supuesto que prima facie parecía estarlo y conseguir con ello asignarle una consecuencia jurídica distinta.
"7. Para justificar la resolución de antinomias cuando las reglas de la jerarquía, la cronología y la especialidad son inaplicables.
"8. Para evitar antinomias otorgando a dos enunciados prima facie contradictorios significados compatibles.
"9. Para provocar derogaciones o anulaciones normativas asignando a una disposición un significado incompatible con una norma superior o posterior.
"5. El orden de prelación en la utilización de los criterios gramatical, sistemático y funcional.
"En el punto anterior he pretendido justificar que en la motivación de cualquier decisión interpretativa, sea en caso de duda o en caso de controversia, deben tenerse en cuenta los tres contextos para la interpretación, sometiendo el significado elegido o propuesto a ese triple control gramatical, sistemático y funcional. La cuestión que corresponde abordar a continuación es, por un lado, el orden en el empleo de los criterios y, por otro, cómo se conjuga la utilización de los criterios con los instrumentos o argumentos que a ellos pertenecen.
"En primer lugar, debe afirmarse con rotundidad que, a pesar del tenor literal de los artículos 3.2 del COFIPE y 2 de la LGSMIME, la consideración de los criterios interpretativos no tiene por qué ser necesariamente en el orden por ellos empleado, es decir, comenzando por el criterio gramatical, continuando por el criterio sistemático y finalizando por el criterio funcional.
"...
"Como he indicado un poco más arriba, parece adecuado, siempre que se proceda a la atribución de significado a una disposición, el empleo de argumentos o instrumentos de interpretación pertenecientes a los tres contextos. De ese modo, se abre la posibilidad de confirmar el significado sugerido por uno de ellos, de confrontar los argumentos de un contexto con los de los demás y, finalmente, cuando sea necesario, de proporcionar argumentos sistemáticos o funcionales que justifiquen el rechazo del significado sugerido por los argumentos gramaticales, o cualquier otro argumento que justifique apartarse de la voluntad del legislador expresada en el texto o en cualquier otra fuente.
"Debe tenerse en cuenta, no obstante, que, de un modo u otro, los tres contextos remiten a la voluntad del legislador y a sus atributos de racionalidad. Es más, esas tres precisas dimensiones de las normas jurídicas y los argumentos que a partir de ellas permiten las atribuciones de significado a los enunciados y su justificación, encuentran su explicación en esa imagen personificada e idealizada de un legislador racional.
"a) El contexto gramatical es relevante en la interpretación porque el texto redactado por las autoridades normativas es la primera fuente de su intención.
"b) El contexto sistemático debe tenerse en cuenta ya que el legislador es ordenado y coherente, por lo que su voluntad normativa también se manifiesta en la ubicación dentro del sistema de sus productos normativos, en el orden de los artículos, los títulos de las leyes y de los capítulos, etc.
"c) Finalmente, el contexto funcional no debe olvidarse ya que el legislador persigue objetivos concretos con la legislación, pretende obtener determinados efectos con las normas jurídicas, e incluso puede estar interesado en la adaptación de los significados atribuidos a los enunciados que redacta a la cambiante realidad social, aunque él mismo no cometa una reforma legislativa.
"Que los tres criterios para la interpretación deban tenerse en cuenta siempre no significa, naturalmente, que ante cualquier duda o discrepancia interpretativa deban emplearse siempre todos los argumentos o instrumentos interpretativos. Según la propuesta que estoy realizando, para una adecuada motivación de la decisión interpretativa será preciso utilizar argumentos basados en los tres contextos, pero no todos ellos. La cuestión es cuál o cuáles deben elegirse en cada momento.
"Por supuesto es imposible proporcionar criterios generales que orienten al intérprete en esa elección, ya que habrá que apreciarlo caso por caso. Me atrevo, no obstante, a efectuar tres consideraciones:
"a) Con carácter de principio deberá elegirse aquel argumento que mejor justifique el significado asignado. Determinar cuál es ese es una cuestión mucho más delicada porque la justificación de un significado tiene una parte importante de persuasión, de convencimiento a los destinatarios de la decisión y, en consecuencia, su mayor o menor capacidad justificativa va a determinarse por relación con los argumentos aportados para justificar otro de los significados posibles.
"b) Parece adecuado optar por el argumento que se vea apoyado por otros argumentos, es decir, que forme parte de una cadena argumentos, es decir, que forme parte de una cadena argumentativa sólida. Sólo así puede ser considerado confirmado el significado asignado y justificado el rechazo de otros significados, posibles del enunciado.
"c) Por último, es necesario tener presente, con palabras de Giovanni Tarello, que la atribución de significado a un documento normativo se lleva a cabo en un contexto histórico-cultural determinado caracterizado por reglas y hábitos interpretativos cuyo seguimiento facilita, en principio, la admisibilidad de la propuesta de significado realizada. El seguimiento de esas reglas y hábitos interpretativos no es, de cualquier modo, garantía del ‘éxito’ de la interpretación efectuada por los amplios márgenes de indeterminación que dejan.
"Conviene no olvidar, a pesar de todo, que la motivación (en general, pero sobre todo la) de la decisión interpretativa no tiene únicamente por destinatarios a las partes del proceso y eventualmente a los Jueces revisores de la decisión (función endoprocesal de la motivación), sino que también debe convencer a la sociedad en general y a la comunidad jurídica en concreto (función extraprocesal de la motivación), por lo que la elección de argumentos deberá necesariamente tener presentes los valores y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24428-07345acb/suplencia-de-la-queja-deficiente-procede-en-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- BONOS DE DESPENSA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. AL RECLAMARSE SUS INCREMENTOS POR SER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS DEL ISSSTE, NO SE PUEDE DESCONOCER EN B (AMPARO DIRECTO)
- BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. CORRESPONDE AL JUBILADO PROBAR SU INCREMENTO, EN TANTO QUE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LAS PERSONAS PENSIONADAS POR JUBILACIÓN (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO). (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE FACULTADES PARA EMITIR RESOLUCIONES QUE RESUELVAN EN DEFINITIVA EL PROCEDIMIENTO LABORAL O LO DEN POR CONCLUIDO. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO. (XI.5o.(III Región) J/7 (10a.))
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. (2a. XCV/2014 (10a.))
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS SI EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTROVIERTEN LEYES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE REGLAM ((IV Región)2o. J/3 (10a.))
- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES UN BENEFICIO QUE EN EL AMPARO EN MATERIA LABORAL (III.2o.T.56 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis