BONOS DE DESPENSA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. AL RECLAMARSE SUS INCREMENTOS POR SER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS DEL ISSSTE, NO SE PUEDE DESCONOCER EN BASE A JURISPRUDENCIA POSTERIOR, PUES, DE HACERLO, SE VULNERA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.
AMPARO DIRECTO 656/2016. 19 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio de los conceptos de violación. Son fundados los motivos de disenso planteados por la parte quejosa.
Es importante destacar que la parte quejosa tiene el carácter de pensionista, al así demostrarse con la concesión de pensión y los recibos o comprobantes de pago que obran a fojas de la 34 a la 57 del juicio contencioso administrativo de origen, documentales de las cuales se advierte que a la aquí quejosa le fue concedido ese carácter a partir del uno de julio de dos mil ocho, aunado a que, precisamente, en el juicio de origen reclama la negativa de diversos incrementos a la misma.
Tal aspecto es relevante para este Tribunal Colegiado, al tener el criterio de que tratándose de pensionistas, es procedente la suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, la referida suplencia en el presente caso se sustenta en el hecho de que, aunque la quejosa no acuda con la calidad de trabajadora, existen mayores razones para que opere cuando acude con el carácter de pensionada, dado que el estado de vulnerabilidad que caracteriza al trabajador en el marco de las relaciones obrero-patronales, no sólo permanece, sino que se agrava cuando termina la relación laboral, puesto que la pensión en la mayoría de los casos constituye su único ingreso, lo que provoca que se vea imposibilitada para contar con la asesoría legal adecuada, particularmente cuando lo que se controvierte es el otorgamiento o ajuste de su pensión.
Por otra parte, si bien es de hacer notar que el presente asunto no deriva materialmente de un asunto laboral, lo cierto es que en el juicio de origen sí se controvierte la negativa a incrementar o ajustar su pensión; razón para suplir la deficiencia de la queja, ya que la quejosa no puede disfrutar de la pensión a que tiene derecho, lo que provoca -debe recordarse que, como ya se dijo, en muchos casos esta pensión es su único ingreso- que no tenga los medios suficientes para contar con la asesoría legal adecuada.
Apoya lo anterior la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1106, con registro digital: 2007681, cuyos título, subtítulo y texto señalan:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."
Aspectos que, incluso, también han sido materia de pronunciamiento por el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1723, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, jurisprudencia PC.XII.A. J/1 A (10a.) «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas», que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho a una pensión jubilatoria por parte del ISSSTE constituye un derecho fundamental de seguridad social tutelado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que, atendiendo al principio de interpretación más favorable a la persona, inmerso en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, que exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el alcance que debe darse a la figura de la suplencia de la queja deficiente consignada en los artículos 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción V, de la vigente, no sólo comprende a los trabajadores en activo, sino también a los pensionados por el instituto mencionado, ya que sería injusto sostener que por la naturaleza administrativa del acto impugnado en el juicio de nulidad y desconociendo el carácter de trabajador en retiro o jubilado del quejoso, no procediera la suplencia de la queja deficiente en su favor cuando demanda la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria, toda vez que no existe duda de que los derechos controvertidos emergen de una relación de naturaleza laboral, pues la pensión deriva de haber cumplido con los requisitos previstos por la ley respectiva para disfrutar de ese beneficio y sigue prevaleciendo, incluso acrecentado, su estado de debilidad."
También resulta aplicable el criterio jurisprudencial (IV Región)2o. J/3 (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2110, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas», que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS SI EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTROVIERTEN LEYES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE REGLAMENTAN LO RELATIVO A LAS GARANTÍAS DERIVADAS DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada dispone que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. En ese sentido, de una interpretación conforme de dicha norma con el contenido de los preceptos 1o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que cuando aquella ley dispone que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios, en favor de la parte trabajadora, la aplicación de la figura jurídica protectora de referencia también debe observarse cuando se trate del amparo promovido por un pensionado o jubilado. Ello es así, porque dicha interpretación garantiza a estas personas el derecho de tutela judicial efectiva, pues se salvaguardan sus derechos de seguridad social a través de la suplencia de la queja, impidiendo que cuestiones técnicas, tanto de deficiencia de agravios como de prueba, tengan como consecuencia una afectación en su bienestar y dignidad de vida. Más aún, si se tiene en cuenta que el pensionado o jubilado no se encuentra en una condición de desigualdad diferente a la de los trabajadores en activo, por el contrario, esa desigualdad empeora por las circunstancias propias de la edad en que acontece el evento por el que se encuentra en esa situación (pensionado o jubilado), pues generalmente recibe un ingreso menor (al no integrarse la pensión con todos los conceptos que se perciben cuando se está en activo), se encuentra más expuesto a alguna enfermedad y día a día pierde fuerza física, por mencionar algunas de esas circunstancias. Por tanto, debido a que continúa subsistiendo la condición de desigualdad del trabajador en retiro o jubilado, aunque ahora frente a la institución de seguridad social encargada de brindarle las prestaciones relativas, cuando se controviertan leyes generales en materia de seguridad social, que reglamentan lo relativo a las garantías de los trabajadores (en activo o pensionados) estatuidas en el citado artículo 123, apartado B, fracción XI, debe aplicarse la suplencia en la deficiencia de la queja en favor de la quejosa. Máxime si la interpretación efectuada al enunciado contenido en el referido artículo 76 Bis, fracción IV, es acorde con la tesis 2a. CXXVII/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1593, de título y subtítulo: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.’, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente dicho principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013."
Incluso, este Tribunal Colegiado es del citado criterio, pues ha razonado en ese sentido al resolver, por ejemplo, el amparo en revisión 37/2016, fallado por los integrantes de este Tribunal Colegiado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el cual, en la parte que interesa, a la letra dice:
"En este punto, es necesario precisar que la parte quejosa no esgrimió concepto de violación alguno, no obstante, en suplencia de la queja procede analizar el artículo 105 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (sic), con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador.
"En el caso, por tratarse de un quejoso pensionista que estima una transgresión al derecho de seguridad social establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede en esta instancia, en suplencia de la queja, analizar la regularidad constitucional del precepto que estima inconstitucional, de conformidad con la jurisprudencia, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 1723, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (En la ejecutoria se transcribe el texto de la tesis)
"También resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se comparte, visible en la página 2110, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, Décima Época de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS SI EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTROVIERTEN LEYES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE REGLAMENTAN LO RELATIVO A LAS GARANTÍAS DERIVADAS DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).’ (En la ejecutoria se transcribe el texto de la tesis)
"Análisis que será realizado en confrontación del principio a la seguridad y previsión social consagrado en el artículo 123 constitucional."
Establecido lo anterior, es dable sostener que este Tribunal Colegiado se encuentra obligado a suplir la deficiencia de la queja en el presente asunto.
Bajo estas premisas, los conceptos de violación analizados en su deficiencia son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.
En efecto, es fundado el primer concepto de violación, pues como lo alega la quejosa, la sentencia reclamada infringe el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, toda vez que la Sala responsable, al examinar la litis, omitió pronunciarse respecto de todas las pretensiones de la parte quejosa, específicamente en lo que concierne al aumento que reclama respecto de la cuota diaria de pensión, considerando que dichos aumentos deberían haber sido conforme al mismo porcentaje que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año de calendario inmediato anterior, y que, en el caso de que este porcentaje fuera menor al aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo de la misma categoría laboral o plaza que ostentó cuando se retiró del servicio activo, entonces se aplicaría este último criterio.
Al respecto, la Sala Fiscal sólo adujo, en el considerando quinto, de la sentencia reclamada, que estimaba infundado el concepto de impugnación primero, toda vez que la actora debió demostrar en el juicio el porcentaje del aumento de los trabajadores en activo de su mismo nivel por cada año de servicios y, en su caso, si el referido aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo fue mayor al porcentaje de los índices nacionales de precios al consumidor del año anterior, o viceversa, para que de esta manera pudiera solicitar el incremento con el porcentaje de mayor beneficio.
Agregó que no advertía que la actora hubiese ofrecido documental alguna en la que sustentara el incremento solicitado; de ahí que consideró que no se desvirtuaba la presunción de legalidad de que gozan los actos de autoridad, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente era reconocer la validez de la resolución negativa ficta impugnada.
Sin embargo, en el juicio de nulidad obran agregados a fojas 125 a 177, entre otros documentos, los oficios (emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y sus anexos, que a continuación se detallan, al haber sido aportados por la autoridad demandada en la contestación de la demanda; los oficios son los siguientes:
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número **********, de **********; (fojas 54 a 56)
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número **********, de **********;
• Oficio número ********** de **********.
Documentos en los cuales se detallan, año con año, los incrementos de los sueldos y salarios de los servidores públicos considerados como personal operativo de las dependencias y entidades de la administración pública federal; probanzas que, al menos, debieron ser valoradas por la responsable, adminiculándolas con las aportadas por la accionante, que obran a fojas 30 a 79 del expediente del juicio de nulidad, para determinar si se acreditaban o no los extremos de la pretensión planteada con relación al reclamo de la cuota diaria de pensión.
Además, en el juicio de nulidad también obran agregadas las siguientes documentales, las cuales fueron aportadas por la accionante:
• A foja 34, hoja única de servicios a nombre de la persona física actora.
• A foja 35, concesión de pensión con folio **********, a nombre de la accionante.
• A fojas 36 a 57, recibos o comprobantes de pago (de los años 2008 a 2015, un mes de cada año).
• A fojas 80 a 82, oficio **********, de veintidós de octubre de dos mil quince, a través del cual el subdirector de Pensiones del ISSSTE atiende la solicitud de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con relación a: "Solicito se informen los porcentajes de incremento anual aplicados para el incremento a las pensiones que otorga el ISSSTE en cada una de las anualidades correspondientes a 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015."
De lo anterior se advierte con claridad que, en el caso, so pretexto de que a consideración de la Sala administrativa la quejosa no acompañó probanza alguna con relación a sus pretensiones, dejó de lado el estudio de las cuestiones efectivamente planteadas por la quejosa con relación al aumento que reclama de la cuota diaria de su pensión, así como los intereses respectivos; lo cual, de manera evidente, vulneró en perjuicio de la quejosa los principios de exhaustividad y congruencia, que rigen en el dictado de las sentencias y que se prevén en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ahora bien, para dar sustento a lo que se concluye, en el sentido de que el actuar de la Sala Fiscal es ilegal, es necesario citar el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"...
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"...
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."
Del precepto en comento se puede advertir que se prevén los principios de congruencia y exhaustividad que se encuentra obligada a cumplir la Sala Fiscal.
Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualizó la violación al artículo transcrito, pues basta con imponerse del contenido de la demanda de nulidad para advertir que la parte quejosa planteó también entre sus reclamos, lo que concierne al aumento que reclama respecto de la cuota diaria de pensión, considerando que los mismos deberían haber sido conforme al mismo porcentaje que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año de calendario inmediato anterior, y que en el caso de que este porcentaje fuera menor al aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo de la misma categoría laboral o plaza que ostentó cuando se retiró del servicio activo, entonces se aplicaría este último criterio.
Como se ve, el estudio de dicho planteamiento fue omitido por la responsable, bajo la premisa equivocada de que la parte actora no había acompañado probanza alguna, omitiendo con ello también la valoración de las mismas.
Por tanto, se estima que dicha forma de resolver de la Sala Fiscal es totalmente apartada a derecho, ya que desatiende lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la obligación que le asiste de efectuar el debido análisis de todos y cada uno de los puntos que formen parte del debate original para, de esa forma, dar irrestricto cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad que deben contenerse en toda determinación judicial, pues nada dijo respecto de la diversa ilegalidad planteada respecto a la negativa de lo que concierne al aumento que reclama de la cuota diaria de pensión, así como del pago de los intereses respectivos.
Este panorama revela que la carga de probar el correcto incremento de la pensión corresponde a la demandada, ante la negativa del actor, y la aseveración de la autoridad en el sentido de que la resolución impugnada tiene validez, atendiendo, entre otras cosas, a que el primer incremento de la pensión se dio en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Lo anterior tiene sentido, al tomar en cuenta que es obligación del instituto realizar los incrementos a las pensiones conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en el diverso 57, fracción III, del estatuto orgánico del propio instituto, que dice:
"Artículo 57. La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, tendrá las funciones siguientes:
"...
"III. Mantener actualizados los datos del sistema de nóminas de las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del ISSSTE cuyo pago corresponda al Gobierno Federal, y aplicar los incrementos periódicos de las mismas, así como el pago de gastos de funeral de los pensionistas, autorizando, en su caso, el pago del cien por ciento del último sueldo básico, en los casos y términos previstos por la ley."
En otras palabras, como la afirmación de la actora en el sentido de que no se ha incrementado su pensión no constituye un hecho positivo, sino uno de naturaleza negativa, entonces, contrario a lo que sostiene la Sala responsable, en el caso, no aplica la regla prevista en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en cambio, es el instituto demandado quien tiene la carga de probarlo, además de que es él quien tiene disponible el medio de prueba respectivo.
La consideración que se sostiene es acorde con el criterio establecido por el Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 107/2013, en la cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el juicio de nulidad corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la carga demostrativa cuando la parte actora basa su pretensión en el hecho negativo de que no se han efectuado los incrementos a las pensiones conforme a la ley, frente a lo cual, la autoridad aduce haber realizado tales ajustes de manera correcta.
Las consideraciones de la ejecutoria respectiva dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2013, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece:
"PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias que rige en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el actor expone un hecho positivo como apoyo de su pretensión jurídica debe probarlo, pero la autoridad tiene la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De esta manera, si en el juicio de nulidad la parte actora sustenta su pretensión (nulidad de resolución expresa o negativa ficta), en el hecho de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efectuado los incrementos a las pensiones al mismo tiempo y en la misma proporción que a los salarios de los trabajadores en activo, y el Instituto demandado afirma, en la resolución expresa que da respuesta a la solicitud o en la contestación a la demanda en el juicio de nulidad en que se impugna la negativa ficta, que ha realizado los incrementos correctamente y de acuerdo con el sistema vigente hasta el 4 de enero de 1993, es inconcuso que debe probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que motivó la negativa ficta, específicamente que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria correctamente, con apoyo en el artículo 57 de la ley que rigió al citado Instituto hasta la fecha referida, justamente porque en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, lo que representa una negativa lisa y llana; además, porque es obligación del Instituto realizar los incrementos a las pensiones, lo que debe justificar debidamente."
Sobre esas bases, es dable sostener que, contrario a la afirmación sustentada por la Sala responsable, en el caso a estudio sí corresponde a la autoridad demandada la carga probatoria para evidenciar que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria correctamente, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues la pretensión de la actora se sustentó en un hecho negativo, y la demandada se excepcionó alegando la legalidad del acto impugnado.
Importa añadir que no es obstáculo a la decisión a la que se arriba, la afirmación sustentada por la Sala responsable, en el sentido de que la actora fue omisa en acreditar los extremos de sus argumentos, en tanto que no concatenó con los elementos probatorios idóneos sus afirmaciones; de ahí que consideró no se encontraba en posibilidad de determinar si el referido aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo fue mayor al porcentaje del Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior o viceversa; por lo cual, consideró que al no cumplir el actor, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos conforme al contenido del artículo 42 de la ley procesal de la materia, y declaró inoperante el concepto de impugnación.
Lo anterior, porque contrario a las consideraciones sustentadas, tal argumento no exime a la autoridad demandada de incrementar legalmente la pensión de la actora, conforme al factor más favorable, incluso estaba en aptitud de requerir las constancias a la propia dependencia donde laboró la accionante, o realizar alguna otra gestión, a fin de conseguir las pruebas necesarias para realizar legalmente el incremento de la pensión; lo cual no acreditó en el juicio.
En efecto, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado quien cuenta con la información de las cuotas y aportaciones de cada trabajador, al ser el receptor de las cotizaciones, pues en términos de los artículos 7 y 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que el instituto demandado cuenta con la facultad de verificar la información y los montos recibidos; por tanto, es claro que dicho instituto tiene acceso a la información necesaria para la actualización de la cuota pensionaria y de no remitirla la dependencia respectiva, puede decretar las medidas pertinentes para allegarse de ellas.
Por tanto, carece de todo contexto legal la afirmación sustentada por la Sala en el sentido de que el actor fue omiso en acreditar los extremos de sus argumentos, pues tal circunstancia no exime a la autoridad de calcular y pagar correctamente los incrementos de la cuota diaria de pensión de la actora; para lo cual, en todo caso, la autoridad es quien debe recabar la información necesaria.
En esa medida, la Sala responsable fue incongruente en su fallo, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley de la materia, pues soslayó que la autoridad estaba obligada a justificar debidamente, que la cuantía de la pensión se incrementó al mismo tiempo y en la misma proporción como se aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o bien, el hecho de que el incremento de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor resultaba más benéfico para la accionante, para acreditar la base fáctica de su defensa.
A mayor abundamiento, es importante destacar que si el trabajador obtuvo la pensión jubilatoria, significa que los incrementos a la misma constituyen derechos adquiridos derivados de aquélla, por lo que su cálculo debe hacerse en la misma proporción en que aumenten los su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27232-abfdbc3d/bonos-de-despensa-y-de-prevision-social-multiple · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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