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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, AL CONSIDERAR QUE NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE PROBAR QUE LO REALIZÓ CONFORME AL SUELDO BÁSICO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO O, EN SU CASO, CONFORME AL AUMENTO DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC), AL CONSTITUIR UN VICIO DE FORMA. RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, AUN CUANDO SE RECONOZCA LA EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN DE LOS INCREMENTOS A LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 54/2022. · Registro digital (IUS): 32334
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-04-12
Promovente: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN D
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, Pág.4314.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 54/2022. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES EN GUANAJUATO DE DICHO INSTITUTO. 13 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIA: ESTHELA GUADALUPE ARREDONDO GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Procedencia. Es improcedente el recurso de revisión fiscal.

Resulta innecesario examinar los razonamientos de la sentencia reclamada, a la luz de los argumentos de agravio que se expresan, porque, para la procedencia del recurso de revisión, no basta encuadrar el asunto en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable, que el fallo de la Sala resuelva respecto de la pretensión de fondo planteada en el juicio contencioso administrativo.

A manera de preámbulo, se destaca que al resolver la contradicción de tesis 256/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para determinar la procedencia del recurso de revisión fiscal; intelección de la cual obtuvo las siguientes reflexiones:

a) La intención del legislador fue dotar al citado medio de impugnación de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándolo únicamente a los casos en que por su cuantía o debido a la importancia y trascendencia del tema a revisar, ameritaran la apertura de una instancia adicional.

b) Si el recurso de revisión fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia operara sólo en casos excepcionales, debe tildarse de improcedente cuando la Sala del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa determine la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, debido a que en ese supuesto el pronunciamiento no implica la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, pues no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que la determinación se limita al análisis de la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo.

c) El estudio de tales aspectos debe confiarse plenamente al referido órgano de jurisdicción ordinaria, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.

La Segunda Sala del Alto Tribunal concluyó en reservar a los Tribunales Colegiados de Circuito el conocimiento de aquellos asuntos en que la importancia y trascendencia de lo ahí resuelto tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, conforme al catálogo detallado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Precisó, además, que si bien el mencionado precepto, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.

Tales consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de dos mil diez, página 694, que enseguida se reproduce:

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa, en los casos en los que dichas sentencias decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmarse presuntivamente los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a ese tipo de resoluciones, pues la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación, aspectos cuyo estudio corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto."

Esa postura argumentativa fue reiterada por la propia Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 136/2011, en la cual puntualizó que la ejecutoria génesis del criterio interpretativo antes mencionado sustentó un precedente general de improcedencia del recurso de revisión fiscal, aplicable a todos los casos en que se recurra una sentencia de la Sala que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, al margen de la materia de que trate la resolución controvertida.

La tesis de jurisprudencia que derivó de dicha contradicción fue la 2a./J. 88/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página 383, misma que se reproduce a continuación:

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCALY ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales."

Los criterios jurisprudenciales a que se ha hecho mención hacen patente el carácter restrictivo del recurso de revisión fiscal, pues éste sólo procede en casos excepcionales y, en esa medida, no basta que en la sentencia materia de la revisión se haya analizado una resolución emitida por alguna de las autoridades indicadas en el citado artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni que verse sobre los temas descritos en el propio precepto, sino que es menester, además, que el fallo haya resuelto el fondo del asunto.

Con base en los criterios jurisprudenciales mencionados es patente, entonces, que no es suficiente encuadrar el asunto en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que, en atención a la naturaleza excepcional del recurso de revisión, es indispensable, además, que el fallo de la Sala resuelva respecto de la pretensión de fondo planteada en el juicio contencioso administrativo, esto es, se emita un pronunciamiento sobre la legalidad de las razones con base en las cuales la autoridad dictó la resolución impugnada.

Sobre esas premisas, es improcedente el recurso de revisión fiscal cuando la nulidad se haya dictaminado por vicios de forma, como lo son precisamente los vicios relativos a la fundamentación y motivación del acto impugnado, pues ello no revela la excepcionalidad necesaria para el análisis de los agravios por el órgano revisor.

Caso concreto. **********, mediante escrito dirigido a la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitó el pago de los incrementos a su cuota pensionaria conforme al incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo o bien, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que resulte mayor.

En respuesta a esa solicitud, el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del citado Instituto, emitió el oficio DPSH/1670/2021, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual informó a la trabajadora los incrementos de su cuota pensionaria correspondientes a los años dos mil diecisiete a dos mil veintiuno.

Inconforme con ese acto administrativo, la pensionada demandó su nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La juzgadora admitió a trámite la demanda y culminado éste, dictó sentencia, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, al considerar que la autoridad demandada no fundó ni motivó adecuadamente su resolución, ya que omitió realizar el cálculo de los incrementos de la cuota diaria que constituye la pensión de la actora, conforme a la legislación que le corresponde, a efecto de verificar los aumentos aplicados (foja 49 vuelta).

Así mismo, la Sala consideró que, en caso de que, derivado del correcto cálculo de la cuota pensionaria del actor resulten diferencias a su favor, éstas deben entregársele debidamente actualizadas, conforme a la fracción II del artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Por eso, declaró la nulidad en los siguientes términos:

"Asimismo, es menester señalar que se condena a la autoridad demandada a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento a los efectos indicados en esta sentencia a la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de cuatro meses, una vez que ésta quede firme, pues el cumplimiento del fallo debe realizarse a la mayor brevedad posible, ya que la pensión constituye en muchos casos el único ingreso económico con que cuenta el pensionado y el cual es necesario para su subsistencia, por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe realizar los actos necesarios para dar cumplimiento al fallo reclamado a la mayor brevedad, una vez que ésta quede firme."

De lo hasta aquí expuesto, se observa que la Sala indicó que las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada, no eran suficientes para acreditar que efectivamente, se aplicaron a la cuota pensionaria de la actora, los incrementos que legalmente le correspondían, de conformidad con lo establecido en el artículo 8o. del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; es decir, que la autoridad demandada no motivó adecuadamente su actuación, pues no otorgó elementos suficientes a la Sala, para cerciorarse de que ha cumplido debidamente con lo previsto en el precepto legal aludido.

Tal pronunciamiento constituye, desde luego, una cuestión ajena al fondo del asunto, toda vez que la nulidad decretada ante la ausencia de fundamentación y motivación del acto administrativo controvertido, significa una irregularidad en su estructura, esto es, es un aspecto de índole formal que torna improcedente el medio de impugnación, acorde con los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referidos con antelación, cuya observancia es obligatoria para este órgano jurisdiccional y que excluyen cualquier supuesto de procedencia.

Sin que obste que la declaración de nulidad determinada por la Sala se haya sustentado también en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que debe atenderse al verdadero motivo de anulación, que, en el caso, se insiste, se hizo consistir en la ausencia de motivación del acto administrativo en pugna.

En ese sentido, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A. J/24 (10a.) emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, pagina 1993, que se cita enseguida:

"REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias citadas, determinó que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando la resolución recurrida se hubiere declarado nula por vicios meramente formales, debido a que, en este supuesto, no puede considerarse satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal, sino que se limita a analizar la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. En ese sentido, el recurso mencionado es improcedente contra sentencias que declaren la nulidad de la resolución impugnada por vicios formales, aun cuando se sustenten en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a la cual, la resolución administrativa se considera ilegal si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, toda vez que debe atenderse al verdadero motivo de anulación."

Tampoco es obstáculo para declarar la improcedencia del recurso, las manifestaciones vertidas en los pliegos de agravios, en el sentido de que el presente medio de impugnación es procedente por ajustarse a la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción VI, de La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que el asunto versa sobre una pensión que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Así se considera porque, como se tiene visto, la Sala decretó la nulidad lisa y llana del oficio que da respuesta a la solicitud de nuevo cálculo de: la cuota diaria inicial de pensión, del incremento anual de pensión y, en su caso, el pago de sus diferencias derivadas de dichos nuevos cálculos, con base en la consideración de que, en éste, la respuesta a la solicitud del pensionado no se fundó ni motivó.

Ahora bien, no se desconoce que en la parte final de la sentencia recurrida, la Sala expresamente manifestó la procedencia del reconocimiento del derecho a que se determine pormenorizadamente el procedimiento utilizado para el cálculo de la cuota pensionaria de la actora, en donde se especifiquen los conceptos considerados en el cálculo, así como los importes asignados a los mismos, y los operaciones aritméticas utilizadas para la determinación de la cuota citada y, en su caso, el pago de las diferencias obtenidas cuya acción no esté prescrita; así como el procedimiento a través del cual realiza el incremento de su cuota diaria de pensión.

Sin embargo, ello fue la consecuencia lógica de haber declarado la nulidad de la resolución controvertida en el juicio de nulidad, dado que, si ésta deriva de la presentación de una solicitud a una autoridad, ante la nulidad de su correspondiente respuesta, conforme al artículo 8 constitucional, tal petición no puede quedar sin respuesta.

Se afirma lo anterior en virtud de que tal pronunciamiento no se sustenta en un estudio de fondo, ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto ya que, en la especie no fue motivo de debate el derecho a la pensión respectiva, sino simplemente que la información proporcionada por la demandada sobre sus incrementos no se encuentra fundada ni motivada.

En ese tenor, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016 Tomo II, página 1174, del contenido siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.) y 2a./J. 67/2015 (10a.) (*), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada, y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución. En este tenor, el indicado medio de defensa es improcedente contra sentencias en las que, como mera consecuencia de la declaración de nulidad por un vicio formal –ya sea en el procedimiento o en la resolución impugnada–, se ordene la devolución de mercancías afectas en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo, porque ese pronunciamiento no se basa en un estudio de fondo ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto."

Además, este Tribunal Colegiado considera que el hecho de que se haya declarado la nulidad de la resolución impugnada porque la autoridad demandada no cumplió con la carga de la prueba de evidenciar que ha realizado los incrementos de la pensión de la actora conforme los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o en su caso, conforme al aumento señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, no constituye un vicio de fondo, sino de forma.

En efecto, al resolver la contradicción de tesis 264/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.), anteriormente citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que existe un vicio de fondo cuando en la sentencia se haya declarado la nulidad por el análisis de un vicio material, esto es, vinculado con los hechos y el derecho que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado, o cuando, además, se declare la existencia de un derecho subjetivo del particular, condenando a la administración a restablecer y hacer efectivo tal derecho.

Luego, si bien es cierto que en la sentencia se declaró la nulidad de la resolución impugnada porque la autoridad demandada no cumplió con la carga de la prueba de evidenciar que ha realizado los incrementos de la pensión de la actora conforme los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o en su caso, conforme al aumento señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, también lo es que esa determinación no entraña un pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de los incrementos demandados por la actora, puesto que la Sala no especifica cómo y a cuánto deben ascender éstos.

Lo que se corrobora con el hecho de que será la autoridad demandada quien, con base a lo que le genere mayor beneficio a la actora, determine si los incrementos de la pensión serán conforme a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o en su caso, conforme al aumento señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o incluso, que evidencie que los ha venido incrementando correctamente, con base en una debida y suficiente fundamentación y motivación.

Además que, la Sala señala que al no haberse exhibido constancia documental que demuestre el incremento citado en la resolución impugnada, ello impidió a la actora conocer que su cuota diaria fue incrementada legalmente. Tal como se observa de la transcripción siguiente: "Luego entonces, le asiste la razón a la accionante, por lo que lo procedente es declarar la nulidad de la resolución controvertida, ya que la pensionada demandante no tiene la certeza de que su cuota diaria de pensión ha sido incrementada legalmente."

Así, es factible considerar que el hecho de que se haya determinado que la autoridad demandada no cumplió con la carga de la prueba de evidenciar que ha realizado los incrementos de la pensión de la actora conforme los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o en su caso, conforme al aumento señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, no implica un vicio de fondo, sino de forma, toda vez que la resolución impugnada carecía de la debida motivación que debe revestir todo acto administrativo para ser legal y que le permitiera a la actora conocer si su cuota diaria de pensión ha sido debidamente incrementada.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A.J/6 A (11a.), de contenido siguiente:

TÍTULO:

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL.

SUBTÍTULO:

ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, POR NO HABER ACREDITADO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE DE MANERA CORRECTA Y CONFORME A LA LEY APLICABLE.

HECHOS:

El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación Guanajuato de dicho instituto, interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia pronunciada por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual declaró la nulidad del acto administrativo donde la recurrente no acreditó haber realizado el cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión otorgada de forma correcta y conforme a la ley correspondiente.

CRITERIO JURÍDICO:

Este Tribunal Colegiado resolvió declarar improcedente el recurso, en aplicación de las tesis jurisprudenciales 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratarse de una resolución que declara la nulidad del acto reclamado por vicios formales, donde no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio.

JUSTIFICACIÓN:

Los criterios a que se ha hecho mención sustentan la improcedencia del recurso de revisión fiscal en todos los casos en que se recurra una sentencia de la Sala Fiscal que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal. Lo anterior, en atención al carácter restrictivo del recurso de revisión fiscal, pues éste fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia sólo opere en casos excepcionales y, en esa medida, es menester para que el recurso proceda, que el fallo haya resuelto el fondo del asunto. En el caso concreto, la Sala estableció que la recurrente no acreditó haber realizado el cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión otorgada de forma correcta y conforme a la ley, además, que la tabla que insertó la recurrente, únicamente señaló los incrementos obtenidos en los últimos cinco años y no desde que la actora adquirió el derecho correspondiente, por lo que la actualización de éstas deficiencias formales no implican la declaración de un derecho, ni la exigibilidad de una obligación. Así, al no emitirse una resolución de fondo, cuando la nulidad se haya decretado por vicios de forma resulta improcedente el recurso de revisión fiscal, pues ello no revela la excepcionalidad que debe imperar a fin de que los agravios sean estudiados por el órgano revisor.

PRECEDENTES:

Revisión fiscal 78/2021. 28 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Nelson Jacobo Mireles Hernández, secretario de tribunal en funciones de magistrado en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.

Revisión fiscal 164/2021. 20 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Revisión fiscal 140/2021. 10 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Revisión fiscal 141/2021. 18 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Silvia Vidal Vidal.

Revisión fiscal 168/2021. 03 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Consecuentemente, este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en los recursos de revisión fiscal 110/2021, 195/2021 y 180/2021, resueltos, respectivamente, en sesiones de diez de diciembre de dos mil veintiuno, veinticuatro de febrero y siete de abril de dos mil veintidós, en los que se estimó procedente el medio de impugnación al considerar que el hecho de que se haya determinado que la autoridad demandada no cumplió con la carga de la prueba de evidenciar que ha realizado los incrementos de la pensión de la actora conforme los sueldos básicos de los trabajadores en activo, o en su caso, conforme al aumento señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, implica un vicio de fondo; esto es así, pues como ya se señaló, se está en presencia de un vicio formal.

Por consiguiente, el fallo recurrido no contiene un pronunciamiento sustancial de fondo, sino la emisión de un nuevo acto en el que de manera fundada y motivada el Instituto demandado en el juicio de nulidad exprese de manera clara y precisa cuál es procedimiento utilizado para el cálculo de la cuota pensionaria del accionante, en donde se especifiquen los conceptos considerados, los importes asignados y las operaciones aritméticas utilizadas; así como el procedimiento a través del cual realiza el incrementó de la cuota daria de pensión; y, en su caso, el pago de las diferencias obtenidas cuya acción no esté prescrita; todo lo anterior, conforme con la legislación vigente aplicable al caso.

De esta manera, en virtud de que la nulidad dictaminada derivó de un vicio de índole formal y no de fondo, es claro que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia previstos en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues, además de que la autoridad recurrente no expone razonamiento alguno en ese sentido, en el caso no se emitió una resolución de fondo, al no declararse un derecho, ni exigirse una obligación.

Decisión.

Al actualizarse la causa de improcedencia estudiada de oficio, ya que, en efecto, en la sentencia recurrida no existió un pronunciamiento de fondo que implique el reconocimiento de un derecho o la exigibilidad de una obligación; se impone declarar la improcedencia del presente medio de impugnación.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal, 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

ÚNICO.—Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por la Subdelegación de Prestaciones del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se declara firme la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad **********.

Notifíquese por conducto de la autoridad recurrida. Anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente y con test

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32334-834f8f45/recurso-de-revision-fiscal-es-improcedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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