RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) RELACIONADAS CON EL PAGO DE LOS INCREMENTOS ANUALES DE LA CUOTA PENSIONARIA DE LAS PERSONAS JUBILADAS.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 10/2023. JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN ZACATECAS. 30 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO OLMOS AVILEZ. SECRETARIO: EFRÉN BETANCOURT VALDEPEÑA.
CONSIDERANDO:
23. CUARTO.—PROCEDENCIA. Este recurso de revisión fiscal es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta Ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
"...
"VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
24. De los presupuestos legales transcritos, se desprende que se podrá interponer revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente contra las sentencias definitivas que emitan el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o las Salas Regionales; asimismo, se aprecia que la sentencia definitiva materia del recurso de revisión fiscal debe versar, entre otros temas, sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
25. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, la controversia planteada en el juicio contencioso administrativo de origen versó en torno a los incrementos anuales de la cuota pensionaria de la parte actora jubilada que se le concedió mediante resolución jubilatoria, a partir del uno de septiembre de dos mil catorce y el pago de sus diferencias; luego, es evidente que este recurso de revisión fiscal es procedente; ello, atendiendo también, a que en el caso particular, la sentencia recurrida constituye una decisión de fondo porque al declarar la nulidad de la resolución impugnada se apoyó en violaciones sustantivas para reconocer el derecho subjetivo de la parte actora, ********** para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas, le pague los incrementos de su pensión jubilatoria, únicamente respecto de los cinco años anteriores a la fecha en que solicitó el pago de sus incrementos –veinticuatro de mayo de dos mil veintidós–; esto es, su correcta cuantificación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve.
26. Así pues, insístase en que la sentencia recurrida resolvió el fondo del asunto, porque obligó a la autoridad demandada para que modifique la cuota pensionaria de la parte actora, otorgada mediante resolución jubilatoria emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al considerar toralmente que tales incrementos anuales fueron pagados incorrectamente en perjuicio del pensionado actor, únicamente respecto de los cinco años anteriores a la fecha en que solicitó tal modificación –veinticuatro de mayo de dos mil veintidós–; al no haberse ajustado al sistema de incremento que por ley le correspondía a la jubilada, cuando obtuvo ese derecho mediante resolución pensionaria a partir del uno de septiembre de dos mil catorce, precisamente por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica de derechos, al momento en que adquirió el carácter de jubilado.
27. Por analogía, se aplica la jurisprudencia PC.III.A. J/48 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito,(6) que dice:
"REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR CUANTO AL REQUISITO DE QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, DEBE CONSIDERARSE QUE SE PRODUCE CUANDO SE DETERMINA EN TAL FALLO EL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DE UN TRIBUTO. Para elucidar la procedencia de la revisión fiscal, de acuerdo a diversas jurisprudencias que sobre el tema ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estudiarse, primero, si se trata de un vicio formal o de fondo. Este último se configura cuando en la sentencia recurrida se determina el derecho del acreditamiento de un impuesto, en tanto que es un aspecto del acto impugnado que constituye su premisa esencial, es decir, se trata de un elemento de la litis que incide en la materia de la resolución combatida; aunado a que implica, precisamente, la declaración del derecho tal acreditamiento, dado que la causal de anulación correspondiente, se relaciona directamente con la indebida, y no insuficiente, fundamentación y motivación del acto impugnado. Esto es, tal estudio impacta directamente sobre el derecho sustantivo del acreditamiento, el cual, por tanto, le genera al contribuyente esa prerrogativa elemental que, en consecuencia, hace procedente el recurso de revisión fiscal, en cuanto al requisito de que la sentencia recurrida contenga tal pronunciamiento de fondo."
28. También, por analogía, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 138/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) que dice:
"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. De la evolución constitucional y legal del recurso de revisión fiscal se advierte que su procedencia no se acota en términos del artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones o las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que aborden cualquier aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino que debe comprender también a las conferidas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por disposición expresa del artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica del referido Tribunal, el cual le otorga competencia para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas en las que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales concedidas por las leyes a favor de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, de sus familiares o derechohabientes, sin que obste que dicho supuesto de procedencia se prevea en un ordenamiento legal diverso al que rige el procedimiento, pues el sistema jurídico mexicano debe analizarse conjuntamente a fin de conocer el medio de defensa procedente contra los actos de autoridad."
29. Sobre el indicado tópico jurídico, esto es, que la sentencia recurrida, resuelva la controversia planteada, por vicios de fondo y no de forma, importa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, en sesión del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, sostuvo que, de acuerdo a la evolución histórica contenida en las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.), para que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis prevista en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contengan una decisión de fondo, que implique la declaración de un derecho y por ende la exigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada de nulidad; y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución administrativa impugnada de nulidad.
30. En esa doctrina jurisprudencial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el indicado medio de defensa es improcedente contra sentencias en las que, como mera consecuencia de la declaración de nulidad por un vicio formal cometido, ya sea en el procedimiento administrativo que originó la resolución impugnada o en la propia resolución administrativa; porque dicho pronunciamiento no se basa en un estudio de fondo, ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto.
31. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que existía estudio de fondo del asunto, cuando en la sentencia recurrida se haya declarado la nulidad por el análisis de un vicio material que se vincula con los hechos y el derecho que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado; y como consecuencia inmediata, se declare la existencia de un derecho subjetivo del particular, condenando a la administración pública a restablecer y hacer efectivo tal derecho; pues, lo determinante para que se actualice la procedencia del recurso de revisión fiscal es que se actualicen dos condiciones o requisitos indispensables, siendo necesario cada uno de ellos, pero sólo la suma de ambos, resulta necesaria para acreditar la procedencia del recurso, a saber:
a) Que la resolución impugnada de nulidad, se ubique en alguna de las hipótesis de procedencia que señala el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y,
b) Que la sentencia recurrida contenga una decisión de fondo, esto es, que conduzca a la declaración de un derecho; y por ende, que conlleve la exigibilidad de una obligación, inmersa en la declaración de nulidad, sin importar los efectos o alcances que se imprimieron a esa declaración, en tanto que tales efectos constituyen una cuestión secundaria que no inciden en la procedencia del recurso de revisión fiscal.
32. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.),(8) de título y texto:
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.) y 2a./J. 67/2015 (10a.) (*), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada, y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución. En este tenor, el indicado medio de defensa es improcedente contra sentencias en las que, como mera consecuencia de la declaración de nulidad por un vicio formal –ya sea en el procedimiento o en la resolución impugnada–, se ordene la devolución de mercancías afectas en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo, porque ese pronunciamiento no se basa en un estudio de fondo ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto."
33. Previo a continuar el estudio del requisito o condición de procedencia del recurso de revisión fiscal, establecido en el inciso b), del apartado 31 (treinta y uno) de esta ejecutoria, conviene transcribir los títulos de las jurisprudencias: 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.), a que corresponde respectivamente cada una de ellas:
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS."
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN."
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS."
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA."
34. Pues bien, de las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.) y 2a./J. 58/2016 (10a.), así como de las ejecutorias de las que emanaron; concretamente la jurisprudencia la 2a./J. 150/2010, hace referencia a los conceptos de "decisión de fondo" o "sentencia de fondo"; y en ella se consideró, en que interesa:
"... la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación ...". (Nota: el subrayado es propio de este fallo).
35. Ahora bien, para desentrañar el alcance jurídico de las expresiones: "decisión de fondo" o "sentencia de fondo" a que alude la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera pertinente acudir a la doctrina académica como directriz orientadora para darles significado a esas expresiones; lo que encuentra fundamento en la tesis 2a. LXIII/2001(9) del tenor siguiente:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."
36. En torno al concepto jurídico "decisión de fondo" el Diccionario de la Lengua Española lo ha definido así:
"Dictamen o parecer que alguien tiene o sostiene; dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad, declaración del juicio o resolución del Juez; decisión de cualquier controversia o disputa extrajudicial que da la personar a quien se ha hecho árbitro de ella para que la juzgue o componga; secuencia de expresiones que especifica una o varias operaciones; oración gramatical."
37. Por su parte, el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo P-Z, páginas 3340 y 3441, señala: "Del latín, sentencia, máxima pensamiento corto, decisión. Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso. Si bien el concepto estricto de sentencia es el de resolución que pone fin al proceso decidiendo el fondo del litigio, se han calificado como tales otras resoluciones que no tienen estas características, y a la inversa, lo que ha provocado confusión especialmente en la legislación y en la jurisprudencia."
38. En igual sentido, en relación con las sentencias que es la actividad del órgano jurisdiccional, se acude a la opinión del tratadista Hernando Devis Echandía,(10) quien postuló los siguientes puntos:
39. La sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o fondo del demandado; y que las demás providencias se denominan autos, los cuales se distinguen en interlocutorios y de mera sustanciación; que los primeros se refieren a cuestiones incidentales o accesorias relacionadas con el fondo del asunto y los últimos se refieren a cuestiones relacionadas con el impulso procesal.
40. Por otra parte, las sentencias se pueden clasificar atendiendo a la naturaleza de la relación sobre la que versan, o sea el objeto o materia de la sentencia y en ese sentido, existen:
a) Sentencias que versan sobre relaciones de derecho material, o sea, sobre el fondo.
b) Sentencias que versan sobre relaciones de derecho procesal, o sea, según la expresión común, sobre la forma.
41. Asimismo, existe distinción desde el punto de vista de las relaciones entre la sentencia y el procedimiento en el curso del cual ha sido pronunciada, de manera que se pueden dividir en:
I. Sentencias finales, o aunque menos exactamente, definitivas, las cuales cierran el procedimiento, que pueden dividirse en:
1.a. Sentencias finales que versan sobre la relación material; éste es el caso normal en que la sentencia decide definitivamente la litis;
1.b. Sentencias finales que tratan sobre relaciones procesales, que son las que versando sobre el derecho a obtener la sentencia sobre el fondo, el juez niega ese derecho al actor, ya por falta de capacidad procesal, ya por falta de interés, ya por falta en el mismo juez de la facultad de decidir la litis, sea por vicios de forma en la proposición de la acción. En todos estos casos el juez pone fin al procedimiento sin fallar sobre la relación material, la cual queda sin prejuzgar, y puede ser de nuevo sujeta al examen del juez.
II. Sentencias interlocutorias, en sentido lato, las cuales no cierran el procedimiento, sino que deciden una cuestión en el curso del mismo.
42. Por su parte, respecto del concepto "pretensión" el procesalista Lino Enrique Palacio(11) la define como el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial (o eventualmente arbitral), y frente a persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación.
43. En la misma obra, el tratadista en comento precisó que la pretensión se compone de dos elementos que la identifican: uno subjetivo, que refiere a los sujetos, y otro objetivo, relativo al objeto y a la causa.
44. En relación con los sujetos (subjetivo) se señala que toda pretensión consta de tres sujetos; la persona que la formula, la persona frente a quien se formula, la persona ante quien se formula, las dos primeras corresponden a los sujetos pasivos y activos de la pretensión que comúnmente integran el binomio de actor y demandado; en tanto que la tercera es el órgano que reviste el carácter de destinatario de la pretensión y tiene el deber de determinar su acogimiento o rechazo.
45. Respecto del objeto de la pretensión (elemento objetivo) o petitum constituye el efecto jurídico que mediante ella se persigue; de ella subyacen dos tipos: el objeto inmediato de la pretensión es la clase de pronunciamiento que se reclama, esto es, la emisión de una resolución (sentencia de condena, declarativa, de ejecución, etc.); el objeto mediato, el bien fáctico sobre el cual debe recaer el pronunciamiento peticionado (entrega de dinero o inmueble materia de restitución en la sentencia).
46. La causa denota el fundamento de la pretensión relativa a la invocación concreta de una situación de hecho a la cual se le asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa como razón justificante de la pretensión, sino que sólo tiene por objeto particularizarla al juzgador respecto de la realidad sobre la cual va a juzgar.
47. Desde este enfoque doctrinario podemos concluir que las sentencias finales son la resoluciones en las cuales se traduce la facultad decisoria del juzgador para resolver las controversias que se elevan ante su potestad, donde se dilucida y dirime sobre la pretensión materia del litigio.
48. En tanto que, la pretensión implica la existencia de un acto volitivo por el cual se reclama ante un órgano judicial, la resolución de un conflicto, en donde se expone la causa materia de dicho reclamo y lo que se pretende con ella (causa petitum).
49. Bajo estas premisas, una sentencia final se ocupará de la pretensión deducida en el juicio, pues en dicha resolución se dilucidará si la segunda es procedente o no, precisamente, bajo los términos de la causa petitum reclamada (pretensión).
50. Y por sentencias en el juicio contencioso administrativo, el citado diccionario jurídico dice:
"La sentencia de fondo es la decisión en la que se admiten o rechazan las pretensiones del actor y pone fin al juicio contencioso administrativo, es decir, resuelve el fondo de los puntos controvertidos y se distingue de las llamadas sentencias interlocutorias en tanto estas últimas son decisiones sobre cuestiones incidentales que surgen durante el proceso y no representan la especial importancia que en el juicio contencioso administrativo tienen las de fondo.
"Como el contencioso administrativo puede ser subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo, de ilegalidad o anulación o de exceso de poder, sus sentencias son diferentes, así en el contencioso administrativo de plena jurisdicción: 1) con la sentencia se persigue un derecho subjetivo; 2) la sentencia produce efectos de cosa juzgada entre las pares; 3) las sentencias son condenatorias; mientras que en el contencioso administrativo son de anulación: a) con la sentencia se pretende la protección de un derecho objetivo, a fin de restablecer la legalidad violada con el acto administrativo; b) si la sentencia es confirmatoria, la cosa juzgada sólo existe para el actor, si anula la resolución el efecto de cosa juzgada es erga omnes, porque se anulan los efectos producidos por la resolución; c) las sentencias son declarativas
"...
"Las sentencias del TFF tienen características propias en los siguientes aspectos:
"...
"3. Contenido. Las sentencias del TFF (a. 237) deben cumplir con los siguientes requisitos: a) fundarse en derecho, por lo que no únicamente debe de tomarse en cuanta la ley al dictarse la sentencia, es decir, en cumplimiento con el a. 14 constitucional, que establece que las sentencias que se emitan serán ‘conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta, se fundará en los principios generales de derecho’; b) las sentencias del TFF deben examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"Por separado (a. 237, pfo. segundo), se insiste en que cuando se hagan valer diversas casuales de ilegalidad, la sentencia deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de la resolución por omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios en el procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución."
51. Tocante al análisis de los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponderados en las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.) y 2a./J. 58/2016 (10a.) concretamente, en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010 que los conceptos de "decisión de fondo" y "pretensión material del juicio" empleados por el Alto Tribunal del País en la jurisprudencia aludida, no tienen el alcance o sentido estándar que le da la doctrina académica en materia procesal, sino uno distinto, como se demostrará a continuación.
52. En efecto, como ya se destacó, en la última jurisprudencia 2a./J. 150/2010, así como en la ejecutoria que le dio origen, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la "sentencia de fondo" (respecto de la cual sí es procedente la revisión de mérito), es aquella que conduce a la declaración de un derecho; y como contrapartida a la exigibilidad de una obligación inmersa en los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo controvertido en el juicio de nulidad; esto es, que "resuelva respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso".
53. Así pues, desde la perspectiva doctrinal, tanto jurisprudencial, como académica, cuando se habla "del contenido material de la pretensión", debe entenderse que la sentencia es de fondo, porque se ocupó de la materia contenida en la causa de pedir o fundamento de la acción o pretensión; lo que significa que desde la perspectiva inferida de la interpretación jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el correcto alcance interpretativo para la aplicación de la frase "contenido material de la pretensión planteada en el juicio", consiste en que la sentencia impugnada analice en forma definitiva la relación jurídica sustan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32236-6df9a51f/recurso-de-revision-fiscal-procede-contra-las-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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