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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA. SI AL IMPUGNARLA EL ACTOR OMITE EXHIBIR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL ACTO RECURRIDO VÍA ADMINISTRATIVA, EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO PRESENTE EN EL PLAZO DE 5 DÍAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2010. · Registro digital (IUS): 22760
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 689.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano que fue señalado como autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se sustentaron las tesis denunciadas como contradictorias.

Lo anterior, ya que los artículos citados en el párrafo precedente establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva, como lo es en el presente caso, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Fundamenta lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala, que esta Segunda comparte, que establece lo siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, diciembre 2010

"Tesis: 1a./J. 77/2010

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."

Sirve de fundamento igualmente la tesis de esta Segunda Sala, la cual, se aplica por analogía:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, octubre de 2007

"Tesis: 2a. CLI/2007

"Página: 446

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA QUE SE PRODUZCA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, con el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA.’ estableció la procedencia de la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito no sólo al resolver juicios de amparo, sino también al fallar recursos de revisión fiscal, dado que en las resoluciones referidas realizan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, porque los criterios que son materia de la contradicción son emitidos por un tribunal terminal. Ahora bien, este criterio debe llevar también, por congruencia, a aceptar la legitimación de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para denunciar la contradicción de tesis que se produzca entre los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal, en forma análoga a la legitimación que para ello tienen como autoridad responsable en los juicios de amparo directo que promuevan los gobernados, por igualdad de razón, aun cuando formalmente no tengan el carácter de parte en los juicios contencioso administrativos, sino de órganos resolutores que dictan la sentencia recurrida.

"Contradicción de tesis 153/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto, todos del Décimo Quinto Circuito. 3 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 187/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José María Soberanes Díez."

TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia que a continuación se cita:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

CUARTO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito:

El diecisiete de junio de dos mil diez, al resolver el amparo directo 550/2009, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación propuestos merecen el estudio siguiente. En la sentencia reclamada de cuatro de septiembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Fiscal en el juicio de nulidad número 185/09-20-01-6, reconoció la validez de la resolución negativa ficta, así como de las recurridas, en términos del artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que la actora no aportó los elementos materiales de convicción con los cuales acreditara su pretensión. ... En otro contexto, la quejosa expresó los siguientes conceptos de violación: a) La Sala Fiscal no examinó el fondo del asunto, a pesar de que contaba con los elementos necesarios para hacerlo, como lo es la documental que contiene el recurso de inconformidad interpuesto ante la autoridad demandada, en contra de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 088003820 y 083003820 y su notificación. b) El fondo del asunto es la negativa ficta en sí misma, por lo que al configurarse debió declararse la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente recurrida. c) La Sala responsable aplicó incorrectamente los artículos 37 y 131 del Código Fiscal de la Federación, al no resolver el fondo del asunto, es decir, la configuración de la negativa ficta. Son infundados los anteriores argumentos, los que se analizan de manera conjunta conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que la Sala responsable no analizó el fondo del asunto; no menos verdad es, (sic) que lo anterior ocurrió, como bien lo precisó, debido al incumplimiento de la actora de exhibir la documentación que contiene los créditos fiscales recurridos y sus respectivas notificaciones, por atribuirles ilegalidades con motivo de su emisión, en términos de los artículos 19 y 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha ley, por así disponerlo su numeral 1o. Esto es así, por un lado, porque el ordinal 19 de la citada ley dispone, que cuando no se conteste la demanda en tiempo o la contestación no se refiera a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el promovente impute de manera precisa a la demandada, salvo que por las pruebas rendidas por las partes o por hechos notorios resulten desvirtuados. De dicho precepto se infiere que su actualización no conlleva la nulidad lisa y llana de los actos administrativos combatidos a través del juicio contencioso, dado que obliga a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a analizar las pruebas aportadas por las partes o a invocar hechos notorios, para determinar si aquéllos son o no ilegales; lo que armoniza con lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, pues dispone que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, excepto cuando el contribuyente los niegue lisa y llanamente, porque en este caso a aquéllas le corresponderá probar los hechos que motiven sus actos o resoluciones. Por otro, toda vez que la actora no manifestó desconocer las resoluciones determinantes, en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme el (sic) ordinal 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a ella le correspondía probar los hechos constitutivos de su acción, es decir, exhibir la documentación que contiene los créditos fiscales y sus respectivas notificaciones, con la finalidad de que la Sala responsable estuviera en aptitud de analizar sus argumentos de ilegalidad con motivo de la emisión de dichos actos; lo que no se observa que hubiese hecho. Además, el que haya acompañado a la demanda de nulidad, el escrito que contiene el recurso de inconformidad, es un requisito de procedencia exigido en el artículo 15, fracción IV, de la ley mencionada, cuando se combate la configuración de la negativa ficta, lo que no la exenta de exhibir la documentación que contiene la resolución recurrida y su notificación. En efecto, porque después de constatada la negativa ficta, procede analizar el fondo del asunto, constituida, en este caso, en el análisis tanto de los argumentos expresados en el recurso de inconformidad en contra (sic) los créditos fiscales y sus respectivas notificaciones, los cuales se reiteraron en la ampliación de demanda, como de las consideraciones vertidas en tales determinaciones y no de la negativa ficta en sí misma. De tal manera, queda evidenciado que la Sala Fiscal actuó de manera correcta, porque la actora sólo cumplió con el requisito de procedencia consistente en el escrito por el cual interpuso el recurso de inconformidad, por haber demandado la actualización de la resolución negativa ficta; sin embargo, omitió su carga procesal de exhibir la documentación que contiene las resoluciones originalmente recurridas y sus notificaciones, al no manifestar que las desconocía, lo que impidió que la autoridad responsable estuviera en aptitud de resolver el fondo del asunto mediante el análisis de sus argumentos expresados en contra de dichos actos. Por lo anterior, deviene infundado el argumento en torno a que la autoridad responsable contravino en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues omitió exponer las razones y fundamentos de la negativa ficta, lo que debió llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; porque el hecho de que la demandada omitiera contestar la demanda conforme ese precepto legal, no impide el análisis de la litis ya señalada; ni impone como consecuencia la declaración de la nulidad lisa y llana de las determinaciones fiscales combatidas y sus respectivas notificaciones. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 35, de rubro y texto siguientes: ‘NEGATIVA FICTA. CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE EXAMINARLAS CUANDO SE CONFIGURA.’ (se transcribe). Por otro lado, la quejosa asevera que la Sala Fiscal debió declarar la nulidad lisa y llana de la negativa ficta, porque la demandada consintió los hechos narrados en la demanda y su ampliación, al no contestarlos, ni exhibir pruebas en términos del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior es infundado porque el aludido dispositivo legal, sólo genera una presunción de tener por ciertos los hechos narrados en la demanda a favor del actor, sin que imponga como consecuencia inmediata y directa la nulidad lisa y llana de la negativa ficta combatida, ni de la resolución de los créditos fiscales recurridos, en virtud de que obliga a la Sala responsable a analizar las pruebas aportadas por las partes o, en su caso, invocar hechos notorios para dilucidar si los actos y resoluciones son o no ilegales; máxime, como ya se explicó, a la actora le correspondía exhibir la documentación para demostrar su acción. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, página 117, de rubro y texto siguiente: ‘DEMANDA FISCAL, FALTA DE CONTESTACIÓN DE LAS AUTORIDADES A LA. EFECTOS.’ (se transcribe). Sin que sea aplicable al caso de manera supletoria, el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debido a que el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los términos en que se formulará la contestación de demanda de nulidad y las consecuencias de su omisión, sin que esté deficientemente regulada."

II. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

El veintitrés de septiembre de dos mil diez, al resolver el amparo directo número 123/2010, determinó lo siguiente:

"SEXTO. Es fundado uno de los conceptos de violación que hace valer la sociedad quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. De las constancias del juicio de nulidad 699/09-20-01-1 se desprende que **********, por conducto de su representante legal **********, demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída en el recurso de inconformidad interpuesto ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, el veintinueve de octubre de dos mil ocho, contra la cédula de liquidación de cuotas obrero patronales. Seguido el juicio en todas sus etapas, la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dos de febrero de dos mil diez emitió sentencia definitiva en la que determinó que se configuró la negativa ficta impugnada, pero que en virtud de que la actora no probó su pretensión, se reconocía la validez de dicha negativa ficta, así como de aquélla determinante del crédito fiscal impugnado. Lo estimó así, al considerar que la demandante controvertía la legalidad de la resolución determinante del crédito número **********, correspondiente al periodo 04/2006, combatida en el recurso de inconformidad, sin embargo, omitió exhibir dicha resolución determinante al no acompañarla a su escrito de promoción de demanda, por lo que tuvo por no acreditado su dicho y en consecuencia, sostuvo que se encontraba imposibilitada para emitir razonamiento alguno, por no contar con elementos para analizar el acto impugnado. Así también precisó la Sala que, era obligación del demandante exhibir el acto, porque se encontraba en su poder, lo que afirmaba en virtud de que al interponer el recurso de inconformidad, ofreció y exhibió como prueba copia simple de la cédula de liquidación de cuotas, de donde se deducía que sí tenía pleno conocimiento de aquélla y además, que se encontraba a su disposición. El representante legal de la sociedad quejosa aduce en sus conceptos de violación que la Sala incurrió en una violación procesal, toda vez que declaró cerrada la instrucción una vez que determinó que había precluido el derecho de la autoridad demandada para contestar, resolviendo también que habían quedado desahogadas todas las pruebas ofrecidas, violando el artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Que si de acuerdo con el artículo 15, fracción IV, del propio ordenamiento legal, sólo había que anexar a su demanda copia de la instancia no resuelta; si la autoridad no amplió la demanda ni ofreció pruebas para demostrar la legalidad de los fundamentos y motivos, la responsable no debió haber declarado cerrada la instrucción y citar para alegatos, sino, haberle corrido traslado para que ofreciera pruebas para acreditar algo que ya había sido demostrado ante la demandada. Concluye el citado motivo de inconformidad, afirmando que no tuvo oportunidad procesal para acreditar lo que la autoridad le exigió, porque la ley sólo establece que debe anexar a su demanda, la instancia no resuelta, y porque la autoridad lo privó de la oportunidad de ofrecer pruebas al tener por desahogadas las ofrecidas. Resulta esencialmente fundada la violación aducida por la quejosa, en virtud de que le asiste razón al afirmar que la Sala Fiscal, debió requerirle la resolución determinante del crédito fiscal impugnada mediante el recurso de inconformidad, antes de declarar cerrada la instrucción, pues tratándose de una negativa ficta y ante la falta de contestación de la demanda de la autoridad enjuiciada, estaba constreñida a analizar la legalidad de la resolución controvertida, lo que sólo le era posible, allegándose de los elementos suficientes para hacerlo. En principio, precisa señalar que la sociedad actora, al demandar la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de inconformidad intentado en contra de la resolución determinante del crédito fiscal, ofreció como única prueba, el expediente administrativo en los términos siguientes: ‘independientemente de las pruebas que pueda anexar a mi ampliación, ofrezco el expediente administrativo en el que constan las pruebas que ofrecí y exhibí a mi escrito presentado, el cual pido le sea requerido a la autoridad’ (foja 2). Por su parte, la Sala Fiscal al admitir a trámite la demanda de nulidad, tuvo por ofrecida y admitida dicha probanza, señalando: ‘... Se tiene por ofrecida y admitida la única prueba descrita en el capítulo respectivo del escrito de cuenta, consistente en el expediente administrativo del cual deriva la resolución impugnada, por lo que, con fundamento en los artículos 14, fracción V, segundo párrafo, y 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiérase a la autoridad demandada para que lo presente a más tardar al momento de contestar la demanda; apercibida que en caso de no hacerlo sin causa justa, se presumirán ciertos los hechos que se pretendan probar con dicho expediente, esto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.’ (foja 10, reverso). También conviene puntualizar que la autoridad demandada, Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Quintana Roo, omitió contestar la demanda instaurada en su contra, pese a haber sido debidamente emplazada, lo que motivó que la Sala Fiscal declarara que se tendrían como ciertos los hechos que la actora le imputara de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios, aquéllos resultaran desvirtuados. De igual forma, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio, en el sentido de presumir ciertos los hechos que el actor pretendía probar con el ofrecimiento del expediente administrativo como prueba, salvo que las pruebas rendidas o por hechos notorios, resultaran desvirtuados (fojas 17 y 18). En acuerdo de once de enero de dos mil diez el Magistrado instructor de la responsable declaró cerrada la instrucción en el juicio, dando cuenta a la Sala para que procediera a dictar sentencia definitiva (foja 23). De la reseña anterior se sigue que la sociedad actora al promover su demanda de nulidad, ofreció como prueba el expediente administrativo, precisando que ahí constan las pruebas ofrecidas y exhibidas en el recurso, esto es, la copia simple de a (sic) cédula de liquidación de cuotas del crédito impugnado y el propio expediente administrativo, según se advierte del escrito relativo al recurso de inconformidad intentado y que adjuntó a su demanda de nulidad; y, que al ofrecer dicha probanza (expediente administrativo), pidió le fuera requerido a la autoridad, solicitud que fue atendida por la Sala al emplazar a la demandada. Ahora bien, se hace necesario invocar determinados artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo contenido establece: (se transcribe). De donde se sigue que la actora satisfizo el requisito legal para la presentación de su demanda, al exhibir la copia de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad enjuiciada, con el sello de recepción respectivo, además que ofreció como prueba el expediente administrativo en el que obra la cédula de liquidación que motivó el recurso intentado, lo que está permitido en términos del artículo 14 de la ley invocada. De ahí que, si la demandada no contestó la demanda y, en consecuencia, no expuso los motivos y fundamentos por los que no resolvió el recurso en sede administrativo (sic) mediante el cual se impugnó la cédula de liquidación del crédito fiscal, aunado a que fue omisa también en exhibir el expediente administrativo ofrecido por la demandante y en el que obraba la citada resolución determinante, tal como sostiene la hoy quejosa, tal proceder le dejó en estado de indefensión porque aun cuando no la exhibió con su demanda, ofreció como prueba el expediente administrativo en el que consta, y no podía prever la actitud procesal de la demandada. Cabe señalar que en la especie se demandó la nulidad de una resolución negativa ficta, por lo que, al no darse contestación a la demanda y tenerse por ciertos los hechos imputados, lo procedente era declarar la nulidad de esa resolución negativa ficta, y analizar la legalidad de la resolución impugnada, esto es, de la determinante del crédito fiscal, sin embargo, la Sala Fiscal estaba impedida para ello, en virtud de que no contaba con los elementos para pronunciarse en relación a dicho tópico, al no contar con la cédula de liquidación, por no haber sido aportada directamente por la demandante, ni por la autoridad al ser omisa en contestar la demanda, y en exhibir el expediente administrativo en el que consta, que fuera ofrecido por la actora en su demanda de nulidad. Resulta ilustrativa la tesis III.4o. A.9 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1795, que establece: ‘SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SI SE PRODUCE CON MOTIVO DE LA FALTA DE EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYÓ LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD REVOQUE LOS ACTOS QUE ORIGINARON SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’ (se transcribe). En el mismo tenor, la diversa tesis I.1o.A.90 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, página 1819, de rubro y texto siguientes: ‘NEGATIVA FICTA. FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NULIDAD LISA Y LLANA.’ (se transcribe). Por ende, la Sala Fiscal debió requerir la resolución determinante del crédito fiscal controvertido, previo al cierre de instrucción, pues no contaba con los elementos suficientes para pronunciarse en relación a su legalidad, a lo que estaba constreñida, por tratarse de la impugnación de una negativa ficta, y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte impugnante y, además, por constituir una facultad permitida por la ley en términos del artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de cuyo contenido se desprende: (se transcribe). En las narradas condiciones, la Sala responsable estaba obligada a pronunciarse respecto a la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal controvertido en la sede administrativa, para lo cual, debió acordar la exhibición del documento en el que constaba; por tanto, la sentencia reclamada que reconoció la validez de la resolución negativa ficta, así como de la determinante del crédito fiscal número **********, correspondiente al periodo 04/2006, resulta violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22760-a507067b/negativa-ficta-configurada-en-un-recurso-en-sede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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