REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil once, determinó confirmar la sentencia recurrida en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto número **********, entre otras cuestiones, al estimar que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, expedida por la Legislatura Local, debió haber sido refrendada no sólo por el secretario de Gobierno, sino también por el del ramo respectivo, en el caso, el secretario de Hacienda, y al no haber sido así, fue imperfecto el proceso legislativo del que surgió la norma en comento.
El referido fallo establece, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Antes de examinar los agravios, se destacan los antecedentes siguientes. En la sentencia recurrida, la Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, concedió el amparo a **********, al considerar que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diez, acorde con las reformas que entraron en vigor, conforme al Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en su edición de dieciocho de diciembre de dos mil nueve, cuya inconstitucionalidad de los artículos 29, 29 Bis, 30, 31 y 34 reclamó, carece del refrendo del secretario de Hacienda, en contravención a lo dispuesto en los numerales 93 de la Constitución Local y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo que incumplió con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo. Precisado lo anterior, procede examinar los agravios formulados. La autoridad recurrente esencialmente aduce que la Juez de amparo interpretó incorrectamente los artículos 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la propia entidad federativa, pues el refrendo solamente es obligatorio para asuntos de índole estatal, ya que los Ayuntamientos cuentan con autonomía, al ser los que elaboran y presentan sus leyes y decretos directamente al Congreso, sin necesidad de aprobación por parte del Ejecutivo Estatal, por lo que se trata de dos esferas de competencia que sólo tienen en común la facultad de recaudar impuestos y derechos; que de conformidad con el artículo 115 constitucional, los Municipios son libres y gozan de autonomía administrativa frente al Gobierno Estatal; que la ley orgánica en cita, sólo señala las facultades de las entidades del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que los asuntos de los Municipios, no están en la esfera de su competencia. Los argumentos reseñados son infundados, como a continuación se verá. En principio, es de destacar los conceptos de ‘promulgar’ y ‘refrendar’. Así, en el Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel, Editorial Porrúa, primera edición, 2000, páginas 1261 y 1341, se define: ‘Promulgar. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, para que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria.’. ‘Refrendar. Autorizar un documento por medio de la firma de persona hábil para hacerlo.’. Ahora bien, los artículos 93 de la Constitución Política y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos de esta entidad federativa, expresamente establecen que para la eficacia de la promulgación de toda ley o decreto expedidos por la Legislatura del Estado de Quintana Roo, deben refrendarse por el secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo respectivo. De modo que el refrendo es un requisito de validez que debe cumplirse en la promulgación de la ley, para que su formación sea válida y obligatoria. Consecuentemente, la falta del mismo por el secretario de Gobierno o del funcionario del ramo, afecta el acto legislativo, esto es, la ley que se ordena promulgar, porque carece de obligatoriedad, aunque no de manera general, sino sólo para el gobernado que promovió el juicio de garantías. En este orden, del Periódico Oficial del Gobierno de esta entidad federativa, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve, en el que se publicó el decreto de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo reclamada, se advierte que únicamente fue refrendada por el secretario de Gobierno y no así por el del ramo respectivo; el cual, en atención al carácter fiscal de la misma, lo es el secretario de Hacienda, por ser al que le corresponde conducir la política hacendaria estatal en materia de administración tributaria. Por tanto, fue imperfecto el proceso legislativo del que surgió, pues su refrendo quedó a cargo no sólo del secretario de Gobierno, sino también del funcionario del ramo respectivo, lo que no ocurrió. De suerte que, al haberlo considerado así la Juez de amparo, su determinación al respecto resulta correcta. Máxime que de ninguna manera los referidos artículos 93 de la Constitución Política y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos de esta entidad federativa, establecen distinción alguna respecto a la esfera de aplicación de la norma como aduce el recurrente, para que de ello dependa el que sea refrendada por una autoridad del Estado o del Municipio; dado que la facultad de refrendar es un acto administrativo en el que no intervienen distintos órdenes de gobierno, como son el estatal y el municipal, sino que es del ámbito del primero. Además, si bien es cierto el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República concede autonomía a los Municipios para administrar libremente su hacienda, también dispone que esta última se formará con las contribuciones que señalen las Legislaturas Locales. Por consiguiente, los Municipios no pueden, a su arbitrio, establecer los impuestos que sean suficientes para cubrir el presupuesto del Estado y fijar las leyes correspondientes a éstos para esos efectos, en virtud que acorde con el invocado precepto 115 constitucional, corresponde a las Legislaturas Locales, puesto que lo que confiere a los Municipios es la administración de su hacienda, aspecto diferente al de establecer las contribuciones, aun cuando se recauden por su conducto. De ahí que el refrendo de la ley hacendaria reclamada expedida por la Legislatura Local, debe otorgarlo el secretario de Gobierno y el del ramo respectivo, en el caso, el secretario de Hacienda, pues así lo establecen los artículos 93 de la Constitución Política y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado de Quintana Roo. ... En este contexto, al ser infundados los agravios, lo que procede en la materia de la revisión es confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de tres de febrero de dos mil once, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, determinó confirmar la resolución recurrida y negar el amparo solicitado por el quejoso al estimar, entre otras cuestiones, que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, expedida por la Legislatura Local, no requiere estar refrendada por el secretario de Gobierno y, además, por el del ramo respectivo (en el caso, el secretario de Hacienda), toda vez que el refrendo del decreto que ordena la publicación de una ley proveniente de la Legislatura del Estado, es un acto realizado por el titular del Ejecutivo en atención a una facultad que sólo compete a él, que no incide en su facultad de expedir leyes del ámbito estatal que afecten un ramo específico; por tanto, el decreto mediante el cual el gobernador del Estado ordena la publicación de la norma en comento, únicamente requiere del refrendo del secretario de Gobernación, ya que es el funcionario a quien corresponde la función administrativa relativa a la publicación de leyes o decretos.
El referido fallo establece, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. En la materia de la revisión, los agravios formulados se estiman inoperantes, fundados pero inoperantes, en parte, e infundados en otra. De los autos del juicio de amparo indirecto número **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Auxiliar en el Estado de Quintana Roo, actualmente Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, se observa que **********, por su propio derecho, reclamó la aprobación, expedición, promulgación y omisión de refrendo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, particularmente sus artículos 29, 30, 31, 32 y 34 vigentes en dos mil diez, y su aplicación. ... En el propio primer agravio, el recurrente hace valer que de la simple lectura del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en el concepto de violación marcado con el número sexto señaló que el Decreto Número 107 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, no fue refrendado por el secretario de Hacienda del Estado, circunstancia por la cual la norma que se tildaba de inconstitucional está viciada, trayendo como consecuencia que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo carezca del refrendo del secretario competente. Agregando que de la lectura que se haga a la foja número 1 del escrito inicial de demanda, en el inciso III, apartado b), el quejoso señaló como autoridades responsables, tanto al secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, como también el secretario de Hacienda del Estado, y la responsable al dictar la sentencia de mérito, omitió valorar el agravio número sexto de la demanda de garantías, ya que a su decir, al no haber sido llamado a juicio el secretario de Hacienda del Estado (refiriendo que no existía constancia alguna donde fuera llamado a juicio), se abstenía de analizar el agravio sexto antes referido, por lo que solicita a este cuerpo colegiado sea regularizado el procedimiento, para el efecto de que la autoridad responsable, secretario de Hacienda del Estado, sea llamado a juicio y se estudie el motivo de inconformidad sexto tal y como le fue planteado. El argumento anterior aunque es fundado, porque el Juez de Distrito no se pronunció efectivamente sobre los argumentos vertidos por la parte quejosa respecto a los vicios ocurridos en el proceso legislativo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2010, omitiendo llamar como responsable al secretario de Hacienda del Estado; deviene inoperante para revocar el fallo recurrido y otorgarle la protección constitucional solicitada, pues a nada práctico conduciría llamar a la referida autoridad, ya que atendiendo a dichos argumentos omitidos, éstos resultan notoriamente ineficaces. En efecto, la parte quejosa adujo que conforme al artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, debió ser refrendada no solamente por el secretario de Gobierno, sino también por el secretario de Hacienda estatal, al ser el titular del ramo inherente a la materia de dicha legislación, y al omitirse el refrendo por lo que toca a este último, se violentó el proceso legislativo, tornando inconstitucional la ley. Sin embargo, independientemente de que fuere llamado a juicio el referido secretario de Hacienda, lo cierto es que su afirmación carece de sustento, porque si bien el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece: ‘Toda ley o decreto será refrendada por el secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo.’; y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo dispone: ‘Artículo 11. Los decretos, reglamentos y acuerdos de carácter general expedidos por el gobernador del Estado, para que sean obligatorios, deberán estar refrendados por el secretario de Gobierno y por el encargado del ramo al que el asunto corresponda; lo mismo se observará respecto a las leyes y decretos expedidos por la Legislatura del Estado.’. De lo cual puede inferirse que existe la obligación de que las leyes o decretos sean refrendados por el secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo, es de puntualizar que, en la especie, se cuestiona el refrendo del decreto mediante el cual el Ejecutivo ordena publicar la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, aprobada por la Legislatura Local. Por tanto, si la obligación del Ejecutivo Estatal, en lo concerniente a la publicación de una ley como la que se comenta, deriva de lo dispuesto por los artículos 69 y 99, fracción II, de la Constitución Local, que textualmente establecen: ‘Artículo 69. Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en el reglamento interior de la legislatura. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decreto se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.’. ‘Artículo 91. Son obligaciones del gobernador: ... II. Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por la legislatura, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.’. Debe considerarse, que la obligación impuesta por la Constitución Estatal, como parte del proceso legislativo, al Ejecutivo, en lo concerniente a la publicación de las leyes o decretos expedidos por la Legislatura Local, es realizada por dicho funcionario a través de un diverso decreto, sin aludir a alguna situación sustantiva y, por ello, ha de entenderse que el decreto que ordena la publicación de una ley, es un acto formal y materialmente administrativo, dado que es realizado por el Ejecutivo del Estado acorde con la obligación impuesta exclusivamente a él, cuya materia está regida por una función que igualmente sólo compete al propio Ejecutivo, ya que por virtud del decreto que expide, se publica y hace del conocimiento de los gobernados la ley que le remite el Congreso Estatal. Y, en ese sentido, aunque según el artículo 93 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, el decreto debe estar refrendado por el secretario del Gobierno y por el funcionario del ramo que corresponda; resulta inconcuso que, tratándose del refrendo del decreto que ordena publicar la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, no es menester que el secretario de Hacienda del Estado se considere como funcionario del ramo, en virtud de que éste no tiene intervención alguna en la publicación de leyes o decretos, ya que dicha función corresponde al secretario de Gobierno, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que literalmente precisa: ‘Artículo 31. A la Secretaría de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... Ordenar y vigilar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de las disposiciones emitidas por los Poderes del Estado; compilar y publicar la legislación vigente en el Estado en coordinación con las dependencias del Ejecutivo u otras entidades de la administración pública estatal vinculadas con esos actos; así como administrar, supervisar y difundir las ediciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.’. Así, tratándose del decreto que ordena la publicación de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, no puede exigirse la firma del secretario de Hacienda del Estado de Quintana Roo, porque el decreto que ordena la publicación es un acto formal y materialmente administrativo, en los que el secretario de Gobierno refrenda, también como secretario del ramo, ya que es el funcionario a quien corresponde la función administrativa relativa a la publicación de leyes o decretos. Con lo hasta ahora expuesto no se contraviene el artículo 93 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, ni el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, referentes a la obligación de refrendo del secretario de Gobierno y encargado del ramo al que el asunto corresponda; pues, es de insistir que, en el caso, el refrendo del decreto que ordena la publicación de una ley proveniente de la legislatura, es un acto realizado por el Ejecutivo en atención a una facultad que sólo compete a él y, por ende, la disposición constitucional estatal citada se cumple, porque el refrendo en comento se refiere a un decreto del Ejecutivo, que no incide en su facultad de expedir leyes del ámbito estatal que afecten un ramo específico, por derivar de una ley de hacienda municipal aprobada por la legislatura; y entonces, el secretario de Gobierno debe considerarse para el caso, también funcionario del ramo. Además, no podría decirse que el refrendo del decreto que ordena publicar la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, corresponde al secretario de Hacienda del Estado, por el solo hecho de tratarse de una ley de índole fiscal, en virtud de que el ámbito de la ley es municipal, y aquél sólo tiene injerencia en aspectos tributarios de orden estatal, según se aprecia de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, pues ahí se establecen como facultades principales: la conducción de la política hacendaria del Estado; el ejercicio del presupuesto de egresos del Estado; la formulación de la Ley de Ingresos del Estado; proyectar y calcular los ingresos del Estado, considerando necesidades de gasto público; recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado; coordinación y regulación del sistema de contabilidad del Estado; vigilar el exacto cumplimiento de leyes y disposiciones fiscales; realizar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones, inspecciones, revisión de declaraciones y dictámenes, respecto de leyes fiscales estatales y federales coordinadas; establecer estímulos y facilidades fiscales; representar al Estado en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de la Federación; intervenir en los juicios donde tenga interés la hacienda pública del Estado; supervisar leyes estatales de catastro; fungir como fideicomitente único del Gobierno del Estado y autorizar convenios y contratos que afecten el presupuesto de egresos estatal. En esa virtud, si las facultades en materia tributaria del secretario de Hacienda del Estado de Quintana Roo, se refieren al ámbito material de validez de cuestiones estatales, dicho ámbito no podría en forma alguna incluir el ámbito municipal, porque ello sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 115, fracciones II y IV, constitucional, donde se establece la personalidad propia de los Municipios y su autonomía para ejercer su patrimonio. Por tanto, tomando en consideración la autonomía municipal y libertad presupuestaria y de gasto de la que gozan los Municipios conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, no puede sostenerse que tratándose del refrendo del decreto que ordena publicar la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, el secretario de Hacienda del Estado deba fungir como funcionario o encargado del ramo en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Estatal, en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, pues dicha situación implicaría reconocer que un funcionario de un ámbito competencial estatal, tiene injerencia para sancionar una ley cuya materia sólo compete al Municipio que la propone, en atención a los principios constitucionales federales ya citados. Atento a lo considerado, se concluye que el decreto que ordena publicar la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio de 2010, no puede ser refrendado por el secretario de Hacienda del Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución del Estado de Quintana Roo y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la misma entidad, pues dicho funcionario no tiene, como ya se vio, facultad alguna en cuanto al acto de publicación, ni injerencia en aspectos tributarios municipales, por lo que su intervención para sancionar una Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, sería contraria al artículo 115 de la Constitución Federal. Luego entonces, a nada práctico conduciría ordenar la reposición del procedimiento para llamar a juicio al secretario de Hacienda del Estado, porque ello no cambiaría la situación jurídica ya estudiada."
QUINTO. Previamente a determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente sintetizar los antecedentes más relevantes que dieron lugar a las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes en el presente asunto, en lo tocante al tema debatido.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil once, resolvió el amparo en revisión **********, cuyos antecedentes del caso son los siguientes:
1. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la aprobación, expedición, promulgación y omisión de refrendo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, particularmente sus artículos 29, 29 Bis, 30, 31 y 34, vigentes en dos mil diez, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el dieciocho de diciembre de dos mil nueve, así como su aplicación.
2. De la demanda anterior correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien la registró con el número de expediente **********. Seguidas las etapas procesales correspondientes, dictó sentencia el siete de julio de dos mil diez, la que culminó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Ayuntamiento y tesorero, ambos del Municipio de Benito Juárez, con residencia en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, precisado en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando segundo del presente fallo.
"SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho, contra los actos consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de los artículos 29, 29 Bis, 30, 31 y 34 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, que reclamó del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno, director del Periódico Oficial, todos del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, así como su ejecución que se materializó con los recibos oficiales números ********** y **********, y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia."
En este último aspecto y en lo relevante para el asunto, declaró fundado el concepto de violación relativo a que la ley reclamada era inconstitucional, porque carece del refrendo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, pues al respecto estableció que los artículos 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la citada entidad federativa, imperativamente establecían que los refrendos de las leyes y decretos, que expida tanto el titular del Poder Ejecutivo, como la Legislatura Local, como requisito de validez, necesariamente debían estar firmados tanto por el secretario de Gobierno, como por el funcionario del ramo respectivo.
3. En atención al sentido del fallo reseñado en el párrafo que antecede, el gobernador del Estado de Quintana Roo interpuso recurso de revisión, del que por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en donde por auto de su presidencia se admitió a trámite y se registró con el número de expediente **********. Seguidos los trámites de ley, el veinticuatro de febrero de dos mil once, se emitió sentencia, la que culminó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Queda firme el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta ejecutoria.
"SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclamó del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno y director del Periódico Oficial del Gobierno, todos del Estado de Quintana Roo, precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria."
El citado Tribunal Colegiado resolvió que el quejoso no tenía razón al controvertir la constitucionalidad del Decreto Número 207, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el dieciocho de diciembre de dos mil nueve y confirmó la negativa del amparo en relación con dicho acto, al estimar que los artículos 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado, expresamente establecían que para la eficacia de la promulgación de toda ley o decreto expedido por la Legislatura Local, éstos debían ser refrendados por el secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo respectivo; el cual, en atención a la naturaleza hacendaria de la norma combatida, correspondía al secretario de Hacienda, conforme al artículo 33 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión celebrada el tres de febrero de dos mil once, resolvió el amparo en revisión **********, cuyos antecedentes son los siguientes:
1. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil diez ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la aprobación, expedición, promulgación y omisión de refrendo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, particularmente sus artículos 29, 30, 31 y 32, vigentes en dos mil diez, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el dieciocho de diciembre de dos mil nueve, así como su aplicación.
2. De la demanda anterior correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien la registró con el número de expediente **********. Seguidas las etapas procesales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional el quince de julio de dos mil diez y se envió el asunto al Juez Segundo de Distrito Auxiliar en el Estado de Quintana Roo, actualmente Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, quien ordenó formar el expediente auxiliar número ********** y dictó la sentencia correspondiente el dos de septiembre de dos mil diez, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
"PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, en relación con el acto atribuido al recaudador de rentas de la Secretaría de Hacienda del Estado en Benito Juárez (sic) los artículos 29, 32 y 33 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, vigente en dos mil diez, y la omisión de refrendar la propia ley, en los términos especificados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución.
"SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los artículos 30, 31 y 34 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, vigentes en dos mil diez, y su acto de aplicación precisado en el consi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22981-fd2ff1c8/refrendo-de-los-decretos-promulgatorios-del-titular-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA. SI AL IMPUGNARLA EL ACTOR OMITE EXHIBIR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL ACTO RECURRIDO VÍA ADMINISTRATIVA, EL MAGISTR (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓ (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARS (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis